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Violencia Sexual y Contrainsurgencia
18 mar 2007
La violencia sexual a la que han sido sometidas decenas de mujeres indígenas por parte de miembros del ejército y el brutal trato sufrido por las mujeres de Atenco o por las mujeres rebeldes de Oaxaca, nos muestra que existe una política de terrorismo de Estado la cual viene buscado el inyectar miedo para evitar que hombres y mujeres de este país se movilicen para reclamar sus derechos.
Carlos Beas Torres

En los últimos días han ocupado un creciente espacio en los medios de comunicación, algunas notas que denuncian hechos violatorios a los derechos humanos donde se encuentran directamente involucrados miembros del Ejército Mexicano. Sin embargo no es ninguna novedad de que existan ese tipo de señalamientos ya que la institución militar ha sido una de las más impermeables a la observancia y respeto a estos derechos.

De estas violaciones no sólo han sido víctimas los civiles, ya que incluso estas prácticas ilegales se han extendido y profundizado en contra de los mismos integrantes de las fuerzas armadas. Un caso notorio ha sido el trato que le han recibido militares portadores de virus de inmunodeficiencia adquirida, el cual no sólo nos muestra una alta carga de ignorancia, sino que nos advierte también sobre una posición abiertamente retrograda que es violatoria de derechos básicos, lo cual es sumamente preocupante si se considera que la institución militar es parte del Estado Mexicano.

Otro hecho que ha cobrado relevancia en los últimos días, es sin lugar de dudas el brutal asesinato y la violación de la anciana nahua Ernestina Ascencio Rosario, vecina de la comunidad de Tetlatzinga en la Sierra de Zongolica, del Estado de Veracruz: Esta brutal agresión ocurrida el pasado 26 de Febrero ha dado lugar a una contundente respuesta de los pueblos indígenas que demandan la salida de las fuerzas militares de sus territorios.

Sin embargo lo ocurrido en Zongolica no es un hecho aislado, es un caso más de violencia sexual que como estrategia contrainsurgente ha venido utilizando el ejército mexicano en contra de la población indígena de nuestro país.

Los operativos militares en zonas indígenas tienen un sentido de ocupación con el fin de inhibir acciones de rebeldía de las comunidades. Prueba de ello es de que a pesar de que desde hace casi 13 años, los zapatistas no han recurrido a la violencia, aún hoy hay decenas de miles de soldados acantonados en territorios indígenas por toda la geografía chiapaneca, donde han establecido campamentos y han despojado para ello de sus tierras a los pueblos, como lo vienen denunciando las autoridades ejidales de El Limar, al norte de ese estado.

El año pasado al calor del conflicto oaxaqueño, se denuncio una fuerte presencia militar en diferentes zonas de los Estados de Puebla, Veracruz, Guerrero y Chiapas, todas ellas colindantes del estado de Oaxaca. También en diferentes regiones de Oaxaca, como el bajo Mixe, los Chimalapas, la Sierra Sur, en La Mixteca y en la Costa, fue denunciado un fuerte operativo militar que buscó más el intimidar y hostigar, que el brindar asistencia y apoyo a la población local.

La presencia castrense es una constante en los territorios indígenas de México, y la â?hermana mayorâ? como llaman en su pueblo a Ernestina, es una víctima más de estos operativos que violentan la misma Constitución, ya que esta expresa con claridad que los militares deberán permanecer en sus cuarteles en tiempos de paz.

Los actos de violencia sexual en contra de las mujeres indígenas son también ya una constante. Pocos meses después del levantamiento zapatista, en Junio de 1994, tres indígenas tzeltales de Altamirano en Chiapas, denunciaron haber sido objeto de graves ataques sexuales a manos de militares. Por otro lado en el estado de Guerrero se han repetido este tipo de agresiones ya que en los últimos años han ocurrido por lo menos cuatro violaciones tumultuarias cometidas por militares en contra de mujeres indígenas. También fueron denunciadas en su momento agresiones sexuales cometidas en contra de mujeres zapotecas de la región de los Loxicha, en la sierra sur de Oaxaca. Todas estas regiones indígenas han sido escenarios de conflicto en los últimos años.

