Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Calendari
«Febrer»
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

No hi ha accions per a avui

afegeix una acció


Media Centers
This site
made manifest by
dadaIMC software

Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article
Notícies :: globalització neoliberal : criminalització i repressió : ecologia : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats
Abierta represión en Montes Azules; planean saqueo de la riqueza biótica
31 ago 2007
El desalojo de comunidades indígenas dará pie a la explotación comercial de la zona
La estrategia oficial de desalojo y control en Montes Azules, Chiapas, que entró en una fase de aceleración impaciente y autoritaria, incluye abierta represión política, violencia paramilitar, intransigencia policiaca y prefabricación de cargos contra los indígenas avalada por los tribunales judiciales y agrarios. Detrás acechan proyectos tan “conservacionistasâ€? como nuevas autopistas y represas, exploración de minerales estratégicos e hidrocarburos, bioprospección trasnacional, saqueo de recursos bióticos, acaparamiento comercial del agua, ecoturismo de lujo y otras actividades no menos lucrativas y desnacionalizadoras.

Las autoridades no escatiman mecanismos de impunidad para los “operadoresâ€? de la represión que, como en Oaxaca y el estado de México, se apoyan en acciones violentas contra la población y el crecimiento exponencial de los presos políticos en cárceles estatales y federales. A partir de la segunda semana de agosto en Chiapas hay nuevos presos indígenas zapatistas en el penal de El Amate, que se suman al escandaloso encierro de Diego Méndez Arcos, campesino chol que por acudir a ayudar a sus hermanos masacrados en Nuevo Velasco Suárez, en noviembre de 2006, fue “acusadoâ€? de los crímenes cometidos en realidad por paramilitares y presuntamente policías, y que permanecen impunes.

No sólo ha sido anunciada, anhelada, suspirada por los gobiernos panistas de los años recientes; la apropiación definitiva y radical del corazón de la selva Lacandona (especialmente Montes Azules, pero no sólo) empezó en el sexenio de Ernesto Zedillo. Con la doble navaja militarización-“conservacionismoâ€?, el gobierno federal metió una tijera para despoblar la selva profunda, cercarla y administrarla dentro del nuevo juego económico neoliberal y global.

En el documento Desalojos en Montes Azules: recursos estratégicos; soberanía nacional y derechos indígenas en juego, dado a conocer esta semana, Maderas del Pueblo del Sureste recapitula a partir de “las provocadoras campañas de ‘reforestación’ militarâ€? (1999), desarrolladas por el gobierno zedillista, el gobernador Roberto Albores y la titular de la Semarnap, Julia Carabias, seguidas por “los ‘incendios’ forestales inventados en mayo de 2000 por el mismo trío para convalidar acciones de desalojo,‘ingenuamente’ retomadas por algunos grupos conservacionistas urbanos y académicosâ€?.

Ya durante los gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar Mendiguchía se intentaron operativos de desalojo entre marzo y diciembre de 2002, pero fueron “abortadosâ€? por la presión pública. Siguieron desalojos “quirúrgicosâ€? en Lucio Cabañas (diciembre de 2002) y Nuevo San Rafael (enero de 2004), y una “estrategia de reubicación forzosa ‘negociada’ entre junio de 2003 y abril de 2006, que encabezó la subdelegada especial de la Reforma Agraria, hoy diputada federal panista Martha Cecilia Díaz Gordilloâ€?.

En los linderos del régimen calderonista reaparecieron acciones de tipo paramilitar “ejercidas por jóvenes tzeltales de Nueva Palestina en contra del poblado Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006, enmarcadas en la virtual declaración pública de guerra de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)â€?, abunda el documento. Ahora, al calor de los desalojos recientes, los organismos civiles que defienden los derechos de las comunidades y documentan lo que ocurre son objeto de acusaciones y amenazas. Es el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Maderas del Pueblo.

En su declaración testimonial (29 de julio) ante la Fiscalía General del estado, Florencio Gómez Martínez, vecino de la subcomunidad lacandona de Frontera Corozal y autoidentificado como empleado federal de la Comisión Nacional de Ã?reas Naturales Protegidas, acusó de “invasoresâ€? y “destructoresâ€? de la selva a los pobladores de “Nuevo Salvador Allendeâ€? (San Manuel): “Hemos tratado de llegar a un arreglo con los invasores, pero como son protegidos por organizaciones y entre ellos Fray Bartolomé de Las Casas (sic) y Maderas del Pueblo del Sureste, que sólo se dedican a crear conflictos (pues) aleccionan a los invasores para que nos amenacen con armas de fuegoâ€?. Esta declaración, considerada una “amenazaâ€? por dichas ONG, se agrega a otras acusaciones e intimidaciones. La anterior, de la “Opdicâ€? (sic) y la “Fundación Selva Lacandona’, señalaba a las ONG independientes como los “asesinos y causantesâ€? de la masacre en Viejo Velasco.

