La paramilitarización del campo con la expansión de la soya

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Notícies :: globalització neoliberal : criminalització i repressió : ecologia : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats
La paramilitarización del campo con la expansión de la soya
per Javiera Rulli	25 feb 2008
BASE Investigaciones Sociales, Buenos Aires, Argentina
Resumen: Este estremecedor relato de la paramilitarizaciÃ³n del campo en el lejano pero siempre hermano paÃs de Paraguay es un presagio y una advertencia de lo que puede ocurrir en MÃ©xico, y de lo que estÃ¡ ocurriendo con las diferencias del caso. Ceder tierra y territorio a las grandes empresas y a quienes quisieran recrear el latifundio del siglo 19 es condenar a millones de campesinos al exilio forzado o al envenenamiento por agrotÃ³xicos. IntroducciÃ³n En este BoletÃn se presentan diversos registros de violencia contra la poblaciÃ³n campesina e indÃgena en Paraguay que tienen relaciÃ³n con el modelo agroexportador de la soya. En muchas zonas de SudamÃ©rica se han registrado escaladas de violencia a consecuencia de la expansiÃ³n de monocultivos de soya. Con este texto no se pretende criminalizar el cultivo de la soya, pero sÃ se propone analizar el modelo agroexportador que aumenta la violencia al agravar el acceso a la tierra. Paraguay podrÃa ser calificado como el paÃs donde el agronegocio toma la cara mÃ¡s cruel, desplazando y violentando a la poblaciÃ³n rural con total impunidad. La militarizaciÃ³n y para-militarizaciÃ³n del campo estÃ¡n vinculadas a la ampliaciÃ³n y salvaguarda de los cultivos de soya, que no crecen solamente sobre las tierras de los latifundistas sino tambiÃ©n, y en gran proporciÃ³n, en la superficie de las comunidades campesinas e indÃgenas. El Centro de DocumentaciÃ³n y Estudios (CDE) explica los antecedentes del conflicto asÃ: "En las colonias campesinas se da un proceso de minifundizaciÃ³n de las parcelas, especialmente en aquellas mÃ¡s antiguas a causa del crecimiento poblacional; a este hecho se le suma ahora el desplazamiento compulsivo de los pobladores de las comunidades campesinas, debido al avance de la agricultura comercial o mecanizada". Diversas misiones de observadores internacionales han podido atestiguar la violencia que producen los monocultivos de soya sobre la poblaciÃ³n rural paraguaya. En este sentido, las conclusiones de la misiÃ³n internacional de FIAN(1) y VÃa Campesina en el aÃ±o 2006 fueron rotundas: "la expansiÃ³n desenfrenada del cultivo de soya causa hostigamientos, ataques y asesinatos cometidos por cuerpos policiales, parapoliciales y por grupos privados armados, en contra de lÃderes campesinos/as". AsÃ tambiÃ©n se ha denunciado frente a diversos organismos estatales y de Derechos Humanos la existencia de escuadrones de la muerte dentro de la PolicÃa Nacional, responsables de la muerte de por lo menos 18 dirigentes campesinos que fueron ejecutados por estos grupos. En otros casos, los asesinatos de lÃderes campesinos han sido cometidos por las comisiones de seguridad ciudadana. A estas organizaciones, que actÃºan como instrumento de represiÃ³n y control social justo en los momentos en que los conflictos agrarios se intensifican, se les acusa de realizar prÃ¡cticas totalmente ilegales tales como desalojos, allanamientos, torturas, asesinatos, ataques a la libertad de expresiÃ³n y de religiÃ³n, contra quienes no aceptan su orden. La segunda expansiÃ³n de la soya en Paraguay se da aproximadamente en el 2000 con la introducciÃ³n de la soya GM (genÃ©ticamente modificada), y se refleja directamente en el aumento vertiginoso de campesinos sin tierra en los Ãºltimos aÃ±os, debido a que esta Ãºltima ola de expansiÃ³n toma lugar principalmente en tierras campesinas, en un momento en el que se han agotado las reservas de tierras pÃºblicas. Al mismo tiempo, las comunidades que viven rodeadas de monocultivos de soya son violentadas directa o indirectamente. La prÃ¡ctica del "guardia armado", en los latifundios que rodean a la comunidad, o los guardias del productor soyero que alquila tierras dentro de la comunidad, conllevan la para-militarizaciÃ³n del campo, la corrupciÃ³n de las fuerzas del orden y el acoso a los sectores organizados de las comunidades. Finalmente se debe atribuir otro tipo de violencia al modelo de la soya: las muertes por envenenamiento, intoxicaciones masivas, expulsiones "legales" de sus tierras, enajenaciÃ³n del territorio nacional, pÃ©rdida de la soberanÃa alimentaria y territorial que padece el paÃs. No se puede ignorar que en Paraguay la impunidad histÃ³rica de la que gozan los latifundistas determina un clima benigno donde los agronegocios puedan avanzar rÃ¡pidamente. Esta es una de las caracterÃsticas inalienables de la atracciÃ³n de inversores extranjeros al paÃs. La certeza de poder actuar impunes y de forma mafiosa para establecer su negocio, en un territorio donde lo Ãºnico que importa es tener capital, no hay leyes ni ningÃºn principio moral que seguir. El giro de la dictadura a la democracia en los aÃ±os 90 no ha mejorado ostensiblemente la situaciÃ³n de los derechos humanos(2). Desde 1989, aÃ±o en que cayÃ³ la dictadura, han sido asesinados mÃ¡s de 100 dirigentes campesinos, de los cuales sÃ³lo un caso fue investigado y su autor condenado; los demÃ¡s permanecen en la impunidad. La criminalizaciÃ³n de la protesta es asimismo muy grave; en el 2004 las organizaciones campesinas llegaron a registrar 1.156 detenciones siendo la poblaciÃ³n rural aproximadamente de 2,3 millones de personas(3). Es un registro alarmante si se considera que en el mismo aÃ±o en Brasil se dieron 421 detenciones en el campo, donde la poblaciÃ³n rural alcanza los 32 millones. Asesinatos selectivos Un informe publicado en el 2007 por la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (CODEHUPY) detectÃ³ en un censo preliminar 75 vÃctimas de ejecuciones arbitrarias desde 1989 hasta el 2005, periodo supuestamente democrÃ¡tico en Paraguay. Estos casos no son todos los que se han registrado pero son los que se han confirmado. El censo del informe demuestra que la mayorÃa de los asesinados son jÃ³venes varones, lÃderes de base, involucrados en la recuperaciÃ³n de tierras para implementar asentamientos campesinos. La mitad de los 75 asesinados tenÃa entre 20 y 39 aÃ±os y el 45 % no tenÃa tierra propia. AsÃ tambiÃ©n el 66% de las vÃctimas eran dirigentes de base y/o militantes, dado que estas personas son las que se encuentran constantemente en las zonas de disputa por el territorio, son las cabezas visibles de la resistencia campesina y por ello tambiÃ©n los sujetos mÃ¡s vulnerables. SegÃºn los propios autores, muchas de estas ejecuciones arbitrarias estuvieron encaminadas a causar terror en comunidades campesinas, a detener espirales de resistencia y protesta social o a descabezar organizaciones de base. Estos crÃmenes en la mayorÃa de los casos se pueden relacionar directamente con la expansiÃ³n de los monocultivos de gran escala. En este caso la soya afecta en mayor grado a la poblaciÃ³n joven campesina, ya que obstaculiza el acceso a la tierra, ademÃ¡s genera violencia contra las secciones de la poblaciÃ³n rural