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Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats
Movilizaciones en Honduras ¡Importante solidaridad!
27 ago 2007
Honduras es un país del que ningún texto ni contexto revolucionario ha escrito sus memorias
Honduras es un país del que ningún texto ni contexto revolucionario ha escrito sus memorias. Ha sido una virtual base americana desde mediados del siglo XIX después de la "liberación" yanky del imperio español. Fronterizo con Nicaragua y Guatemala, nunca consiguió articular una lucha popular unitaria similar a los movimientos de liberación centroamericanos de los años 70, 80 y 90. De ello deriva la situación de pobreza del 80% de su población, un sistema político bipartidista (nacionales y liberales) corrupto casi en su totalidad y una sociedad fracturada, reprimida, sin identidad y necesitada de un cambio estructural que empezaría por retroceder en la aplicación de políticas neoliberales, implantadas rápidamente en los últimos años.
Hoy 27 de agosto se van a vivir movilizaciones en todo el país y en protesta por diferentes demandas que más tarde explicaremos.

Intentaremos dar un breve diagnóstico de la situación del país relacionándola con estas movilizaciones.

REMESAS Y MAQUILAS: SUSTENTO ECONÓMICO

Hay que dejar claro que Honduras no es un país pobre (en sentido macroeconómico claro está). Realmente sus vecinos geográficos son más pobres que él. El problema viene de que la mayor parte de su riqueza se concentra en unas 50 familias poderosísimas que, unidas a diferentes empresas multinacionales extranjeras, controlan el poder político (por ejemplo la familia Rosenthal muy ligada a los liberales), el económico e incluso el judicial casi en su totalidad.

Es de este acaparamiento total que se derivan la falta de oportunidades y la necesidad de buscar un futuro mejor para el individuo y su familia. De los 8 millones y medio de hondureños, 1 millón y medio vive en los EEUU. La mayoría en condiciones de ilegalidad o como lo suelen llamar ellos, de “mojados�. Son las remesas de estos emigrantes la principal fuente económica del país siendo incluso mayor este envío de dinero que el presupuesto del estado de Honduras. Aún así, la depredación económica de los organismos empresariales no tiene límite y hay un buen número de entidades (Western Union, Gigante Express, etc…) que se están enriqueciendo cobrando en forma de comisiones por las transacciones de las remesas a su país de origen de aquellos que han dejado todo atrás para poder dar una vida digna a sus familias. Este es uno de los puntos de la protesta.

Es rara la persona que no tiene algún familiar en los EEUU o que “tiene viaje� inminente, bien sea con coyotes o por su cuenta.

Esta búsqueda de una vida mejor muchas veces no suele dar buenos frutos. También es rara la persona que no conoce a alguien del que no han llegado noticias, que se encuentra desaparecido. Parte de lo emigrantes acaban cayendo en redes mafiosas que los obligan a prostituirse en los países de tránsito a los EEUU o que son secuestrados para pedir posteriormente a sus familias un rescate. No son casos aislados.

De su situación en Estados Unidos poco se puede decir que no sepa ya el lector haciendo una comparativa con los emigrantes africanos y sus alternativas en el estado español. En el caso en que no sean deportados la mayoría sobrevive trabajando en condiciones laborales absolutamente precarias, realizando los trabajos que el estadounidense medio no quiere realizar y que, probablemente, nadie debería realizar.

A pesar de esta situación, desde el poder político se ponen pocas soluciones dada su conveniencia, ya que la misma población que es excedentaria dentro del tejido productivo aporta un buen sustento al país enviando remesas. Son dos manos menos a las que hay que dar trabajo y una boca menos a la que alimentar. Lógica económica implacable y bien aplicada.

