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nforme de la Unión de Periodistas del País Valenciano sobre los hechos del 23 de febrero en la III Región Militar
per Vtas!!	11 des 2007
Valencia, Julio/Agosto de 1981
INTRODUCCIÓN Tras la difusión del informe del fiscal que entiende los hechos del 23 de febrero, los periodistas valencianos, y muy especialmente los que por su actividad profesional tuvieron ocasión de seguir de cerca el desarrollo de la intentona golpista en el País Valenciano, advirtieron una serie de omisiones y lagunas que pueden calificarse de sustanciales para el esclarecimiento de hechos y responsabilidades. El sentido de este informe no es otro que el de poner de manifiesto algunas de estas omisiones, sin menoscabo de la competencia de la autoridad judicial y sin prejuzgar nada. No puede ignorarse que la III Región Militar fue la punta de lanza en el intento de golpe de estado, y que los sediciosos lograron plenamente sus objetivos sin encontrar resistencia, muy especialmente en la ciudad de Valencia. Se tomó el poder civil y militar, se ocuparon los medios de comunicación, se aterrorizó a la ciudadanía con un despliegue inusitado de tropas, previa y largamente preparado; se dieron momentos de connivencia de elementos civiles con el golpe, se tomaron las ciudades más importantes del País Valenciano. En contraste con la magnitud de estos hechos son sólo tres los procesados hasta el momento, mucho menos de los que se ha considerado como implicados en otras zonas donde el alcance de la sedición fue mucho menor. Por otra parte, un repaso a la perfección de los movimientos y una mínima documentación hacen ver claramente que el golpe estuvo preparado en más de un día y por más de tres personas (que es como se califica en el informe del fiscal), mientras que un buen número de informaciones apuntan a la existencia de una trama civil golpista con actuación ininterrumpida en Valencia, antes y después del 23 de febrero. Todo esto, sin ningún menosprecio hacia las conclusiones del fiscal, contrasta con el hecho de que sólo estén incluidos en el sumario el capitán general, su ayudante y un coronel del Estado Mayor. La situación de posible impunidad que pudiera producirse está causando una gran zozobra no sólo entre los profesionales de la información, sino entre toda la ciudadanía valenciana y, de forma muy especial, entre un gran número de militares demócratas y de clara obediencia constitucional que asisten incluso al ascenso de algunos elementos que han mostrado una actitud inequívocamente golpista. FUENTES DEL INFORME Se ha tomado como base de trabajo la documentación informativa de los miembros de la Unión de Periodistas que cubrieron la jornada golpista, con la aportación de datos por parte de especialistas en temas militares. Han aportado asimismo informaciones varios jefes y oficiales de la Tercera Región, algunos de ellos, aunque pertenecientes al Estado Mayor de la Capitanía General, no fueron llamados a declarar por el juez instructor, cuando podrían aportar, sin duda, informaciones muy valiosas. Autoridades civiles, parlamentarios y diversas fuentes ciudadanas han suministrado también datos valiosos. No corresponde al grupo de trabajo de la Unión de Periodistas desarrollar en profundidad todas estas informaciones, que quedarán únicamente apuntadas a lo largo de este informe. ANTECEDENTES Un momento clave en el que se ponen de manifiesto actitudes que pueden suponer un antecedente al golpe en la Tercera Región Militar, se da en el "incidente" que protagoniza el General Atarés, de la Guardia Civil, contra el entonces vicepresidente Gutierrez Mellado. Atarés es absuelto de un delito que cuenta con múltiples testigos, por un tribunal en el que intervienen el actual defensor de Milans del Bosch, coronel Escandell, como defensor; el General Luis Caruana, que ocupa el poder civil durante el 23-F, como Juez Instructor; el General León Pizarro, que dirige la ocupación de Valencia, como Presidente del Consejo de Guerra; y el Teniente General Milans del Bosch, como autoridad que confirma la absolución. Por otra parte, se señala desde diversas fuentes que durante el mandato de Milans del Bosch en la Tercera Región Militar se va promocionando a puestos claves, a jefes y oficiales con talante y actuaciones públicas claramente en contra de la democracia y la Corona, mientras se expulsa de la Región a militares de talante democrático, como el Capitán Pitarch, o se niega destino a oficiales de Estado Mayor, asimismo demócratas, como los Comandantes Recuenco, Rubio, Cerdá, Jimeno, etc. En la Ciudad de Valencia, es bien conocida la filiación