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/31/index.php?section=politica&article


Desalojos en Chiapas, una etapa más de la mercantilización de la naturaleza
Leer:
http://www.jornada.unam.mx/2007/08/30/index.php?section=politica&article

Desalojos en Montes Azules, plan para ceder recursos a multinacionales: estudio
Leer:
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=148968

*****

JBG: DESALOJO en 2 comunidades en Montes Azules, Chiapas
Aug 20, 2007
La JBG Hacia la esperanza, denuncia un desalojo en la región de Montes Azules

JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA
CARACOL: MADRE DE LOS CARACOLES DEL MAR DE NUESTROS SUEÑOS.

Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A los compañeros y compañeras
Adherentes de la Otra Campaña en México
A los compañeros y compañeras de la Zezta Internazional.

1.- Denunciamos públicamente de lo que esta haciendo Felipe Calderón Hinojosa, gobierno de los ricos de México y a Juan Sábines Guerrero Gobernador de los terratenientes y paramilitares de Chiapas.
Leer:
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=148759


Centro de Derechos Humanos pide libertad de detenidos en desalojos de Montes Azules.
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=148956


Accion: presionar al mal gobierno con cartas para que paren los desalojos
Mandar cartas al gobierno Mexicano para que ya no desalojen a mas comunidades indígenas de la reserva de Montes Azules
Fray Bartolome es una organizacion que lucha por derechos humanos en Chiapas. Se les piden mandar cartas urgentemente al gobierno de Mexico para prevenir nuevos desalojos!
Mira el enlace:
http://www.frayba.org.mx/Boletines/2007/070821_au_10_desplazados_montes_


Denuncia de desalojos Montes Azules - Ruego de apoyo urgente
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=148826

Desalojan dos poblados de la reserva Montes Azules
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=148761
Mira també:
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=149006

Comentaris

Video entrevista de SIPAZ a los desalojados
31 ago 2007
Video entrevista de SIPAZ a los desalojados de Montes Azules
http://video.google.con/videoplay?docid=4661288277573748134
Ser indio es un delito
01 set 2007
Los de Abajo

Dos heridos de bala, seis presos, más de 30 desalojados, amenazas, persecuciones, heridos y desaparecidos, es el saldo de un mes de hostigamiento gubernamental federal y estatal (militar, paramilitar, policiaco y judicial) en las comunidades indígenas de Chiapas, particularmente en las regiones autónomas zapatistas.

En Chiapas sigue siendo un delito ser indio, y más un indio que, zapatista o no, habita en Montes Azules, la región natural más codiciada de todo el país y que, bajo pretextos gubernamentales “conservacionistasâ€?, pretende ser entregada a trasnacionales que ofrecen proyectos de ecoturismo, autopistas, explotación de hidrocarburos y un sinfín de planes (en algunos casos ya cumplidos o encaminados) que están muy lejos del objetivo de preservar la biosfera.

El pasado 18 de agosto se vivió en las comunidades Buen Samaritano y Nuevo San Manuel un verdadero infierno, en el que unos 39 pobladores, entre ellos 26 niños, fueron desalojados con violencia y trasladados en helicópteros a La Trinitaria, donde fueron depositados en un ex prostíbulo, en condiciones insalubres donde rápidamente se propagaron enfermedades.

“Cuando nos subieron al helicóptero, un policía agarró a mi niño de los pelos, le dio una patada en la espalda. Les dije que no lo golpearan porque estaba herido, pero me agarraron y arrastraron en medio del lodazal con todo y niñoâ€?, relata una víctima.

En testimonios recogidos por el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), en el ex prostíbulo de La Trinitaria, cerca de un basurero, una señora relata que los policías llegaron con extrema violencia y a la solicitud de explicaciones respondieron con gritos y patadas: “Nos dijeron: ahorita no hay explicación, no discutan más... te venimos a sacar y ya. Vámonos pa’ dentroâ€?.

Los policías armados, vestidos con uniformes de color azul oscuro y negro, entraron a las casas sin mostrar ningún documento, arrojando todo al piso y ordenando a las familias reunirse en un punto de la comunidad, bajo el engaño de que ahí les darían una explicación. La explicación, por supuesto, no llegó, y de los pelos los subieron a los helicópteros. Tampoco les dejaron llevar ninguna de sus pertenencias.

No les dijeron a dónde las llevaban, como tampoco se los dijeron a los seis hombres que primero fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez y después al penal de El Amate (Cereso 14), acusados de daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología del estado, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego.

Un resumen de la política gubernamental hacia las comunidades indígenas lo ofreció en el operativo una mujer policía: “Nos dijeron que no tenemos derechos, que es el momento del desalojo y ya. No tenemos derecho ni de hablarâ€?. A cualquier pregunta, relatan, la respuesta se acompañó de golpes en la espalda.

“Ya no aguantamos más... todas las noches las pasamos sentadas y los niños llorando bajo la lluvia. Ya no se puedeâ€?, grita el grupo de mujeres que aún esta semana se encontraba en La Trinitaria.

losylasdeabajo ARROBA yahoo.com.mx

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/01/index.php/index.php?section=opinio
México, hacia un estado de excepción
01 set 2007
México homologó su marco jurídico para equiparar sus amenazas y necesidades con las de Estados Unidos. Simultáneamente, vigorizó su integración a la superpotencia en el marco de la ASPAN

Nydia Egremy

Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, México permitió que su potencial energético y su agenda de seguridad quedaran bajo jurisdicción estadunidense.

