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Las dos orillas del PAI
10 mar 2008
La profusión de Programas de Actuación Integrada (PAI) presentados a lo largo y ancho de la geografía valenciana ha levantado expectativas contradictorias en la sociedad. En algunos lugares afectados por estos planes de urbanización el debate se vive en primera persona y a menudo se libra cuerpo a cuerpo, lo que, en ciertos aspectos, ha alterado la relaciones de vecinos, amigos incluso familias, que por su distinto punto de vista al respecto viven un trato que es a todas luces más tenso que lo era antes.
- Tavernes de la Valldigna

Varias generaciones separan a Paco y a Karina. Paco Grau se encuentra a las puertas de la jubilación y ha dedicado la mayor parte de su vida a la agricultura. Karina Vercher tiene 29 años, y ultima el proyecto de fin de carrera de Arquitectura. Ambos son vecinos de Tavernes de la Valldigna, afectados por el PAI Vall de la Mar, promovido por la entidad Bancaja, que pretende la urbanización de cuatro millones de hectáreas en primera línea de la playa del municipio. El proyecto afecta a más de dos mil propietarios de otras tantas parcelas, la mayoría minifundios de pocas hanegadas. Paco y Karina pertenecen a dos de las familias propietarias de terrenos en la zona de actuación. Sus posturas sobre el proyecto son enfrentadas. Un reflejo de la situación que se vive en el municipio desde que el pasado mes de junio Bancaja hiciera pública su propuesta urbanística. Los propietarios afectados se han dividido en dos sectores: los que se muestran favorables a aprovechar la oportunidad de vender unas tierras que aseguran que hace tiempo dejaron de ser rentables, aunque no productivas; y los que ven detrás del macrocomplejo intereses particulares, que pocos beneficios van a aportar al municipio, y que auguran dinero rápido pero el fin de la "identidad" agraria de la población. El enfrentamiento se ha plasmado en la creación de dos agrupaciones, la Associació pel Vall de la Mar, que aglutina a los propietarios que apoyan el proyecto; y los detractores, integrados en la Asociación de Propietarios Afectados por el PAI La Vall del Mar (Afecopa).

El PAI ha alterado la vida tranquila de esta localidad de poco más de 17.300 habitantes, principal municipio de La Valldigna, dedicada tradicionalmente a la agricultura. Se trata de un proyecto urbanístico muy ambicioso, que está generado muchas expectativas, sobre todo por la venta millonaria de las tierras. Bancaja prevé construir en la playa de Tavernes de la Valldigna un parque científico y tecnológico, un centro comercial y de ocio, dos campos de golf, tres hoteles, una desalinizadora y más de 4.000 viviendas, con una inversión de 1.800 millones de euros. La superficie proyectada afecta a una zona de minifundios, en manos de más de un millar de propietarios. Tras el anuncio del proyecto llegaron las especulaciones sobre las tierras. Según los vecinos, parcelas por las que hace un año se pedía, como mucho, 6.000 euros por hanegada, ahora se ofrecen a más de 90.000 euros. "Hay personas que ya han vendido, y han obtenido ese beneficio", asegura Paco. "Creo que esto se está convirtiendo en el cuento de la lechera", puntualiza Karina.

El plan urbanístico es tema de conversación en bares, en comercios, en la calle y en el propio núcleo familiar. Algunos de los afectados aseguran que han optado por "no mencionar el tema" para evitar conflictos con amigos e incluso familiares. A la hora de dar su opinión sobre el proyecto, se muestran cautos y piden incluso que no figure su nombre para evitar "malentendidos" o problemas. Los que quieren vender las tierras miran con recelo a los que se oponen, entre otras razones porque creen que están poniendo en peligro sus expectativas de hacer un negocio que creen "millonario". Las especulaciones sobre el precio al que se están pagando las tierras, más bien rumores que nadie justifica con documentos de compra-venta que los certifiquen, no han hecho más que encender la llama y el malestar entre los vecinos.

El padre de Karina es propietario de unas parcelas en la zona donde se ha programado el proyecto urbanístico. Un terreno que heredó de su abuelo, y que para la familia es un referente con gran valor sentimental. "Esas tierras fueron una ayuda económica indispensable para mis padres cuando volvieron de Suiza, conmigo y mis tres hermanos. En ellas me crié y no las cambiaría por nada del mundo", asegura. Para Karina, el proyecto supondrá una pérdida de la identidad actual de Tavernes, "un pueblo privilegiado que yo elegí para vivir por su estilo, y nadie me ha preguntado si quiero cambiarlo". Karina es contundente y asegura que en su casa el tema quedó zanjado en el momento en que se planteó: "No vamos a vender". La joven advierte de las lagunas que rodean a un proyecto del que se enteraron "por casualidad, por su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana" y por la prensa, "cuando se tenía que haber dado un aviso catastral a cada propietario". Las pretensiones de Bancaja de urbanizar cuatro millones de metros cuadradazos son para Karina "una barbaridad", y "es un proyecto que el pueblo no necesita". Paco interpela a la joven: "Es un tren que llega una vez y no podemos dejarlo pasar. La agricultura ya no tiene futuro, no da beneficios".