Ante lo recurrente de estos graves hechos, se hace urgente y necesario el impulsar una amplia campaña a nivel nacional para demandar al titular del Ejecutivo, el que sean sancionados con todo el rigor de la ley y por autoridades civiles, los militares responsables de tan atroces crímenes. Asimismo es central que los pueblos indios de México impulsen una efectiva campaña para lograr la desmilitarización de las regiones indígenas y el pleno respeto a las garantías constitucionales de la población originaria.

La violencia sexual a la que han sido sometidas decenas de mujeres indígenas por parte de miembros del ejército y el brutal trato sufrido por las mujeres de Atenco o por las mujeres rebeldes de Oaxaca, nos muestra que existe una política de terrorismo de Estado la cual viene buscado el inyectar miedo para evitar que hombres y mujeres de este país se movilicen para reclamar sus derechos. Basta ya de violencia en contra de las mujeres indígenas. Basta ya de todo tipo de violencia en contra de las mujeres.

http://zapateando2.wordpress.com/2007/03/13/violencia-sexual-y-contrains


Violación sexual contra mujeres

Soledad Jarquín Edgar

La impunidad del fuero militar

La justicia mexicana cerró sus puertas para las mujeres violadas por militares. Desde 1994 en Chiapas y hasta 2006 en Coahuila, los elementos del Ejército Mexicano involucrados en delitos de violación sexual contra mujeres no han sido castigados. En tanto sus víctimas, mujeres indígenas o pobres, viven el calvario del miedo y la intimidación.

El fuero militar ha sido el principal obstáculo para la realización de acciones justas e imparciales y es una flagrante violación a los derechos humanos que ninguna autoridad legislativa se atreve a corregir, como la existencia de una ley particular que se aplica a militares sobre la propia Constitución Mexicana, coinciden expertas en el tema.

El problema es más serio de lo que podría parecer, sobre todo cuando hacemos el recuento de los acontecimientos en los que están involucrados integrantes de las fuerzas armadas del país en los últimos años, no es un solo caso, son muchos, aunque la mayoría no denuncia, consideró la diputada Silvia Galván, del Partido Acción Nacional (PAN).

La legisladora panista manifestó lo anterior al referirse a los hechos recientes ocurridos en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, donde un grupo de más de 20 soldados del Ejército Mexicano violaron y agredieron físicamente a 13 bailarinas y sexo servidoras el pasado 11 de julio, donde estaban asignados al resguardo de material electoral.

Sólo hay seis soldados detenidos, dos desertaron y el caso está en la corte militar, acusados por insubordinación y abandono del puesto, no por violación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concluido que la violación de una mujer por parte de un integrante de las fuerzas de seguridad, alegando su presunta participación en un grupo armado de oposición, constituía tortura. Amnistía Internacional (AI) había hecho observaciones y recomendaciones a México desde 2004, como lo señala el informe sobre Mujeres indígenas e injusticia militar en el que se especifica que la violación no está incluida en el Código de Justicia Militar.

Tal como lo interpreta el ejército y lo confirman los tribunales âdice en su informe AI- esto significa que todo delito cometido por personal militar es de hecho un delito de disciplina militar.

El artículo 58 de ese Código permite al ejército invocar el uso del Código Penal Federal o del Código Penal local del lugar donde se produjo el suceso. Así los tribunales civiles han permitido que los tribunales militares âjerárquicamente bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, no del poder judicialâ investiguen y juzguen violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

Sin embargo, la aprobación del poder judicial civil respecto a esta amplia definición de la jurisdicción militar está en aparente contradicción con la Constitución mexicana, apunta el organismo internacional que ha visto casi concluir el sexenio de Vicente Fox sin que se haga nada al respecto.

Angélica Ayala Ortiz, ex presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) en Oaxaca, sostiene que el fuero militar es violatorio a los derechos humanos y contrario a la credibilidad de la justicia.

A juicio de la activista que en 1997 constató lo que ahora afirma, ha sido âun laberinto imposible de recorrerâ? pretender que haya justicia para las mujeres violadas por militares, porque al menos eso demuestra la historia reciente de esos hechos.

En ello, coincide Martha Figueroa, abogada del Colectivo Grupo de Mujeres de San Cristóbal, que afirma con un dejo de ironía que desde 1994 esperan la aplicación de la justicia para las tres indígenas tzetzales atacadas por militares.

Angélica Ayala apunta que estos casos deben ser juzgados también por las autoridades civiles, de lo contrario âhay una doble impunidadâ?.