Al adaptar su doctrina de seguridad nacional a la cruzada antiterrorista de Estados Unidos, Vicente Fox y Felipe Calderón consintieron en que la potencia ampliara su perímetro de seguridad –desde el Ã?rtico hasta el río Suchiate–, mediante el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

Alfredo Jalife, especialista en geopolítica, afirma que esa apropiación de los espacios y recursos de otros países “radica en la naturaleza parasitaria de la economía estadunidense, que se nutre de los recursos planetariosâ€?.

Paradójicamente, detrás de su expansión, “ese país tiene una colosal quiebra financiera que se manifiesta en la deuda por cada hogar, de medio millón de dólares. Por eso recurrió al montaje hollywoodense del auto atentado del 11-S y lanzó su guerra contra el terrorismo islámico para capturar los yacimientos de petróleo y gas en el golfo Pérsico, el mar Caspio y Asia central. Si Washington lo hubiese logrado, habría respirado otra década más, pues el saqueo petrolero del Medio-Oriente habría colmado sus agujeros negros financierosâ€?.

Hace unas semanas, la economía estadunidense sufrió una crisis que ya habían previsto analistas y círculos financieros internacionales. La venta de viviendas cayó a su nivel más bajo desde 1990, el consumo bajó y los mercados mundiales se sacudieron.

México no escapará a esa sacudida, porque Estados Unidos debe pagar la factura por la deuda que contrajo para sostener su guerra. De acuerdo con Jalife Rahme, “va por el control del petróleo y el gas de sus vecinos: Canadá –con las mayores reservas de petróleo no convencional del planeta– y México, cuyo petróleo yace en las aguas profundas del golfoâ€?.

La fragilidad económica de ese país se traduce en su dependencia del petróleo extranjero. Basta comparar que en los años setenta, cuando ocurrió el embargo petrolero, dependía un 22 por ciento del crudo importado; ahora, su dependencia del exterior supera el 50 por ciento de los insumos petroleros, particularmente mexicanos.

Para John Saxe Fernández, coordinador del Seminario México en el Siglo XXI de la Universidad Nacional Autónoma de México, “como todo estado imperial, Estados Unidos es parasitario y vive de los recursos que se allegaâ€?. Para lograr el sustento –asegura–, la elite del poder en Washington usó políticamente el temor de sus ciudadanos al terrorismo. Un ejemplo fue la declaración de Condoleeza Rice, cuando era asistente del Consejo de Seguridad Nacional: “hay que aprovechar el 11-S para modificar la doctrina estadunidenseâ€?.

El control del petróleo provino del uso de los instrumentos del Estado –el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia Nacional de Seguridad– para la ocupación de Irak, a quien se le atribuyó responsabilidad en los ataques del 11-S. Esa “fue una excusa, pues no tuvo nada que ver con los ataques. Fue tan falaz que un analista estadunidense afirmó que era como si después de Pearl Harbor se hubiera decidido atacar a Méxicoâ€?, observa Saxe.


Bajo la ASPAN

Tras la pretensión estadunidense de controlar la energía, agua y biodiversidad de México, ya existe una “integración silenciosaâ€? –como la denominó Robert Pastor, el promotor del TLCAN y vocero del Foreign Relations Council– con México. Eso se expresa en una amplia red de normas jurídicas y reformas legales destinadas a contrarrestar el terrorismo.

Entre los efectos de esas reformas está la aprobación para permitir que agentes estadunidenses resguarden instalaciones estratégicas en nuestro país. También, se adoptaron medidas legales para prevenir el financiamiento a organizaciones terroristas, como informó el gobierno mexicano al Comité Contra el Terrorismo (CCT) de la Organización de la Naciones Unidas, de acuerdo con información obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Además, en mayo del 2005, se concretó el traspaso del Instituto Nacional de Migración (INM), al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), una dependencia creada en enero de ese año, luego de largos debates parlamentarios. El objetivo de ese cambio consistió en que todos los bancos de datos del INM formaran parte de la Red Nacional de Información, la cual se comparte a nivel trinacional, en el marco de la ASPAN.

Aunque el primer objetivo del CSN es “proteger a la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenteâ€?, organizaciones civiles mexicanas advierten que el traspaso de la información del INM al Consejo de Seguridad criminaliza la migración.

El 24 de febrero de ese año, el Senado aprobó –con el aval del PRI y PAN– una reforma al artículo 76 constitucional para que las fuerzas armadas participen en operaciones internacionales de paz y en ejercicios militares con Estados Unidos y otros países. Prevé que las decisiones sobre el nuevo papel del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea recaerán en el Ejecutivo federal, sin pasar por el Senado.

Así se preparó el escenario para las iniciativas que propuso Felipe Calderón. Entre ellas, la derogación de la Ley de Neutralidad de 1939, la creación de un Código Penal único, la propuesta de autonomía del ministerio público de la Federación; y nuevas reglas en los procesos del crimen organizado.