organizada. Un detalle importante que cabe destacar es cÃ³mo la tasa de ejecuciones aumenta significativamente desde el aÃ±o 94. Desde ese aÃ±o se perpetraron 69 ejecuciones con un promedio de una cada 2 meses. Esta etapa coincide justamente con un aumento de la tasa de expansiÃ³n de soya hasta 150 mil has/aÃ±o(4). En 1995 se cultivaban 800 mil hectÃ¡reas; en 2003 se llegÃ³ a 2 millones y en la actualidad la soya cubre 2,4 millones de has. AsÃ tambiÃ©n las regiones donde mÃ¡s ejecuciones se han dado coinciden relativamente con las regiones donde se ubica la frontera de la agricultura mecanizada. Guardias parapoliciales o sicarios fueron los victimarios de 53 casos de ejecuciones, mientras que la policÃa nacional cometiÃ³ 22 ejecuciones. Al analizar el informe se destaca el motivo de los crÃmenes que se dan, tal como se mencionÃ³ antes, en el marco de un proceso de adquisiciÃ³n de tierras por parte de una comunidad y donde los dueÃ±os de la tierra, usando a policÃas o parapoliciales, llevan a cabo emboscadas con el fin de asesinar a los lÃderes del movimiento local. En las regiones de ItapÃºa y Alto ParanÃ¡ estos asesinatos se dan en un contexto de clara expansiÃ³n de soya, tales como los casos de Santa Fe del ParanÃ¡ en Alto ParanÃ¡, cuando en el 2000 Francisco EspÃnola, dirigente del campamento sin tierra "Santiago MartÃnez"(5), fue asesinado por guardias sicarios del latifundio alquilado por el brasileÃ±o William Welter. Posteriormente, en 2005, otro dirigente, CÃ©sar Marcos Ferreira, es asesinado por la misma causa. Estos casos reflejan claramente la violencia de la que es vÃctima la organizaciÃ³n Movimiento Campesino Paraguayo a raÃz de su lucha por lograr la expropiaciÃ³n de tierras alquiladas a soyeros de forma irregular, segÃºn el Estatuto Agrario. TambiÃ©n se destacan los asesinatos de Isidro GÃ³mez BenÃtez en 1995 y de VÃctor DÃaz Paredes en el 2002 en la zona de ItapÃºa. Ambos asesinatos ocurrieron en la ocupaciÃ³n de tierras de la empresa AgrÃcola, Comercial, Industrial, Forestal, S.A. (ACIFSA), propiedad de un brasileÃ±o llamado Bortolini. Igualmente Bortolini aparece involucrado en el asesinato de 2 jÃ³venes en el 2004, Almir Brandt Kurtz y Bruno Carlos Da Silva, ambos baleados por peones de un latifundio en disputa. El caso mÃ¡s reciente de asesinatos relacionados directamente con monocultivos de soya es el de los campesinos asesinados en agosto de 2007 en San Vicente, Departamento de San Pedro, al norte de la regiÃ³n oriental Paraguay. Este incidente demuestra claramente cÃ³mo en la frontera de expansiÃ³n de los cultivos mecanizados, los latifundios soyeros van ahogando a la poblaciÃ³n, enajenÃ¡ndolos el acceso a los recursos naturales. El dÃa 18 de agosto, 4 campesinos salieron de la comunidad para ir a cazar a su lugar habitual, un monte ubicado dentro de un latifundio de 93 mil has, llamado Agroganadera Aguaray, propiedad de Euvaldo de Araujo, brasileÃ±o que vive en Sao Paulo. Este latifundio ha sido deforestado mayoritariamente para implementar grandes monocultivos con rotaciÃ³n de soya-RR con maÃz o trigo. Los 4 campesinos fueron emboscados y acribillados a balazos sorpresivamente por guardias del latifundio que se habÃan apostado en un escondite construido con ramas a un lado del camino. Los mismos guardias declararon a la policÃa que habÃan cumplido Ã³rdenes de sus patrones. Violencia en las ocupaciones de tierra Otro momento de violencia contra las organizaciones campesinas se da en los desalojos. Aunque en Paraguay la mayor parte de las colonias campesinas legalizadas existen gracias a la lucha y conquista de la