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El secuestro una práctica heredada de la colonia
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per José EulÃcer Mosquera RenterÃa
Correu-e: josemosquera93@gmail.com (no verificat!) |
04 mar 2008
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Fue el secuestro la estrategia principal utilizada por los colonialistas europeos para desarraigar a nuestras ancestros de su madre �frica para traerlas a América esclavizadas y como su fuerza de trabajo fundamental para producir las riquezas que llevaron a la consolidación como grandes potencias a varias naciones europeas, manteniéndolas atadas a cadenas, sometiéndolas al trabajo forzado y a los más crueles castigos en estas tierras inhóspitas y desconocidas para ellas, y sin derecho a hablar sus lenguas, a practicar sus culturas, ni a tener algo tan importante como la institución de la familia, por más de tres siglos y medio. |
Venimos afirmando que el colonialismo en nuestro paÃs no se terminó con la expulsión de los opresores ibéricos entre 1.810 y 1.824. Pues el poder polÃtico-económico quedó en manos de sus más cercanos descendientes, igual de ambiciosos, egoÃstas y miserables como ellos, quienes para acceder o retener el poder han mantenido algunas de sus abominables prácticas esclavistas, como el secuestro, el racismo y la discriminación étnica, el desplazamiento forzado, el abuso del poder, las ejecuciones extrajudiciales, la falta de respeto por la vida ajena y la dignidad humana, a pesar de que dicen ser los más cristianos o los portadores de las ideologÃas más comprometidas con las causas sociales. Deplorablemente, grupos que se plantean como objetivo fundamental el cambio polÃtico-social en favor del pueblo, también han caÃdo en estas abominables prácticas.
Los recientes testimonios de los secuestrados y confesiones de los vinculados al paranarcotráfico ofrecen una idea de lo que tuvieron que sufrir nuestras tatarabuelas africanas esclavizadas durante más de 350 años, de los traumas, la pobreza y la marginalidad social heredados por sus descendientes, y lo justo de las reclamaciones de resarcimiento y/o compensaciones presentadas por las comunidades afro colombianas a través de sus organizaciones ante el Estado Colombiano, el Estado Español y demás potencias beneficiadas con la trata negrera y con estos dos últimos siglos de superexplotación neocolonialista y semicolonialista.
Lo más grave es que en estas practicas abominables han venido involucrados altos representantes de las clases gobernantes y de las instituciones estatales – sobretodo de la fuerza pública y organismos de seguridad – muchos de ellos hoy asociados al narcoparamilitarismo, por lo cual últimamente en el exterior nuestro paÃs es considerado una “narcodemocraciaâ€? que no respeta los derechos humanos, y el Estado Colombiano ha sido condenado muchas veces por instancias nacionales e internacionales por su complicidad en magnicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, genocidios, etnocidios, torturas, ejecuciones extrajudiciales y crÃmenes de lesa humanidad.
Y para mayor gravedad del asunto, nuestros gobiernos son aliados incondicionales del Estado más terrorista y criminal del mundo, como son los Estados Unidos de América, que cuando se les antoja invaden paÃses asesinando masivamente a sus habitantes, descargando sobre ellos todo su poderÃo bélico-militar, llevándose secuestrados a sus adversarios o a los adversarios de sus amigos e idiotas útiles, manteniéndolos en cárceles clandestinas amarrados con cadenas y sometidos a todo tipo de torturas y humillaciones degradantes de la condición humana. Por lo cual no tienen autoridad alguna para juzgar a nadie.
En el caso particular de las comunidades afro colombianas del Chocó y del PacÃfico parece que la “polÃtica de seguridad democráticaâ€? del presidente Ã?lvaro Uribe Vélez no las cobijara, ya que durante todo su mandato se ha intensificado la presencia de los grupos armados y narcoparamilitares en sus territorios, imponiéndoles toda una espiral de crÃmenes, terror, humillaciones, indignidad, y desplazamiento forzado.
En Buenaventura por ejemplo el año pasado estos grupos realizaron alrededor de 500 asesinatos y provocaron miles de desplazamientos forzados, e igualmente en Istmina y la región del San Juan, Chocó, en el ultimo año están realizando entre seis y diez asesinatos semanales, decenas de desplazamientos forzados, rompiéndoles su tradición de pueblos pacÃficos y alegres, y profundizando su estado de pobreza y marginalidad social.
Por tanto compartimos con quienes consideran que no es hora de continuar con inamovibles y chapuliando aguas sucias los unos contra los otros. Se trata de recuperar la libertad y la dignidad para un grupo de compatriotas y la tranquilidad para sus familias, mediante un acuerdo humanitario, al cual debe seguir la iniciación de un proceso de paz, que tenga como soporte la justicia social y el respeto a los derechos humanos, para que lo mas temprano posible logremos los colombianos ser felices en nuestro bello y privilegiado paÃs.