El Estado protege o recompensa a los militares al no castigarlos, âexplícitamente les devuelve el favor de salvaguarda en casos extremos dónde sólo el Ejército participa. Es entonces cuándo preguntamos de qué clase de justicia hablamosâ?.

La actual presidenta de la LIMEDDH Oaxaca, Jessica Sánchez Maya, sostiene que el fuero militar no es otra cosa que una ley particular, donde no puede haber imparcialidad, pero que además altera lo que establece el Artículo 13 de la Constitución Mexicana que prohíbe las jurisdicciones especiales y establece límites al ámbito de la jurisdicción militar.

La abogada Martha Figueroa refiere que es común que en los casos de violencia contra mujeres, la fiscalía militar niegue los hechos de manera reiterada y utilice formas para intimidar a las víctimas.

La ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han criticado la ausencia persistente de procesamientos ante los tribunales militares de elementos del ejército implicados en violaciones de derechos humanos.

Además, en sus informes sobre México, los relatores especiales de la ONU han expresado con frecuencia su preocupación por los niveles de impunidad dentro del sistema de justicia militar. Todos ellos han recomendado que las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas sean investigadas por tribunales civiles, sostiene el informe Mujeres indígenas e injusticia militar.

LOS CASOS SIN RESOLVER

Por orden cronológico: el 4 de junio de 1994 militares violan a tres tzetzales. En julio la SEDENA ârechaza enérgicamente las falsas imputacionesâ? en un boletín. A 12 años de los acontecimientos cerca de Altamirano, Chiapas, las entonces jóvenes de 12, 15 y 17 años de edad, siguen en espera de respuesta por parte de las autoridades judiciales civiles, dice la abogada Figueroa.

El 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de �lvarez, Guerrero, denunciaron haber sido violadas por cinco soldados.

En 1997, la LIMEDDH Oaxaca recibió la denuncia de 12 mujeres que habían sido violadas por soldados del Ejército Mexicano en la zona Loxicha, el caso no prosperó por intimidación de la CEDH, quien advirtió que tendrían que demostrar los hechos o de lo contrarío irían a la cárcel.

El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, fueron interceptadas y violadas en casas abandonadas.

El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero.

El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados.

El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 13 mujeres. Como en todos los casos denunciados, la justicia militar será quien juzgue a los soldados-delincuentes.

Amnistía Internacional señala que â... ninguno de los responsables ha sido llevado ante los tribunales... a pesar que de acuerdo con tratados internacionales el Estado tiene el deber de hacer frente a la violencia contra las mujeresâ?.

06/SJ/CV

http://www.cimacnoticias.com/site/06081202-Violacion-sexual-co.804.0.htm


Palabra de Antígona

Sara Lovera López

Fuero Militar vs. Derechos Humanos de las Mujeres

México DF, 13 marzo 07 (CIMAC).-Los delitos sexuales son de carácter común en toda la legislación penal del país. Sin embargo el fuero militar, que es violatorio de los derechos humanos y contrario a la Constitución de la República Mexicana, ha impedido la justicia al menos en 9 denuncias documentadas en los últimos 13 años.

Los militares y su extraterritorialidad gozan de impunidad absoluta. El Ejército Mexicano no ha informado sobre el destino jurídico de los involucrados en hechos de violencia sexual contra las mujeres. La justicia civil no ha intervenido eficazmente nunca. Tampoco existe uno sólo de estos delincuentes purgando penas en las cárceles civiles.

No se rinde cuentas en caso de que âla justicia militarâ? haya actuado. Eso sucede al menos desde 1968.

En estos días oscuros de balance sobre los cien días de actuación del señor Felipe Calderón, es claro que este individuo está usufructuando el papel de Ejecutivo, sólo porque su garante son las fuerzas armadas.

Estamos viviendo una política autoritaria y patriarcal como no imaginamos, a pesar de los discursos de seguridad y paz.

Lo cierto es que se ha sembrado el miedo. A cada paso con los militares, en todos los actos sociales, en todas las comunidades y ciudades. Las vallas metálicas impiden a todas y todos el libre tránsito, una garantía de la Constitución.

Existe una diáspora de derrota. Hay quien piensa que no es posible esperar ninguna solución civil a los casos de mujeres violadas, golpeadas, maltratadas por los solados.

