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Notícies :: ecologia
Las emisiones de gases de invernadero en España (1990-2007)
20 mai 2008
Las emisiones de gases de invernadero en España (1990-2007)
José Santamarta Flórez y Fernando Rodrigo Cencillo

En 2007 las emisiones de gases de invernadero aumentaron un 2,8% respecto al año base y un 1,8% respecto al año anterior.
Las emisiones de gases de invernadero en España (1990-2007)
José Santamarta Flórez y Fernando Rodrigo Cencillo

En 2007 las emisiones de gases de invernadero aumentaron un 2,8% respecto al año base y un 1,8% respecto al año anterior.

El Protocolo de Kioto en España implica que el promedio de las emisiones de gases de invernadero en el periodo 2008-2012 no puede superar en más de un 15% las del año base 1990. Pero las emisiones ya alcanzan el 52,3%, tras el aumento de 2007. Las emisiones del año base eran de 289,9 millones de toneladas de CO2 equivalentes y la emisiones en el año anterior (2006) fueron de 433,3 millones de toneladas de CO2 equivalente. En 2007 han sido de 441,4 millones de toneladas.

El incumplimiento del Protocolo de Kioto puede costar cerca de 4.000 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años, si no se producen importantes medidas nuevas y adicionales, o se agrava la recesión provocada por la crisis del sector de la construcción, que actuó como locomotora de la economía española a lo largo de la última década.

Las emisiones de gases de invernadero en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España han aumentado un 52,3% en el año 2007 respecto a 1990. El aumento de las emisiones de los seis gases y para todos los usos en el año 2007 no puede imputarse a un año hidráulico relativamente malo, dado que la producción hidroeléctrica fue un 6,4% superior a la del año 2006.

El consumo de energía primaria aumentó en 2007 un 1,8%, aunque el consumo de carbón creció un 8,8% y el de gas natural un 4,3%, mientras que el consumo de petróleo, a causa del aumento de los precios, apenas creció un 0,7%.

España es el país industrializado donde más han aumentado las emisiones. Con este escenario es muy difícil cumplir el Protocolo de Kioto en un sentido estricto, el principal acuerdo para proteger el medio ambiente y el clima, por lo que habrá que comprar el derecho a contaminar más a otros países. Según nuestras previsiones, realizadas a partir del análisis detallado de las políticas adoptadas por el Gobierno y los escenarios contemplados en los diversos planes ministeriales, elaborados en la pasada legislatura, para el periodo 2008-2012 las emisiones en España superarán en un 45% a las del año base, en el mejor de los casos, y no se logrará el objetivo previsto en el II PNA (un 37% de más respecto al año base, cifra ya de por sí considerablemente alta, frente al 24% del primer PNA o el 15% de Kioto), por lo que deberemos acudir a los tres mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kioto, lo que supondrá un coste de cerca de 4.000 millones de euros para las empresas y el Gobierno, y en última instancia para toda la ciudadanía, que es la que paga los impuestos y las tarifas eléctricas donde se repercutirán los costes incurridos por la falta de previsión, acción y voluntad política durante los años siguientes a la firma del Protocolo de Kioto.

En la última legislatura se aprobó la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4), el Plan de Acción de la E4, el Código Técnico de la Edificación, el Plan de Energías Renovables para el periodo 2005-2010 (PER), dos Planes Nacionales de Asignaciones (PNA), la Revisión 2007-2016 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas y el Plan Nacional de Reducción de Emisiones. Igualmente ha aumentado la conciencia de la población, y diversas administraciones y empresas empiezan a tomar en consideración el desafío del cambio climático.

Los dos Planes Nacionales de Asignación de emisiones de CO2 derivados de la aplicación de la Directiva Europea de Comercio de Emisiones, elaborados por el gobierno socialista, contemplaban un escenario de crecimiento de las emisiones del 24% el primero y un 37% el segundo PNA para ese mismo periodo, es decir, muy por debajo de la tendencia señalada, pero muy por encima del compromiso de España en el marco del Protocolo de Kioto.

