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Desapariciones forzadas del calderonismo. México
01 jun 2008
Al menos 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales han sido desaparecidas durante los últimos 18 meses.
A la lista que encabezan dos integrantes del EPR âquienes cumplen un año de haber sido secuestrados supuestamente por el gobierno federalâ se suman activistas de paupérrimas zonas rurales. El combate al narcotráfico, sólo un ardid para militarizar el país, consideran analistas y defensores de derechos humanos

Zósimo Camacho

Desde la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, se ha denunciado la detención y desaparición forzada de al menos 23 integrantes de organizaciones sociales y políticas. Entre ellos están cuatro indígenas que desaparecieron en las vísperas del cambio de gobierno federal. La lista, integrada por centros de defensa de derechos humanos, no incluye los sucesos en los que no se presume un móvil político. En total, los casos de desaparecidos y levantados en lo que va del sexenio superarían los 300.

Considerada como un crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la desaparición forzada de personas se ha mantenido vigente como mecanismo para âdirimirâ? conflictos políticos durante las dos administraciones panistas, denuncian directores de centros de derechos humanos y especialistas.

Advierten que el recrudecimiento de esta práctica coincide con el despliegue de efectivos militares en las ciudades de los estados de la república y en las paupérrimas comunidades indígenas y campesinas. El supuesto combate al tráfico de drogas sería un ardid para militarizar el país. El objetivo real, señalan, sería la desarticulación de movimientos sociales.

La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) documentan la desaparición de 23 personas desde las vísperas del 1 de diciembre de 2006 hasta la fecha: más de un individuo cada mes.

La Afadem âque mantiene estatus consultivo en categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) y es integrante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam)â señala, sin embargo, que la cifra verdadera asciende a más de 100 personas, de las cuales la organización aún no acredita que su desaparición se deba a motivos políticos. Otros 200 casos estarían relacionados con las supuestas disputas de los cárteles del narcotráfico.

âEstán ocurriendo muchos casos de desaparición que se hacen pasar por levantones del narcotráfico. Por ello debemos ser cuidadosos. Ahorita se trata de una lista preliminar âdice el secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata Montiel.

El también vocal de la Fedefam agrega que âdecenas de casos de desaparición son calificados inmediatamente por las autoridades como levantones, para descalificar los hechos como un ajuste de cuentas entre delincuentesâ?.

El defensor de derechos humanos reconoce que el número de desaparecidos políticos por sexenio âdescendió de manera importanteâ?, luego del fin del régimen priista.

âNunca dejaron de suscitarse estos actos, pero se hicieron más selectivos con la llegada del PAN (Partido Acción Nacional) al poder. Sin embargo, ahora con el calderonismo se recrudece de nuevo esta situación.

Otras organizaciones âentre ellas el Ejército Popular Revolucionario (EPR)â han señalado la detención-desaparición de más de 30 personas en lo que va del gobierno de Felipe Calderón sin proporcionar más datos. La Afadem, la Limeddh y el Frayba ponen nombre, apellido y lugar de detención-desaparición a 23.

La Afadem âintegrante junto con 100 grupos más del Frente Nacional Contra la Represiónâ no descalifica el conteo de otras organizaciones defensoras de derechos humanos. âNo nos cabe duda que hay más de 30 casos de desaparición forzada en México; pero nosotros aún no podemos documentar todos los casosâ?.


Desaparecidos del calderonismo

Se trata de 16 hombres y tres mujeres secuestrados aparentemente por motivos políticos desde el 1 de diciembre de 2006. A ellos se les suman cuatro hombres más que desaparecieron a 15 de días de que Felipe Calderón protestara como presidente de México.

En los últimos 18 meses, 10 personas desaparecieron en Nuevo León (ocho en Cadereyta y dos en Monterrey); cinco en Oaxaca (dos en la ciudad de Oaxaca, dos en Juxtlahuaca y uno en Juquila); cuatro en Chiapas (todos, del municipio de Ocosingo); tres en Guerrero (dos en Chilpancingo y uno en Acapulco), y uno en Michoacán (Morelia).

