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Zapatero propone para un cargo contra la tortura al que fue fiscal general cuando se destapó la trama de los GAL
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per El PSOE tortura y asesina |
20 des 2007
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Enero 2007
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El Gobierno ha propuesto al ex fiscal general del Estado Leopoldo Torres Boursault como miembro del Subcomité de prevención de la Tortura de la ONU. Esta elección ha provocado que varios partidos recuerden que Torres "tuvo una actuación nada beligerante con los crímenes del GAL", según el BNG. La Coordinadora para la prevención de la Tortura ha argumentando que "fue nombrado por Felipe González seis meses antes de que comenzara el juicio contra José Amedo; que, durante su nombramiento, el Estado se negó a poner a disposición de la Audiencia Nacional a tres implicados en la trama de los GAL; que se vio implicado en la desaparición del Informe Navajas, que implicaba al coronel Rodríguez Galindo en el narcotráfico, y que, finalizado su mandato mantuvo la relación con los responsables políticos que se vieron implicados en los crímenes del GAL". |
El Gobierno considera que la candidatura del ex fiscal general del Estado fue la "idónea", pese a las críticas que ha suscitado. El Gabinete de Rodríguez Zapatero defiende la elección de Torres en una respuesta parlamentaria al diputado nacionalista gallego Francisco Rodríguez, quién había pedido explicaciones al Gobierno por la designación del que fuera fiscal general del Estado en los primeros años noventa, cuando se destapó la trama de los GAL.
En su contestación, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo argumenta que el hecho de que Torres recibiera en diciembre el apoyo "de más de la mayoría absoluta" de los Estados representados en ese Subcomité de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que fuera el "segundo candidato que más votos obtuvo" demuestra que "la elección del candidato fue idónea".
Según explica, a pesar de que tenía la capacidad de designar en exclusiva a su candidato, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de la Oficina de Derechos Humanos, solicitó a diversas instancias, sobre todo académicas, que propusiesen varios candidatos que cumpliesen los requisitos que para ocupar ese puesto establece el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la tortura, ratificado por España en abril de 2006.
"Personas de gran integridad moral"
En aplicación de ese texto, los miembros del subcomité deben ser elegidos entre personas "de gran integridad moral y reconocida competencia en el ámbito general de la Administración de justicia, en particular en materia de derecho penal, administración penitenciaria o policial".
Entre los nombres sugeridos por las entidades consultadas figuraba el del ex fiscal general del Estado y, tras un examen de las distintas opciones posibles, el Ejecutivo se decidió por su candidatura ante la ONU.
Además, de su "amplia experiencia como profesional del Derecho", el Gobierno esgrime a su favor que ha sido durante 16 años miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, órgano similar al de la ONU, y que llegó a ser vicepresidente del mismo. También destaca que Torres fue juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante siete años.
Abogado de la viuda de Couso
En la actualidad Torres actúa como abogado de la viuda de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en Bagdad en 2003, y a su iniciativa se debe que la Audiencia Nacional haya solicitado la detención de los militares estadounidenses que dispararon el tanque que causó la muerte del informador español. El Subcomité para la Prevención de la Tortura está compuesto por un total de diez miembros, que ejercerán sus funciones "a título personal y actuarán con independencia e imparcialidad" por un mandato de cuatro años, prorrogable una sola vez.
La candidatura de Torres fue criticada entre otras entidades por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y el BNG que, a través de su portavoz en el Congreso, Francisco Rodríguez, censuró al Ejecutivo por promover para un cargo de estas características a una persona que "tuvo una actuación nada beligerante con los crímenes del GAL", que "destacó por su benevolencia para con el Gobierno de entonces" y que "incluso dirigió la defensa letrada del ex ministro de Interior José Luis Corcuera, en los casos de Fondos Reservados". |
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