Uruguay: Criminalización de la protesta

Imprès des de Indymedia Barcelona : https://barcelona.indymedia.org/


Notícies :: criminalització i repressió : amèrica llatina
Uruguay: Criminalización de la protesta
per Daniel Erosa/Diego Sempol - Brecha	22 abr 2007
Algunos jueces y fiscales parecen estar empecinados en disciplinar, a como dé lugar, las formas de manifestación social, reduciendo cada vez más los márgenes para la protesta y la libre expresión de las ideas.
Jueces analizando fotografÃas y videos producidos por camarÃ³grafos de los servicios de inteligencia, policÃas de civil que detienen a manifestantes, militantes indagados en interrogatorios con claro corte polÃtico, procesamientos por â��sediciÃ³nâ�?, magistrados y fiscales que actÃºan de oficio desempolvando figuras delictivas inspiradas en el cÃ³digo penal de Mussolini: todas escenas que parecen fruto de una vieja pesadilla, pero que en los dos Ãºltimos aÃ±os se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Y con una gran paradoja como telÃ³n de fondo: desde hace dos aÃ±os este paÃs estÃ¡ gobernado por la izquierda. El Poder Judicial ya ha procesado a cinco personas por â��sediciÃ³nâ�? y a una por â��desacato por encubrimientoâ�?. Y va por mÃ¡s: la jueza penal de 20 turno, AÃda Vera Barreto, actuando de oficio y aplicando el artÃculo 139 del CÃ³digo Penal, ordenÃ³ la detenciÃ³n de Washington MuÃ±iz por la quema de una bandera estadounidense en la marcha que se desarrollÃ³ el jueves 12 en reclamo de la liberaciÃ³n de Fernando Maceillot, este Ãºltimo procesado por â��sediciÃ³nâ�? luego de la movilizaciÃ³n del 9 de marzo en repudio a la presencia de George W Bush en Uruguay. AdemÃ¡s fueron interrogados la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, Ruben Hornos y el ex candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores Rafael FernÃ¡ndez. SegÃºn se supo, Barreto pidiÃ³ tambiÃ©n la identificaciÃ³n de otros militantes y las grabaciones de algunos medios de comunicaciÃ³n para obtener mÃ¡s imÃ¡genes de la marcha. La jueza y la fiscal MÃ³nica Ferrero intentan establecer si las personas implicadas cometieron los delitos de â��vilipendio a emblemas extranjerosâ�? o â��instigaciÃ³n a delinquirâ�?. Sin lugar a dudas, todos estos hechos forman parte de un avance del Poder Judicial sobre el campo social que termina por reducir la protesta a un tema de legalidad, desalentando asÃ cualquier abordaje centrado en el conflicto. La sanciÃ³n legal busca desplazar lo polÃtico, y ejercer su poder normativo reforzando el supuesto carÃ¡cter abstracto e imparcial del precepto jurÃdico. Esta â��purificaciÃ³nâ�? de la esfera judicial puede entenderse como una â��fetichizaciÃ³nâ�? de la ley, que refleja cÃ³mo una autonomizaciÃ³n creciente de lo polÃtico exige transformar el conflicto social en mero litigio jurÃdico. Es por ello que cada vez que lo social se politiza aparecen voces que denuncian el supuesto ataque a los consensos polÃticos fundantes y â��neutralesâ�?. Las reivindicaciones polÃticas devienen asÃ actos â��subversivosâ�?, la denuncia se convierte en â��apologÃa del delitoâ�?, y la movilizaciÃ³n en â��rebeliÃ³nâ�? o â��asonadaâ�?. Â¿QuÃ© mÃ¡rgenes deja este escenario a la protesta y la libertad de expresiÃ³n? La tendencia dominante parece ser reducir a los actores a meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos lÃmites que establecen los ejecutores de la ley. Y su casuÃstica, siempre irregular, produce finalmente otro efecto: estimula el repliegue de los sujetos a su esfera privada, el Ã¡mbito prepolÃtico por excelencia en el sentido mÃ¡s clÃ¡sico del tÃ©rmino. BANDERAS, JUECES Y FISCALES. La historia de las protestas sociales -en Uruguay y el mundo- estÃ¡ plagada de quemas de banderas estadounidenses. Sin embargo, hasta ahora aquÃ nunca se habÃa procesado a nadie por â��vilipendio de emblemas extranjerosâ�?. Los jueces habÃan preferido preservar valores superiores como la libertad de expresiÃ³n y pensamiento. De hecho, si se aplicara con el mismo celo el CÃ³digo Penal a otros casos, hasta la ministra Marina Arismendi deberÃa ser procesada por haber ofendido el honor de un jefe de Estado al tildar a Bush de â��execrable asesinoâ�?, o el propio Jorge Batlle cuando acusÃ³ a los argentinos de ladrones â��del primero al Ãºltimoâ�?. Este cambio en el accionar de algunos jueces, dice a Brecha la politÃ³loga Constanza Moreira, puede comprenderse en el marco de una creciente autonomÃa del Poder Judicial, alcanzada luego de que el Ejecutivo reconociÃ³ su potestad de juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. â��La contracara de esa autonomÃa es que la estÃ¡n usando para penalizar acciones de protesta popular como quemar banderas, romper vidrios, etcÃ©tera. Es parte de un mismo fenÃ³meno, que nos coloca ante un problema muy serio, porque en este caso sÃ hay una judicializaciÃ³n de la polÃtica: se estÃ¡ transformando una acciÃ³n polÃtica en un delito penal. El Poder Judicial se arroga el derecho a travÃ©s del CÃ³digo Penal de establecer sanciones para acciones polÃticas. Hay como dos actitudes bien distintas: una es la del gobierno y otra la del Poder Judicial. En general los gobiernos de izquierda no reprimen manifestaciones. Pero el Poder Judicial estÃ¡ en el otro extremo, actuando en forma preventiva y buscando quÃ© delitos aplicarles a los manifestantes para penalizarlos.â�? La especialista en psicologÃa social Ana MarÃa AraÃºjo reflexiona: â��Se quema un papel con la bandera del Estado mÃ¡s genocida y criminal que existe en el planeta y surge una acciÃ³n legal de una rapidez desconocida en Uruguay. Â¿Por quÃ© la justicia es tan lenta en temas vinculados a la violaciÃ³n de los derechos humanos y tan rÃ¡pida en estos hechos? Â¿Estamos ante una justicia represora que busca criminalizar a los militantes polÃticos que rompen con la lÃ³gica del pensamiento Ãºnico? Â¿Por quÃ© no se apelÃ³ a estas figuras delictivas en gobiernos anteriores?â�?. Irma Leites va mÃ¡s allÃ¡. En su opiniÃ³n, existe la intenciÃ³n de aplicar a travÃ©s del Poder Judicial la teorÃa de los dos demonios, â��como una estrategia de toma y daca, poniendo a la vÃctima y al victimario en la misma balanzaâ�?. Cuando a fines de 2005 el juez FernÃ¡ndez Lechini procesÃ³ por sediciÃ³n a los cuatro manifestantes que destrozaron comercios en la Ciudad Vieja (tambiÃ©n en protesta contra la presencia de Bush en la regiÃ³n, aquella vez en Mar del Plata), â��quedÃ³ como un juez fachoâ�? que sacÃ³ de la galera un delito de la dictadura de Gabriel Terra, y los fiscales no tenÃan nada que ver. â��Pero ahora estÃ¡ involucrado el Poder Ejecutivo, que es quien nombra a los fiscales. El gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, porque tiene las mayorÃas necesarias para tirar atrÃ¡s estos delitos y decirles a estos fiscales: no va mÃ¡s. Algunos son los fiscales de la impunidad: Enrique MÃ¶ller -quien pidiÃ³ el procesamiento de Fernando Maceillot por sediciÃ³n- fue el