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Notícies :: antifeixisme : guerra
PSOE, indecisión contra el franquismo
01 mai 2007
Madrid (apro).- Tras unos meses en los que su tramitación parlamentaria había quedado atorada por falta de consenso, la polémica Ley de la Memoria Histórica vuelve reactivarse, gracias al acuerdo alcanzado, la pasada semana, entre el gobernante Partido Socialista y la coalición Izquierda Unida, uno de los apoyos más firmes del Ejecutivo durante esta legislatura.
El debate sobre el franquismo y la reparación a todas sus víctimas --una de las cuestiones que más irritan a la oposición derechista del Partido Popular-- vuelve a instalarse en la sociedad española.

Tras haber sido anunciada con bombo y platillo a mediados de 2005, la Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica, impulsada inicialmente por las dos formaciones más a la izquierda en el Parlamento español, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, y en principio, asumida por el Partido Socialista, había quedado en el ostracismo durante los últimos meses por falta del consenso necesario para su aprobación.

La redacción final del texto elaborado por el gobierno había dejado insatisfechos a todos. A la gran formación de la derecha --el Partido Popular (PP)--, porque consideraban que se removían asuntos âya superadosâ? por los españoles, y que contribuiría a generar de nuevo división entre compatriotas. A la izquierda, primeros impulsores de la norma, a los nacionalistas moderados, a las asociaciones por la recuperación de la memoria y a organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, porque consideraban que la redacción final era del todo insuficiente para conseguir el propósito de la reparación de las víctimas, e incluso la comparaban con la âLey de Punto Finalâ? argentina, que implicaba una amnistía encubierta para los servidores de la dictadura militar.

El Partido Socialista, permanentemente presionado por una feroz oposición del PP durante estos tres últimos años, había tratado de que el primer partido de la oposición se sumase a un gran consenso, por lo que había rebajado considerablemente los planteamientos iniciales de la ley, lo que había provocado que la totalidad de sus socios parlamentarios âel PSOE no gobierna con mayoría absoluta, y siempre necesita el apoyo de los partidos ubicados a su izquierda o de los nacionalistas moderados-- criticasen el texto y anunciasen su intención de votarlo en contra en el trámite parlamentario.

Por ello, el gobierno español había dejado la norma en una vía muerta y, así, evitar su primera derrota en el Parlamento desde su llegada al poder.

La revisión de la dictadura franquista siempre ha constituido un asunto escabroso en España. La transición política había pasado de puntillas sobre este periodo en aras de conseguir un sistema democrático por la vía pacífica tras 40 años de dictadura.

Pero después de 30 años de democracia, numerosas asociaciones de víctimas y familiares, así como buena parte de los partidos políticos de la izquierda y nacionalistas reivindican con fuerza la revisión de ese oscuro periodo histórico, el conocimiento de toda la verdad y el establecimiento de las debidas reparaciones. Algo que irrita sobremanera a la derecha española, directa heredera, casi en su totalidad, de los políticos del franquismo.

En España todavía quedan muchas fosas comunes, con miles de personas aún enterradas en ellas, por descubrir âotras, perfectamente señaladas, siguen sin que los cuerpos sean exhumados e identificados-- y los poderes públicos no han diseñado un mecanismo para intervenir y esclarecer la verdad sobre unos crímenes contra la humanidad que, según el derecho internacional, jamás prescriben.

Además de esto, las asociaciones mencionadas llevan años reclamando la devolución de patrimonios personales incautados por la dictadura, la reparación por los asesinatos o por los años de cárcel sufridos por decenas de miles de personas, la declaración de nulidad en derecho de los juicios sumarísimos efectuados durante la Guerra Civil (1936 â 1939) y, posteriormente, en los 40 años de dictadura.