Para avanzar en estos procesos hay que empezar por reconocerle estatus polÃtico a los grupos insurgentes, ya que estos a pesar de sus graves equivocaciones, quizás producto de la prolongación de esta fase del conflicto, que ya lleva unos 60 años, siempre han tenido una propuesta polÃtica de búsqueda de cambios estructurales en el paÃs y han justificado su postura ante la actitud egoÃsta, criminal y genocida de las elites dominantes, que han tendido a eliminar a sangre y fuego a sus contradictores y de una justicia que las ha cubierto de impunidad. Entre otras cosas, las FARC nacieron de las guerrillas liberales creadas por los grandes dirigentes de las oligarquÃas gobernantes, como instrumentos para dirimir sus conflictos de intereses polÃtico-económicos.
Propiciar estos procesos se hace aun más urgente si tenemos en cuenta que nos encontramos bajo varias paradojas bien elocuentes. En primer lugar y como ya dijimos, la insurgencia actual cumple cerca de 60 años de existencia y no ha podido ser derrotada por los diferentes gobiernos republicanos, aun contando con la asesorÃa y ayudas financieras y técnico-militares de los Estados Unidos.
En segundo lugar, el actual gobierno al iniciar su primer periodo afirmó que en nuestro paÃs existÃan 12.000 paramilitares -que son ejércitos de las nuevas oligarquÃas que emergieron en los años de 1.970 alrededor del negocio del narcotráfico y se fundieron con los sectores más inescrupulosos de las oligarquÃas tradicionales- pero posteriormente ha afirmado que se han desmovilizado 25.000. En tercer lugar, dijo que existÃan 20.600 guerrilleros, que en menos de seis meses los habrÃa derrotado, pero últimamente ha afirmado que ha capturado 27.290, ha producido 9.841 bajas y se han desmovilizado 13.333.
Es decir, supuestamente han salido de circulación más de 50.000 guerrilleros, 250% de los efectivos registrados inicialmente. Sin embargo sigue siendo tema fundamental para justificar la “polÃtica de seguridad democráticaâ€?, “el combate contra la insurgenciaâ€? y para ello ha aumentado la tropa oficial de 120.000 a 210.000 efectivos, en esta misma dirección aumentando el presupuesto militar en forma astronómica, en detrimento de la inversión social.
Mientras públicamente desconoce la existencia de un conflicto interno, para negarle reconocimiento polÃtico a la insurgencia, por otra parte su bancada uribista presenta proyecto de ley para reconocerle estatus polÃtico a los paranarcos y limpiarlos de sus graves delitos contra la constitución y la ley, y de sus tantos crÃmenes de lesa humanidad.
Es decir, los colombianos no podemos continuar sumergidos en tanta incongruencia en tanto desgaste, en un desangre tan irracional e injustificable y en este estado de sufrimiento e infelicidad general.
De allà que compartamos las afirmaciones y propuestas del presidente de la hermana Republica Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez FrÃas, ya que si queremos llegar a soluciones reales tenemos que empezar por reconocer nuestra cruda realidad. Él como persona que ha demostrado su interés en ayudarnos a resolver el conflicto interno y a lograr una paz duradera, está obligado a hacer una interpretación adecuada de nuestra realidad, y si se ha referido con dureza al presidente Ã?lvaro Uribe Vélez, es porque este después de invitarlo a mediar en aras de lograr un acuerdo humanitario, como antesala para avanzar hacia un proceso de paz, luego lo sacó en forma grosera y desobligante, sin tomar en consideración su condición de jefe de un estado hermano al cual nos ligan profundos lazos históricos, lo más seguro atendiendo directrices del Gobierno USA.
En este sentido no compartimos las posturas de algunos compatriotas de la oposición y de la izquierda colombianas que en los últimos dÃas parece que se han dejado manipular por los grandes medios de información uribistas y se han dedicado a lanzar condenas y ataques contra Chávez y la Honorable Senadora Piedad Córdoba. Hay que ser cuidadosos en esto, ya que el proceso que orienta Chávez en la hermana República Bolivariana de Venezuela revive los proyectos esperanzadores de los pueblos latinoamericanos en unas democracias verdaderamente participativas, soportadas en la justicia social, los cuales han sido truncados a sangre y fuego por oligarquÃas nacionales egoÃstas en contubernio con los Estados Unidos de América. Por principios las fuerzas democráticas, revolucionarias y progresistas no podemos prestarnos para un nuevo zarpazo del Gran Imperio sobre parte alguna de nuestros pueblos, al contrario estamos llamados a cerrar filas alrededor de los procesos autónomos que en estos momentos avanzan en nuestra región, tales como los de Brasil, Ecuador y Venezuela.
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