La subida del petróleo y otros combustibles en el mercado internacional en parte ha paliado algo la situación, pero a costa de un grave deterioro de nuestra balanza comercial, sin duda uno de los principales problemas de nuestra economía, junto a la dependencia del sector de la construcción, el retraso tecnológico y la baja competitividad de muchos de los sectores productivos, con notables excepciones, como por ejemplo las energías renovables (eólica y solar). El barril de petróleo tipo Brent tuvo una cotización media de 90,9 dólares en diciembre de 2007, frente a los 65,1 dólares en 2006, o los 54,4 dólares en 2005. El barril del crudo Brent, de referencia en Europa, para entrega en junio de 2008, cotizó a 123,65 dólares. Sin el aumento espectacular de los precios del petróleo las emisiones estarían desbocadas.

El consumo de energía primaria en España ha pasado de 91,8 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 147,19 Mtep en el año 2007 (un 60,3% de aumento). En 2007 la dependencia energética alcanzó el 79,3%, a pesar de que en la producción nacional se incluye la energía nuclear, lo que no es riguroso ya que el combustible (uranio) es importado.

La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2007-2016, estima que el consumo de energía primaria será de 155,5 Mtep en el año 2011 Y 164,95Mtep en 2016. El consumo de carbón disminuiría de 20,17 Mtep en el año 2007 (13,7% del consumo de energía primaria) a 13,91 Mtep en 2011 (8,9%) y 13,22 Mtep en 2016 (8%), el de petróleo pasaría de 71,33 Mtep en 2007 (48,5%) a 69,52 Mtep en 2011 (44,7%) y 69,6 Mtep en 2016 (42,2%), el gas natural de 31,6 Mtep (21,5%) en 2007 a 36,39 Mtep (23,4%) en 2011, la energía nuclear se mantendría en términos absolutos (de 14,36 Mtep a 15,37 Mtep en 2016) y disminuiría en términos relativos (del 9,8% en 2007 al 9,3% en 2016), y las energías renovables deberían alcanzar el 13,1% previsto en el año 2011, pasando de 10,2 Mtep en 2007 (6,9%), incluida la hidráulica, a 20,3 Mtep en 2011 (13,1%) y 25,8 Mtep en 2016 (15,6%).

Si se cumplen estas previsiones del Gobierno, que ya exigen un gran esfuerzo en eficiencia y energías renovables, las emisiones se mantendrán en los niveles actuales, o disminuirán ligeramente hasta el 45% por encima del año base 1990 corregido (el triple del compromiso en el marco del Protocolo de Kioto), lo que haría difícil cumplir el Protocolo de Kioto, y obligaría a adquirir cerca de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente al año (unos 500 millones de toneladas durante el periodo 2008-2012) cuyo coste, en el mejor de los casos, ascendería a unos 700 millones de euros anuales y unos 3.500 millones de euros en el periodo 2008-2012, siempre que la mayor cantidad corresponda a proyectos del denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), y considerando las mejores circunstancias. En cualquier caso, la cifra final probablemente ascienda a cerca de 4.000 millones de euros según nuestras estimaciones.

Emisiones de dióxido de carbono (CO2)

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España aumentaron un 2,5% en 2007 respecto a 2006, y entre 1990 y 2007, sin incluir los sumideros, crecieron un 61,3%, pasando de 228,5 millones de toneladas en 1990 (año base) a 368,6 millones de toneladas en 2007. En 2007 representaron el 83,5% de las emisiones brutas de gases de invernadero en España, sin incluir los sumideros. El 93% de las emisiones se debe al consumo de combustibles fósiles en centrales térmicas, vehículos, industrias, comercios y viviendas, y el 7% restante en gran parte se debe a procesos industriales sin combustión, fundamentalmente la fabricación de cemento.

Emisiones de metano (CH4)

En 1990, año base, se emitieron en España un total de 28 millones de toneladas de metano en unidades de CO2 equivalente, mientras que en 2007 se llegó a 37,5 millones de toneladas en unidades de CO2 equivalente, con un aumento del 33,7%. El metano representó en 2007 el 8,5% de las emisiones brutas de los seis gases de invernadero, en dióxido de carbono equivalente sin incluir los sumideros. La emisión de metano se debe a la fermentación entérica (36% del total), la gestión del estiércol (26%), los vertederos (22%), la minería del carbón (2,5%), emisiones fugitivas del petróleo y el gas natural (1,7%), y las aguas residuales (5,9%). Los cultivos de arroz emiten cantidades muy pequeñas (0,8%). El potencial de calentamiento de una molécula de metano (CH4) equivale a 21 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995, que es el empleado por los países que ratificaron el Protocolo de Kioto.

Emisiones de óxido nitroso (N2O)

Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España en 1990, año base, ascendieron a 27,8 millones de toneladas en unidades de CO2 equivalente, y representaron el 6,6% de las emisiones de gases de invernadero en España en 2007, sin incluir los sumideros. Las mayores emisiones se debieron a los fertilizantes aplicados a los suelos agrícolas (65%). El resto corresponde al sector energético (15%), la gestión del estiércol (10%), las aguas residuales (4%) y la industria química (5,2%). El potencial de calentamiento de una molécula de óxido nitroso (N2O) equivale a 310 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995, que es el empleado por los países que ratificaron el Protocolo de Kioto.

Emisiones de carburos hidrofluorados (HFC)

Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen la capa de ozono, y se emplean fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, extintores de incendios y aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, pero son potentes gases de invernadero. Los HFC comprenden los HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134ª, HFC-143ª, HFC-227ea, y HFC-236fa. En 1995, año base a efectos del Protocolo de Kioto, se emitieron 4.645.440 toneladas de CO2 equivalente, mientras que en 2007 las emisiones fueron 5.497.320 toneladas de CO2 equivalente. Al igual que en el pasado se eliminaron los CFC, hoy urge suprimir los HFC, productos fácilmente sustituibles en refrigeración, extintores y aerosoles, y sin embargo no se ha hecho nada. Siempre es más fácil comprar un video de Al Gore a un precio prohibitivo o irse de cumbre en cumbre por los cinco continentes con un amplio cortejo a cuenta del contribuyente, que adoptar una medida tan simple como eliminar los HFC. En 2007 representaron el 1,25% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros). El potencial de calentamiento de una molécula de HFC varía mucho según el producto; el del HFC-23 (CHF3) equivale a 11.700 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995, que es el empleado por los países que ratificaron el Protocolo de Kioto.

Emisiones de carburos perfluorados (PFC)

La práctica totalidad de las emisiones de carburos perfluorados se debe a la producción de aluminio. Los PFC comprenden los CF4, C2F6, C3F8 y C4F10. En 1995, año base para los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto, se produjeron en España 108 toneladas de CF4 y 9,5 toneladas de C2F6 (832.510 toneladas de CO2 equivalente). Las emisiones desde entonces han disminuido, siendo equivalentes a 248.450 toneladas de CO2 equivalente en 2007. En 2007 representaron el 0,06% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España. El potencial de calentamiento de una molécula de PFC varía, de 6.500 a 9.200 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995.

Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6)

El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos eléctricos. En 1995, año base para el Protocolo de Kioto, se emitieron 108.340 toneladas de CO2 equivalente, y en 2007 las emisiones aumentaron hasta llegar a 321.670 toneladas de CO2 equivalente. En 2007 representaron el 0,07% de las emisiones totales brutas. El potencial de calentamiento de una molécula de hexafluoruro de azufre (SF6) equivale a 23.900 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995.

Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España

Las emisiones por habitante siguen siendo inferiores en un 10% a la media de la Unión Europea, y en los últimos años un factor destacable es el aumento de la población, a causa de la importante inmigración, algo que no se tuvo en cuenta cuando se negociaron los compromisos de España en el seno de la burbuja comunitaria encaminada a cumplir el Protocolo de Kioto. Pero las emisiones por habitante españolas hoy son superiores en un 36% a la media mundial, por lo que la aparente defensa de las emisiones por habitante, utilizada por el Gobierno para justificar el aumento de las emisiones, se puede volver en su contra, en el marco de la negociación postkioto, porque la actitud más ética y sostenible es la convergencia y la contracción, evitando reclamar el derecho a contaminar más cuando ya se contamina muy por encima de la media.

Evolución de las emisiones por sectores

Por sectores, las emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España entre 1990 y 2007 han sido las siguientes:

Sector energético. Es el mayor responsable del conjunto de las emisiones, y el auténtico nudo gordiano, pues en 2007 representó el 78,7% del total, con un aumento del 63,4% respecto a 1990. Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera. El resto corresponde a las 10 refinerías de petróleo, consumos energéticos de la industria, transporte aéreo interior (no incluye el transporte aéreo con otros países), usos residenciales (6%, sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria) y servicios (2,8%). Las emisiones de la generación de electricidad crecieron un 66% entre 1990 y 2007, representando el 24,3% del total en 2007, a pesar de que en el sector eléctrico es donde hay más posibilidades de reducir las emisiones y a un menor coste. Tampoco se ha utilizado el mecanismo de subasta y se han concedido los derechos de emisión gratis, restando eficacia al empleo de los mecanismos de mercado para reducir las emisiones.
En el transporte por carretera las emisiones están desbocadas, pues se han duplicado desde 1990 (crecieron un 97% entre 1990 y 2007). La política real sigue siendo la prioridad al automóvil privado en el transporte urbano e interurbano y al camión en el transporte de mercancías. A este respecto llamamos la atención de que el Gobierno y algunas administraciones autonómicas están aprobando múltiples proyectos en las últimas semanas de nuevas autovías y autopistas que van a favorecer aún más la utilización de la carretera con respecto a los otros modos menos contaminantes propiciando con ello un aumento mayor de emisiones.


Los procesos industriales distintos a la combustión, como la producción de cemento, industria química y metalúrgica, representaron en 2007 el 8%, con un aumento del 33% respecto al año base de 1990, inferior a la media.
Los disolventes y otros productos sólo representan el 0,3% del total, y han aumentado un 9% respecto al año base.

La agricultura y la ganadería representan el 10,6% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 14% respecto al año base, muy inferior al de los otros sectores emisores.

Los residuos representan el 2,9% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 74% respecto al año base. Las emisiones de metano son las más importantes.

La energía eólica en España evitó la emisión de 26 millones de toneladas de CO2

Las emisiones de GEI de 2007 habrían sido mucho mayores, de no haber sido por el desarrollo de la energía eólica que, en 2007, representó el 8,7% de la generación eléctrica, con un aumento del 16,3% respecto a 2006, y evitó la emisión de 26 millones de toneladas de CO2, si esa electricidad se hubiera tenido que producir en centrales de carbón. No obstante, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se pasó buena parte de la legislatura amenazando al sector con un cambio del marco regulatorio con efectos retroactivos, que tras una dura negociación se plasmó en el RD 661/2007, lo que podría haber puesto en peligro uno de los pocos éxitos reales de los últimos años en la mitigación de las emisiones. La generación eólica en 2007 alcanzó la cifra de 27.050 GWh, lo que supuso el 8,7% del total de la producción bruta (311.929 GWh). Sin la aportación de la eólica, las emisiones habrían sido entre un 4% y un 6% más que las registradas, dependiendo de la fuente y el mix de generación empleado. Dado que la eólica plantea problemas de garantía de suministro, hay que intentar superar las dificultades de integración de la eólica en el mix de generación, que las hay, aumentando las conexiones con el resto de la UE y el Norte de �frica (si no sopla el viento en un lugar, lo hará en otro más distante), y empezar a desarrollar la eólica marina.

Hacen falta mayores esfuerzos de reducción de emisiones.