Jalife ve en esas reformas un blindaje destinado a evitar que desde suelo mexicano penetren los numerosos enemigos de Estados Unidos. El TLCAN y la ASPAN son dos instrumentos que lograron que México “sea deglutido al esquema de la seguridad periférica de Estados Unidosâ€?. Estima que las medidas civiles que diseñó México para contrarrestar el terrorismo islámico, “son parte de la estrategia estadunidense para controlar el petróleo mexicanoâ€?.

El investigador en temas de seguridad nacional, Raúl Benítez Manaut, llama la atención sobre las medidas legales aprobadas en Estados Unidos tras el 11-S. Todas ellas, amplían la esfera de seguridad de esa nación y acotan las libertades civiles de los estadunidenses mediante la ampliación de los poderes del Estado.

Benítez cita la ley FISA S, 1927, aprobada en agosto pasado, la cual permite las escuchas telefónicas e intercepción de correos electrónicos de personas en Estados Unidos que se comunican con individuos en el extranjero y modifica a la Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros, (FISA, por sus siglas en inglés) que data de 1978.

Cita la iniciativa estadunidense vinculada con la seguridad de aeropuertos y puertos. Se trata de una forma de “inspección totalâ€? y de “seguridad totalâ€? que, afirma, no afecta de manera directa las libertades. “Sólo las priva si se quiere viajar, pues con el control de pasajeros, se restringirá más el acceso al avión con bienes y deberán acostumbrarse a esas nuevas medidasâ€?.

Los mexicanos están entre los que más resentirán esas restricciones pues son quienes más usan las fronteras terrestres de Estados Unidos, así como los pasajeros procedentes de Asia –cuyos viajes a aquella nación van en aumento– y los europeos.

La iniciativa HR418 –que presentó el congresista James Sensebrenner de Wisconsin, en enero de 2005– también afecta a millones de mexicanos, pues facultó al Secretario de Seguridad Interna a autorizar la construcción de bardas protectoras en la frontera con México.

A través de la ASPAN ese marco legal estadunidense podría pasar a las legislaciones de Canadá y México. Es posible que surjan iniciativas en esa dirección, explica Benítez Manaut, quien agrega que para que esas leyes se apliquen rápidamente, se emiten como Decretos y paulatinamente se adaptan o “se negocian con otros gobiernos. Este será el casoâ€?.

Tal como ocurre en Estados Unidos desde el 11-S, también el gobierno mexicano recurrió a los decretos Ejecutivos para eludir su discusión por el Senado. Así ocurrió con la ASPAN, que entró en vigor en marzo del 2005 por decreto de los jefes de estado de Canadá, Estados Unidos y México.

Para John Saxe la remodelación del aparato judicial conforma el “desborde del Estado de Excepciónâ€? que se observa en el programa “de modernizaciónâ€? del sector judicial para el Código Penal, que desarrolló el Banco Mundial para México.

De igual manera, coinciden en tiempos la aprobación del espionaje telefónico de ciudadanos estadunidenses sin autorización judicial, la solicitud del Ejecutivo mexicano en el mismo sentido y la contratación gubernamental de firmas estadunidenses para monitorear teléfonos y comunicaciones privadas de mexicanos.

Para Saxe, el uso “deplorableâ€? de los instrumentos del Estado en los comicios mexicanos del 2006 debilitó la credibilidad de las instituciones y, simultáneamente, propiciará el abstencionismo. Esos son factores “precipitantes de violencia internaâ€?, advierte.


Provocar tensión

Al fracasar el uso político de “la bandera sangrienta del 11-Sâ€? –como lo denominó el New York Times– ahora Estados Unidos mantiene lo que en la literatura social se conoce como “estrategia de la tensiónâ€?.

Saxe Fernández, refiere que esa estrategia no es nueva, pues apenas en 2002, “el Departamento de Defensa estadunidense propició una estrategia antiterrorista para provocar actos terroristas desde las fuerzas del Estadoâ€?.

A través de fuerzas especiales y grupos de provocación, se generan condiciones para detectar a los terroristas. Ese “terrorismo antiterroristaâ€? monta fuerzas especiales en operativos de naturaleza “preventivaâ€? y “preactivaâ€?. Se los conoce como Preventive Proactive Operation Groups (PPOG por sus siglas en inglés). Esa estrategia fue instaurada por el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

Existen dos evidencias de actos del Estado para provocar acciones terroristas. La más reciente es la que ofreció Zbigniew Brzezinski –exasesor de seguridad nacional de James Carter–, el 7 de febrero pasado, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Ahí, calificó la ocupación de Irak de “calamidad moral, histórica y estratégicaâ€? y aseguró que mucho se temía que hubiera un acto de provocación, ya fuera en Irak o en Estados Unidos, atribuido a Irán para justificar la agresión a ese país.

Otra evidencia de autoprovocación de atentados, es la Operación Northwoods (madera del norte), que el Estado Mayor Conjunto estadounidense planteó a John Fitzgerald Kennedy. Se trataba de armar ataques terroristas contra estadunidenses civiles y militares para sacudir a la opinión pública y justificar una guerra contra Cuba, achacándole los ataques a Fidel Castro.