ultraderechista del entorno de Milans del Bosch, que provoca constantes incidentes con las autoridades civiles, como cuando amenaza con sacar las tropas a las calle en el caso de que sea retirada la estatua de Franco de la Plaza del País Valenciano. PREPARACIÓN DEL GOLPE En el informe del Fiscal se habla del Coronel Ibáñez Inglés (uno de los tres procesados de Valencia), como participante en reuniones en Madrid en las que se prepara el 23 de Febrero. No se menciona un buen número de reuniones llevadas a cabo en esta Región Militar, por ejemplo en el Perelló y en Vinaroz, en las que participaron altos jefes militares actualmente en ejercicio. A alguna de estas reuniones podría haber concurrido, asimismo, el General Atarés. En lo que respecta al movimiento de tropas llevado a cabo la jornada del día 23, la documentación del proceso lo da como gestado a lo largo del mismo día, lo que excluiría una conspiración de mas amplio alcance e implicaciones. Sin embargo, varias fuentes militares consultadas cifran entre 24 y 48 horas el tiempo mínimo necesario para la preparación de un despliegue de las características del llevado a cabo en Valencia ( y como éste se produjo un lunes, esto quiere decir que los preparativos directos se remontan, como mínimo, a la semana anterior). Al menos un día hace falta para dar combustible y munición a los carros de combate. Parte de este material ha de ser trasladado desde el Parque de Artillería de Valencia hasta las zonas de Bétera, Paterna y Marines, donde se encuentran los vehículos (Marine está casi a 40 kilómetros de Valencia). Parece, pues, fuera de toda duda, que existieron movimientos de preparación del golpe varios días antes del 23, incluyendo llamadas a soldados con permiso previo a licenciamiento, como sucedió en el Regimiento 20 de Infantería Guadalajara en Paterna. Por otra parte, la planificación de los movimientos de los carros de combate, vehículos pesados de transporte, apoyo logístico de Intendencia y Sanidad, y su circulación para ocupar puntos estratégicos, tales como el Gobierno civil y la Plaza del País Valenciano, en la capital, requería una preparación minuciosa, teniendo en cuenta, por ejemplo factores como la resistencia de los puentes que rodean el centro de la ciudad. Estos cálculos se tienen hechos para desfiles, pero no para la ocupación de las calles centrales tal como se llevó a cabo. En este sentido parece claro que la ocupación de la Sala Especial de Operaciones de la Capitanía General, acondicionada para la preparación de maniobras y movimientos de tropas, por parte de la Segunda Sección de estado Mayor que mandaba el Teniente Coronel Pacheco, pudo haber estado dedicada a este cometido. Fuentes del Estado Mayor de la Capitanía General han manifestado su extrañeza por esta ocupación inusual por parte de una Sección que tiene como cometido la Información, y no las maniobras que corresponden a la Tercera Sección de Estado Mayor, a cuyo responsable fue requerida, según parece por hombres del Teniente Coronel Pacheco, la llave de dicha sala para móviles que sólo conocieron los oficiales de dicha Segunda Sección y el Coronel Ibáñez, hoy procesado. Si como parece absolutamente claro, la preparación del golpe llevaba un tiempo gestándose, de una investigación a fondo se derivarían responsabilidades aún no esclarecidas. Cabe recordar que en el informe del Ministro Oliart al Congreso de los Diputados, se citaban unas palabras del Comandante Pardo Zancada que, dirigiéndose el día 22 a los Jefes de la División Acorazada Brunete, les anunciaba que había hablado con Milans y que "la Tercera Región ya estaba preparada". Una encuesta rigurosa pondría de manifiesto preparativos y movimientos inusuales en los días anteriores al golpe de estado, y revelaría, por ejemplo el montaje de dispositivos que permitieron tener retenidos y ocupados, durante el fin de semana anterior al día 23, a un buen número de Oficiales, en Paterna, Bétera y Marines, los tres cantones de la guarnición, preparando raciones de previsión, suministros, etc., a unidades que iban a intervenir en los movimientos del día 23. A nivel de "preparación remota", diversas fuentes citan el mes de noviembre de 1980 a la hora de hablar del comienzo de movimientos extraños en la Tercera Región Militar. DESARROLLO DE LA JORNADA DEL 23 DE FEBRERO Aunque este es el aspecto del golpe de estado que lógicamente cuenta con un mayor espacio en el informe del Fiscal, permanecen sin despejar algunos aspectos que consideramos importantes a la hora de esclarecer responsabilidades. En primer lugar, dejar sentado que, en contra de lo que se ha difundido NO había previstas ningún tipo de maniobras. Destacamos este aspecto porque parece darse a entender que la ocupación militar no fue mas que una "ligera variación" sobre maniobras previstas con anterioridad. De esta forma parece evidente que todos los movimientos preparados y las movilizaciones que se producen a lo largo de la jornada, se hayan dirigidos a cubrir los objetivos de los golpistas. Esto es evidente, por ejemplo, para los testigos presenciales de la salida de los tanques del Vizcaya XXI, con los cañones y ametralladoras descubiertos y apuntando al frente, en clara actitud intimidatoria, y en contra de lo usual en ejercicios de maniobras o desfiles. A partir de las 19’45 horas del día 23, tanto por parte de la dirección de la Seguridad del Estado como por el Estado Mayor central, se ha dado a conocer inequívocamente que los movimientos de Valencia se producen contra la legalidad constitucional y contra la voluntad del rey. Este dato es importante a la hora de valorar las actitudes de los Jefes militares y las autoridades civiles que se ven, a partir de ese momento, claramente situados ante un golpe de estado, lo que, por otra parte, ofrecía pocas dudas una vez conocido el contenido del bando militar de Milans del Bosch, abusivamente calificado en la documentación sumarial como "estado de excepción", cuando se trata de las bases de una auténtica dictadura militar. Otro aspecto importante no revelado hasta el momento es la actitud de la base aérea de Manises cuyos jefes se niegan a sumarse al golpe, siendo amenazados con el envío de tanques por la autoridad militar, al parecer un General, desde Valencia. El Centro de Transmisiones (RTM) de la Capitanía General es escenario de una gran actividad en relación con la ejecución del golpe de estado, aún no esclarecida. El personal a cargo de los teletipos es movilizado pero no se le permite actuar durante toda la jornada, y por la noche; un Comandante y un Capitán son los encargados de recibir y emitir mensajes, dándose la circunstancia de que las copias de los teles, que podrían aportar pruebas importantísimas, han desaparecido de los archivos. Conocido el bando de Su Majestad el Rey hacía la 1’30 horas, numerosos oficiales se niegan a seguir secundando el golpe, produciéndose situaciones de tensión y amenazas que sería interesante investigar. Con posterioridad a esta hora el Comandante Silla, de la Segunda Sección de Estado Mayor, sigue negando que el bando vaya a ser retirado. Es muy importante destacar que hasta las 5’30 horas del día 24 no se levanta el toque de queda en Valencia, los movimientos militares y civiles que han seguido produciéndose desde el mensaje del Rey adquieren una significación nítidamente golpista, ya que difícilmente pueden ampararse en la "confusión" respecto a los móviles de los sediciosos. LA TOMA DEL PODER CIVIL El golpe de estado tiene en Valencia dos partes: 1. Ocupación militar de la ciudad, que corre a cargo del jefe de la División Maestrazgo, General León Pizarro. 2. Ocupación del poder civil, en cierto modo más difícil e importante porque significa cortar la comunicación de las autoridades con Madrid, controlar sus movimientos e impedir que el Gobernador Civil haga uso de los varios miles de profesionales a sus órdenes. De esta parte es encargado el Gobernador Militar, General Luis Caruana. Todos los testimonios directos de autoridades provinciales, locales y de partidos, que pasaron durante la noche del 23 al 24 de Febrero, por el Gobierno Civil, muestran al General Caruana en el papel que le había asignado Milans del Bosch, con el Gobernador Civil suspendido en sus funciones y detenido en la práctica. Se da la circunstancia de que el Gobernador se veía obligado a pedir permiso a Caruana para recibir visitas de algunas personalidades que se interesaban por la situación. Así sucede con el dirigente de UCD, J. L. Manglano, o el dirigente de Comisiones Obreras, César Llorca, para recibir y despedir al cual tiene que demandar ostensiblemente permiso a Caruana. En las conversaciones en el Gobierno Civil se habla claramente de golpe de estado, y aparece fuera de toda duda que el General Caruana ha asumido todos los poderes. El teléfono aparece bloqueado por una voz desconocida que invita a los que llaman a dirigirse a Capitanía General "donde está todo el poder". Así le sucede al director de la Seguridad del estado, Francisco Laína, cuando intenta conocer la situación en Valencia. A los comunicantes que consiguen llegar hasta el Gobernador, éste les señala inequívocamente que se halla suspendido de sus funciones y en manos de la autoridad militar. Las únicas noticias que salen y entran del