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Notícies :: amèrica llatina |
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INFORME SOBRE CHIAPAS, los sÃntomas, la enfermedad...: agresiones a comunidades zapatistas
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per cml-df |
05 oct 2007
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El plan según los de arriba funcionarÃa en tres pasos: primero, acabar con el movimiento zapatista mediante una entrada del ejército; segundo, arrebatarles a las bases de apoyo zapatistas su medio de autogestión y autonomÃa(la tierra) y tercero, abrir el camino a la inversión para que empresas transnacionales (o nacionales) privaticen y exploten las riquezas de la región. |
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"La niebla es el pasamontañas que usa la selva. Asà ella oculta a sus hijos perseguidos. De la niebla salen, a la niebla vuelven: la gente de aquà viste ropas majestuosas, camina flotando, calla o habla de callada manera. Estos prÃncipes, condenados a la servidumbre, fueron los primeros y son los últimos. Les han arrancado la tierra, les han negado la palabra, les han prohibido la memoria. Pero ellos han sabido refugiarse en la niebla, en el misterio, y de allà han salido, enmascarados, para desenmascarar al poder que los humilla."
Eduardo Galeano
La llegada (fraudulenta) al gobierno de Calderón en las elecciones del 2 de julio de 2006 y su toma de poder el 1 de diciembre del mismo año, han supuesto la continuación de las polÃticas económicas y sociales de Vicente Fox. Es decir, seguir con el reajuste económico -que incluye la subida del precio de la gasolina, y con ello de todas las formas de transporte, de los productos de primera necesidad (como el bolillo, la tortilla y el agua), el aumento de menos de dos pesos al salario mÃnimo-, el recorte presupuestal a la educación, las privatizaciones de los sectores energéticos (asà como la apertura a empresas extranjeras como Endesa), del agua y de la salud y el incremento en el gasto militar y policiaco y la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá.
Según los de arriba el PPP es un plan de desarrollo que va desde Puebla hasta Panamá (de ahà su nombre) cuyo objetivo más inmediato es proporcionar acceso a la zona norte del paÃs ( y de paso a nuestros vecinos los gringos) creando corredores que faciliten el transporte de mercancÃas. Hasta ahà podrÃa parecer una estrategia económica más, pero si le rascamos tantito veremos que el PPP no es solo una forma de explotación y destrucción indiscriminada de los recursos naturales y humanos de algunas de las áreas más ricas de Centroamérica, sino que también supone una estrategia polÃtica y militar para acabar con el movimiento polÃtico del sur de México.
Los últimos cuatro gobiernos neoliberales han usado la fuerza para proteger sus intereses económicos. Durante lo que va de 2007, el estado ha reactivado a los grupos paramilitares con la intención de generar un clima propenso a una intervención militar. La violencia, la seducción mercantil y el conflicto de identidad al enfrentar a unos indÃgenas con otros, son algunas de las herramientas que utilizan los de arriba para acabar con el movimiento zapatista. Los pretextos son variados: pleito intercomunitario, el control migratorio, disputas entre grupos de narcotraficantes, etc. El objetivo encubierto es la recuperación del territorio en poder de los zapatistas ( petróleo, gas, energÃa eléctrica, biodiversidad, agua dulce, maderas, uranio y la posibilidad de instrumentar megaproyectos depredadores al servicio del gran capital nacional y extranjero) que no supondrá otra cosa más que la apropiación y legalización de la tierra por parte de latifundistas y agroindustriales.
El plan según los de arriba funcionarÃa en tres pasos: primero, acabar con el movimiento zapatista mediante una entrada del ejército; segundo, arrebatarles a las bases de apoyo zapatistas su medio de autogestión y autonomÃa(la tierra) y tercero, abrir el camino a la inversión para que empresas transnacionales (o nacionales) privaticen y exploten las riquezas de la región.