También en la Italia de la guerra fría se usó la “estrategia de la tensiónâ€?. La democracia cristiana auspició asesinatos, sabotajes, tiroteos y explosiones que se atribuyeron a los opositores progresistas con intención de criminalizarlos para que perdieran el poder.

“Michel Chossudovsky insiste en que se debe revisar el comportamiento del gobierno de Bush, desde enero hasta el 10 de septiembre del 2001. Debe examinarse cómo ocurrió el 11-S, señala, pues no tenemos la seguridad de qué fue lo que pasó entonces. Basta recordar que muchos de estos grupos proactivos-preventivos operan con enorme autonomía, incluso, los perpetradores de los acontecimientos no siempre están conscientes de que obedecen a sus patrocinadoresâ€?, advierte Saxe Fernández.

Las estrategias de la tensión y antiterrorista conforman el Estado de Excepción que en México se expresa con la represión gubernamental contra grupos de ciudadanos disidentes en Atenco y Oaxaca, así como la reivindicación de los atentados contra ductos de Pemex por el Ejército Popular Revolucionario, asegura John Saxe.

“Después del 11 de septiembre del 2001, lo que se instauró en Estados Unidos es una guerra declarada al estado de derecho y a la Constitución de aquel país, así como a las garantías individuales y a los derechos políticos de sus ciudadanos y del resto del mundoâ€?.

En este contexto se inserta la nueva “Ley Marcialâ€? que solicitó Felipe Calderón con el objetivo de centralizar el poder sin pedir autorización al poder legislativo.

Para Saxe, eso significa que ya se desbordó el Estado de Excepción. El intento del PAN de eliminar a la ley de neutralidad de 1939 busca abrir las compuertas para la presencia directa militar estadunidense en puertos y áreas estratégicas mexicanas.


Sigue la guerra fría

Miguel García Reyes, presidente del Centro de Estudios Geopolíticos, considera que con los demócratas en el poder, se darán las condiciones para el retiro militar de Afganistán e Irak. “Los republicanos y la dinastía Bush están en franca retirada; es el desgaste de la petrocracia texana y Estados Unidos busca la manera de salir lo menos golpeado de esta crisis.

“Bajo esa perspectiva, cambiará la agenda de seguridad internacional y el nuevo enemigo será el deterioro ambiental. Como los demócratas tienen un discurso ambientalista, se prepara el terreno para que esa sea la prioridad en la agenda estadunidense y, por ende, en la internacional.

“Así como México se plegó a la agenda estadunidense del terrorismo y de la seguridad fronteriza, de igual manera nos dirigimos a apoyar las propuestas de seguridad energética para la producción de etanol y biocombustibles a partir de la caña, maíz, arroz y frijolâ€?, anota el experto en Geopolítica.

Sin embargo, ahora que se transita del petróleo al etanol, México bajó los precios de su crudo en la primera quincena de agosto. Para el doctor en geopolítica, esa media es “el pago de favores de Calderón a los Bush por el apoyo en las elecciones. Ahí es donde se aprecia el sometimiento al que estamos expuestosâ€?.

Sin embargo, los compromisos asumidos en el ASPAN son prioridad. Por ello, el Programa Nacional de Energía 2006-2012 pone en primer lugar la búsqueda de fuentes alternativas y en tercero, el petróleo. “Debía ser al revés, pero como Estados Unidos está aferrado a la agenda ambiental, nos obligan a seguir esa líneaâ€?, dice García, quien agrega que por esa razón, la superpotencia recomendó construir 40 regasificadoras en México y Canadá.

En México no hay información pública sobre esa cuestión. Sólo se conoció cuando trascendió un documento titulado Balance energético norteamericano 2000-2012. Más adelante se conoció otro documento con el título: Para la cooperación en América del Norte. “Ese es el único punto en la agenda energética de la ASPAN, en que leí que México dará espacio para esas plantas, porque a Estados Unidos se lo prohíben sus leyes ambientalesâ€?, explica García Reyes.

“Ese programa de instalación y reposición de plantas de regasificación va viento en popa. Ya está la de Altamira y se avanza en Lázaro Cárdenas, en Colima, en Sonora, en la isla Coronado de Baja Californiaâ€?. Todas bajo el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad, con lo que se entiende la insistencia oficial en atender Burgos, Sabinas y Piedras Negras, con gran potencial gasífero.

En el ámbito geopolítico, García Reyes considera que el retiro estadunidense de Irak y Afganistán no será porque esté perdiendo la guerra. “Ahí les salió bien: probaron bombas, probaron armas, hicieron lo que quisieron y, además, siguen ahí y controlan el petróleo. Se van porque ya les corresponde entrar a otros negocios; los petroleros se van y ahora entran los ambientalistasâ€?.