Gobierno Civil son las que consigue filtrar la esposa del Gobernador desde sus habitaciones particulares. Incluso después del discurso de Su Majestad el Rey, cuando hacia las dos de la madrugada el Gobernador Civil reúne a la Junta de Seguridad para volver a hacerse cargo del poder civil, el General Caruana ordena que se disuelva dicha Junta porque es ilegal. Esto es muy importante, porque tras el mensaje del Rey, tal como ha quedado señalado, aparece fuera de toda duda la intención de los golpistas, y sin embargo el General Caruana aún permanece dos horas más en el Palacio del temple ostentando el poder civil. Recordemos que el Gobernador Militar de Alicante, General Leonardo López, comunicó inmediatamente al Gobernador Civil tras el mensaje del Rey, que recuperaba plenamente el poder civil, aún sin esperar a que Milans levantara el bando. Tampoco aparece clara la forma en que Caruana "intentó" llevar a cabo la orden, emanada del Jefe de estado Mayor del Ejército, de detener a Milans del Bosch. Lo cierto es que, después de entrevistarse con éste en Capitanía General, regresó al Gobierno Civil y siguió ostentando sumando. Como dato significativo, la prensa local recogía al día siguiente que las torteas de los tanques estacionados junto al edificio del Gobierno Civil, giraban apuntando a hacia éste en los momentos en los que el General Caruana permanecía fuera del local. Sin salir de la Tercera Región Militar, es interesante recoger la actitud del Gobernador Civil de Murcia, que responde a la llamada del Gobernador Militar, General Llanas, exigiéndole que se ponga a sus órdenes, diciendo que tiene que consultar con sus superiores civiles. Una vez realizadas estas consultas y adquirida la certeza de que se trata de una maniobra sediciosa, responde a una nueva llamada del Gobernador Militar, negándose a aceptar sus órdenes, y ordenando a las fuerzas de la Policía Nacional bajo su mando que acordonen el Gobierno Civil. Si dejamos fuera de duda el talante democrático del Gobernador Civil de Valencia, la única explicación para que no actuase como su colega de Murcia (y como de hecho le exige el Código Penal), resistiéndose a los rebeldes con todas las fuerzas a su alcance, sería la de hallarse detenido por el General Caruana. Hay que señalar que las autoridades civiles sabían desde las 19’45 horas, por boca de Francisco Laína, que todo lo que estaba sucediendo en Valencia era contra la voluntad del rey y el General Gabeiras. La actuación, pues, del Gobernador Militar no aparece en modo alguno como claramente antigolpista. Hay que señalar, por otra parte, que, disponiendo de su propio servicio de información y ostentando la Subdirección de Tropas y Servicios de la Tercera Región Militar, es muy extraño que no estuviera al tanto de los movimientos previos al golpe. Por ejemplo, de que los tanques estaban municionando y repostando al máximo de carburante cuando no había maniobras inmediatas a realizar. OCUPACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN En el informe del Fiscal se resalta la ocupación de Radio Televisión Española, en Madrid, que motiva el procesamiento de, al menos, un oficial. Sin embargo, no se menciona, cuando tiene mucha envergadura y alcance, la ocupación militar de los medios de comunicación valencianos: diarios, emisoras de radio y agencias de prensa, se vieron visitados a partir de las seis de la tarde, por militares que interrumpieron sus actividades y ordenaron la difusión del bando de Milans del Bosch y la transmisión de música militar en las emisoras, en algunos casos antes de producirse el asalto al Congreso, En esta acción, aparecen como autores integrantes de la Segunda Sección de Estado Mayor, uno de cuyos jefes, el Comandante Silla, el mismo que ha negado a la prensa local la existencia de ningún tipo de maniobras mientras los tanques avanzaban hacia Valencia, dirige personalmente la ocupación del Centro Regional de TVE, con un talante enérgico que no se limita a ordenar la difusión del bando, sino que habla de "hacerse cargo" de las instalaciones. Una faceta, ésta, del golpe de estado en Valencia, ignorada en los informes oficiales y de la que no se han esclarecido responsabilidades. OTROS PUNTOS DE LA TERCERA REGION MILITAR Actitudes como la del Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo, Almirante Juan Carlos Muños Delgado, que rechaza las órdenes de Milans y se declara fiel a la Constitución, perfilan muy bien las actuaciones pro-golpistas de los Jefes de otras unidades. Tal es el caso, en Lorca, del Regimiento de Infantería Motorizada Mallorca 13, cuyos carros salen a la calle ocupando diversas ciudades de