AGRESIONES POR PARTE DE ORGANIZACIONES PARAMILITARES:
La OPDDIC ("Organización por la Defensa de los Derechos IndÃgenas y Campesinos") fue creada en 1998 por el exdiputado local priÃsta Pedro ChulÃn Jiménez. Invasiones de tierras, amenazas de violencia, disparos al aire, destrucción de milpas, robo de maÃz, golpizas, detenciones y secuestros son algunas de las estrategias que utilizan en contra de los indÃgenas de Chiapas. Eso no es lo peor, según las autoridades autónomas la Opddic cuenta con la complicidad y el apoyo de los gobiernos estatal y federal, la policÃa y el ejército, la ProcuradurÃa Agraria y la SecretarÃa de la Reforma Agraria (SRA). No sólo les han entregado armas armas y balas, sino también incentivos económicos como el permiso para explotar turistÃcamente las cascadas de Agua Azul.
Otra de las organizaciones paramilitares que están hostigando a las bases de apoyo es la URCI (Unión Regional Campesina IndÃgena). Es una organización oficialista derivada del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia (activa desde principios de 1995 hasta fines de 1997), que opera en los municipios oficiales Tumbalá y Salto de Agua:
La OCEZ-CDP (Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo) es una organización campesina de defensa de la tierra:
DENUNCIAS DE AGRESIONES POR PARTE DE LA UNIÓN DE EJIDOS DE LA SELVA:
Reconocida en el plano internacional como una iniciativa empresarial basada en el desarrollo social y sostenible, lo cierto es que la Unión de Ejidos de la Selva es una amenaza frecuente para las tierras zapatistas.
AGRESIONES POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLITICOS:PRI, PAN Y PRD
DENUNCIAS DE AGRESIONES POR PARTE DEL EJÉRCITO FEDERAL:
ORGANIZACION: ESTRATEGIAS, COMUNICADOS, SOLIDARIDAD
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Mira també:
http://cml.vientos.info/node/11145
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Comentaris
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El CAPISE responde a Cota Montaño
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per Cancuc |
05 oct 2007
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La presente carta dirigida al señor Cota Motaño fue publicada el dÃa de hoy (5-Oct-07) en la sección del Correo Ilustrado de La Jornada. Por razones de brevedad de espacio, la versión enviada a La Jornada fue resumida, a continuación presentamos la carta integra enviada al Presidente Nacional del PRD.
Atentamente.
CAPISE
El pasado 26 de septiembre, el diario La Jornada daba cuenta de ciertas declaraciones hechas por el presidente nacional del paramilitar Partido de la Revolución Democrática, el señor Leonel Cota Montaño, acerca de algunas acusaciones que hiciera el Subcomandante Insurgente Marcos a su organización polÃtica; reciéntemente autonombrada de izquierdas y socialista en su décimo congreso extraordinario (para quien quiera, lo dicho por Cota Montaño aquÃ
http://www.jornada.unam.mx/2007/09/26/index.php?section=politica&article
Nos quedaba la duda si el ex gobernador de Baja California Sur por el PRD (luego de que no pudo serlo por el PRI) compartÃa la misma inteligencia que Vicente Fox hizo manifiesta a lo largo de seis años de desgobierno o si se emparentaba con el actuar fascistoide del también derechista Felipe Calderón, actual usurpador del despacho en Palacio Nacional. De todos modos, apuramos la respuesta nuestra que inmediatamente enviamos al mismo diario La Jornada sin conseguir su publicación (para quien guste, lo escrito por nosotros aquÃ
http://laotrachilanga.blogspot.com/2007/09/carta-leonel-cota-montao.html
Unos dÃas después, tras una mesa sobre el encuentro de pueblos indÃgenas en VÃcam en la que participaron Magdalena Gómez, Sergio RodrÃguez Lazcano, el Comandante Insurgente Zebedeo, la Comandanta Insurgente Miriam y el Subcomandante Insurgente Marcos, llevado a cabo en Casa Lamm, Cota Montaño desveló nuestras dudas con lo poco inteligente de sus comentarios publicados el 3 de octubre; también por La Jornada (lo dicho por Cota Montaño aquÃ).