Entre los escenarios que Miguel García Reyes prevé, está la presión proveniente del Consejo Ejecutivo de la ASPAN –luego de su cumbre en Canadá– para aceptar la creación de una Organización de Países Exportadores de Etanol, similar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

“Estados Unidos quiere a México, Colombia y Brasil como sus aliados para enfrentar el desafío que le presentará la existencia de un bloque similar conformado por países productores y exportadores de gas natural, encabezado por Rusia. La guerra fría no terminóâ€?, concluye.

http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/septiembre/htm/Mexico_Estado_


Efectivos militares violan la Constitución

El gobierno de Felipe Calderón establece un estado de excepción de facto, al incorporar a soldados del Ejército Mexicano en cateos a domicilios particulares que, sin orden judicial de por medio, violan derechos humanos, preceptos constitucionales y tratados internacionales.

Yenise Tinoco

Sin orden de aprehensión, efectivos militares con los rostros cubiertos y de manera violenta entran a casas-habitación en busca de armas, drogas, narcotraficantes o disidentes sociales.

El pasado 2 de agosto, alrededor de las 6:30 de la mañana, 150 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano irrumpieron violentamente y sin orden de cateo –denunciaron los afectados– en 14 casas de la colonia El Sol, en Nezahualcóyotl, estado de México.

La Procuraduría General de la República informó que el operativo fue parte de pesquisas relacionadas con secuestro, delincuencia organizada y narcotráfico. No obstante, vecinos del lugar comentaron que más que buscar armas o droga, parecía que buscaban personas o documentos. En los hogares revisados no encontraron nada; algunos aseguran que iban por miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Los soldados cubrieron sus rostros con pasamontañas y ocultan los números de serie de los camiones oficiales que los trasportaban. Transgrediendo garantías individuales, los militares forzaron cerraduras, anotaron nombres y ocupación de cada uno de los habitantes de las viviendas. Además, les tomaron fotografías y se llevaron teléfonos celulares y credenciales de elector.

En su artículo 16, la Constitución dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimientoâ€?.

Pero el Ejército realiza cateos amparados en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 17 de enero pasado, donde autoriza la irrupción de policías en domicilios particulares sin una orden judicial, cuando haya flagrancia de delitos graves (hecho delictivo que se descubre cuando se está cometiendo o acaba de cometerse).

Miguel Sarre, licenciado en Derecho y director del Programa Atalaya de Derechos Humanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), señala que dicha tesis es insostenible. En la práctica es imposible de aplicar, porque fue aprobada por una mayoría limitada: tres ministros a favor y dos en contra. Además, para que exista flagrancia tiene que ser algo evidente, sólo podría darse el caso cuando se puede apreciar la comisión de un delito desde el exterior de un lugar.

Claro que, en tal caso –aclara Sarre– no habría necesidad de acudir a la figura de la flagrancia, puesto que en esta situación cualquier autoridad militar, civil e incluso un particular está autorizado por una figura que se conoce como “estado de necesidadâ€?, la cual está reconocida legalmente a nivel mundial y consiste en el acceso a un lugar para evitar que se siga cometiendo un delito.

El experto en derechos humanos explica que los cateos ilegales son típicos de sistemas inquisitivos. Las deficiencias de las investigaciones se subsanan limitando los derechos de los particulares y reduciendo los controles que deben existir sobre la actuación de las autoridades.

Muchos de esos cateos, donde no se encuentra nada y aun así se invoca la flagrancia, son ilegales. Si fueran flagrantes, la policía tendría que encontrar algo.

La resolución de la Corte también vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que en el país tiene fuerza de ley. En sus artículos 29 y 30 prohíbe prácticas que supriman derechos como la privacidad, libertad, y excluyan garantías, a excepción de que se basen en una ley.

El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárezâ€?, en su Balance del sistema ombudsman mexicano I, sostiene: “La gestión de Felipe Calderón inició con una lucha frontal contra la delincuencia organizada en el plano policiaco-militar, lo que ha puesto en riesgo las garantías fundamentales de la población civil.â€?


Estado de excepción

Para que los cateos realizados por militares sin orden judicial no sean ilegales, se tendría que declarar un estado de excepción, como lo establece el artículo 29 constitucional, es decir, suspender las garantías, siempre respetando los derechos básicos. Pero tendría que darse un registro detallado del ejercicio de esas facultades extraordinarias, explica Miguel Sarre.

Al respecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Colombia dice en el libro Derecho Internacional de los Derechos Humanos: “En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen socialâ€?.

Cualquier Estado que forme parte de la Convención Americana haga uso del derecho de suspensión deberá informar de inmediato a los demás Estados miembros, por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión.

Miguel Sarre comenta que en México, hasta el momento, Felipe Calderón no ha declarado un estado de excepción, esto implica que “en el país se violan de facto las garantías constitucionalesâ€?.

Enrique Benítez, integrante de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, dice que en México desde hace muchos años “el Ejército Mexicano está en todas partes –y agrega– no lo deben tener en las calles, porque en muchos lugares más que ayudar causan temorâ€?.


Cateos ilegales

El caso de los cateos en Ciudad Nezahualcóyotl no es aislado. En Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo y Apatzingán –Michoacán–, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que los días 2 y 3 de mayo tuvieron lugar cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura, atentados a la integridad física, allanamientos y ejercicio indebido del servicio público, por parte de militares.