la provincia de Murcia. Lo mismo en Alcoy, donde se traslada expresamente el Teniente Coronel Guerri, enviado por Milans del Bosch, para poner en marcha la ocupación en combinación con el Comandante Alonso, Jefe del Grupo de Caballería, mientras un Capitán se presenta en Radio Alcoy exigiendo el cese de la conexión con Madrid. Nada de esto se menciona en el informe del Fiscal, cuando según el criterio de muchos de los encuestados para la realización de este informe, sería necesaria una encuesta a fondo en toda la Región, para esclarecer no sólo actitudes militares sino incluso de otros cuerpos de seguridad. Por ejemplo, en Alicante, donde no aparece clara la actitud de la Policía Nacional, patrullas de la cual se sitúan en puntos estratégicos y llevan a cabo cacheos y detenciones. Tampoco es clara la actitud del Jefe de Policía Municipal que se pone espontáneamente a las órdenes del Gobernador Militar, en contraste con el Comandante Leiva, de la Guardia Civil, que se adhiere a la legalidad constitucional y al gobierno de Madrid, desde el primer momento. En otros puntos, se producen movimientos que se pueden calificar de "incontrolados" por parte de la Guardia Civil, por ejemplo en Torrente, donde se toma el Ayuntamiento y se desaloja a las autoridades democráticas; o en Buñol, que sufre una ocupación similar a la de la capital valenciana. LA TRAMA CIVIL Fuentes civiles de toda solvencia dejan fuera de dudas la existencia de una extensa red de apoyo activo al golpismo, que no ha dejado de funcionar desde el final del franquismo. Por una parte existe un grupo de golpista, situados en las altas esferas de la vida económica y política valenciana, que han aparecido en diversas investigaciones como financiadores del golpismo y la desestabilización. Algunos de éstos, figuran en una lista que obra en poder del Gobierno, en la que podían estar incluidos un delegado del Ministerio y un ex-alto cargo de la Administración, ambos integrantes del círculo de amistades de Milans del Bosch. Están por aclarar un gran número de movimientos sediciosos protagonizados por civiles ultraderechistas en numerosos pueblos de la región, en alguno de los cuales llegaron a producirse repartos de armas entre elementos ciudadanos. A este respecto existe un buen dossier en manos de los responsables del Partido Socialista Obrero Español. En la capital valenciana, y al calor de lo que parecía el inicio de una nueva etapa dictatorial, se revelaron un buen numero de actitudes pro-golpistas, dirigidas a la toma del poder en instituciones, como la Universidad, para la que se había elaborado una lista completa de nombres que debían de hacerse cargo y ocupar el Rectorado y la Junta de Gobierno, según obra en un informe policial. Asimismo, circularon listas negras de políticos y profesionales de la información, al tiempo que se producían concentraciones de elementos ultraderechistas en diversos locales de la ciudad. Días después del golpe, el Ministro del Interior anunciaba una investigación a gran escala para determinar implicaciones civiles, mencionándose mas de cien sospechosos investigados. Pasados seis meses no se ha dado a conocer nada concreto a este respecto, y parece haber quedado fuera de los propósitos de las autoridades policiales desentrañar la trama civil del golpismo, con la consiguiente intranquilidad de la ciudadanía que, después de haber asistido inerme a los movimientos apuntados, ve como parece olvidarse de forma inconsciente la existencia de una red golpista dispuesta a volver a actuar, en cualquier momento, contra el sistema democrático. - - - . - - - Queremos insistir, finalmente, en que el interés que ha movido a la Unión de Periodistas del País Valenciano a realizar este informe no ha sido, lógicamente, intentar sustituir la autoridad policial o judicial, sino hacer valer informaciones contrastadas y que han sido ignoradas, a pesar de su trascendencia y su posible utilidad si se quiere de desentrañar la maniobra sediciosa, y que adquieren nueva relevancia cuando se asiste al intento de intoxicar a la opinión pública con declaraciones y falsas informaciones que tratan de salpicar a las mas altas magistraturas de la nación. Lógicamente, no se ha tratado de llevar a cabo una información exhaustiva que queda fuera de nuestra intención y nuestros medios, sino simplemente apuntar toda una serie de aspectos sobre los que debería profundizar y desentrañar en las responsabilidades que se deriven de ellos, si se quiere que una intentona como la del 23 de Febrero -que triunfó plenamente en Valencia- no pueda volver a repetirse.
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