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Notícies :: globalització neoliberal : criminalització i repressió : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats
AI expone abusos durante desalojo en Montes Azules. Chiapas
per Cancuc	04 set 2007
Fotografías: Miguel Angel. Después del desalojo en agosto, él fue caminando a aqullos poblados y tomó fotos de las casas abandonadas.
Testimonios de los indígenas atacados el 18 de agosto Insta a enviar cartas de protesta al gobierno federal Hermann Bellinghausen San Cristóbal de las Casas, Chis., 3 de septiembre. Con base en testimonios de los indígenas desalojados de Montes Azules el pasado 18 de agosto, Aministía Internacional (AI) elaboró un informe, donde enfatiza la violación de los derechos humanos y comunitarios de los campesinos tzeltales de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano, en Montes Azules, cometidas por las autoridades. “Seis familias indígenas fueron expulsadas por la fuerza de sus hogares�, indica el documento, que convoca a organismos civiles de todo el mundo a enviar al gobierno mexicano cartas protesta por estos hechos. La organización internacional de derechos humanos destaca que existen 39 desplazados por los operativos gubernamentales. Los seis jefes de familia se encuentran presos en Tuxtla Gutiérrez, a cargo de la Fiscalía General del estado, bajo los cargos de “daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego�. Describe que “los asentamientos de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano (establecidos hace ocho y 12 años respectivamente) se localizan en tierras donde otra comunidad indígena, los lacandones, posee el título legal. Las familias fueron desalojadas luego de que la comunidad lacandona ha demandado acción penal contra toda ‘ocupación irregular’ del área�. Citando el testimonio de los afectados, quienes son bases de apoyo del EZLN (algo que el informe de AI no menciona), el documento registra que los indígenas no recibieron notificación oficial sobre la demanda legal contra ellos, ni de su desalojo. Los desalojados de Nuevo San Manuel “sostienen que las policías federal y estatal llegaron simultáneamente a los dos asentamientos y los forzaron a subirse a los helicópteros que los aguardaban. No tuvieron tiempo de recoger sus posesiones, y sus casas y cosechas fueron destruídas. La tierra donde habían vivido ocho años fue entregada a la comunidad lacandona�. De allí los condujeron a La Trinitaria. “Los hombres fueron separados del grupo y fueron remitidos a Tuxtla Guitiérrez. Las mujeres y los niños quedaron instalados en un salón público, y luego se les confinó a un edificio de propiedad oficial que antes fue burdel. De acuerdo con los organismos locales de derechos humanos, los mandos policiacos han justificado la medida diciendo que es para ‘proteger’ a los desalojados�, señala AI. Las condiciones de ese edificio de propiedad gubernamental “son insalubres, sin drenaje ni limpieza� añade el informe. “La estructura del local no protege de los elementos a las familias y la comida que les han dado resulta inaceptable para ellos. El grupo carece de atención médica, no obstante que dos mujeres están embarazadas, y al parecer hay un enfermo de varicela o paperas, lo cual pone en riesgo a las futuras madres y a los bebés que no han nacido�. Enfatiza que las autoridades “no consultaron a los hombres y mujeres desalojados acerca de su reubicación�. Asimismo, el gobierno ya anunció “que otras cinco comunidades de Montes Azules serán desalojadas en los próximos días�. En tanto, hoy circuló la versión de que los 33 tzeltales que permanecían en el ex burdel de La Trinitaria fueron trasladados a la cabecera municipal de Ocosingo. http://www.jornada.unam.mx/2007/09/04/index.php/index.php?section=politi ***** Acción Urgente. Amnistía Internacional �ndice AI: AMR 41/054/2007 30 de agosto de 2007 AU 228/07. Preocupación médica / temor de detención arbitraria / desalojos forzosos MÉXICO 39 hombres, mujeres, niños y niñas de dos comunidades indígenas de Montes Azules, estado de Chiapas Otras comunidades que viven en Montes Azules En la madrugada del 18 de agosto, seis familias indígenas fueron desalojadas de sus casas en los asentamientos de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano, situados en la reserva natural de Montes Azules, estado de Chiapas. El grupo se compone de 39 personas: 6 hombres, 7 mujeres y 26 niños y niñas. Los hombres permanecen recluidos en una prisión en la cercana ciudad de Tuxtla Gutiérrez, mientras que las mujeres (dos de las cuales están en cinta) y los menores permanecen bajo custodia policial en condiciones inadecuadas. Existe preocupación por la salud de los integrantes del grupo, que parecen haber sido detenidos arbitrariamente. Es posible que otras comunidades asentadas en la reserva natural sean también desalojadas en los próximos días. Los asentamientos de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano (establecidos hace 8 y 12 años, respectivamente) se encuentran en tierras cuya titulo legal es de otra comunidad indígena, la