Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: criminalització i repressió : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats : guerra
Drets Humans a Mèxic: CCIODH, butlletí de premsa nº9
10 feb 2008
*BOLETÃ?N DE PRENSA Nº 9 DE LA VI VISITA DE LA COMISIÃN CIVIL INTERNACIONAL DE OBSERVACIÃN POR LOS DERECHOS HUMANOS (CCIODH)*

*CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PROVISIONALES DE LA VI VISITA DE LA CCIODH. ESTADO DE CHIAPAS. FEBRERO 2008*

Diez años después de nuestra primera visita y, tras el trabajo desarrollado a lo largo de estos siete días, podemos hacer un balance provisional del estado de cumplimiento de nuestras anteriores
recomendaciones. La perspectiva histórica que nos ofrece el tiempo transcurrido desde nuestra primera visita, así como el anuncio por parte
del nuevo gobernador Juan Sabines de dejar atrás algunas de las prácticas de gobiernos anteriores, justificaba el interés de nuestra presencia en Chiapas. Después de entrevistarnos con un amplio número de personas, organizaciones, sectores sociales e instituciones, presentamos
las siguientes

*CONCLUSIONES PROVISIONALES*

1. A 10 años de la masacre de Acteal, la situación social en Chiapas sigue atravesada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión.
Tales dinámicas afectan a la mayor parte de su población, siendo especialmente intensa en el caso de las mujeres y de la población indígena y campesina.

2. Los poderosos obstáculos en el acceso a recursos básicos para la supervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo, se sitúan en el trasfondo del conjunto de las graves vulneraciones de los derechos humanos detectadas. Tales dificultades afectan esencialmente a la posesión de la tierra, el acceso al agua, a la energía y a la biodiversidad en su conjunto.

3. La desigual e insuficiente satisfacción de servicios básicos en el terreno educativo y de salud, junto con otras vulneraciones de derechos sociales y culturales fundamentales explican igualmente la preocupante situación de los derechos humanos en la región.

4. La existencia de necesidades básicas insatisfechas, junto con la falta de confianza en los cauces institucionales de participación, genera procesos de organización social. La reivindicación colectiva organizada, en efecto, es vista como única vía de realización, siempre parcial, coyuntural y competitiva, de los intereses y necesidades más esenciales.

5. En algunos casos la movilización colectiva supera la dimensión reivindicativa para apostar por respuestas de autotutela de los derechos. La construcción de las autonomías indígenas de las comunidades zapatistas es sin duda el ejemplo más avanzado pues genera espacios propios de participación social, económica y política cuya intensidad desborda los referentes institucionales y confronta profundas dinámicas de dominación cultural todavía vigentes.

6. Frente a lo anterior, los poderes públicos han venido respondiendo con políticas de desarrollo social que no han respetado esta realidad, ni han incorporado seriamente la participación de las comunidades en el diseño de las mismas. Por tanto, su implementación viene creando división y conflictos en muchas comunidades.

7. La política de control y represión de esta movilización colectiva también ha diseñado contextos de vulneración de derechos humanos. Tal y como ya se constató en informes anteriores, la presencia militar en la zona constituye también un elemento que favorece el conflicto. La continuidad de tal presencia militar resulta desproporcionada y por tanto es injustificada.

8. La primera visita tuvo como objeto la reacción de la sociedad civil internacional frente a la masacre de Acteal. En la actualidad âdiez años después- podemos afirmar que la impunidad continúa. La creación, por parte del nuevo gobierno, de la Fiscalía especializada para el caso de Acteal no ha logrado ningún avance significativo al respecto. La detención de sujetos ya condenados por estos hechos, la revisión de las sanciones administrativas ya impuestas o la firma de acuerdos con la comunidad sin reconocimiento de la verdad sobre los hechos son simplemente actos políticos de carácter simbólico, inútiles para el alcance de la justicia.