tierra por las organizaciones campesinas, se da un proceso continuo de criminalizaciÃ³n de estas acciones. El avance de los monocultivos de soya es uno de los principales factores de agotamiento de la tierra, e inaccesibilidad, por los altos precios que genera la especulaciÃ³n inmobiliaria. Esto ha repercutido gravemente en la violencia en los desalojos y la persecuciÃ³n a los sectores sin tierra. El Ãºltimo paso ha sido la reforma del cÃ³digo penal que ha determinado penas carcelarias de hasta 5 aÃ±os y de carÃ¡cter insustituible, por los cargos de invasiÃ³n de inmuebles. Se penaliza con cÃ¡rcel no tener tierra y luchar por adquirirla, en un paÃs donde casi el 30% de la poblaciÃ³n rural no tiene tierras. Para colmo, el 10% de los que tienen mÃ¡s tierra poseen el 66, 4%, y el 60 % de la poblaciÃ³n con menos tierra posee el 6,6%(6). SegÃºn FIAN estos desalojos significan una violaciÃ³n grave del derecho a alimentarse, el derecho a la vivienda y de derechos civiles como el derecho a la integridad fÃsica, a la libertad y al debido proceso de las personas afectadas. La Ãºltima campaÃ±a de ocupaciÃ³n de tierras de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) en el 2006, se cobrÃ³ muchas vÃctimas y represalias. La organizaciÃ³n movilizÃ³ durante un mes a mÃ¡s de 10 mil personas para mantener 15 ocupaciones en todo el paÃs con el fin de alojar a 2000 familias sin tierra. Como respuesta, se llevÃ³ a cabo una tremenda ola de represiÃ³n y violencia contra los campesinos. Los desalojos se iniciaron en ItapÃºa el 31 de julio, cuando una comunidad fue desalojada por quinta vez despuÃ©s de 6 aÃ±os de lucha, 40 familias fueron violentamente reprimidas y 5 miembros de la comunidad encarcelados por varios dÃas. Esta situaciÃ³n continuÃ³ el 9 de agosto cuando se reiniciaron los desalojos de asentamientos nuevos y antiguos en Alto ParanÃ¡, CaazapÃ¡ y San Pedro. El desalojo de San Pedro tuvo un herido como saldo. AsÃ, la violencia culminÃ³ el 19 del mismo mes, cuando se reprimiÃ³ a mÃ¡s de 1.000 personas en una protesta en CaazapÃ¡, con el resultado de 51 heridos. En esta ocasiÃ³n se denunciÃ³ que mÃ¡s de 200 manifestantes fueron duramente golpeados en un lapso de 2 horas. Otro caso que se ha registrado en el Informe Alternativo de la sociedad Civil sobre la situaciÃ³n de los Derechos EconÃ³micos Sociales y Culturales (DESCs) en Paraguay, es el de los campesinos sin tierra de la ComisiÃ³n Vecinal "TetaguÃ¡ GuaranÃ", distrito de IruÃ±a y Naranjal, Departamento de Alto ParanÃ¡. Esta comisiÃ³n vecinal compuesta por 1.200 familias estÃ¡, desde el 2003, luchando por el acceso a 15.000 has de la propiedad de AGROPECO S.A., empresa que se sospecha ha incorporado grandes extensiones de tierra pÃºblica bajo su dominio y que ademÃ¡s ha deforestado toda la superficie para implementar el cultivo de soya, dos razones que son suficientes para justificar la expropiaciÃ³n. Sin embargo el campamento de los sintierra fue desalojado de forma violenta en tres oportunidades durante el aÃ±o 2004. En estas ocasiones la policÃa y los grupos de civiles armados que trabajan para la empresa AGROPECO destruyeron los cultivos de autoconsumo, quemaron los ranchos, alimentos y vÃveres, camas, colchones, ropas y contaminaron pozos de agua con basura y venenos. Un ejemplo emblemÃ¡tico que demostrÃ³ la frialdad y violencia de los empresarios soyeros, es el de los asesinatos en el desalojo de la comunidad de Tekojoja en el 2005, precisamente llamada "la trinchera de la soya", en el distrito de VaquerÃa. Esta recuperaciÃ³n de tierras mantenida por el Movimiento Agrario y Popular se iniciÃ³ en el 2003, cuando frente a la venta masiva de lotes de tierra campesina a los soyeros brasileÃ±os y la consecuente fragmentaciÃ³n de la comunidad, el movimiento campesino decidiÃ³ entrar y reocupar los lotes malvendidos, o sea las derecheras, asentÃ¡ndose en 320 hectÃ¡reas. En los siguientes 3 aÃ±os las familias sintierra sufrieron 3 desalojos, en los cuales se dio la participaciÃ³n de fiscales, militares, policÃas y guardias armados de los soyeros. Sin embargo, en ninguno de estos casos el fiscal contÃ³ con orden del juez de la causa para proceder al desalojo, sino que los desalojos respondieron siempre a actuaciones independientes de otros jueces locales en clara relaciÃ³n de connivencia con los intereses agroempresariales. En estos 3 desalojos se produjeron destrucciÃ³n de los cultivos, quema de las casas y robo del ganado. Pero es en el Ãºltimo desalojo cuando se da el mayor grado de violencia. En esta operaciÃ³n participaron 80 policÃas cascos azules y 40 policÃas de orden y seguridad, contando con la presencia de 2 fiscales. Durante el desalojo, Ademir Opperman, el soyero que disputaba las tierras campesinas, junto con varios hombres fuertemente armados, entraron en la comunidad con coches todo terreno, camiones y tractores, robando, quemando y destruyendo las casas ante la mirada complaciente de policÃas y fiscales. El conflicto acabÃ³ con alrededor de 150 personas arrestadas, incluyendo 60 niÃ±os. Opperman y sus hombres dispararon a un grupo de campesinos, hiriendo a 5 de ellos y matando a Ã?ngel Cristaldo, de 20 aÃ±os y a Leoncio Torres, de 49 aÃ±os. La Corte Suprema fallÃ³ a favor de la disputa de tierras de los campesinos, sentenciÃ³ que no se podÃan vender tierras del programa de Reforma Agraria a empresarios extranjeros, sujetos que no son beneficiarios del Estatuto Agrario y los lotes han sido adjudicados a los sintierra. AsÃ tambiÃ©n gracias a la acciÃ³n de la Pastoral Social de CaaguazÃº, se estÃ¡n reconstruyendo 57 casas a las familias como parte de una compensaciÃ³n por el atropello sufrido. En la actualidad aÃºn se mantiene el juicio por el doble asesinato. Sin embargo, Ademir Opperman estÃ¡ prÃ³fugo de la justicia despuÃ©s de que se le otorgÃ³ arresto domiciliario, encontrÃ¡ndose en prisiÃ³n Ãºnicamente uno de los guardias. El juicio ha sido suspendido en varias ocasiones y ha sido severamente obstaculizado. Violencia por defenderse de la fumigaciÃ³n El modelo de agricultura intensiva tambiÃ©n utiliza otra herramienta para desalojar y vaciar el territorio rural de su poblaciÃ³n: los pesticidas son el arma oculta que va degradando las condiciones de vida de las comunidades rurales, enfermando los cultivos, al ganado y a las personas, hasta que el asentamiento se hace inaguantable y las personas huyen para salvar su vida. El caso mÃ¡s conocido de intoxicaciÃ³n provocada por fumigaciones en plantaciones de soya es el de la familia Talavera Villasboa, del Departamento de ItapÃºa. El 2 de enero de 2003, Silvino Talavera, de 11 aÃ±os camino a casa, fue rociado con pesticidas por el productor de soya Herman Schlender que se encontraba fumigando sus tierras. Cuando el niÃ±o llegÃ³ a su casa, la familia, desconociendo lo ocurrido, cocinÃ³ los alimentos que trajo Silvino, que tambiÃ©n habÃan sido fumigados. Unas horas despuÃ©s, la familia entera enfermÃ³ y sufriÃ³ nauseas, vÃ³mitos y dolores de cabeza. Silvino, que habÃa absorbido directamente los pesticidas, tuvo que ser hospitalizado. Cuatro dÃas mÃ¡s tarde regresÃ³ del hospital, pero ese mismo dÃa otro productor de soya, Alfredo Laustenlager, fumigÃ³ su campo a tan sÃ³lo 15 metros del hogar de los Talavera Villasboa, haciendo caso omiso del viento que transportaba los agrotÃ³xicos. Tras esta nueva fumigaciÃ³n, 3 hermanos de Silvino tuvieron que ser hospitalizados, asÃ como otros 20 vecinos. Silvino no soportÃ³ esta segunda fumigaciÃ³n y falleciÃ³ el 7 de enero de 2003. El caso de Silvino es el mÃ¡s renombrado pero no es el Ãºnico. La prensa paraguaya publicÃ³ una serie de notas en abril de 2006 sobre una comunidad campesina en ItapÃºa, donde nacieron 6 bebÃ©s con malformaciones congÃ©nitas (anencefalia). Una investigaciÃ³n periodÃstica comprobÃ³ que "de las 57 familias que estÃ¡n dentro del perÃmetro de afectaciÃ³n, 17 casas se encuentran en medio de cultivos de soya y las 3 Ãºltimas mujeres que tuvieron sus bebÃ©s con anencefalia se embarazaron en el lugar". Sin embargo, la investigaciÃ³n del Ministerio de Salud publicÃ³ finalmente un informe que concluyÃ³ que las malformaciones no tenÃan relaciÃ³n con los agrotÃ³xicos. Lo peculiar fue que el mÃ©dico responsable de la investigaciÃ³n se negÃ³ a firmar este documento. Conclusiones En este trabajo se ha intentado enmarcar la situaciÃ³n de los derechos humanos en relaciÃ³n al modelo agroexportador de la soya. Se han presentado algunos casos que estÃ¡n documentados y son representativos de la situaciÃ³n nacional, pero se han obviado muchos otros donde la fuerza de las organizaciones no ha dado abasto para documentar con suficiente rigurosidad. La imposiciÃ³n del agronegocio y su inclusiÃ³n a los mercados globales ha profundizado las grietas en la sociedad paraguaya. La entrada de este capital se ha convertido en una fuerza ingobernable que ha acrecentado los niveles de corrupciÃ³n y violencia contra la poblaciÃ³n rural. El gobierno paraguayo, cÃ³mplice y participe de estas operaciones, contribuye ademÃ¡s criminalizando la pobreza y la exclusiÃ³n de la poblaciÃ³n desplazada a las ciudades. Estos breves resÃºmenes deben dar pie para considerar que la problemÃ¡tica social y ambiental consecuente de la producciÃ³n de cultivos comerciales como la soya, no se puede remediar con soluciones tÃ©cnicas, pues el conflicto excede la situaciÃ³n medioambiental. MÃ¡s bien aborda los marcos del conflicto armado, una especie de guerra contra los campesinos. Se puede dilucidar que, detrÃ¡s de esta violencia, la estrategia implÃcita es vaciar el territorio y luego volver a repoblarlo con poblaciÃ³n sumisa a este nuevo poder. La sumisiÃ³n de la nueva poblaciÃ³n tomarÃa forma a travÃ©s de crÃ©ditos y la dependencia del mercado. Se puede hablar de una guerra aunque sea una de tipo silencioso y encubierto y que no sÃ³lo termina en muertos. MÃ¡s de 20 millones de litros de agroquÃmicos son esparcidos anualmente sobre el territorio paraguayo y asÃ, solo en 2004, 400 personas fueron registradas en el Centro de Vigilancia de IntoxicaciÃ³n Aguda por Plaguicidas, del Ministerio de Salud. Esta realidad es la que los paÃses importadores de soya y algunas grandes ONGs conservacionistas pretenden invisibilizar o directamente ya han dejado de lado el anhelo por el cambio, y sumisamente estÃ¡n conformando Mesas Redondas de Soya Responsable con criterios banales sobre tecnicismos que no tienen fundamento alguno. Por esta razÃ³n, en los dos encuentros de Mesas Redondas que se han realizado, se han producido manifestaciones de los sectores campesinos y ambientalistas para demostrar el rechazo a estas tentativas de maquillaje corporativo. En ambas ocasiones los movimientos sociales hicieron extensas Declaraciones(7) que fueron desoÃdas por las ONGs involucradas, aunque estas