Paco habla con conocimiento de causa. Además de agricultor organiza regularmente cursos dirigidos, entre otros colectivos, a jóvenes agricultores. "El agricultor ya no puede vivir del sentimiento porque las tierras ya no son rentables, y las nuevas generaciones no continúan con la actividad". Paco explica que hace cinco años se inició la crisis de la naranja, a la que Tavernes, importante núcleo productor de este cítrico, no ha quedado inmune. "El precio de compra y de venta de la naranja no se ajusta, es muy bajo en el campo y muy alto en el mercado, y el productor sale perjudicado. Los gastos han aumentado y el precio de la naranja es igual o menor que el de hace diez años. La gente mayor todavía puede vivir de las tierras pero los jóvenes no, y muchas tierras están quedando estériles", señala.

Karina discrepa. Dice que si en un momento la tierra sirvió a sus padres para salir adelante "puede volver a hacerlo", y está convencida de que son posibles las alternativas. "Hay empresas dedicadas a los cítricos en La Ribera y La Valldigna que han iniciado la venta por mensajería o por Internet y están teniendo éxito. Las alternativas son posibles", indica. Pero el agricultor sigue siendo pesimista. "Estamos ante una oportunidad", dice Paco en referencia al macrocomplejo urbanístico promovido por Bancaja, "y no nos podemos quedar atrás". Para el agricultor la urbanización de la zona agrícola de la playa no tiene por qué conllevar la desaparición de la explotación de esta actividad en el municipio. "Se pueden comprar tierras en otras zonas, el término es grande".

Paco habla de casos de conocidos que "esperan con la venta de las tierras, que actualmente tienen estériles, una ayuda al pago de sus hipotecas, para sus hijos". El agricultor reconoce que mucha gente está reservando las tierras con vistas a retrasar la venta y obtener más beneficio. "Antes eran otros tiempos, se vivía de la tierra, pero hoy no es así. Ha llegado una oportunidad y no puedes decirle a la gente que la deje pasar. Uno es dueño de su tierra", abunda. Paco asegura que desde la asociación Pel Vall del Mar se pretende intervenir en el proyecto propuesto por Bancaja, y se muestra convencido de que tendrán voz en el mismo. Pero, ¿y si el plan finalmente no se realiza? "La oportunidad habrá pasado de largo, daríamos un paso atrás", concluye el agricultor.

- Benasau

"La sangre no ha llegado al río, pero habrá jaleo". El autor del gráfico comentario es José Espinós, uno de los apenas 200 vecinos de hecho de la localidad de Benasau (L'Alcoià), que en el último año viven un agrio enfrementamiento en torno a sendos proyectos urbanísticos que, de cristalizar, difuminarán su tradicional estampa rural y agrícola. "Esto es un infierno", subraya su esposa, Concepción Crespo. El matrimonio, se alinea con el colectivo vecinal que, explícita o tácitamente, respalda el proyecto de un PAI al que se han presentado dos ofertas: una de 800.00 metros cuadrados en plena huerta, en las próximadades del cauce del río Frainos y la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que incluye la recalificación de otros 360.000 metros de suelo rústicos. Ambas inciativas cuentan con el apoyo del gobierno local, en manos de la familia Oltra -la alcaldesa, Gloria Oltra, el primer teniente alcalde, su hermano Juan Bautista, y otros dos concejales, los cónyuges de los primeros-.

La oposición a la iniciativa urbanística se ha aglutinado en torno a la plataforma Frainos, con 140 miembros, entre vecinos de Benasau y de poblaciones contiguas, con propiedades en la zona.Francisco Picazo, presidente de la plataforma contra el PAI y la recalifación de suelo que prevé el nuevo PGOU de Benasau, apunta directamente al equipo de gobierno local, que lidera la alcaldesa Gloria Oltra, como responsable de la fractura social que el urbanismo ha provocado en la localidad. "Nos consta que ha habido presiones desde el Ayuntamiento para que los propietarios vendan el suelo, a un precio irrisorio de apenas tres euros por metro cuadrado", subraya Picazo. Este periódico ha intentado sin éxito conocer la opinión de la primera edil.

La platafoma denuncia una campaña de hostigamiento desde el Ayuntamiento hacia sus iniciativas. "A principios de diciembre convocamos una asamblea informativa y tuvimos que celebrar el acto en plena calle, porque el Ayuntamiento se negó a cedernos un local", comenta otro miembro del colectivo opositor a los PAI que prefiere mantener el anonimato. "Y tras el acto, la Guardia Civil identificó al organizador bajo la vaga acusación de haber invadido la vía publica".