Ya de por sÃ, que el jefe paramilitar perredista pretendiera defender lo indefendible dejaba mucho qué desear; pero, que además lo hiciera "de oÃdas" hablaba mucho de porque, como dijo en septiembre: "No conozco de parte del gobierno de Chiapas ningún acto de represión, en ningún sentido, a ninguna comunidad y a ningún movimiento social del estado". Esta vez, el presidente negroamarello de lo que en la práctica es ya la cuarta época del PRI (recordemos que Calles fundó al PNR, Cárdenas (el Tata) al PMR, Alemán al PRI y Cárdenas (el Inge), junto con Muñoz Ledo, al PRD) aseveró que Marcos habÃa comparado a López Obrador con Calderón y que eso, además de ser un exceso es un "acto de irresponsabilidad polÃtica".
Sin embargo, Marcos no comparó a su presidente legÃtimo con el presidente espurio en Casa Lamm, como de seguro le contó alguno de los lopezobradoristas que tras escuchar cómo AMLO abandonó el famoso megaplantón de Reforma para ir a levantarle la mano de campeón local al pugilista de Juan Sabines, socio polÃtico de Roberto Albores Guillén y Constantino Kanter, gritaron que "Es un honor estar con Obrador" (quizás también ellos sean finqueros asesinos de indÃgenas). AsÃ, sin haber estado allÃ, Cota hace acusaciones sobre lo que no pasó, o sea: miente. ¿Es acaso ése un acto de responsabilidad polÃtica?
Más aún, como ya lo leyeron, (Mas)Cota Montaño, según Alma E. Muñoz, "retó a Marcos a presentar pruebas de represión por gobiernos perredistas, pues, afirmó en conferencia de prensa, con sus reclamos demuestra 'un interés polÃtico por la crÃtica, y no un interés polÃtico por la solución, si existieran ese tipo de acciones'." Asà que ni tardos ni perezosos, los compas del Centro de Análisis PolÃtico e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) le escribieron a LCM para tomarle la palabra:
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
04-X-2007
Leonel Cota Montaño
Presidente Nacional del PRD
Señor Cota.
Le escribimos a nombre del Centro de Análisis PolÃtico e Investigaciones Sociales y Económicas A.C. (CAPISE), con sede en el estado de Chiapas.
Hemos leÃdo de usted opiniones, publicadas el 26 de septiembre y el 3 de octubre referentes a su desconocimiento sobre actos de represión cometidos por el gobernador Juan Sabines, asà como del interés de usted por conocer “contra quién o quiénes, contra qué movimiento o contra qué pueblos o comunidadesâ€? son las agresiones que se cometen.
Retomamos extractos Ãntegros de sus declaraciones:
(26-IX-07).
“No conozco de parte del gobierno de Chiapas ningún acto de represión, en ningún sentido, a ninguna comunidad y a ningún movimiento social del estado�.
“En qué basa el dirigente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sus expresiones de descalificación al gobierno de Sabines y al PRD�.
“para afirmar que hay represión en el estado de Chiapas tendrÃa que concretarse contra quién o quiénes, contra qué movimiento o contra qué pueblos o comunidadesâ€?.
“el partido del sol azteca en ningún caso aceptarÃa represión contra ningún movimiento social que esté inconforme con la realidad de sus respectivas regiones y, desde luego, que tenga demandas legÃtimasâ€?.
(03-X-07)
“La verdad es que no conocemos de ningún ciudadano de Chiapas, ningún acto de represión a ningún movimiento social de aquella región�.
Señor Cota, este Centro y otros más hemos documentado con precisión, y denunciado públicamente la embestida que gobiernos en los niveles, federal, estatal y municipal (panistas, perredistas y priistas) han implementado contra pueblos indÃgenas zapatistas en el estado de Chiapas.
Privación ilegal de la libertad, amenazas de muerte, despojos de tierra, desalojos forzosos, agresiones, destrucción de cosechas, detenciones arbitrarias, entre otros, se suceden a ritmos vertiginosos no vistos por lo menos en los últimos nueve años contra los pueblos indÃgenas de Chiapas.
A propósito de estas declaraciones, hacemos de su conocimiento que:
1- Si este Centro es invitado por usted, estamos abiertos y dispuestos en llevar a cabo una presentación pública con la dirigencia de su partido y con toda la militancia perredista que asà lo desee, en el lugar o lugares que ustedes dispongan.