declaraciones no dejaban duda sobre la situaciÃ³n de violencia que se vive y la imposibilidad de que el modelo de la soya sea sustentable. Tal como un campesino de Santiago del Estero lo mencionÃ³ en el 2005, "no se puede dialogar con el que estÃ¡ apuntÃ¡ndote con un arma". De la misma forma, a los sectores campesinos paraguayos se les hace imposible encontrar una vÃa de diÃ¡logo con el sector econÃ³mico que mueve los hilos de violencia contra la poblaciÃ³n. Notas (1) FIAN, FoodFirst Information and Action Network, es la organizaciÃ³n internacional de derechos humanos que promueve y defiende el derecho a la alimentaciÃ³n. Fundada en 1986, tiene estatus consultivo ante la ONU. (2) En Paraguay no se ha desarrollado ningÃºn juicio por los crÃmenes de la dictadura. Tampoco se ha indemnizado a vÃctimas, ni se han investigado los enriquecimientos ilÃcitos durante el proceso militar. En el Poder Legislativo se ha denunciado reiteradamente la estimaciÃ³n de 12 millones de has de tierras mal adjudicadas a "fieles" del ex dictador Stroessner. (3) En noviembre de 2004 el gobierno decide sacar a los militares a las zonas rurales para contener la ola de ocupaciones de campesinos sin tierra. En febrero de 2005 se crearon 18 nuevos destacamentos militares en el interior del paÃs, especialmente en los Departamentos de San Pedro, ConcepciÃ³n, CaazapÃ¡ y GuairÃ¡, precisamente zonas con mayor presencia de organizaciones campesinas. (4) En Paraguay, la soya ha mantenido un promedio de 125 mil has/aÃ±o y representa un crecimiento del 191% durante el perÃodo 1995/96005/06. (5) El asentamiento lleva el nombre de un dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), asesinado en el Departamento de CaaguazÃº en el 2001. Se sospecha que el asesinato estÃ¡ ligado a la recuperaciÃ³n de tierras en un latifundio de la familia Oviedo. (6) SegÃºn datos del Censo 2002, realizado por la DirecciÃ³n General de EstadÃsticas, Encuestas, y Censo. (7) Documento final del Contraencuentro de IguazÃº sobre los impactos de la soya y los monocultivos, marzo de 2005, El Modelo de Desarrollo Irresponsable, Insustentable y AntidemocrÃ¡tico en el Paraguay actual, junio de 2006. Referencias bibliogrÃ¡ficas 1. Maeyens, A. (2006). Soy expansion continues to trigger violent evictions and repression amongst Paraguayan peasants, en: http://www.aseed.net 2. Pilz, D., QuintÃn, R., RodrÃguez, R., Villalba, R. (2004) La lucha campesina (1990004), Ã?rea Sociogremial CDE, AsunciÃ³n-Paraguay. 4. FIAN (2006). La Reforma Agraria en Paraguay, Informe de la MisiÃ³n Investigadora sobre el Estado de la realizaciÃ³n de la Reforma Agraria en tanto obligaciÃ³n de Derechos Humanos, en: http://www.cviacampesina.org 5. Rulli, J. (2006) Peasant family in Paraguay condemned by agrotoxins, en: Blog de la campaÃ±a Justicia para Silvino Talavera. http://www.silvinotalavera.pyh.ca 6. CODEHUPY (2007) Informe Chokokue, Coordinadora de los Derechos Humanos Paraguay. 7. Rulli, J. (2006) Historia del Movimiento Agrario y Popular. Diversos artÃculos sobre le Movimiento Agrario y Popular, en: http://www.lasoyamata.org 8. Amarilla, O., GÃ³mez, I., Palau, M., (2006) Informe de la Sociedad Civil sobre el cumplimiento del PIDESC en el contexto rural (2000 - 2005) BASE IS, CIPAE y Tierraviva.
Mira també: http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=557 http://www.ciepac.org

Comentaris

Re: La paramilitarización del campo con la expansión de la soya
per vegan	26 feb 2008
una soja que per cert, va dirigida a l'alimentació animal principalment. despres direu que menjar animals és necessari i super ecologic