En 2007 las emisiones, tras el pequeño paréntesis de 2006 en que disminuyeron, han vuelto a aumentar. Para cambiar la tendencia, se debe implicar a todas las administraciones y agentes económicos y sociales, y cambiar muchas de las políticas que se han venido desarrollando hasta ahora:

1. Energías renovables y eficiencia energética, claves para prevenir el cambio climático

La presentación, por parte de la Comisión Europea, de un amplio paquete de medidas a cumplir por todos los países de la Unión, después de 2012, cuando expire el Protocolo de Kioto, confirma el compromiso europeo y permitirá que nos enfrentemos a la amenaza del cambio climático, de la única forma posible: reduciendo las emisiones de gases de invernadero. El Plan de Acción sobre el Clima y las Energías renovables: Energía para un mundo en cambio, concreta los compromisos alcanzados sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y ampliación del uso de energías renovables. La Comisión propone una reducción de las emisiones de gases de invernadero del 20 por ciento con respecto a 1990 para 2020, que podría elevarse al 30 por ciento en caso de alcanzar un acuerdo internacional, y el compromiso de que en ese mismo año, el 20 por ciento de la energía consumida en Europa provenga de fuentes renovables. Para España se ha contemplado un esfuerzo de reducción adicional de gases de invernadero en los sectores difusos del 10 por ciento con respecto a 2005, lo cual significa que se toma como base un año muy favorable para hacer esfuerzos de reducción de emisiones.

Las propuestas de la CE deberían aprobarse durante la primavera de 2009 y así alcanzar una posición fuerte de la Unión en las negociaciones del texto internacional que sustituirá al Protocolo de Kioto después de 2012. Hoy ya tenemos una âhoja de rutaâ? que como mínimo llega a 2020, lo que dará seguridad a los sectores concernidos. Para alcanzar tales objetivos se requiere no sólo políticas gubernamentales, sino la colaboración de todas las administraciones locales y autonómicas, empresas y agentes sociales, para avanzar hacia un modelo energético más eficiente y cada vez más descarbonizado, y sin aumentar la participación de la energía nuclear que, aunque no emite CO2, crea problemas no menos graves, como los residuos radiactivos.

Para alcanzar unas metas razonables, habrá que adoptar medidas de fiscalidad energética, y mantener las primas destinadas a la cogeneración y a las energías renovables, así como aplicar y desarrollar en profundidad la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020 y la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4) que habrán de complementarse con nuevas actuaciones y medidas.

El Plan de Energías Renovables 2005-2010 en España establece los objetivos para el periodo 2005-2010, que tendrán continuidad hasta 2020 con el objetivo de alcanzar el 20 por ciento. Las energías renovables en España deberían llegar a representar el 12,5% del consumo de energía primaria previsto para 2010. La Directiva 2001/77/CE de promoción de la electricidad renovable prevé producir el 29,4% del total en el año 2010 con renovables, y el Plan de Renovables eleva esta cifra al 30,3%.
Debería consolidarse el desarrollo de la energía eólica y de la solar fotovoltaica, así como impulsar de manera mucho más específica y decidida la solar termoeléctrica, la eólica marina, así como la solar y la biomasa para usos térmicos.

CC.OO. y otras organizaciones sociales ha propuesto la aprobación de normas básicas para regular estos aspectos:

- Ley sobre ahorro y eficiencia energética. Se trataría de una norma básica para limitar el despilfarro energético fundamentalmente en los sectores difusos que es donde más está aumentando el consumo. Se debe plantear el objetivo de reducir el consumo de energía primaria en un 20% en términos absolutos para 2020 respecto de 2005. El CTE tiene una capacidad muy limitada de actuar en este ámbito pues impone requerimientos energéticos para las nuevas edificaciones o para las grandes reformas, pero no regula ni el parque actual ni determinados usos energéticos, como son la iluminación o la utilización de determinados sistemas térmicos (calefacción y frío). La E4 por su parte sólo ofrece algunas ayudas, fundamentalmente para incentivar la renovación de instalaciones y equipos. Se trata de regular y poner límites a ciertos usos despilfarradores de la energía, por ejemplo en iluminación o calefacción y aire acondicionado.