2- La presentación detallarÃa: quién y quiénes (nombre propios completos y nombres de organizaciones e instituciones involucradas), contra qué movimiento, contra qué pueblos y comunidades, cuándo, dónde, cómo, cañada por cañada, municipio por municipio.
3- Debido a la fuerte cantidad de poblaciones afectadas, respetuosamente le solicitarÃamos dos horas de exposición.
Suponemos que es del mayor interés de usted, de sus diputados y diputadas, de sus senadores y senadoras, y de toda su militancia, se clarifique y se especifique con detalle la brutal embestida que padecen los pueblos indÃgenas de Chiapas a manos del Estado mexicano y de las autoridades estatales y municipales del partido que usted preside. Sabemos que “el partido del sol azteca en ningún caso aceptarÃa represión contra ningún movimiento social que esté inconforme con la realidad de sus respectivas regiones y, desde luego, que tenga demandas legÃtimasâ€?, por tanto no encontramos razón alguna para no ser escuchados por ustedes.
Si no fuese del interés de usted invitarnos ha realizar una exposición pública que le permita a la militancia y dirigencia de su partido enterarse sobre lo que sucede en Chiapas, no se preocupe, en aras de romper el cerco informativo que existe en casi la totalidad de los medios impresos y electrónicos, el CAPISE convocarÃa una presentación pública donde se invitarÃa a la sociedad civil, a los medios de comunicación y, por supuesto, a toda la militancia de su partido que sà tuviera el interés de escuchar lo que sucede en el territorio indÃgena de Chiapas.
Atentamente.
Ernesto Ledesma Arronte
Director (CAPISE)
Centro de Análisis PolÃtico e Investigaciones Sociales y Económicas A.C. (CAPISE)
Real de Guadalupe 24, Col. Centro.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. CP.29200
Tel/fax: (967)678-9738 E-mail: capise ARROBA laneta.apc.org Web: http://www.capise.org.mx |
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Calderón vulnera derechos humanos
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per Nancy Flores |
06 oct 2007
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En materia de derechos humanos, el primer ejercicio de Felipe Calderón deja saldo negativo: militarización; criminalización y represión de la protesta social; ejecuciones ligadas a la lucha contra el narcotráfico; impunidad en desapariciones forzadas y violaciones sexuales, entre otras, son expresiones de un autoritarismo velado, califican defensores.
Con una diferencia de menos de un punto porcentual y el rechazo de un amplio sector que lo consideró “espurioâ€?, Felipe Calderón Hinojosa asumió –bajo la sombra de los militares– la Presidencia de México el 1 de diciembre pasado. Cuatro dÃas después, Flavio Sosa, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue aprehendido y encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
A esta detención, que marca el inicio de lo que defensores de derechos humanos califican como autoritarismo velado, le sigue la “Operación Conjuntaâ€?: primera acción oficial del gobierno llevada a los estados y, al tiempo, primer atentado contra las garantÃas individuales.
Y es que los operativos contra el narcotráfico han derivado en la militarización del paÃs, además de tener por objetivo real la localización y erradicación de “grupos subversivosâ€?, según reconoció en enero pasado Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, entidad donde aún se realizan acciones vinculadas a dicho programa.
Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dice que la presencia del Ejército en la vida civil del paÃs responde a la necesidad de legitimación que tiene el presidente, pues no hay consenso social.
El activista señala que “la acción enfocada contra el narcotráfico está dedicada, por debajo, hacia organizaciones sociales. El panorama no es bueno: cada vez es más posible que se detengan personas, que haya mayor discrecionalidad para torturar y desaparecer ciudadanos, sin ningún control ni protección. Es previsible que en adelante esa tendencia se recrudezca�.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusa a la administración federal de desaparecer, el 25 de mayo pasado, a dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Como respuesta, el EPR ha emprendido una campaña de sabotaje a grandes empresarios, por medio de ataques a ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Al respecto, el 15 de septiembre el presidente Calderón exigió “que se sepa quiénes apoyan o toleran, asà sea veladamente, este tipo de actos y quiénes los rechazamos porque estamos convencidos de que la vÃa pacÃfica es la únicaâ€?. Hasta ahora, la SecretarÃa de Gobernación ha negado haber secuestrado a los disidentes.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que, sin consultar a la población, el gobierno ha tomado decisiones sobre temas muy álgidos que tienen que ver con la seguridad pública y el narcotráfico y ha optado por una salida dura: la militarización de la sociedad, sobre todo en lugares estratégicos como la frontera norte y estados como Guerrero, Tabasco, Oaxaca.