Jorge Gabriel Cerón, arquitecto, fue detenido-desaparecido el 14 de abril de 2007 en Chilpancingo, Guerrero. Es integrante de las organizaciones civiles Voces y Rostros y Taller de Desarrollo Comunitario. Según testigos de la detención, fue llevado por policías ministeriales del estado.

Baltasar López Pita fue detenido-desaparecido el 9 de mayo en Paso del Limonero, en Acapulco, Guerrero. Hasta el momento de su detención, era un pequeño comerciante de tortilla y masa. Testigos aseguran que quienes se lo llevaron vestían uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Hilario y David Vega Zamarripa fueron desaparecidos entre el 16 y el 17 de mayo de 2008. Ambos eran integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El primero era secretario general de la sección 49 de dicha organización. Junto con ellos, los captores se llevaron a ocho personas más: la esposa de David, dos hermanos de ella y otros tres obreros, de quienes no se proporcionaron los nombres. De acuerdo con testimonios recabados por el Frente Nacional Contra la Represión, todos habrían sido detenidos por militares y trasladados al campo militar número 1.


El EPR los ha deslindado de su organización, pero reclama su presentación.

Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez âintegrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario del EPR y supuestamente directivos de la misma organizaciónâ fueron detenidos y desaparecidos el 25 de mayo de 2007. El movimiento armado ha señalado al Ejército Mexicano y a la policía ministerial de Oaxaca como los autores de la detención.

Francisco Paredes Ruiz, miembro de la Fundación Diego Lucero y del Frente Nacional Contra la Represión, desapareció el 26 de septiembre de 2007. El exintegrante del extinguido Movimiento de Acción Revolucionaria había participado tres días antes en una conmemoración del asalto al cuartel de Madera, en Chihuahua. Hasta el momento no se cuenta con testigos de su detención. Tiene 58 años de edad.

Rafael Bautista Ramírez fue visto por última vez el 25 de mayo de 2007 en Chilpancingo, Guerrero. El EPR ha demandado su presentación, como la de otras nueve personas, pero ha sido tajante en deslindarlas de su organización.

Virginia y Daniela Ortiz Ramírez desaparecieron el 5 de julio de 2007. Virginia, de 20 años, se desempeñaba como profesora de educación primaria bilingüe. Su hermana, de 14, era estudiante de secundaria. Son originarias de la comunidad El Rastrojo Copala, Juxtlahuaca, en la región Mixteca de Oaxaca. Pertenecen al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT).

Lauro Juárez, indígena chatino de 50 años, integrante de la Unión de Campesinos Pobres-Frente Popular Revolucionario (UCP-FPR) desapareció el 30 de enero de 2007. El 5 de marzo pasado se encontró una osamenta que, a decir de las autoridades, sería de Lauro. Los estudios no han concluido.

Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, reportero y camarógrafo de Televisión Azteca del Noroeste desaparecieron el 10 de mayo de 2007 en Monterrey, Nuevo León. López Candanosa cubría, entre otras fuentes, la policiaca. Elizabeth Tiscareño, directora de información del canal, dijo a la organización Reporteros sin Fronteras que el periodista cubrió âdurante seis meses la presencia del Ejército a causa de la violencia constatada en la regiónâ?.

Además, el 13 de noviembre de 2006, en las postrimerías del foxismo, un grupo de supuestos paramilitares de la comunidad Nueva Palestina ingresó a la comunidad Viejo Velasco, perteneciente al municipio chiapaneco de Ocosingo. Luego de la incursión, no se supo más del paradero de cuatro indígenas: Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Antonio Peñate Montejo. Los habitantes de Viejo Velasco se declaran simpatizantes del zapatismo.

La Afadem ha documentado 1 mil 290 desapariciones forzadas de personas, sucedidas entre 1967 y 2008. El mayor número de casos ocurrió en 1974, año en que se fundó la organización, en plena guerra sucia del Estado mexicano contra los movimientos armados.