Por tales hechos, la CNDH tiene 52 quejas contra militares que incurrieron en violaciones de graves a derechos humanos. Cinco denuncias son de jóvenes ultrajadas; cuatro, de menores de edad, una plenamente acreditada con evidencias científicas.

Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional (AI), comenta que resulta preocupante que se les hayan dado funciones policiacas a militares, ya que no es sustentable a largo plazo. El ejército no es un instrumento capacitado ni diseñado para llevar a cabo este tipo de actividades.

Aumenta la inquietud –agrega– con la falta de claridad respecto a la coordinación de mandos y la responsabilidad directa de dichos operativos. Si no está claro el control, si la autoridad militar no está bajo las órdenes de civiles se inician las violaciones a los derechos humanos.

Knox comenta que se ha detectado en México que el ejército no está capacitado para seguir las reglas civiles. Las pautas sobre el uso de la fuerza son muy ambiguas.

“Se tiene que garantizar que los derechos humanos no sean violados, porque si el ejército busca delincuentes en flagrante, puede caer en la tentación de ellos buscar la flagrancia.â€?

En enero se dio otro caso de cateos ilegales en Tecpan, Guerrero. Autoridades ejidales denunciaron que agentes federales que participan en el Operación Conjunta Guerrero realizaron revisiones al margen de la ley en viviendas de la sierra.

Los comisionados de Santa Lucía, Tereso Rendón Estrada, y de El Guayabal, Francisco Chávez Paniagua, presentaron la denuncia ante el presidente municipal de Tecpan, Elfego Martínez González, y ante el capitán del ejército, Marco Antonio Montes.

Miguel Sarre dice que la presencia de militares en actividades de seguridad pública puede no ser perversa; sin embargo, en la práctica, la falta de controles civiles, democráticos y castrenses hace que su labor sea difícilmente escrutable, quedando cubierta con un manto de impunidad, que incentiva y favorece la violación de derechos humanos.

A decir del catedrático, la seguridad pública nada tiene que ver con enfrentar a un enemigo exterior, defender la soberanía nacional y la integridad del territorio, porque a eso está reducido el ejército. El incluirlo en prácticas policiacas genera un despilfarro de recursos poco transparente.

El especialista señala que los derechos civiles están menos garantizados, porque en caso de cometerse un delito, los militares son juzgados ilegalmente por cortes marciales.

Sarre explica que los tribunales militares siguen juzgando y extendiendo su jurisdicción sobre civiles. En el artículo 20, apartado B, constitucional, se reconocen los derechos de las víctimas; por lo tanto, los tribunales militares no pueden juzgar a civiles; están limitados al ámbito castrense.


Las mejores familias

Marco Antonio Peyrot Solís, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, dice que los militares no pueden realizar un cateo, porque el ejército no está facultado. Los soldados pueden entrar como apoyo de una autoridad ministerial, “pero nunca llevar a cabo la revisiónâ€?.

Señala que lo primero que alegan las personas cuando sufren un cateo es que se están violando sus derechos. Como no existe una autorización judicial y como ven un gran número de militares, piensan que están realizando una revisión. Así que considera como información poco verídica las historias de los cateados en Ciudad Nezahualcóyotl.

El también militar sostiene que el Ejército Mexicano está capacitado para realizar labores de apoyo en cateos y que son respetuosos de los derechos humanos de civiles: “Las autoridades todo el tiempo están cuidando que no se transgredan dichos derechosâ€?.

Respecto a las violaciones ocurridas en Michoacán, el legislador comenta que “son situaciones que pueden llegar a suceder. Hasta en las mejores familias ocurren incidentes, pero no es algo que se promueva dentro de las fuerzas armadas. Son casos aislados. Es el precio que pagamos por tratar de combatir al crimen organizadoâ€?.

Miguel Sarre, catedrático del ITAM, asevera que no son abusos aislados o cuestiones circunstanciales en donde un soldado, por la presión de los hechos, se desborda y actúa indebidamente. Son cuerpos jerarquizados. En México no se ha desarrollado el tema de la responsabilidad de los superiores, cuando se hacen efectivas algunas reglas sobre agentes inferiores.

Sarre menciona que el ombudsman nacional tendría que encarar a Calderón y cuestionarlo sobre por qué el personal bajo las órdenes de su secretario de Defensa está cometiendo violaciones a los derechos individuales. Hay que saber si estas acciones son ordenadas por el presidente de la República o por su secretario.

Enrique Benítez, miembro de la Comisión de Defensa, señala que ni con el pretexto de combatir el crimen y el narcotráfico se puede permitir que el ejército realice prácticas que lastimen a la sociedad.

Valentina Batres, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, menciona que con los operativos militares se dejan desprotegidos a los civiles. “Todo parece indicar que a nombre de cualquier operativo en contra de la delincuencia se pueden atropellar los derechos humanosâ€?.

Llegamos ante el escenario –agrega– de que todos somos sospechosos de tener un vínculo con el narcotráfico o con la guerrilla. Además, como no se conocen los resultados de los cateos, la ciudadanía no tiene información sobre la efectividad de los operativos, ni sobre el atropello que se da en los mismos.