mismo que archivÃ³ sistemÃ¡ticamente los casos de violaciones a los derechos humanos, los desaparecidos, las torturas y los asesinatos durante todas estas dÃ©cadas, y ahora se larga a cazar militantesâ�?. LA PROTESTA INTERPELADA. Para Moreira, las formas de protesta popular no deben ser reprimidas en ningÃºn caso, salvo que sean lesivas contra otras personas. â��Son la canalizaciÃ³n del descontento de las bases, son formas de hacer polÃtica. Reprimirlas contribuirÃ¡ a que el sistema polÃtico se anquilose, porque mediante esas manifestaciones se expresan los ciudadanos.â�? AraÃºjo piensa que se puede o no estar de acuerdo con quemar banderas o tirar piedras, pero hay sectores, sobre todo los mÃ¡s jÃ³venes, que estÃ¡n buscando formas de expresiÃ³n que no son las tradicionales y deben ser bienvenidas. â��La criminalizaciÃ³n de la protesta va en contra de la libertad de los pueblos. Castigar la rebeldÃa genera ciudadanos opacos, pasivos y sumisos, la penalizaciÃ³n de todo acto contra el imperialismo apuesta a la aceptaciÃ³n -manifiesta o latente- de esa prÃ¡ctica. No se puede criminalizar o penalizar a las fuerzas sociales por intentar ir mÃ¡s allÃ¡ de lo que un gobierno de polÃtica pragmÃ¡tica puede ir.â�? En ese sentido, segÃºn Leites, â��la justicia pasa a ser un elemento de control social y de disciplinamiento que impide el avance de las organizaciones sociales. El operativo del jueves 12, despuÃ©s de una marcha pacÃfica, a pesar de estar recontra infiltrada por tiras y terminar con el secuestro de Washington, fue una acciÃ³n para ensuciar la cancha y hacernos aparecer frente a la sociedad como un grupo que cada vez que se moviliza genera un lÃoâ�?. La dirigente de Plenaria Memoria y Justicia asegura que las personas indagadas por la justicia fueron objeto de interrogatorios de carÃ¡cter polÃtico que apuntaban a demonizar a algunas organizaciones. Y seÃ±alÃ³ que su organizaciÃ³n analiza la actitud del Poder Judicial como â��parte de un movimiento internacional hacia este tipo de delitos. En Chile y Argentina estÃ¡n procesando por el delito de terrorismo incendiario y el de sediciÃ³n. La judicializaciÃ³n de la protesta y este tipo de procesamientos son la forma represiva de esta etapa. Es una forma de mantener el monopolio de la violencia en manos del Estadoâ�?. Los fotÃ³grafos y la libertad de informaciÃ³n En esta nueva lÃ³gica instalada, donde algunas manifestaciones sociales comienzan en las calles y terminan en los juzgados, los jueces recurren a fotografÃas y filmaciones que realiza la propia PolicÃa y a veces los distintos medios de comunicaciÃ³n. Esta situaciÃ³n ha derivado en que los fotoperiodistas sean amenazados, insultados y hasta agredidos por los manifestantes mientras realizan su trabajo, por considerarlos una nueva especie de delatores. Los fotÃ³grafos de prensa han realizado sus descargos y aclaraciones en un comunicado emitido por la AsociaciÃ³n de la Prensa del Uruguay: â��Informar con imÃ¡genes no es un privilegio de los fotoperiodistas, es un derecho de la sociedad. Cualquier acciÃ³n que desde el Estado o la sociedad civil, directa o indirectamente, comprometa el trabajo de la prensa grÃ¡fica, compromete el derecho de todos a la libre informaciÃ³nâ�?. DirigiÃ©ndose al Ministerio del Interior seÃ±alan: â��no trabajamos para la PolicÃaâ�?. Y agregan que cuando se les solicitan imÃ¡genes con el fin de identificar a personas se confunden los roles y se compromete su trabajo. â��Ni los periodistas