Mata Montiel considera que la causa del secuestro ilegal de personas por parte del Estado es la misma en 2008 que durante la década de 1970: âIntentar apaciguar, retener o contener a los movimientos sociales. Pero no sólo se valen de la desaparición forzada: también de la ejecución extrajudicial y la torturaâ?.

Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, explica que, a diferencia de los secuestros y levantones, las desapariciones son realizadas por cualquier grupo del Estado.

âSe trata de policías estatales, federales, el Ejército y grupos paramilitares. Estos últimos también están ligados al Estado porque cobran en él y están entrenados por el Ejército. Y se realiza contra integrantes de organizaciones políticas, sociales, de defensa de derechos humanos. Busca desarticular a toda la agrupación. Se vale del terror para desaparecer una actividad política en un lugar determinado.

Lamenta que a cualquier secuestro se le llame levantón, porque con ello se pretende descalificar una posible desaparición forzada, haciéndola pasar como un âajuste de cuentas entre delincuentesâ?. Agrega que la militarización del país incrementa las posibilidades de violación a los derechos humanos y, por tanto, las desapariciones.


Consecuencias de la militarización

El saldo de la âsaturación militarâ? en las comunidades indígenas y campesinas que presentan casos de desaparición forzada es el deterioro del tejido social, explica Jorge Luis Sierra.

âLas fuerzas armadas están ahí para controlar la población y pueden hacer muy poco para superar los problemas añejos de injusticia y de malestar social y económico.

El autor de El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México explica que el Ejército se apoya en âfuerzasâ? de las propias comunidades a las que llega. âY les deposita una función de control social. Como resultado tenemos el uso indebido, indiscriminado e impune de la violencia, como ha sido el caso de los paramilitares en Chiapasâ?.

Para Julio Mata, secretario ejecutivo de la Afadem, las desapariciones forzadas en México se siguen cometiendo âporque no pasa nada: no hay un solo enjuiciado por ese delito. Los criminales siguen libres, siguen en diferentes puestos del gobierno mexicano. La misma política se mantiene contra líderes sociales y contra gente que ha estado vinculada a los movimientos armados. Esto ocurre en los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticosâ?.

http://contralinea.com.mx/archivo/2008/junio/htm/desapariciones-forzadas


Combate al narcotráfico, la coartada


República y el despliegue de efectivos militares en una supuesta âguerraâ? contra los cárteles de la droga.

Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional y fuerzas armadas, rechaza que los operativos militares incidan en el tráfico de estupefacientes por el territorio mexicano.

âEl flujo general de drogas persiste con las mismas características de siempre. El nivel de decomiso no ha cambiado. Sigue siendo del 10 por ciento del total de la cantidad de droga que se estima pasa por México rumbo a Estados Unidos.

El especialista en política y economía de la defensa, por la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, sentencia que, a pesar de los despliegues militares y la campaña mediática de lucha contra el tráfico de drogas, âno hay ningún golpe al narcotráficoâ?.

Sin embargo, lo que sí está ocurriendo âagrega quien también ha sido consultor de The Washington Office in Latin Americaâ es âuna saturación de efectivos militares para el control poblacional; lo que observamos es un uso excesivo de las fuerzas armadas donde el gobierno percibe que hay una situación social que escapa a su control. Esto está ocurriendo principalmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y es que el Ejército (Mexicano) sí está combatiendo también a la guerrillaâ?.

José Luis Piñeyro âespecialista en seguridad nacional e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Azcapotzalcoâ señala el riesgo de mantener los operativos militares: âExponer a la población civil a más violaciones a los derechos humanos y entrar a una espiral de violencia que no llevaría a ningún ladoâ?.

El maestro en sociología no tiene duda de que las fuerzas armadas estén combatiendo también a la guerrilla, âaunque no haya noticias de que esté sucediendo; a diferencia de los encuentros de efectivos militares con sicarios del narcotráfico, que son muy publicitados, no hay noticias de lo que se hace contra los comandos guerrillerosâ?.

Guillermo Garduño, especialista en fuerzas armadas y autor de El Ejército Mexicano. Organización y estrategia, advierte que sería una âtorpezaâ? el uso de militares para combatir por igual a grupos del narcotráfico, guerrilleros y movimientos sociales.

âCuando todo se coloca en la misma canasta y se quiere atacar a todos, se mete al Estado en un problema enorme. Quien ordenara eso, sólo lograría mostrar su cortedad de miras.

El investigador de la UAM, Iztapalapa, agrega que âun grupo guerrillero cuenta con dos elementos importantes a su favor: posee una ideología, criticable o no, pero tiene un planteamiento de una promesa social; y el otro elemento es que tiene el apoyo de población, hay un grupo de civiles que lo ayuda y le permite reproducirse. Por eso no se puede combatir de la misma manera a narcotraficantes y guerrilleros. Incluso la estrategia cambia de una guerrilla a otraâ?.

Acerca de la posibilidad de que los militares violen derechos humanos en su supuesto combate al narcotráfico, no tiene duda:
âGuerra y derechos humanos no son compatibles. Cuando se está en una guerra, lo primero que se hace es una suspensión de garantías. ¿Dónde se encuentra una guerra legal? La guerra implica la ruptura del marco de la legalidad. No hay más reglas que la violencia. (ZC)
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Familiares de desaparecidos califican de âcínicoâ? a Mouriño

En el gobierno de Calderón se han reportado seis casos, aseguran

Emir Olivares Alonso

Familiares de desaparecidos califican de âcínicoâ? a Mouriño

En el gobierno de Calderón se han reportado seis casos, aseguran

Al negar que haya desapariciones forzadas en el país, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño, demuestra una actitud âcínica y descaradaâ?, pues olvida que en lo que va del sexenio de Felipe Calderón han sido reportados seis casos, aseguraron familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y desaparecidos hace más de un año.

Nadín, hija de Reyes Amaya, señaló que no extraña que el gobierno mexicano trate de deslindarse del delito, y recordó que âen una desaparición forzada es culpable quien participa, encubre y niega justiciaâ?.

En un documento, familiares de los dos eperristas indicaron que, con las afirmaciones de Mouriño, el gobierno federal hace visible su âlamentable e insultanteâ? postura sobre la desaparición de personas. âLo único que muestran sus declaraciones es cómo pretende maquillar su responsabilidad, incapacidad y nula voluntad política para resolver la situación, a costa de lo que sea, incluso de engañar al pueblo de México con faramallas de supuestas investigaciones.â?

Exigieron que se ponga fin a la impunidad y âde una vez presente con vida a nuestros desaparecidos. No más impunidad como en los casos de Atenco, Oaxaca y Pasta de Conchos. No es posible que no tengan el mínimo respeto por los hijos y familiares, quienes desafortunadamente también somos víctimas de ustedes y de su sistema de impunidadâ?.

Manifestaron que van seis desapariciones forzadas en lo que va del actual gobierno: Reyes Amaya y Cruz Sánchez, así como las de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, Lauro Juárez y Francisco Paredes. Los cinco primeros en Oaxaca y el otro en Michoacán.

Aseveraron que âel titular de la SG padece ceguera, o más bien carece de vergüenza y ética, al igual que (el gobernador oaxaqueño) Ulises Ruizâ?.

Los familiares de los dos integrantes del EPR expresaron que el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, trata de deslindar a elementos del Ejército, ya que las investigaciones sobre el delito antes mencionado ahora apuntan a la presunta responsabilidad de policías estatales.

Subrayaron que la comisión de un crimen de lesa humanidad, como la desaparición, no se da con la participación de sólo unos cuantos y mucho menos puede pasar desapercibido por los altos mandos del gobierno federal.

