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Notícies :: criminalització i repressió : amèrica llatina : dones |
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Violencia Sexual y Contrainsurgencia
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per rsc |
18 mar 2007
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La violencia sexual a la que han sido sometidas decenas de mujeres indígenas por parte de miembros del ejército y el brutal trato sufrido por las mujeres de Atenco o por las mujeres rebeldes de Oaxaca, nos muestra que existe una política de terrorismo de Estado la cual viene buscado el inyectar miedo para evitar que hombres y mujeres de este país se movilicen para reclamar sus derechos. |
Carlos Beas Torres
En los últimos dÃas han ocupado un creciente espacio en los medios de comunicación, algunas notas que denuncian hechos violatorios a los derechos humanos donde se encuentran directamente involucrados miembros del Ejército Mexicano. Sin embargo no es ninguna novedad de que existan ese tipo de señalamientos ya que la institución militar ha sido una de las más impermeables a la observancia y respeto a estos derechos.
De estas violaciones no sólo han sido vÃctimas los civiles, ya que incluso estas prácticas ilegales se han extendido y profundizado en contra de los mismos integrantes de las fuerzas armadas. Un caso notorio ha sido el trato que le han recibido militares portadores de virus de inmunodeficiencia adquirida, el cual no sólo nos muestra una alta carga de ignorancia, sino que nos advierte también sobre una posición abiertamente retrograda que es violatoria de derechos básicos, lo cual es sumamente preocupante si se considera que la institución militar es parte del Estado Mexicano.
Otro hecho que ha cobrado relevancia en los últimos dÃas, es sin lugar de dudas el brutal asesinato y la violación de la anciana nahua Ernestina Ascencio Rosario, vecina de la comunidad de Tetlatzinga en la Sierra de Zongolica, del Estado de Veracruz: Esta brutal agresión ocurrida el pasado 26 de Febrero ha dado lugar a una contundente respuesta de los pueblos indÃgenas que demandan la salida de las fuerzas militares de sus territorios.
Sin embargo lo ocurrido en Zongolica no es un hecho aislado, es un caso más de violencia sexual que como estrategia contrainsurgente ha venido utilizando el ejército mexicano en contra de la población indÃgena de nuestro paÃs.
Los operativos militares en zonas indÃgenas tienen un sentido de ocupación con el fin de inhibir acciones de rebeldÃa de las comunidades. Prueba de ello es de que a pesar de que desde hace casi 13 años, los zapatistas no han recurrido a la violencia, aún hoy hay decenas de miles de soldados acantonados en territorios indÃgenas por toda la geografÃa chiapaneca, donde han establecido campamentos y han despojado para ello de sus tierras a los pueblos, como lo vienen denunciando las autoridades ejidales de El Limar, al norte de ese estado.
El año pasado al calor del conflicto oaxaqueño, se denuncio una fuerte presencia militar en diferentes zonas de los Estados de Puebla, Veracruz, Guerrero y Chiapas, todas ellas colindantes del estado de Oaxaca. También en diferentes regiones de Oaxaca, como el bajo Mixe, los Chimalapas, la Sierra Sur, en La Mixteca y en la Costa, fue denunciado un fuerte operativo militar que buscó más el intimidar y hostigar, que el brindar asistencia y apoyo a la población local.
La presencia castrense es una constante en los territorios indÃgenas de México, y la â€?hermana mayorâ€? como llaman en su pueblo a Ernestina, es una vÃctima más de estos operativos que violentan la misma Constitución, ya que esta expresa con claridad que los militares deberán permanecer en sus cuarteles en tiempos de paz.
Los actos de violencia sexual en contra de las mujeres indÃgenas son también ya una constante. Pocos meses después del levantamiento zapatista, en Junio de 1994, tres indÃgenas tzeltales de Altamirano en Chiapas, denunciaron haber sido objeto de graves ataques sexuales a manos de militares. Por otro lado en el estado de Guerrero se han repetido este tipo de agresiones ya que en los últimos años han ocurrido por lo menos cuatro violaciones tumultuarias cometidas por militares en contra de mujeres indÃgenas. También fueron denunciadas en su momento agresiones sexuales cometidas en contra de mujeres zapotecas de la región de los Loxicha, en la sierra sur de Oaxaca. Todas estas regiones indÃgenas han sido escenarios de conflicto en los últimos años.
Ante lo recurrente de estos graves hechos, se hace urgente y necesario el impulsar una amplia campaña a nivel nacional para demandar al titular del Ejecutivo, el que sean sancionados con todo el rigor de la ley y por autoridades civiles, los militares responsables de tan atroces crÃmenes. Asimismo es central que los pueblos indios de México impulsen una efectiva campaña para lograr la desmilitarización de las regiones indÃgenas y el pleno respeto a las garantÃas constitucionales de la población originaria.