- Ley sobre energías renovables. Las energías renovables necesitan un marco legal básico que sea estable y que no esté sujeto a tantos cambios e incertidumbres en su sistema retributivo y en las condiciones técnicas y regulatorias en que se desenvuelve este sector.

El sector de la edificación debería también reducir sus emisiones. Para ello de debería cumplir de manera estricta la normativa recientemente aprobada como el Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y la normativa sobre certificación energética; pero ello no es suficiente; hace falta, además, un gran Plan de Rehabilitación de Edificios con criterios de eficiencia energética, que incluya no sólo viviendas, sino también edificios industriales, de servicios y de las administraciones públicas.

2. Transporte sostenible.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) establece algunas medidas positivas y otras negativas en relación con la sostenibilidad del transporte y las emisiones del sector. Hasta ahora se han desarrollado con mucha más fuerza las negativas pues la política predominante sigue siendo la de favorecer el transporte por carretera de mercancías y de viajeros y el uso del automóvil y el camión.

El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos, y los programas para emplear gas natural y sobre todo biocombustibles, reducirán en un porcentaje ínfimo el aumento previsto de las emisiones. La reducción de los consumos unitarios de los vehículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de utilizarlos, es necesaria pero insuficiente. Tanto o más importante es la reorientación hacia los modos más eficientes, como el ferrocarril, el transporte público y los modos no motorizados, y las actuaciones encaminadas a la gestión de la demanda y la moderación de la movilidad.

A corto y medio plazo se deben promover los vehículos eléctricos y los híbridos eléctricos, adoptando normativas que obliguen a que un porcentaje de los nuevos vehículos matriculados sean de cero emisiones, algo que hoy es viable gracias al desarrollo de las baterías de ión litio.

La política urbanística debe ir encaminada a reducir las necesidades de desplazamiento, promoviendo la ciudad mediterránea densa, compacta y con mezcla de actividades, con barrios donde viviendas, trabajo y servicios estén próximos en el espacio y limitando el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas. El planeamiento urbanístico y territorial debe ir encaminado a promover la mezcla de actividades, y no la segregación, y a posibilitar la movilidad en transporte público, evitando los crecimientos urbanos y turísticos que consumen gran cantidad de espacio.

El ferrocarril debería elevar su participación tanto en mercancías como en viajeros, pero para ello hace falta desarrollar inversiones necesarias para mejorar el conjunto de la red, especialmente cercanías y regionales, la seguridad y la gestión, elevando las tarifas en una proporción inferior al del �ndice de Precios al Consumo.

En este ámbito CC.OO. y otras organizaciones hemos presentado una propuesta de Ley de movilidad sostenible. Esta norma debería contener Directrices Nacionales de Movilidad que condicionen la planificación urbanística y sectorial, la obligación de poner en marcha Planes Directores Autonómicos de Movilidad, Planes de Movilidad Urbana o de ámbito comarcal o de área metropolitana y Planes de Transporte en Empresas y en Polígonos Industriales, crear la figura del coordinador de la movilidad en las administraciones locales y la puesta en marcha de órganos de participación ciudadana sobre transporte urbano. Una ley de este tipo puede crear las condiciones para que las administraciones competentes desarrollen políticas no tanto en términos de infraestructuras como de gestión del transporte.

Estos cambios en el modelo energético y de transporte no tienen porque que ser perjudiciales para el desarrollo económico y el empleo; al contrario, puede ser una oportunidad para nuevos sectores emergentes. En cualquier caso es preciso reforzar los instrumentos de dialogo social (Mesas del Plan Nacional de Asignación) de que nos hemos dotado para encauzar y dar solución a los posibles problemas que podrían producirse en algunos sectores como consecuencia de las medidas para reducir las emisiones de GEI.