Sobre el asesinato de doña Ernestina Asensio Rosario, una indígena nahua avecindada en la sierra de Zongolica, Veracruz, el gobierno de Fidel Herrera se ha mostrado blandengue y asustadizo.

Hasta ahora no han valido ni recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni de organismos como Amnistía Internacional. Las recomendaciones se amarillentan en los archivos.

En Chiapas el seguimiento de organismos de derechos humanos habla de qué significan los solados apostados en pueblos y comunidades para las mujeres. Ahí a lo largo de más de una década, como seguro sucede en otras partes del país, los militares son fuente de toda clase de abusos, imposiciones y arbitrariedades. Las mujeres son las primeras en peligrar.

De Luis Echeverría, que usó al Ejército durante la guerra sucia, a Vicente Fox, el ejército es usado como policía. No vale ninguna intervención del Congreso.

Así que el reclamo de doña Rosario Ibarra, hecho el 8 de marzo en el Senado, por el asesinato de doña Ernestina, quedó en el anonimato en los medios de comunicación.

La cronología de los delitos sexuales que relató en agosto pasado la periodista Soledad Jarquín es sobrecogedora.

El 4 de junio de 1994 militares violan a tres indias tzeltales en un retén del ejército en Altamirano, Chiapas. A casi 13 años de los acontecimientos, las entonces jóvenes de 12, 15 y 17 años de edad, esperan alguna respuesta.

El 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de �lvarez, Guerrero, fueron violadas por cinco soldados. No pasó nada.

En 1997, un organismo de derechos humanos de Oaxaca recibió la denuncia de 12 mujeres que habían sido violadas por soldados del Ejército Mexicano en la zona Loxicha. El caso no prosperó, hubo intimidación. Se alegó seguridad nacional.

El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, fueron interceptadas y violadas por solados en casas abandonadas.

El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero.

El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados.

Todos estos casos los atrajo la âjusticia militarâ?, pero no informó el resultado. Se sospecha que los solados solamente fueron cambiados de batallón.

El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 13 mujeres.

Están presos y en proceso 8 militares. Se trata del único caso, con pronóstico nebuloso. El próximo 26 de marzo el juez pretende âreconstruir los hechosâ? o âhacer una inspecciónâ?, no se sabe bien, pero el temor es que puedan ser entregados a la Justicia Militar.

El 25 de febrero fue violada, torturada y asesinada una mujer nahuatl en la comunidad de Aculzinapa, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz. Los sospechosos, señalados por la difunta, sólo fueron arraigados y se espera el dictamen de los militares.

Si una piensa un poco, esto revela claramente que aunque el gobierno firme Convenciones Internacionales, se interese en el discurso, haga algunas políticas para evitar la violencia contra las mujeres, en los hechos no tiene interés por dar seguridad a las mexicanas, ni por hacer justicia.

La ley es clara desde 1929: la violación sexual es un delito, se paga con cárcel, requiere de investigación, debido proceso y resultados.

En esta lógica podemos concluir que los gobiernos civiles se convierten en cómplices y encubridores de delincuentes que, por pertenecer a las fuerzas armadas, gozan de impunidad. No hay Estado de Derecho.

El caso de Castaños, Coahuila, es el único, en el primer tramo, donde se impuso el gobierno de Coahuila a la zona militar. Sin embargo las presiones y amenazas a las afectadas, el dinero, la debilidad de los Tribunales y la ausencia de una protesta civil, podría anunciar una nueva impunidad.

El señor Felipe Calderón, protegido de los militares, no es garantía de nada, su gobierno es débil, sin reconocimiento de la mayoría de los mexicanos y sin autoridad moral.

Lo único que podría cambiar el curso de la historia es que, un día, muchas personas tuvieran el coraje de no dejar pasar la injusticia.

Una amiga me decía que cada vez que agregamos a la lista el nuevo asesinato de una mujer, espera y sueña en la posibilidad de que se junte la gente en todas las plazas, en todos los espacios del país, que reclame en los tribunales, que obligue a hacer justicia. Entonces las cosas cambiarían.

El autoritarismo generalizado, la militarización y la violencia contra las mujeres son una sola cosa. Es la mejor muestra de nuestra crisis social y política.

07/SL/GG

http://www.cimacnoticias.com/site/s07031304-PALABRA-DE-ANTIGON.16864.0.h
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