Lacandona. Las familias fueron desalojadas después de que la comunidad Lacandona presentara una denuncia formal por ocupación irregular de la zona, conocida como Selva Lacandona. Según los testimonios de los 39 desalojados, las autoridades no les notificaron la denuncia presentada contra ellos, ni tampoco su desalojo. El grupo afirma que la policía federal y estatal llegó a los dos asentamientos simultáneamente y los obligó a subir a unos helicópteros. No les dieron tiempo para empacar sus posesiones, y sus casas, cosechas y pertenencias fueron destruidas. La tierra en la que habían vivido durante más de ocho años fue entregada a la comunidad Lacandona. A su llegada al municipio de La Trinitaria, en el estado de Chiapas, los desalojados fueron trasladados a un camión de la policía estatal, y se separó a los hombres de las mujeres y los menores. A los hombres los llevaron a la Fiscalía del estado en la localidad de Tuxtla Gutiérrez, donde más tarde los acusaron de los siguientes delitos: daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología del estado, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego. Mientras tanto, a las mujeres y los menores los llevaron a un auditorio del municipio de La Trinitaria. Ahora permanecen recluidos en un edificio propiedad del estado, que anteriormente era un prostíbulo. Según las organizaciones locales de derechos humanos, la policía ha justificado esta medida como necesaria para proteger a los desalojados. Al parecer, las condiciones en el edificio en cuestión son insalubres, sin alcantarillado ni instalaciones higiénicas, y la estructura no protege a los detenidos de elementos; además, la comida que se les ha dado es inaceptable en su cultura. El grupo no ha tenido acceso a atención médica, pese a que dos de las mujeres están encinta, y se cree que otra persona padece varicela o sarampión, lo cual supondría un grave riesgo para las mujeres encintas y sus nonatos. Las autoridades no han consultado con los hombres o mujeres desalojados sobre su reubicación, y han anunciado que otras cinco comunidades asentadas en la reserva natural de Montes Azules serán desalojadas en los próximos días. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Los conflictos por la distribución y la propiedad de la tierra en esta zona del estado de Chiapas han sido causa de violencia entre comunidades indígenas durante décadas. Tras un decreto gubernamental dictado en 1972, la comunidad lacandona recibió el título legal de las tierras de la zona, pero a muchas otras comunidades indígenas que llevaban años viviendo en esas tierras no se les reconoció ni se les entregó nada. En un acuerdo alcanzado en 2005, el gobierno federal y el gobierno de Chiapas se comprometieron a regularizar los derechos sobre la tierra de 28 comunidades, incluida Viejo Velasco Suárez, donde el 13 de noviembre de 2006 seis personas fueron asesinadas y dos permanecen aún desaparecidas tras el ataque de una banda de hombres armados (véanse AU 307/06, AMR 41/053/2006, del 16 de noviembre de 2006, y sus actualizaciones). Según el derecho internacional, los desalojos forzosos (es decir, aquellos llevados a cabo sin consultas, sin el debido proceso legal y sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado) constituyen una grave violación de derechos humanos. En particular, México, como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe respetar el derecho a una vivienda adecuada, garantizando, entre otras cosas, que todo el mundo goza de una seguridad de tenencia suficiente como para estar protegido del desalojo forzoso y que nadie queda sin hogar a causa de un desalojo. En su informe de 2004 sobre su visita a México, el relator especial de la ONU sobre el fomento de la realización del derecho a una vivienda adecuada recomendó “que se cree un grupo de trabajo encargado de examinar las cuestiones relativas a los desalojos� y que se revisen las leyes y políticas con el fin de garantizar que los desalojos forzosos se prohíben y se eliminan. El gobierno de México, según los informes, estableció una Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya primera tarea ha sido estudiar el alcance de la prohibición de los desalojos forzosos. ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma: - expresando preocupación por los 39 habitantes de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano, desalojados a la fuerza el 18 de agosto; - expresando preocupación por la salud de las mujeres y los niños y niñas detenidos en La Trinitaria, especialmente la dos mujeres encinta que pueden correr peligro de contraer varicela o sarampión; pidiendo a las autoridades que garanticen que estas personas no son objeto de detención arbitraria; - pidiendo a las autoridades que den a todos los detenidos acceso inmediato a toda la atención médica que puedan necesitar; - expresando preocupación por el hecho de que otras comunidades corren peligro inminente de desalojo forzoso, y pidiendo a las autoridades que pongan fin por completo a este tipo de desalojos; - pidiendo que se suspendan todos los desalojos