“Me quedo con una frase de Irene Khan –secretaria general de AI–: ‘no hay seguridad que valga la pena si ésta sacrifica los derechos humanos’. Mi preocupación es: en Neza, ¿iban por gente del EPR? ¿Dónde radicaría entonces la diferencia cuando, el día de mañana, hagan persecuciones a los adversarios políticos?â€?.


CNDH, acotada

Valentina Batres sostiene que la CNDH “es un órgano maiceado, donde se tiene un ombudsman de caricatura. José Luis Soberanes está subordinado a que Calderón le de permiso de hablar, cerrando los ojos ante las grandes violaciones de derechos humanos.

“Soberanes está complacido con su vida de despilfarro. No tenemos un ombudsman real. Se ha malbaratado, extinguido y prostituido a la Comisión con el sistema de cambio de favores presidenciablesâ€?, afirma la diputada perredista.

El Centro Miguel Agustín Pro Juárez señala que, respecto a las quejas contra militares presentadas ante la CNDH, en todos los casos ésta ha acompañado los procesos aceptando la prevalencia del fuero militar, aun cuando algunos civiles han sido afectados en sus derechos.

Para Miguel Sarre, la actuación de la CNDH es insuficiente y limitada; hay un cúmulo de autoridades no ejercidas. El ombudsman debe cuestionar qué pasa con los cateos por parte de militares y quién los autorizó.

http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/septiembre/htm/Militares_viol


Se movilizan campesinos para pedir un “alto a la militarizaciónâ€? del país

En vísperas del Informe de Calderon…

Ã?ngeles Mariscal

En la víspera del primer informe del presidente Felipe Calderón Hinojosa, cientos de indígenas y campesinos de organizaciones sociales salieron a las calles para pedir la libertad de presos políticos, derogación de la Ley del ISSSTE y “alto a la militarizaciónâ€?.

Agrupados en la Coalición de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECh), los cientos de hombres, mujeres y niños se movilizaron en los municipios de Tapachula, Motozintla, Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal, Palenque y Tuxtla.

Durante las movilizaciones donde no se registraron incidentes, los campesinos e indígenas protestaron frente a oficinas gubernamentales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para denunciar la pauperización en que ha caído el campo mexicano.

Miembros de las organizaciones Campesinas Emiliano Zapata (OCEZ) y Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) marcharon por las principales calles y avenidas de las localidades en protesta por la “creciente militarizaciónâ€? del país.

Dijeron que a nueve meses del arribo del presidente Felipe Calderón Hinojosa México “es cada vez más pobreâ€?, pero contrariamente en el país, vive el “hombre más rico del mundoâ€?.

Por su parte, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) también criticó el despliegue del Ejército en el país y en un comunicado estableció que el presidente Calderón Hinojosa “ha optado por la instauración de la militarización y el fascismo como respuesta a dicho repudio generalizado y a las demandas sentidas que reclama nuestro puebloâ€?.

“La represión abierta o selectiva, la tortura, el encarcelamiento de luchadores sociales y el endurecimiento de las leyes encaminadas a criminalizar la protesta social, constituyen hoy el rostro del régimen que padecemos en México y al cual se vienen a sumar viejas prácticas de lesa humanidad como la desaparición forzada de personasâ€?, dijo.

Agregó que México lleva “nueve meses de una dictadura militar encubierta, en la que los gobiernos civiles cada vez más van siendo desplazados hacia la figura de simples títeres de un Ejército empeñado en revivir la guerra sucia de los años 60 y 70â€?.

El FNLS pidió también la presentación con vida de los “luchadores socialesâ€? Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos en Oaxaca, el 25 de mayo pasado.

En un comunicado leído por los campesinos en las cinco ciudades, señalan que a nueve meses de su toma de posesión, “Felipe Calderón ha optado por la instauración de la militarización y el fascismo como respuesta al repudio popular en su contraâ€?.

Lo acusan de endurecer las leyes, encaminadas a criminalizar la protesta social, lo que a su ver es “una dictadura militar encubierta, en la que los gobiernos civiles cada vez más están siendo desplazados hacia la figura de simples títeres de un ejército federalâ€?.

Los integrantes del Frente señalan que en estos nueve meses la administración federal ha incrementado los precios de los productos de primera necesidad, lo que ha traído como consecuencia una mayor emigración.

“Y mientras este desastre recorre los hogares maltrechos de la clase trabajadora del campo y la ciudad, los recursos económicos de la Nación son derrochados en engrosar y equipar un aparato militar innecesario, con el único fin de servir como muro de contención a la inconformidad social que cada día crece más y más. ¿Qué puede decir el día de mañana Felipe Calderón, en lo que supuestamente será su “primer informe de gobiernoâ€??, cuestionaron.

Advierten que de continuar esta tendencia se estaría encaminando al país “a los viejos tiempos del porfiriato. Calderón y la ultraderecha están empobreciendo más a nuestro Pueblo, hundiendo al país y regresándolo a lo peor del pasadoâ€?.

http://www.expresochiapas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=

Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.
Ya no se pueden añadir comentarios a este artículo.
Comments can not be added to this article any more

CNT Girona