9. La CCIODH advierte que en la actualidad continúan apareciendo numerosos casos de impunidad de los servidores públicos. Este hecho no favorece en absoluto la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto para la lucha contra las violaciones de derechos humanos.
Pese a algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno, no se ha avanzado realmente en este aspecto. Especialmente inquietante resulta la reiteración de un patrón de actuación de servidores públicos consistente en la consideración denuncias falsas, el uso del maltrato físico como medio de obtención de declaraciones autoinculpatorios y el valor probatorio de tales confesiones en el proceso judicial. Este modelo, que frecuentemente concluye con sentencias de muchos años de cárcel, sirve como mecanismo para la persecución de miembros de organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia, en el que participan además particulares en connivencia con las autoridades.

10. Desde nuestros primeros informes hemos venido destacando la presencia de grupos paramilitares así como recomendando su disolución y desarme. Lamentablemente, seguimos detectando tanto la continuidad de su presencia como su conexión con agentes de la seguridad pública. En algunas áreas geográficas su actividad incluso ha aumentado.

11. La CCIODH ha detectado numerosas irregularidades en el funcionamiento de la justicia que la hacen partícipe del mencionado modelo de reacción frente a las organizaciones sociales y en especial contra personas y comunidades indígenas, respecto de las cuales la indefensión continúa siendo regla general.

*RECOMENDACIONES*

1. La extensión y democratización del acceso a los recursos y servicios básicos constituye el punto de partida de cualquier avance en la vigencia de los derechos humanos en Chiapas. Por ello, deberían abandonarse aquellas políticas de carácter neoliberal que conducen a un acceso restringido y privatizado a los recursos básicos y que además se han demostrado insostenibles ecológica y socialmente.

2. Los poderes públicos deben respetar y promover los procesos de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, dada su demostrada capacidad de satisfacción de necesidades básicas.

3. Cualquier programa gubernamental de desarrollo económico y social deber ser consensuado con los sectores sociales verdaderamente representativos. Cuando éstos afecten a los intereses de los pueblos indígenas necesariamente se deberá obtener de los mismos su consentimiento previo, libre e informado, tal y como exige la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

4. Constituye una necesidad inaplazable emprender la desmilitarización de la zona. La presencia militar debe ser estrictamente limitada al desarrollo de las funciones constitucionalmente señaladas, evitando a toda costa su incidencia en la vida de las comunidades.

5. Debe procederse definitivamente al desarme y disolución de todos los grupos paramilitares aún presentes en el Estado, a la persecución jurídica de sus miembros y máximos responsables y a la depuración de responsabilidades políticas que se pudieran derivar.

6. Los poderes públicos deben implicarse de inmediato y de manera contundente en la lucha contra la impunidad. Más allá de reformas normativas pendientes, es imprescindible la determinación política para acabar con este fenómeno.

7. Debe abandonarse toda práctica de utilización del sistema punitivo para criminalizar y reprimir los movimientos y las organizaciones sociales. En este sentido, es necesario introducir reformas tendentes a eliminar las situaciones de indefensión, abuso de poder, vulneración del principio de presunción de inocencia, construcción de denuncias falsas, y la creación de delitos que por su amplitud puedan ser utilizados en esta dinámica represiva.

8. Es urgente abordar una reforma estructural del sistema de impartición de justicia que asegure su verdadera accesibilidad, su imparcialidad y la vigencia de todas las garantías básicas. Debe asegurarse una defensa de oficio de calidad, la presencia de traductores de confianza que garanticen los derechos lingüísticos de las personas indígenas y permitir que las víctimas de sucesos delictivos puedan actuar como parte en los procesos judiciales, abandonando el monopolio del ministerio público y con ello evitar sospechas sobre su parcialidad.

9. Por último, la realización de la justicia se constituye como el elemento imprescindible e inaplazable para construir la memoria histórica del conflicto.

Sólo sobre el reconocimiento de la verdad es posible construir las bases para la reparación a los afectados y la solución de los problemas psicosociales derivados del mismo.

San Cristóbal de las Casas, a 9 de febrero de 2008

Atentamente:

Comisión de Prensa de la CCIODH
Mira també:
http://cciodh.pangea.org/

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa