Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: criminalització i repressió : amèrica llatina
Uruguay: Criminalización de la protesta
22 abr 2007
Algunos jueces y fiscales parecen estar empecinados en disciplinar, a como dé lugar, las formas de manifestación social, reduciendo cada vez más los márgenes para la protesta y la libre expresión de las ideas.
Jueces analizando fotografías y videos producidos por camarógrafos de los servicios de inteligencia, policías de civil que detienen a manifestantes, militantes indagados en interrogatorios con claro corte político, procesamientos por âsediciónâ?, magistrados y fiscales que actúan de oficio desempolvando figuras delictivas inspiradas en el código penal de Mussolini: todas escenas que parecen fruto de una vieja pesadilla, pero que en los dos últimos años se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Y con una gran paradoja como telón de fondo: desde hace dos años este país está gobernado por la izquierda.

El Poder Judicial ya ha procesado a cinco personas por âsediciónâ? y a una por âdesacato por encubrimientoâ?. Y va por más: la jueza penal de 20 turno, Aída Vera Barreto, actuando de oficio y aplicando el artículo 139 del Código Penal, ordenó la detención de Washington Muñiz por la quema de una bandera estadounidense en la marcha que se desarrolló el jueves 12 en reclamo de la liberación de Fernando Maceillot, este último procesado por âsediciónâ? luego de la movilización del 9 de marzo en repudio a la presencia de George W Bush en Uruguay. Además fueron interrogados la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, Ruben Hornos y el ex candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores Rafael Fernández. Según se supo, Barreto pidió también la identificación de otros militantes y las grabaciones de algunos medios de comunicación para obtener más imágenes de la marcha. La jueza y la fiscal Mónica Ferrero intentan establecer si las personas implicadas cometieron los delitos de âvilipendio a emblemas extranjerosâ? o âinstigación a delinquirâ?.

Sin lugar a dudas, todos estos hechos forman parte de un avance del Poder Judicial sobre el campo social que termina por reducir la protesta a un tema de legalidad, desalentando así cualquier abordaje centrado en el conflicto. La sanción legal busca desplazar lo político, y ejercer su poder normativo reforzando el supuesto carácter abstracto e imparcial del precepto jurídico. Esta âpurificaciónâ? de la esfera judicial puede entenderse como una âfetichizaciónâ? de la ley, que refleja cómo una autonomización creciente de lo político exige transformar el conflicto social en mero litigio jurídico. Es por ello que cada vez que lo social se politiza aparecen voces que denuncian el supuesto ataque a los consensos políticos fundantes y âneutralesâ?. Las reivindicaciones políticas devienen así actos âsubversivosâ?, la denuncia se convierte en âapología del delitoâ?, y la movilización en ârebeliónâ? o âasonadaâ?.

¿Qué márgenes deja este escenario a la protesta y la libertad de expresión? La tendencia dominante parece ser reducir a los actores a meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos límites que establecen los ejecutores de la ley. Y su casuística, siempre irregular, produce finalmente otro efecto: estimula el repliegue de los sujetos a su esfera privada, el ámbito prepolítico por excelencia en el sentido más clásico del término.

BANDERAS, JUECES Y FISCALES. La historia de las protestas sociales -en Uruguay y el mundo- está plagada de quemas de banderas estadounidenses. Sin embargo, hasta ahora aquí nunca se había procesado a nadie por âvilipendio de emblemas extranjerosâ?. Los jueces habían preferido preservar valores superiores como la libertad de expresión y pensamiento. De hecho, si se aplicara con el mismo celo el Código Penal a otros casos, hasta la ministra Marina Arismendi debería ser procesada por haber ofendido el honor de un jefe de Estado al tildar a Bush de âexecrable asesinoâ?, o el propio Jorge Batlle cuando acusó a los argentinos de ladrones âdel primero al últimoâ?.

Este cambio en el accionar de algunos jueces, dice a Brecha la politóloga Constanza Moreira, puede comprenderse en el marco de una creciente autonomía del Poder Judicial, alcanzada luego de que el Ejecutivo reconoció su potestad de juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. âLa contracara de esa autonomía es que la están usando para penalizar acciones de protesta popular como quemar banderas, romper vidrios, etcétera. Es parte de un mismo fenómeno, que nos coloca ante un problema muy serio, porque en este caso sí hay una judicialización de la política: se está transformando una acción política en un delito penal. El Poder Judicial se arroga el derecho a través del Código Penal de establecer sanciones para acciones políticas. Hay como dos actitudes bien distintas: una es la del gobierno y otra la del Poder Judicial. En general los gobiernos de izquierda no reprimen manifestaciones. Pero el Poder Judicial está en el otro extremo, actuando en forma preventiva y buscando qué delitos aplicarles a los manifestantes para penalizarlos.â?

La especialista en psicología social Ana María Araújo reflexiona: âSe quema un papel con la bandera del Estado más genocida y criminal que existe en el planeta y surge una acción legal de una rapidez desconocida en Uruguay. ¿Por qué la justicia es tan lenta en temas vinculados a la violación de los derechos humanos y tan rápida en estos hechos? ¿Estamos ante una justicia represora que busca criminalizar a los militantes políticos que rompen con la lógica del pensamiento único? ¿Por qué no se apeló a estas figuras delictivas en gobiernos anteriores?â?.

Irma Leites va más allá. En su opinión, existe la intención de aplicar a través del Poder Judicial la teoría de los dos demonios, âcomo una estrategia de toma y daca, poniendo a la víctima y al victimario en la misma balanzaâ?. Cuando a fines de 2005 el juez Fernández Lechini procesó por sedición a los cuatro manifestantes que destrozaron comercios en la Ciudad Vieja (también en protesta contra la presencia de Bush en la región, aquella vez en Mar del Plata), âquedó como un juez fachoâ? que sacó de la galera un delito de la dictadura de Gabriel Terra, y los fiscales no tenían nada que ver. âPero ahora está involucrado el Poder Ejecutivo, que es quien nombra a los fiscales. El gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, porque tiene las mayorías necesarias para tirar atrás estos delitos y decirles a estos fiscales: no va más. Algunos son los fiscales de la impunidad: Enrique Möller -quien pidió el procesamiento de Fernando Maceillot por sedición- fue el mismo que archivó sistemáticamente los casos de violaciones a los derechos humanos, los desaparecidos, las torturas y los asesinatos durante todas estas décadas, y ahora se larga a cazar militantesâ?.

LA PROTESTA INTERPELADA. Para Moreira, las formas de protesta popular no deben ser reprimidas en ningún caso, salvo que sean lesivas contra otras personas. âSon la canalización del descontento de las bases, son formas de hacer política. Reprimirlas contribuirá a que el sistema político se anquilose, porque mediante esas manifestaciones se expresan los ciudadanos.â?

Araújo piensa que se puede o no estar de acuerdo con quemar banderas o tirar piedras, pero hay sectores, sobre todo los más jóvenes, que están buscando formas de expresión que no son las tradicionales y deben ser bienvenidas. âLa criminalización de la protesta va en contra de la libertad de los pueblos. Castigar la rebeldía genera ciudadanos opacos, pasivos y sumisos, la penalización de todo acto contra el imperialismo apuesta a la aceptación -manifiesta o latente- de esa práctica. No se puede criminalizar o penalizar a las fuerzas sociales por intentar ir más allá de lo que un gobierno de política pragmática puede ir.â?

En ese sentido, según Leites, âla justicia pasa a ser un elemento de control social y de disciplinamiento que impide el avance de las organizaciones sociales. El operativo del jueves 12, después de una marcha pacífica, a pesar de estar recontra infiltrada por tiras y terminar con el secuestro de Washington, fue una acción para ensuciar la cancha y hacernos aparecer frente a la sociedad como un grupo que cada vez que se moviliza genera un líoâ?. La dirigente de Plenaria Memoria y Justicia asegura que las personas indagadas por la justicia fueron objeto de interrogatorios de carácter político que apuntaban a demonizar a algunas organizaciones. Y señaló que su organización analiza la actitud del Poder Judicial como âparte de un movimiento internacional hacia este tipo de delitos. En Chile y Argentina están procesando por el delito de terrorismo incendiario y el de sedición. La judicialización de la protesta y este tipo de procesamientos son la forma represiva de esta etapa. Es una forma de mantener el monopolio de la violencia en manos del Estadoâ?.
Los fotógrafos y la libertad de información

En esta nueva lógica instalada, donde algunas manifestaciones sociales comienzan en las calles y terminan en los juzgados, los jueces recurren a fotografías y filmaciones que realiza la propia Policía y a veces los distintos medios de comunicación. Esta situación ha derivado en que los fotoperiodistas sean amenazados, insultados y hasta agredidos por los manifestantes mientras realizan su trabajo, por considerarlos una nueva especie de delatores. Los fotógrafos de prensa han realizado sus descargos y aclaraciones en un comunicado emitido por la Asociación de la Prensa del Uruguay: âInformar con imágenes no es un privilegio de los fotoperiodistas, es un derecho de la sociedad. Cualquier acción que desde el Estado o la sociedad civil, directa o indirectamente, comprometa el trabajo de la prensa gráfica, compromete el derecho de todos a la libre informaciónâ?.

Dirigiéndose al Ministerio del Interior señalan: âno trabajamos para la Policíaâ?. Y agregan que cuando se les solicitan imágenes con el fin de identificar a personas se confunden los roles y se compromete su trabajo. âNi los periodistas ni los medios somos, en un sistema democrático, auxiliares o agentes de la justicia, la Policía o cualquier otra agencia gubernamentalâ?, aclaran. E indican a propietarios y directores de medios que el uso de las fotografías para otro fin que el periodístico viola sus contratos y el derecho moral de los autores sobre sus imágenes. Las autoridades tienen la forma de hacerse de los materiales públicos, sin necesidad de interrogar o solicitar la colaboración de los reporteros. Por tanto, agregan, âreclamamos a los medios que preceptivamente recaben la autorización de los fotógrafos o camarógrafos involucrados antes de ceder material de archivo a cualquier organismo privado o estatalâ?. Finalmente se dirigen a los manifestantes para señalar que ânadie tiene el privilegio de coartar el derecho a la información. Las amenazas y persecución a los fotógrafos son, lisa y llanamente, amenazas a la libertad de información de todos. Quienes no deseen ser fotografiados no deberían participar a cara descubierta en actos públicos que se convocan en espacios públicosâ?.
Con Jorge Zabalza

âEn defensa de la libertad de expresiónâ?

Esta semana Jorge Zabalza decidió salir a defender âcon hechosâ? la libertad de expresión, y en un acto que fue calificado por algunos medios de prensa como un desafío a la justicia, quemó públicamente una bandera de Estados Unidos en medio de un programa de televisión de Canal 4. Inmediatamente el edil colorado Aníbal Glodofksky presentó una denuncia penal en su contra y la jueza Fanny Canessa derivó el caso a su colega Aída Vera Barreto. Al cierre de esta edición, Zabalza aún no había sido llamado a declarar. Brecha conversó con el ex dirigente tupamaro.

- Se lo ha acusado de desafiar a la justicia. ¿Ese era su cometido?

Intenté hacer un acto en defensa de la libertad de expresión. No es sólo que uno tenga el derecho a pensar lo que quiera, también tiene el derecho de expresarlo y comunicar el mensaje de la mejor manera. Lo otro es renunciar y aceptar que sólo hay algunas formas políticamente correctas de manifestar: ir al Parlamento, que alguien haga un proyecto de ley, etcétera. Ese es el sistema que tiene la democracia representativa para amortiguar y diluir la protesta social.

- ¿Hay una nueva actitud de parte del sistema judicial para actuar en este tipo de movilizaciones sociales?

Hay una persecución de la protesta. Algunos jueces piensan que sólo pueden manifestar los que están de acuerdo con el gobierno. Hay un doble mensaje por parte de estos jueces. Uno es el represivo sobre la protesta y otro es para presionar al gobierno hacia la derecha. De la misma manera que hay quienes se plantean un cambio de rumbo del gobierno hacia lo popular, hay quienes se proponen virar hacia la derecha. Y lo hacen desde bolsones nostálgicos que hay en el Poder Judicial, en la Policía y en las Fuerzas Armadas. Hay jueces que están haciendo política y persiguen a los que protestan. En el mensaje está implícito que si hay un gobierno casado con el imperio, las grandes multinacionales y los grandes grupos económicos de Uruguay, esto va a traer más protestas. Entonces el lema es: no protesten así, hay que protestar como se debe.

- ¿Usted cree que lo van a procesar?

Por ahora nadie agarra viaje. Se están pasando el expediente de escritorio en escritorio. Es un fierro caliente.
Mira també:
http://www.presosuruguay.org/

Copyright by the author. All rights reserved.
Sindicat