de Montes Azules hasta que las autoridades hayan garantizado que son conformes con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos; - pidiendo a las autoridades que pongan en libertad a todos los desalojados o formulen cargos contra ellos, y que garanticen el derecho a un juicio justo y al proceso debido para todos ellos, incluidos los seis hombres detenidos; - pidiendo garantías de que todos los desalojados tienen acceso a comida adecuada, agua potable e instalaciones higiénicas; - pidiendo a las autoridades que, en consulta con los afectados, garanticen que todos los desalojados cuentan con un alojamiento alternativo adecuado. LLAMAMIENTOS A: Lic. Mariano Herrán Salvatti, Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas Libramiento Norte s/n, tercer nivel, Col. Infonavit “El Rosario�, CP 30064, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Fax: + 52 961 61 657 24 Correo-E.: mherran ARROBA fge.chiapas.gob.mx Tratamiento: Señor Fiscal Lic. Juan José Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas Palacio de Gobierno, 1º piso, Col. Centro, 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Fax: +52 961 618 8050 ext. 21122 Tratamiento: Señor Gobernador Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO Fax: +52 55 53 46 09 08 o +52 55 56 26 44 47/96 00 Correo-E.: ofproc ARROBA pgr.gob.mx Tratamiento: Señor Procurador General COPIA A: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C, Brasil No. 14 Barrio Mexicanos, CP. 29240, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México y a la representación diplomática de México acreditada en su país. ENV�EN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 11 de octubre de 2007. ***** en inglés AI Index: AMR 41/054/2007 30 August 2007 UA 228/07 Medical concerns/ fear for arbitrary detention/ forced evictions MEXICO 39 men, women and children from two Indigenous communities in Montes Azules, Chiapas state Other communities living in Montes Azules In the early morning of 18 August, six Indigenous families were forcibly evicted from their homes in the settlements of Nuevo San Manuel and Buen Samaritano, which are in the Montes Azules nature reserve, Chiapas state. The group comprises 39 people: six men, seven women and 26 children. The men are held in a prison in the nearby city of Tuxtla Gutierrez, while the women (two of whom are pregnant) and children remain in police custody in inadequate conditions. There are concerns for the health of the group, who appear to be detained arbitrarily. Other communities settled in the nature reserve may also be evicted in the coming days. The settlements of Nuevo San Manuel and Buen Samaritano (established eight years ago and 12 years ago respectively) are on land to which another Indigenous community, Lacandona, has a legal title. The families were evicted after the Lacandona community made a legal complaint against all irregular occupation of the area, known as Selva Lacandona. According to the testimonies of the 39 evictees, they were given no notification by the authorities of the legal complaint against them, nor of their eviction. The group claims that federal and State police arrived at both settlements simultaneously, and forced them into waiting helicopters. They were not given time to pack any possessions, and their houses, crops and belongings were all destroyed. The land they have lived on for more than eight years was given to the Lacandona community. On arrival at La Trinitaria municipality in Chiapas state the evictees were transferred to a state police truck and the male adults were separated from the others. The men were taken to State Public Prosecutor’s Office in Tuxtla Gutierrez city where they were later charged with the following crimes: damage to private property (daño en propiedad ajena), ecological damage (atentados contra la ecología del estado), illegal occupation (despojo), criminal association (asociación delictuosa) and carrying fire arms (portación de armas de fuego). Meanwhile, the evicted women and children were taken to a public hall in La Trinitaria municipality. They are now being held in a state-owned building, formerly a brothel. According to local human rights organizations, police officers have justified this as necessary to protect the evictees. The conditions in the state-owned building are said to be unsanitary; there is no drainage or sanitation, the structure does not protect the detainees from exposure to the elements, and the food they have been given is unacceptable to their culture. The group has not had access to medical care, even though two of the women are pregnant, while another person is thought to have either chickenpox or measles. It is feared that this could be a grave risk to the pregnant women and their unborn babies. The authorities have not consulted the evicted men or women about their relocation, and have announced that five other communities settled in the Montes Azules nature reserve will be evicted in the coming days. BACKGROUND INFORMATION Disputes surrounding land claims and land distribution in this