ni los medios somos, en un sistema democrÃ¡tico, auxiliares o agentes de la justicia, la PolicÃa o cualquier otra agencia gubernamentalâ�?, aclaran. E indican a propietarios y directores de medios que el uso de las fotografÃas para otro fin que el periodÃstico viola sus contratos y el derecho moral de los autores sobre sus imÃ¡genes. Las autoridades tienen la forma de hacerse de los materiales pÃºblicos, sin necesidad de interrogar o solicitar la colaboraciÃ³n de los reporteros. Por tanto, agregan, â��reclamamos a los medios que preceptivamente recaben la autorizaciÃ³n de los fotÃ³grafos o camarÃ³grafos involucrados antes de ceder material de archivo a cualquier organismo privado o estatalâ�?. Finalmente se dirigen a los manifestantes para seÃ±alar que â��nadie tiene el privilegio de coartar el derecho a la informaciÃ³n. Las amenazas y persecuciÃ³n a los fotÃ³grafos son, lisa y llanamente, amenazas a la libertad de informaciÃ³n de todos. Quienes no deseen ser fotografiados no deberÃan participar a cara descubierta en actos pÃºblicos que se convocan en espacios pÃºblicosâ�?. Con Jorge Zabalza â��En defensa de la libertad de expresiÃ³nâ�? Esta semana Jorge Zabalza decidiÃ³ salir a defender â��con hechosâ�? la libertad de expresiÃ³n, y en un acto que fue calificado por algunos medios de prensa como un desafÃo a la justicia, quemÃ³ pÃºblicamente una bandera de Estados Unidos en medio de un programa de televisiÃ³n de Canal 4. Inmediatamente el edil colorado AnÃbal Glodofksky presentÃ³ una denuncia penal en su contra y la jueza Fanny Canessa derivÃ³ el caso a su colega AÃda Vera Barreto. Al cierre de esta ediciÃ³n, Zabalza aÃºn no habÃa sido llamado a declarar. Brecha conversÃ³ con el ex dirigente tupamaro. - Se lo ha acusado de desafiar a la justicia. Â¿Ese era su cometido? IntentÃ© hacer un acto en defensa de la libertad de expresiÃ³n. No es sÃ³lo que uno tenga el derecho a pensar lo que quiera, tambiÃ©n tiene el derecho de expresarlo y comunicar el mensaje de la mejor manera. Lo otro es renunciar y aceptar que sÃ³lo hay algunas formas polÃticamente correctas de manifestar: ir al Parlamento, que alguien haga un proyecto de ley, etcÃ©tera. Ese es el sistema que tiene la democracia representativa para amortiguar y diluir la protesta social. - Â¿Hay una nueva actitud de parte del sistema judicial para actuar en este tipo de movilizaciones sociales? Hay una persecuciÃ³n de la protesta. Algunos jueces piensan que sÃ³lo pueden manifestar los que estÃ¡n de acuerdo con el gobierno. Hay un doble mensaje por parte de estos jueces. Uno es el represivo sobre la protesta y otro es para presionar al gobierno hacia la derecha. De la misma manera que hay quienes se plantean un cambio de rumbo del gobierno hacia lo popular, hay quienes se proponen virar hacia la derecha. Y lo hacen desde bolsones nostÃ¡lgicos que hay en el Poder Judicial, en la PolicÃa y en las Fuerzas Armadas. Hay jueces que estÃ¡n haciendo polÃtica y persiguen a los que protestan. En el mensaje estÃ¡ implÃcito que si hay un gobierno casado con el imperio, las grandes multinacionales y los grandes grupos econÃ³micos de Uruguay, esto va a traer mÃ¡s protestas. Entonces el lema es: no protesten asÃ, hay que protestar como se debe. - Â¿Usted cree que lo van a procesar? Por ahora nadie agarra viaje. Se estÃ¡n pasando el expediente de escritorio en escritorio. Es un fierro caliente.
Mira també: http://www.presosuruguay.org/
Copyright by the author. All rights reserved.