Asimismo, hicieron un llamado âa los elementos jóvenes y congruentes que aún existen en las filas del Ejército a no ser cómplices de ese ilícito, ya que no es de esa forma como se hace patria. Ustedes son utilizados para cometer los delitos más atroces, y eso no es proteger ni mucho menos ayudar al pueblo. Abran los ojos y no sean partícipes de esos crímenes, porque nunca podrán vivir en calma cargando en su consciencia con la tortura y violaciones tan gravesâ?.

A Ulises Ruiz le recordaron que, pese a toda la campaña mediática y propagandística que ha emprendido para deslindarse de esos hechos, ânadie le cree, porque ha sido un asesino y represor del pueblo de Oaxacaâ?.

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/01/index.php?section=politica&article
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El caso de México, inhumano y degradante

Juan Camilo Mouriño, dizque:El gobierno federal âno tiene presos políticosâ?

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno del presidente Felipe Calderón âno tieneâ? presos políticos, no ha cometido delitos de desapariciones forzadas ni de lesa humanidad.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=politica&article


Medina descarta al Ejército en las desapariciones

Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), habló ayer de los avances sobre la desaparición de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
Ya se descartó por completo, dijo, la hipótesis que apuntaba al Ejército mexicano como probable responsable de esas desapariciones, y sin querer entrar en más detalles, sólo indicó que âes un hecho que todo aconteció en ese estado (Oaxaca)â?.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=politica&article


Mientras ONSâs...

Denuncia AI abusos a derechos humanos

Amnistía Internacional documentó en su Informe 2008 que el año pasado en al menos 81 países se registraron casos de tortura o trato inhumano o degradante
El caso de México:
http://www.eluniversal.com.mx/notas/510184.html


Denuncia AI la generalizada impunidad que persistió en México durante 2007

Sistemática, la violación a los derechos humanos en algunas entidades del país
En su Informe 2008 recalca que la policía hizo âuso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantesâ?
Las investigaciones sobre ataques a periodistas están estancadas, lamenta
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=politica&article


El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI

Preocupante, que el Presidente no haya demostrado un compromiso en la materia, afirma
Se respetan las garantías básicas y se atienden las recomendaciones de defensores en la materia: Mouriño (insiste)
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=politica&article


Informe de la VI Visita de la CCIODH:

Informe de la VI Visita de la Comisión Civil Internacional por los Derechos Humanos a México. El documento recoge los resultados del trabajo de campo de la comisión. En esta ocasión la CCIODH visitó Chiapas, Oaxaca y el municipio de San Salvador Atenco, de las entrevistas que tuvieron lugar durante los dias de la visita y de la documentación recogida de los diferentes actores (organizaciones, instituciones públicas y personas) se han desarrollado las argumentaciones y conclusiones presentadas en el informe y extraido los testimonios que las sustentan

Documento completo:
Descargar el informe de la VI Visita de la CCIODH (1,8 MB)
http://cciodh.pangea.org/files/6sexta/informe_VI_Visita_CCIODH.pdf
Descargar listado de entrevistas realizadas y documentación facilitada (250k)
http://cciodh.pangea.org/files/6sexta/entrevistas_documentacion_6cciodh.
Descargar cuadernillo de fotografias (3,2 MB)
http://cciodh.pangea.org/files/6sexta/cuaderno_fotos_imprenta.pdf

Boletines de la CCIODH VI Visita
http://cciodh.pangea.org/?q=es/taxonomy_menu/3/31/59
Más info:
http://cciodh.pangea.org


Ulises y paramilitares aterrorizan la mixteca oaxaqueña

Grupos paramilitares incursionan en la comunidad Santo Domingo Ixcatlán y asesinan al presidente de bienes comunales y a dos campesinos más. La CIDH exige medidas cautelares a favor de 60 testigos de los hechos y Amnistía Internacional solicita que se indaguen los vínculos entre el grupo de hombres armados y la policía preventiva del estado.
http://contralinea.com.mx/archivo/2008/junio/htm/ulises-paramilitares.ht
Sindicat Terrassa