La violencia sexual a la que han sido sometidas decenas de mujeres indÃgenas por parte de miembros del ejército y el brutal trato sufrido por las mujeres de Atenco o por las mujeres rebeldes de Oaxaca, nos muestra que existe una polÃtica de terrorismo de Estado la cual viene buscado el inyectar miedo para evitar que hombres y mujeres de este paÃs se movilicen para reclamar sus derechos. Basta ya de violencia en contra de las mujeres indÃgenas. Basta ya de todo tipo de violencia en contra de las mujeres.
http://zapateando2.wordpress.com/2007/03/13/violencia-sexual-y-contrains
Violación sexual contra mujeres
Soledad JarquÃn Edgar
La impunidad del fuero militar
La justicia mexicana cerró sus puertas para las mujeres violadas por militares. Desde 1994 en Chiapas y hasta 2006 en Coahuila, los elementos del Ejército Mexicano involucrados en delitos de violación sexual contra mujeres no han sido castigados. En tanto sus vÃctimas, mujeres indÃgenas o pobres, viven el calvario del miedo y la intimidación.
El fuero militar ha sido el principal obstáculo para la realización de acciones justas e imparciales y es una flagrante violación a los derechos humanos que ninguna autoridad legislativa se atreve a corregir, como la existencia de una ley particular que se aplica a militares sobre la propia Constitución Mexicana, coinciden expertas en el tema.
El problema es más serio de lo que podrÃa parecer, sobre todo cuando hacemos el recuento de los acontecimientos en los que están involucrados integrantes de las fuerzas armadas del paÃs en los últimos años, no es un solo caso, son muchos, aunque la mayorÃa no denuncia, consideró la diputada Silvia Galván, del Partido Acción Nacional (PAN).
La legisladora panista manifestó lo anterior al referirse a los hechos recientes ocurridos en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, donde un grupo de más de 20 soldados del Ejército Mexicano violaron y agredieron fÃsicamente a 13 bailarinas y sexo servidoras el pasado 11 de julio, donde estaban asignados al resguardo de material electoral.
Sólo hay seis soldados detenidos, dos desertaron y el caso está en la corte militar, acusados por insubordinación y abandono del puesto, no por violación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concluido que la violación de una mujer por parte de un integrante de las fuerzas de seguridad, alegando su presunta participación en un grupo armado de oposición, constituÃa tortura. AmnistÃa Internacional (AI) habÃa hecho observaciones y recomendaciones a México desde 2004, como lo señala el informe sobre Mujeres indÃgenas e injusticia militar en el que se especifica que la violación no está incluida en el Código de Justicia Militar.
Tal como lo interpreta el ejército y lo confirman los tribunales –dice en su informe AI- esto significa que todo delito cometido por personal militar es de hecho un delito de disciplina militar.
El artÃculo 58 de ese Código permite al ejército invocar el uso del Código Penal Federal o del Código Penal local del lugar donde se produjo el suceso. Asà los tribunales civiles han permitido que los tribunales militares –jerárquicamente bajo el control de la SecretarÃa de la Defensa Nacional, no del poder judicial– investiguen y juzguen violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
Sin embargo, la aprobación del poder judicial civil respecto a esta amplia definición de la jurisdicción militar está en aparente contradicción con la Constitución mexicana, apunta el organismo internacional que ha visto casi concluir el sexenio de Vicente Fox sin que se haga nada al respecto.
Angélica Ayala Ortiz, ex presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) en Oaxaca, sostiene que el fuero militar es violatorio a los derechos humanos y contrario a la credibilidad de la justicia.
A juicio de la activista que en 1997 constató lo que ahora afirma, ha sido “un laberinto imposible de recorrer� pretender que haya justicia para las mujeres violadas por militares, porque al menos eso demuestra la historia reciente de esos hechos.
En ello, coincide Martha Figueroa, abogada del Colectivo Grupo de Mujeres de San Cristóbal, que afirma con un dejo de ironÃa que desde 1994 esperan la aplicación de la justicia para las tres indÃgenas tzetzales atacadas por militares.
Angélica Ayala apunta que estos casos deben ser juzgados también por las autoridades civiles, de lo contrario “hay una doble impunidad�.
El Estado protege o recompensa a los militares al no castigarlos, “explÃcitamente les devuelve el favor de salvaguarda en casos extremos dónde sólo el Ejército participa. Es entonces cuándo preguntamos de qué clase de justicia hablamosâ€?.
La actual presidenta de la LIMEDDH Oaxaca, Jessica Sánchez Maya, sostiene que el fuero militar no es otra cosa que una ley particular, donde no puede haber imparcialidad, pero que además altera lo que establece el ArtÃculo 13 de la Constitución Mexicana que prohÃbe las jurisdicciones especiales y establece lÃmites al ámbito de la jurisdicción militar.