El segundo sector que más riqueza aporta a los hondureños son las maquilas. Excusándose en una lógica de “aumento de la oferta de trabajo� y ofreciendo exenciones fiscales sin precedentes en el primer mundo, los gestores gubernamentales han implantado con fuerza en la última década estas fábricas enormes con miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, sin posibilidad de sindicarse a riesgo de ser expulsadas e incluso perseguidas. Se han dado casos de mujeres que no han podido acceder a un puesto dentro de las maquilas al no haber votado. Parece que los gestores de estos parques industriales junto con las autoridades políticas responsables de velar por el bienestar de estas trabajadoras, entienden el voto como una obligación y no como un derecho. Obligadas a trabajar horas extras y con una remuneración ridícula, estas trabajadoras son semi-esclavas de lo que la maquila quiera hacer de ellas. En este sentido se articula otra de las demandas del día de hoy en el que se exige la libre sindicalización de las trabajadoras de las maquilas, como un derecho que recoge la Constitución de la República.


Además existe el problema bastante extendido de que a las horas a las que suelen salir de trabajar de estas cárceles virtuales no hay autobuses ni medios de transporte que las dejen en sus casas. Ello no entrañaría peligro si Honduras no fuera un país con un índice de violaciones de los más altos de Latinoamérica.

Ya se han visto las consecuencias y no son pocos los casos de violaciones de trabajadoras de maquilas.


CONTEXTO AGRARIO

Antes de 1970 Honduras era lo que se denomina coloquialmente una república bananera de manual. Enormes extensiones de tierra a lo largo de todo el país eran controladas y explotadas por empresas del producto tales como la Tela Company y otras norteamericanas. A finales de los 60 cerraron varias de ellas cerraron y miles de trabajadores se quedaron en la calle. Fruto del descontento popular se produjeron movilizaciones en todo el país que hicieron peligrar su régimen político. A raíz de estos hechos en 1975 y por presiones gringas (no querían que Honduras viviese la misma experiencia que Nicaragua por eso que Chomsky escribió parafraseando a Kissinger como un "virus" dentro de la región) se firmó la Ley de Reforma Agraria que establecía que todo terrateniente que tuviese un "sobretecho" (extensión de tierras por encima de un límite) podía perder parte de sus tierras si un grupo de campesinos decidían ocuparlas (recuperarlas).

Así es como nacieron a lo largo de todo el país las primeras experiencias de organizaciones populares de base que luchaban por una vida mejor para ellos y sus familias. Se formaron cooperativas y empresas asociativas de campesinos que comenzaron a recuperar las tierras que el INA (Instituto Nacional Agrario) consideraba susceptibles de entrar en la reforma agraria.

No obstante, la década criminal y sangrienta de los años 80 dejó un buen número de muertos en estas organizaciones, al estilo de las "democracias centroamericanas". La brutal represión y la celeridad con que los líderes sindicales y agentes ideológicos críticos con el sistema eran asesinados o encarcelados impidieron un movimiento revolucionario como el que hablábamos al principio.

En 1992 el gobierno de Callejas (nacionales) firmó la Ley de Modernización Agrícola (LMA) que iba directamente encaminada a destruir el tejido campesino asociativo. Favorecía la posibilidad de venta de tierras por parte de la organizaciones campesinas, ya de por si bastante constreñidas por los poderes económicos, a los grandes terratenientes. De esta manera se agudizó el modelo semifeudal existente en el país por el cual unos pocos poseedores (Miguel Facussé, René Morales y otros) controlan la mayoría de las tierras de las que se puede obtener una mínima productividad. Como ejemplo sólo en el Bajo Aguán, región del país con bastantes cultivos, Miguel Facussé posee 300.000 hectáreas aproximadamente y en cambio, el Movimiento Campesino del Aguán, que aglutina a 600 familias, reúne acerca de 5.000 hectáreas en la misma zona.
Por su parte los campesinos sin tierras o los que se vieron obligados a vender han de trabajar de jornaleros para estos pseudo-reyes del campo, de la industria y del comercio en unas condiciones laborales poco respetuosas en el mejor de los casos.