La convivencia en Benasau por el urbanismo se tensa día a día. La aparición de pintadas alusivas a la "parcialidad" de la alcaldesa en el debate vecinal es otro foco de polémica. El equipo de gobierno, con el anónimo testimonio de otros tres vecinos, ha denunciado a miembros de la plataforma como autores de los ofensivos graffitis. "Las represalias están rozando ya el ámbito personal", dice otro comunicante. "Recientemente, la alcaldesa ha multado con 500 euros a un niño, hijo de un miembro de la plataforma, por supuestos destrozos en mobiliario urbano".

Con todo, la plataforma no se rinde. "Tanto los PAI como la revisión del PGOU son incompatibles con el modelo socio-económico tradicional de la población", dice Picazo. "No se puede romper de un plumazo con un estilo rural y agrícola de los vecinos". El colectivo ha presentado más de 7.000 elegaciones a las dos propuestas de PAI. La primera promovida por la mercantil Segoelx Promociones y Construcciones, SL, y la segunda, por Inverseden Levante, SL. "Aunque ambas mercantiles tiene socios comunes y hasta el mismo domicilio social en Elche", afirma Picazo.

- Cabanes-Oropesa

Cabanes ha sido uno de los municipios en los que el suelo alcanzó precios desorbitados, no sólo antes de la presentación del PAI de Mundo Ilusión sino también por el desarrollo de urbanizaciones limítrofes a ésta. Coches de gran cilindrada y de gama alta pululan por un pueblo de poco más de 2.000 habitantes que, prácticamente en todas las calles, tiene un inmueble en obras, por restauración, pintura o ampliación. Mientras, las pequeñas promotoras han encontrado en los alrededores del casco urbano el espacio "perfecto" para edificar y vender, dentro del mismo municipio, donde han encontrado vecinos con mucho dinero "fresco y gastable". Sin embargo, y pese a que nadie esconde sus "beneficios", es complicado encontrar a alguien que, públicamente, alabe las consecuencias de proyecto. Con nombre, pero sin apellidos, Rosa asegura que a ella le pagaron "lo que quería" y que, con los gastos y el poco rédito que origina el campo, no se lo pensó. Al margen deja el modelo de desarrollo y su convencimiento de que "de no haber sido éste hubiera sido otro" y plantea el hecho de que ha podido ayudar a sus hijos a adquirir las viviendas en las que viven "y algún que otro extra". Por contra, hay quien quisiera seguir viviendo de la tierra aunque lo considere una utopía: Por eso, en la posición contraria y de "lucha contra el cemento"se encuentra Pilar Vall, que forma parte de la asociación Veïns de la Ribera y pelea por mantener su opción de "vivir tranquila". "Que no me hablen de propiedades revalorizadas porque mi valor y el de mis vecinos es el de levantarme cada día y poder ver el mar", afirma tajante.

Las consecuencias del desarrollo urbanístico en Oropesa son visibles nada más se accede a la población. El Ayuntamiento ha dedicado un monumento a la uva moscatel. Se homenajea, habitualmente, a lo desaparecido. Y en Oropesa no sólo han desaparecido las filas de viñas de las que colgaba esta variedad sino también un sinfín de metros cuadrados de naranjos y algunas que otras higueras. Apenas en un puñado de casas, y de forma medio clandestina, se pueden encontrar clementinas locales y, en temporada, la preciada moscatel. Sin embargo, esta transformación no ha tenido un reflejo tan patente como en Cabanes. La mayor parte del suelo pertenecía a terratenientes que en poco han variado su forma de vida.

- Vilanova d'Alcolea

Pepe Ripollés expone, de forma clara, la visión positiva de las consecuencias de uno de los proyectos más polémicos de la provincia de Castellón, el aeropuerto: "Vilanova d'Alcolea estaba dormida, no había evolucionado al mismo ritmo que los pueblos vecinos aunque estos también fueran de interior. Con el aeropuerto se puede recuperar, en tres años, el tiempo perdido".

El proyecto del aeropuerto ha provocado ya la presentación de otro PAI de un millón de metros cuadrados que incluye un campo de golf. "Tenemos un futuro esplendoroso", asegura Ripollés. Las casas recién pintadas, las fachadas rehabilitadas y algún que otro coche de lujo son las pruebas más patentes de los ingresos que sus habitantes, poco más de 600, han percibido por unas tierras de las que no esperaban nada. Una parte de la superficie afectada por el proyecto del aeropuerto ni siquiera estaba cultivada con lo que, en un principio, a casi todos les pareció bien la cantidad que se les ofreció. Sin embargo, algunos vecinos y, sobre todo, los grandes propietarios iniciaron una batalla legal ante lo que consideraron un precio ridículo. De la mano de un despacho de abogados, entre los que se encuentra Isabel Castell, han denunciado que la expropiación se basó en precios de suelo rústico, aunque ya había una reserva de terreno dotacional y urbanizable. Las diferencias oscilan entre 0,70 y 2,40 euros que pagó la Administración y 18 y 22,4 euros que exigen los dueños. Unos se sienten engañados y otros admiten que nunca hubieran pensado que alguien se iba a interesar por sus eriales.

SALVeM CATARROJA !

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