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La 鈥渏usticia鈥? se rige por intereses econ贸micos -ACCION EN MADRID
17 jun 2008
Nos concentramos hoy ante la audiencia nacional para denunciar la intención del gobierno mexicano de obstaculizar la investigación del "caso Atenco", querella presentada en enero de este año que trata de torturas sufridas por una ciudadana española en pueblo de Atenco, México en 2006 junto con más de 200 personas, 16 de las cuales siguen hoy injustamente encarceladas.
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Los mismos responsables políticos que están incluidos como acusados en el caso, como el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y Genaro García Luna, jefe de la Secretaría de Seguridad Pública, son los que ahora responden argumentando para que este caso no sea juzgado en el Estado Español.

Esta respuesta coincide además con la actual visita al país de Felipe Calderón, presidente
de México, y de su invitado especial, el acusado Enrique Peña Nieto.

La gira de esta comitiva político-empresarial mexicana se basa en reuniones con las principales empresas multinacionales españolas, y en la inauguración de la Expo del Agua de Zaragoza, donde México participa como país invitado, lo que supone una oportunidad para presentar su estrategia de crecimiento en infraestructura con el objetivo de atraer inversión privada, afirmando continuamente que estos proyectos se basan en las
demandas del pueblo mexicano, que libre comercio es igual a motor de crecimiento económico y que éste por sí mismo genera desarrollo social. Pero nosotras sabemos que no es cierto, conocemos cómo ha incrementado la desigualdad, así como el deterioro del medio ambiente y las condiciones de vida y trabajo de la población tras la privatización de los servicios básicos en México. Multinacionales españolas como Iberdrola, Gas
Natural y Unión FENOSA dominan el mercado eléctrico en México, mientras poblaciones y comunidades de todos los puntos del país se han organizado para luchar contra la ejecución de esos "proyectos de desarrollo" que se incluyen en el Plan Puebla Panamá (PPP) que hoy buscan inversiones privadas en la Expo de Zaragoza.
Poblaciones como la del Saltillo, en el Estado de Coahuila, que se organizaron desde 2001 cuando la multinacional Aguas de Barcelona (Agbar) se apoderó del sistema hídrico de la capital de Coahuila, violando el derecho humano al agua. O numerosas organizaciones civiles del Estado de Oaxaca que exigen a los gobiernos federales y
estatales la cancelación de los proyectos del PPP, como el nuevo intento de hacer otra presa en Jalapa del Marquez en el Istmo oaxaqueño, la Súper Carretera Oaxaca- Tapachula y su ramal Huatulco o el Parque eólico en la Ventosa, defendiendo siempre que la tierra no está en venta. Del mismo modo que en el Estado de Guerrero la población de La Parota lucha desde el 2002 contra el Proyecto de construcción de una represa que inundará el territorio de 3 municipios, desalojando a más de 20 mil habitantes.

El caso que hoy nos trae frente a la Audiencia Nacional: la organización de la población
de Atenco, en el Estado de México, que desde el 2001 lucha contra el plan de construcción de un aeropuerto en sus tierras, construcción que incluye la colaboración de la multinacional española OHL. Como respuesta a esa lucha, Atenco fue castigado con una represión brutal en 2006 que hasta hoy sigue en la impunidad, y con 16 personas en prisión encarceladas con procesos que no cumplen las mínimas garantías jurídicas.

Conocemos la existencia de una "Cláusula democrática" incluida en el Acuerdo Global de libre mercado entre la Unión Europea y México, que dice: "El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e
internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo". Si
la Audiencia responsabilizara al gobierno mexicano por torturas, los negocios que están tejiendo en estos días sus representantes dejarían de parecer tan limpios. Y son muchos miles de millones de euros los que están en juego.

Exigimos a la Audiencia Nacional que investigue los delitos de tortura denunciados al margen de los intereses económicos de las multinacionales españolas, para no contribuir a la historia de impunidad que acompaña y perpetúa los delitos cometidos por el estado mexicano.


ATENCO SOMOS TODAS
www.justiciaparaatenco.blogspot.com
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