“Ésta es una mala señal para los derechos humanos de la población más pobre y vulnerable. Además de generar mayor malestar porque no hay resultados tangibles que reviertan los procesos de polarización y de conflictividad social.�
Michael Chamberlin destaca que, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, han aumentado las ejecuciones sin esclarecer. Desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia más de 2 mil 500 personas han perdido la vida, de las cuales cerca de 200 eran policÃas.
“Los asesinatos se toman como más normales, como si fuera una justificación y la lucha contra el narcotráfico permitiera la muerte de personas. Es una devaluación del respeto a la vida y de la obligación que tiene el Estado de respetar los derechos humanos. Eso tiene que ver con el asunto de la procuración de justicia y abre la puerta a la impunidad.�
En este mismo contexto, militares han perpetrado abusos en contra de la población civil, entre los que sobresalen los asesinatos ocurridos en contra de una familia en Sinaloa, el pasado 1 de junio; los cateos sin órdenes judiciales de Netzahualcóyotl, efectuados el 2 de agosto por el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en la colonia El Sol, y violaciones sexuales como la de la mujer indÃgena de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en marzo pasado después de haber declarado a sus familiares que “los verdes se le echaron encimaâ€?.
Cuerpos policiacos
La polÃtica de seguridad también implica la militarización de las fuerzas policiacas, eso es lo preocupante, dice Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel AgustÃn Pro Juárez.
Detalla que “se han dado diversas transferencias de militares a los cuerpos policiacos. Pero para que se dé una polÃtica clara en materia de derechos humanos se debe de entrar en un proceso de desmilitarización de estas corporaciones, que sean preventivas y no violadoras de dichos derechosâ€?.
De acuerdo con el diario La Jornada, el pasado 1 de abril, los secretarios Genaro GarcÃa Luna, de Seguridad Pública, y Guillermo Galván Galván, de Defensa Nacional, firmaron un convenio de colaboración para transferir, en calidad de apoyo, 7 mil 588 militares a la PolicÃa Federal Preventiva.
El contrato –cita el reportero Gustavo Castillo– establece que los elementos “seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurÃdico aplicableâ€?, por lo que no podrán ser juzgados por autoridades civiles aun cuando incurran en violaciones a derechos humanos o en otro tipo de delitos.
Aunado a esto, la administración calderonista creó, el pasado 9 de mayo, el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército, para auxiliar acciones estatales y nacionales, entre las que destaca sofocar disturbios.
Para el antropólogo Abel Barrera, este gobierno criminaliza la protesta y pone fuera de la legalidad a los movimientos de resistencia, como ha sucedido con la APPO y con los habitantes de San Salvador Atenco, quienes han recibido penas excesivas como lección para la sociedad que se organiza.
El 11 de septiembre, apenas 10 dÃas después de que el presidente se comprometiera –en su primer informe de gobierno– a respetar y promover los derechos humanos de los mexicanos, fue ratificada la condena de 67 años y seis meses de prisión, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, contra Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicua y Felipe Ã?lvarez Hernández.
Con esta sanción, la primera sala colegiada penal del estado de México determinó que los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de La Otra Campaña son más peligrosos que, por ejemplo, Ismael Higuera Guerrero, el Mayel, identificado por la ProcuradurÃa General de la República como el lÃder de una célula del cártel de Tijuana, sancionado con 18 años de prisión por delitos contra la salud.
Más indeseables que Mario Arturo Acosta Chaparro, señalado entre los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la década de 1970, durante la guerra sucia. El general fue excarcelado el pasado 28 de junio del Campo Militar número uno, donde permaneció seis años por sus supuestos vÃnculos con el narcotráfico.
Contrainsurgencia
Las medidas contrainsurgentes, aplicadas incluso contra los movimientos civiles y pacÃficos, no se limitan a la militarización y represión: incluyen desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, reactivación de guardias blancas, desalojos violentos.