Quieren la desaparición, en todas las calles de las poblaciones españolas, de la simbología fascista que aún permanece en fachadas y, sobre todo, en iglesias. Monumentos del dictador Francisco Franco o de prohombres de su régimen, calles con sus nombres, y la presencia del monumental Valle de los Caídos, en la madrileña población de El Escorial, construido por presos políticos, y en cuyos trabajos centenares de ellos perdieron la vida, donde está enterrado Franco, y que constituye un lugar de peregrinación diaria de elementos fascistas.

Nada de esto quedaba recogido en la redacción del texto que el gobierno español presentaba ante el Parlamento hace unos meses.

Lo que resulta paradójico es que desde España se ha impulsado una actividad judicial internacional en persecución de delitos contra los derechos humanos cometidos en otros países del mundo, reclamando, además, la jurisdicción universal para estos casos.

Aún se recuerdan los procesos abiertos por el juez Baltasar Garzón contra elementos de la dictadura militar argentina o la orden internacional de detención cursada contra Augusto Pinochet, que a punto estuvo de traerlo a España para ser juzgado, y que le supuso al dictador chileno más de un año de arresto domiciliario en Londres. También la justicia española está actuando en casos de violaciones de derechos humanos en Uruguay y en Guatemala.

Para el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, la actitud del gobierno es escandalosa. â¿Cómo es posible que promuevan estos derechos en esos procesos y no sean capaces de hacerlo internamente? Es lo que llamamos la esquizofrenia de las autoridades españolas que, por un lado, en política exterior proclaman verdad, justicia y reparación, y por otro lado, en el ámbito español no lo hacenâ?, cuestiona.

Beltrán considera también que la redacción de la ley presentada ante el Parlamento âtiene elementos muy parecidos a la âLey de Punto Finalâ? argentina, en el sentido de que el proyecto, tal y como está, plantea que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, ni patrimonial, ni en el resarcimiento de las víctimas, ni en promover sus derechos.

âTiene esos síntomas de falta de respuesta y de obligaciones del Estado que tenía la âLey de Punto Finalâ. Es una ley que no cierra las heridas. Una ley que oculta la identidad de los autores, que no da justicia a las víctimas, en la que, además, no recibes toda la información sobre tus familiares en los archivos, lo que hace es cerrar en falso. Hemos alertado de que esta ley, además de ser mala no va a cerrar las heridas porque las víctimas y sus familiares no se van a conformar con una norma que no respeta ninguno de sus derechosâ?, advierte.

Esteban Beltrán es tajante sobre la actitud que su organización piensa mantener ante este proyecto legislativo si no cambia sustancialmente durante su tramitación parlamentaria: âSi la ley se quedara en su actual redacción, plantearemos su retirada. Si se mantiene en estos términos puede terminar ante el tribunal europeo de Derechos Humanos, que ya ha fallado en varias leyes de amnistía en contra de quienes buscan restringir el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. Esperamos poder corregir este error histórico en el trámite parlamentario.â?

Frente a tanta oposición, el Partido Socialista ha alcanzado un principio de acuerdo con Izquierda Unida. En el nuevo texto pactado desaparece la figura de la âcomisión de notables (cuatro personas)â? que iba a dilucidar cada uno de los casos solicitados.

También desaparece la protección antes establecida, que impedía conocer los nombres de los verdugos, los denunciantes y de todos aquéllos que hubieran intervenido en la condena injusta de una persona. Reconoce ây declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictaduraâ?.

En su artículo 3 âse declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara la ilegitimidad por vicios de forma y fondo del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas de la Junta de Defensa Nacional y el Tribunal de Orden Público, así como de todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticosâ?.

Esta âilegitimidadâ? no llega a ser la âilegalidadâ? exigida por los socios parlamentario del Partido Socialista, pero, a juicio de los dirigentes de Izquierda Unida, impulsores de este último acuerdo, se podría abrir la puerta a esa eventualidad.

Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, comenta a la agencia Apro: âNo hay que olvidar que entre los aspectos fundamentales que hemos aprobado, está la inclusión, a propuesta de IU, de dedicar un fiscal especial para las revisiones que permitan la nulidad de las sentencias. Como ya se ha señalado, una vez declarada la ilegitimidad de los tribunales, la propia fiscalía podrá impulsar de oficio la revisión correspondiente que permita anular todos los procesos del franquismo.â?

El portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, diego López Garrido, también considera que el acuerdo alcanzado con IU es âun avance decisivo para que la Ley de la Memoria Histórica pueda ser tramitada, pueda ser aprobada y vea la luz en esta legislatura lo antes posible. Puede conseguir el amplio consenso, ya que incluye las pretensiones de los grupos parlamentarios con objeto de que, respetando el ordenamiento constitucional, haya una absoluta reparación de todas las personas que sufrieron persecución o violencia por razones ideológicas y políticas en la Guerra Civil y en la dictadura franquistaâ?.

Sin embargo, desde el entorno del gobierno español âno del Partido Socialista-, han surgido voces, como la del secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, que contradicen la intención de Izquierda Unida de conseguir la nulidad jurídica de los juicios por esta vía de la declaración de âilegitimidadâ?.

Esto ha molestado al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, quien asegura: âParece que el gobierno no se encuentra cómodo con el giro tan radical que hemos dado a la ley de memoria, y ahora pretende poner puertas al campo a una ley tan ambiciosa.

âNo hay que olvidar que se trata de un acuerdo entre partidos y grupos parlamentarios, y no de éstos con el gobierno. Vamos a negociar por conseguir y ampliar en todos los aspectos los beneficios de una ley que, tras los acuerdos alcanzados con el Grupo Socialista ha cambiado considerablemente, por mucho que no les guste a algunos sectores del Ejecutivo.

âEstamos ante una ley histórica; la primera que condena el franquismo y la primera que saca las consecuencias a través de la memoria con justicia y con reparación hacia las víctimas del franquismo.â?

Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya, junto con IU, inicial impulsora del proyecto de ley, ya ha adelantado que los cambios acordados le parecen insuficientes y que mantendrá su voto en contra durante la tramitación parlamentaria, a menos que se produzcan más cambio en la fase de enmiendas.

Algo similar parece que sucederá con los nacionalitas catalanes moderados de Convergencia i Uniò. Su portavoz en el congreso, Joseph Antoni Duran i Lleida, asegura: âYo no me sumo a un acuerdo entre PSOE e IU en materia de memoria histórica. Esta ley no es nuestra ley.â?

Sí parece más probable el consenso con el Partido Nacionalista Vasco y otras formaciones periféricas, como el Bloque Nacionalista Gallego y Coalición Canaria, aunque ya han expresado su deseo de introducir enmiendas propias en el sentido de conseguir ampliar más derechos.

Para la totalidad de las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica y las organizaciones de defensa de los derechos humanos quedan muchos âasuntos pendientesâ?, como la obligatoriedad para el Estado de asumir la exhumación de los cadáveres de las fosas comunes, la responsabilidad civil subsidiaria en el caso de las indemnizaciones, la eliminación por ley de la simbología franquista, la creación de una Comisión de la Verdad y, sobre todo, la declaración de nulidad legal de los procesos del franquismo, alo que continúa oponiéndose el gobierno, alegando que se generaría una situación de âinseguridad jurídicaâ?.

Tras muchos meses en los que la política antiterrorista ha ocupado el espacio central del debate político es España, el efecto clarificador que están teniendo las sesiones del juicio sobre el 11-M âen el que día a día se va desmantelando la âteoría de la conspiraciónâ? construida por el PP, que aseguraba la autoría de ETA-- está reconduciendo la atención hacia otros asuntos más cotidianos. Ahora, en las calles vuelve a hablarse de los crímenes de la dictadura franquista y de la necesidad de una ley que repare las injusticias cometidas contra sus víctimas.(30 de abril de 2007)
Mira també:
http://www.proceso.com.mx/prisma.html?sec=3&nta=50176

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