Actualmente, y a pesar de la creciente migración del campo a la ciudad de las últimas décadas, aproximadamente un 52% de la población vive de los cultivos.
En este contexto se enmarca la movilización del 27 de agosto, que, en el ámbito agrario, pretende conseguir derogar la LMA y encaminar la situación de los campesinos pobres del país (la mayoría) hacia una mayor equidad en la repartición de las tierras y, por tanto, de la riqueza en este amplio sector de la sociedad hondureña.



PRIVATIZACIONES, UNA DETRÃ?S DE OTRA

El estilo neoliberal presiona con fuerza en los países con una débil autonomía política. Así es el caso de Honduras que firmó en 2005 el Tratado de Libre Comercio con EEUU, precarizando aún más si cabe su situación económica y beneficiando a los grandes productores gringos que, gracias a sus subsidios, gozan de un contexto privilegiado a la hora de competir en la venta de sus productos con los productores autóctonos.

Es de esta política de venta a los grandes inversores y la falta de escrúpulos del gobierno de Manuel Zelaya a la hora de defender los servicios públicos donde aparece una de las demandas más enérgicas en protesta por la municipalización del agua (jugada política para esconder una verdadera privatización: la municipalidad puede declararse incapaz de gestionar los recursos hídricos y, por tanto, traspasar la competencia a organismos privados), un derecho y un servicio público imprescindible, más en un país en el que la canasta básica alimenticia no se respeta como debería a nivel fiscal.

Dentro de las protestas por la lógica de depredación de los recursos naturales se integran las demandas de suspensión de las concesiones mineras a multinacionales extranjeras. Se calcula que un 70% del terreno de explotación de minas está en manos de multinacionales foráneas que, además, están poco preocupadas por el impacto ambiental que conllevan estas prácticas.

Otro sector que se ha extendido mucho el país en los últimos años es el de las telecomunicaciones. En este sentido las entidades empresariales extranjeras tienen un control total, por ello se demanda un mayor control estatal sobre las políticas de telecomunicaciones y, por tanto, un peso mercantil más fuerte de las entidades estatales encargadas.

LA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA (ERP)

Después de observar cómo están las cosas en Honduras puede resultar cómico (o más bien trágico) escuchar a los políticos de turno impulsar una estrategia de reducción de la pobreza. Pero toda autoridad política debe lavarse la cara ante sus observadores internacionales y hacer ver que hace algo de valor para la mejora de las condiciones de vida de la gente. Aunque sean medidas vanas, demagógicas y encaminadas a perpetuar un sistema criminal que prioriza los privilegios del 15% de hondureños extremadamente ricos por encima de las necesidades más básicas del 85% pobre y extremadamente pobre.
Es desde esta perspectiva que se debe analizar dicha estrategia.
El plan definitivo se acabó en 2001 fruto de reuniones del gobierno con agentes de la sociedad civil. Su objetivo, decía, era el de destinar los fondos que quedaban de la condonación de la deuda externa a reducir la pobreza.
No obstante, después de 6 años, más que reducirse, la pobreza se ha agravado y la miseria está llamando a la puerta de las casas de muchos hondureños. La corrupción generalizada a todos los niveles de las autoridades encargadas de gestionar los fondos ha impedido destinarlos de manera justa como el mismo plan expresaba.
Aún así, el problema de raíz no recae en la buena gestión de esos fondos sino en una necesaria redistribución de la riqueza en el país. Los fondos puntuales dedicados al desarrollo de los pobres no hacen más que de parche mientras el desarrollo económico real del sistema los excluye.
Por ello en la movilización del 27 se demanda el diseño de una Estrategia Nacional para la Redistribución Permanente de la Riqueza en respuesta a las políticas neoliberales aplicadas.









Esperamos que las movilizaciones se produzcan con total normalidad y respeto por parte de la policía ya que las últimas manifestaciones se han desalojado con una represión más propia de una dictadura que de una democracia (si es que al modelo político hondureño se le puede denominar así). También esperamos que los continuos casos de amenazas a líderes sindicales y agentes de los medios de comunicación cesen, dando pie a una disidencia necesaria en un país en el que la población vive entre la miseria y las amenazas policiales.

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