A inicios de este año, en las zonas conflictivas de Chiapas se reactivaron dos grupos de corte paramilitar: la Organización para la Defensa de los Derechos IndÃgenas y Campesinos y la Unión Regional Campesina IndÃgena.
En complicidad con funcionarios federales, estas organizaciones reclaman tierras en posesión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con un saldo cuando menos de cinco incursiones armadas a la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, el secuestro de tres milicianos, amenazas y actos intimidatorios en contra de defensores de derechos humanos (ContralÃnea, 75).
Más reciente, el 18 de agosto pasado, seis helicópteros de las policÃas estatal y federal desalojaron en forma violenta los poblados de San Manuel y Buen Samaritano, ubicados en la reserva de la Biosfera de Montes Azules, donde habitaban bases de apoyo del EZLN.
De estos hechos, el grupo guerrillero responsabilizó a Felipe Calderón Hinojosa, “gobernante de los ricos de México�, y a Juan Sabines Guerrero, “gobernador de los terratenientes y paramilitares de Chiapas�.
Michael Chamberlin dice que “no podemos desvincular estos nuevos desalojos de una serie de acciones que se han venido dando al menos desde 2001. Una presión constante a despejar esta zona por cualquier medio, desde las mesas de negociación hasta el desalojo forzado, como estos últimos casos, las amenazas y los ataques armados. Una vehemencia por ampliar su base territorial creando nuevas áreas naturales protegidas, para seguir despejando, más que por razones ecológicas, para proyectos marcados en el Plan Puebla Panamá�.
El defensor de derechos humanos advierte que la supuesta protección de la reserva busca la extracción de recursos naturales: petróleo, agua y biodiversidad, e indica que está relacionada con la presencia del EZLN y de las organizaciones que han estado luchando durante años por la tierra en esa zona, la ARIC, Unión de Uniones, y sus diferentes facciones, los intereses comunales de la Selva Lacandona.
Pobreza
Los conflictos sociales deben ser atendidos desde las causas estructurales que los originan, como la alta marginación y la pobreza, en vez de ser reprimidos, asegura Luis Arriaga Valenzuela.
De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos IndÃgenas de México 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos IndÃgenas de México, 11 municipios del paÃs se encuentran entre los más pobres del mundo, sólo comparados con los de Ã?frica subsahariana.
Sobre este tema, Abel Barrera indica que no sólo se han hundido a los pueblos en la pobreza sino que se mantienen los programas asistenciales de viejo cuño, que buscan fortalecer clientelas y hacer más dependiente a la población pobre de beneficios inmediatos que no atacan las causas de la miseria.
Michael Chamberlin detalla que el aumento de la migración también es un indicador de pobreza. “Hay un deterioro fuerte a nivel social y a nivel institucional. No se dan garantÃas para este tipo de derechos a una vida dignaâ€?.
El crecimiento de la población indÃgena y campesina que emigra hacia el norte del paÃs y Estados Unidos, coloca a estos mexicanos en una situación de mayor vulnerabilidad: los trabajadores eventuales están catalogados de segunda categorÃa, por no tener preparación y ser en gran parte analfabetas funcionales, reflexiona el antropólogo Abel Barrera.
Añade que el fenómeno migratorio trae consigo un desgarramiento del tejido social, que causa, a su vez, mayor confrontación, polarización y aislamiento, por el distanciamiento de las autoridades con la ciudadanÃa.
Sobre este tema, Arriaga Valenzuela, director del Pro Juárez, advierte éste es otro pendiente de la administración federal. “Es necesario establecer una clara polÃtica migratoria que no dependa exclusivamente de las decisiones tomadas en el Congreso de Estados Unidos. No basta con señalar las deficiencias existentes en el paÃs del norte sino que es necesario crear condiciones para que la migración no sea una necesidad forzada por parte de los mexicanos que van a Estados Unidos.
“En relación con los emigrantes que transitan por nuestro paÃs, es necesario que se les respeten en todo momento sus derechos, además de brindar garantÃas a quienes defienden estos derechos.â€?