area of Chiapas State have been at the root of violence involving Indigenous communities for decades. After a governmental decree in 1972, the Lacandona community was given a legal title of the land in the area, but many other Indigenous communities living on the land for many years were not acknowledged or given anything. Following an agreement in 2005, the federal and Chiapas State government committed to regularize the land rights of 28 communities, including Viejo Velasco Suarez, where on 13 November 2006 six people were killed and two are still missing following an attack by a gang of armed men (see UA 307/06, AMR 41/053/2006, 16 November 2006, and follow-ups). Under international law forced evictions, that is evictions carried out without consultations, due process of law and assurances of adequate alternative accommodation, are a grave violations of human rights. In particular, Mexico must respect the right to adequate housing as a party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, including through ensuring that everyone is afforded a degree of security of tenure sufficient to protect them from forced eviction and ensuring that no one is made homeless as the result of an eviction. In his 2004 report on his mission to Mexico, the UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, recommended “the establishment of a task force to examine eviction issues…� and a review of laws and policies to ensure forced evictions are prohibited and eliminated. The Government of Mexico reportedly established a Sub-commission on Economic, Social and Cultural Rights. Its first task has been to consider the scope of the prohibition of forced evictions. RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Spanish or your own language: - expressing concern for the 39 inhabitants of Nuevo San Manuel and Buen Samaritano who were forcibly evicted on 18 August; - expressing concern for the health of the women and children detained in La Trinitaria, particularly for the two pregnant women who may be at risk of catching measles or chickenpox; and, calling on the authorities to ensure that they are not subjected to arbitrary detention; - calling on the authorities to give all the detainees immediate access to all necessary medical care; - expressing concern that other communities are at imminent risk of forced eviction, and calling on the authorities to end all forced evictions; - calling for a suspension of all evictions from Montes Azules until the authorities are assured that such evictions will be in conformity with international human rights law and standards; - calling on the authorities to charge or release all the evicted people, to ensure the right to fair trial and due process to all, including the six detained men; - calling for assurances that all evictees will have access to adequate food, drinking water and sanitation; - calling on the authorities to ensure, in consultation with those affected, that all evictees have adequate alternative accommodation. APPEALS TO: Attorney General of Chiapas Lic. Mariano Herrán Salvatti, Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas Libramiento Norte s/n, tercer nivel, Col. Infonavit “El Rosario�, CP 30064, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Fax: + 52 961 61 657 24 Email: mherran ARROBA fge.chiapas.gob.mx Salutation: Señor fiscal/Dear Attorney General Governor of Chiapas Lic. Juan José Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas Palacio de Gobierno, 1º piso, Col. Centro, 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Fax: +52 961 618 8050 ext. 21122 Salutation: Dear Governor/Señor Gobernador Attorney General of the Republic Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la Republica Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MEXICO Fax: +52 55 53 46 09 08 OR +52 55 56 26 44 47/96 00 E-mail: ofproc ARROBA pgr.gob.mx Salutation: Señor Procurador General / Dear Attorney General COPIES TO: Human rights organization: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C, frayba ARROBA frayba.org.mx Brasil No. 14 Barrio Mexicanos, CP. 29240, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexico and to diplomatic representatives of Mexico accredited to your country. PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 11 October 2007. ***** Más info: La JBG Hacia la esperanza, denuncia un desalojo en la región de Montes Azules http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/795 Desalojos en Montes Azules, plan para ceder recursos a multinacionales http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/315236/index.php Desalojos en Chiapas, una etapa más de la mercantilización de la naturaleza http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/315380/index.php Abierta represión en Montes Azules; planean saqueo de la riqueza biótica http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/315502/index.php Video entrevista de SIPAZ a los desalojados de Montes Azules http://video.google.con/videoplay?docid=4661288277573748134

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