Inventarios

Un instrumento clave son los inventarios de emisiones, que siguen una metodología homogénea y que cada año realiza el Ministerio de Medio Ambiente, aunque con un secretismo que impide todo contraste y debate. El derecho a la información, dado que esos inventarios los pagamos los contribuyentes y no son propiedad de los responsables de turno, se debe materializar de forma inmediata, obligando a que se publiquen las fuentes utilizadas, la metodología empleada, el coste para los contribuyentes y los inventarios de las Comunidades Autónomas, que de forma intolerable se mantienen ocultos desde hace varios años. La metodología en parte está descrita en el manual titulado âMétodo CORINE-AIRE para la elaboración del inventario nacional de gases de efecto invernadero y precursores de ozonoâ? y en el manual Revised IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions, elaborado por el IPCC, con las revisiones posteriores, tanto del Método CORINE-AIRE, como del IPCC.

Referencias
A. Internet
http://unfccc.int/2860.php
http://www.ipcc.ch
http://www.climnet.org
http://www.iisd.ca
http://www.mma.es
http://www.mma.es/oecc/index.htm
http://www.aeeolica.org
http://www.mityc.es/Balances/Seccion/Publicaciones/PublicacionesBalances/
http://www.cores.es/
http://www.ree.es/apps/home.asp
http://cdr.eionet.eu.int/es/eu
http://rod.eionet.eu.int/show.jsv?id=384&aid=592&mode=A
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm
http://www.oficemen.com/eventos/inicio.php
http://www.idae.es/
http://www.mapa.es/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/
http://www.sostenibilidad-es.org
http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/nor
http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/areas_tematicas/come
https://www.renade.es/actionTextosInter.do
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/colqfqaq/envrfkew



B. Libros y artículos.
*Ministerio de Medio Ambiente. Inventario de emisiones de GEI de España. Años 1990-2006. Madrid, 2008. Sólo se encuentra en Internet en la web de la AEMA. Afortunadamente pertenecemos a la UE, porque de otra forma no habría forma de conocer los datos de los inventarios.
*Ministerio de Medio Ambiente. Inventario de emisiones de GEI de España. Años 1990-2005. Madrid, 2007.
*Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions, Volume 1, Glossary.
*FAO. State of the Worldâs Forests. Roma, varios años.
*Ministerio de Medio Ambiente. Comunicaciones Nacionales de España a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Madrid, diversos años.
*MOPTMA. Método CORINE-AIRE para la elaboración del inventario nacional de gases de efecto invernadero y precursores de ozono. Madrid, 1996.
*MOPTMA. Informe de España a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Madrid, 1994.
*MOPTMA. Programa Nacional sobre el Clima. Madrid, 1994.
*IPCC, Climate Change 1995 (tres tomos que suman 1.898 páginas) y Climate Change 1994. Radiative Forcing of Climate Change and An Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios. Cambridge University Press, 1996 y 1995. En 1995 se publicó un resumen titulado Radiative Forcing of Climate Change. WMO/UNEP. Geneva, 1995. Otros informes del IPCC son: Scientific Assessment of Climate Change. WMO/UNEP. Ginebra, 1990; Climate Change: the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1990; Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1992. El tercer y cuarto informe del IPCC se puede consultarse en Internet.
*MIMAM. Estrategia Española para el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Madrid, 2002.
*Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011. Revisión 2005-2011. Madrid, 2006.
*Ministerio de Economía. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012. Madrid, 2003.
*IDAE. Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012. Madrid, 2005.
*IDAE. Plan de Fomento de las Energías Renovables. Madrid, 2005.
*IDAE. Eficiencia Energética y Energías Renovables. Números 1 a 7. Madrid, diversos años.
*Joaquín Nieto y José Santamarta. Evolución de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España. CCOO, Madrid, diversos años.
*Joaquín Nieto y José Santamarta. Evolución de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España (1990-2006). CCOO, Madrid, 2007.
*Revistas World Watch, Daphnia y Energías Renovables.


Fernando Rodrigo Cencillo es secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC.OO. José Santamarta Flórez es director de la edición española de la revista World Watch.

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