Conflictos agrarios
Entre las violaciones a los derechos humanos cometidas en este nuevo gobierno sobresale la regresión a las conquistas laborales de los trabajadores que están dentro el sistema del ISSSTE, indica Abel Barrera. “Con esta contrarreforma se conculcan derechos fundamentales de los trabajadores, en aras de privatizar los servicios de salud y demás servicios públicos�.
El director de Tlachinollan dice que “el Estado renuncia a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos. Eso es grave sobre todo para las regiones indÃgenas donde ni siquiera se ha garantizado el acceso a la salud, a la educación, a los caminos, al empleo, y eso ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres en el paÃs. El gobierno se ha olvidado y ha sacado de la agenda polÃtica los derechos indÃgenasâ€?.
Añade que otros capÃtulos pendientes de esta administración son los conflictos agrarios: el tema de la tierra no ha sido resuelto y agudiza la confrontación comunitaria. Para Abel Barrera lo más grave es que, lejos de resolver esta problemática, la administración federal impulsa megaproyectos, como el de la hidroeléctrica La Parota, en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos.
Para Luis Arriaga Valenzuela, otro capÃtulo irresuelto es el referente a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia. El activista dice que es necesario que el tema se mantenga vigente y que realmente se aborde. “El presidente Calderón no ha hecho mención explÃcita de este temaâ€?.
El defensor de los derechos humanos señala que en el Primer Informe de Gobierno de Calderón el tema de derechos humanos ocupa un lugar poco relevante y esta situación confirma lo poco visible del tema en relación a determinados asuntos públicos.
“Si bien se señala que se han iniciado los trabajos para elaborar el programa nacional de derechos humanos cabe insistir que en su elaboración no se han involucrado diversas voces de la sociedad civil, con lo cual se corre el riesgo de repetir lo ocurrido en el sexenio anterior.�
Agrega que lo poco visible del tema no se reduce al lugar que ocupa en el Informe, también a la inexistencia de una polÃtica clara, contundente, en materia de derechos humanos y también necesaria especialmente cuando la estrategia de seguridad pública ha alcanzado un lugar relevante como parte de la polÃtica seguida por el actual régimen.
CNDH y Corte, contra los derechos humanos
En el contexto de la militarización del paÃs, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido un contrapeso para el Ejército, advierte Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Por el contrario, se han circunscrito a lo que dice la ProcuradurÃa de Justicia Militar, al grado de que se ha transformado en la OficialÃa de Partes del mismo Ejército: reproduce sus dichos ante el requerimiento de información y da por hecho esos argumentos, con lo que deja indefensas a las vÃctimas.â€?
Agrega que “la CNDH acota su función para proteger y llamar a cuentas a las autoridades que violan derechos humanos. Hay un alineamiento polÃtico al nuevo gobierno, para no restarle legitimidad y para cerrar filas, como han hecho la mayorÃa de instituciones, entre ellas la Suprema Corte de Justicia. Esto vulnera y conculca estos derechos, en lugar, de ampliarlosâ€?.
El defensor de los derechos humanos señala que “una instancia que se orienta a conculcar los derechos es una instancia antidemocrática y autoritaria. Éstas son expresiones de un autoritarismo velado avalado por instituciones que deben de velar por los derechos humanos. Las expresiones y actitudes de la CNDH y la Corte, de querer afectar las grandes conquistas de la sociedad, de la ciudadanÃa, sobre todo para ampliar la avenida de la democracia, de la justicia y los derechos humanos, que se supone deben crecer, enriquecerse y no acotarse o ponerse en entredicho, son muy malas señalesâ€?.
Al analizar los casos de Oaxaca, Atenco y Lydia Cacho, la Suprema Corte limitó su actuación respecto de las garantÃas individuales. Por mayorÃa de votos y luego de dos sesiones de discusión privadas, el 14 de agosto pasado, el pleno concluyó que el artÃculo 97 de la Constitución sólo faculta a esa institución para hacer una descripción de las violaciones y señalar a los responsables de los acontecimientos. Lo que les “impideâ€? hacer recomendaciones de sanción en contra de ellos.
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/octubre/htm/Calderon_Derechos |
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