La abogada Martha Figueroa refiere que es común que en los casos de violencia contra mujeres, la fiscalÃa militar niegue los hechos de manera reiterada y utilice formas para intimidar a las vÃctimas.
La ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han criticado la ausencia persistente de procesamientos ante los tribunales militares de elementos del ejército implicados en violaciones de derechos humanos.
Además, en sus informes sobre México, los relatores especiales de la ONU han expresado con frecuencia su preocupación por los niveles de impunidad dentro del sistema de justicia militar. Todos ellos han recomendado que las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas sean investigadas por tribunales civiles, sostiene el informe Mujeres indÃgenas e injusticia militar.
LOS CASOS SIN RESOLVER
Por orden cronológico: el 4 de junio de 1994 militares violan a tres tzetzales. En julio la SEDENA “rechaza enérgicamente las falsas imputacionesâ€? en un boletÃn. A 12 años de los acontecimientos cerca de Altamirano, Chiapas, las entonces jóvenes de 12, 15 y 17 años de edad, siguen en espera de respuesta por parte de las autoridades judiciales civiles, dice la abogada Figueroa.
El 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez RamÃrez, de 31, indÃgenas tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Ã?lvarez, Guerrero, denunciaron haber sido violadas por cinco soldados.
En 1997, la LIMEDDH Oaxaca recibió la denuncia de 12 mujeres que habÃan sido violadas por soldados del Ejército Mexicano en la zona Loxicha, el caso no prosperó por intimidación de la CEDH, quien advirtió que tendrÃan que demostrar los hechos o de lo contrarÃo irÃan a la cárcel.
El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, fueron interceptadas y violadas en casas abandonadas.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de InfanterÃa, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero.
El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados.
El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 13 mujeres. Como en todos los casos denunciados, la justicia militar será quien juzgue a los soldados-delincuentes.
AmnistÃa Internacional señala que “... ninguno de los responsables ha sido llevado ante los tribunales... a pesar que de acuerdo con tratados internacionales el Estado tiene el deber de hacer frente a la violencia contra las mujeresâ€?.
06/SJ/CV
http://www.cimacnoticias.com/site/06081202-Violacion-sexual-co.804.0.htm
Palabra de AntÃgona
Sara Lovera López
Fuero Militar vs. Derechos Humanos de las Mujeres
México DF, 13 marzo 07 (CIMAC).-Los delitos sexuales son de carácter común en toda la legislación penal del paÃs. Sin embargo el fuero militar, que es violatorio de los derechos humanos y contrario a la Constitución de la República Mexicana, ha impedido la justicia al menos en 9 denuncias documentadas en los últimos 13 años.
Los militares y su extraterritorialidad gozan de impunidad absoluta. El Ejército Mexicano no ha informado sobre el destino jurÃdico de los involucrados en hechos de violencia sexual contra las mujeres. La justicia civil no ha intervenido eficazmente nunca. Tampoco existe uno sólo de estos delincuentes purgando penas en las cárceles civiles.
No se rinde cuentas en caso de que “la justicia militar� haya actuado. Eso sucede al menos desde 1968.
En estos dÃas oscuros de balance sobre los cien dÃas de actuación del señor Felipe Calderón, es claro que este individuo está usufructuando el papel de Ejecutivo, sólo porque su garante son las fuerzas armadas.
Estamos viviendo una polÃtica autoritaria y patriarcal como no imaginamos, a pesar de los discursos de seguridad y paz.
Lo cierto es que se ha sembrado el miedo. A cada paso con los militares, en todos los actos sociales, en todas las comunidades y ciudades. Las vallas metálicas impiden a todas y todos el libre tránsito, una garantÃa de la Constitución.
Existe una diáspora de derrota. Hay quien piensa que no es posible esperar ninguna solución civil a los casos de mujeres violadas, golpeadas, maltratadas por los solados.
Sobre el asesinato de doña Ernestina Asensio Rosario, una indÃgena nahua avecindada en la sierra de Zongolica, Veracruz, el gobierno de Fidel Herrera se ha mostrado blandengue y asustadizo.
Hasta ahora no han valido ni recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni de organismos como AmnistÃa Internacional. Las recomendaciones se amarillentan en los archivos.
En Chiapas el seguimiento de organismos de derechos humanos habla de qué significan los solados apostados en pueblos y comunidades para las mujeres. Ahà a lo largo de más de una década, como seguro sucede en otras partes del paÃs, los militares son fuente de toda clase de abusos, imposiciones y arbitrariedades. Las mujeres son las primeras en peligrar.
De Luis EcheverrÃa, que usó al Ejército durante la guerra sucia, a Vicente Fox, el ejército es usado como policÃa. No vale ninguna intervención del Congreso.
Asà que el reclamo de doña Rosario Ibarra, hecho el 8 de marzo en el Senado, por el asesinato de doña Ernestina, quedó en el anonimato en los medios de comunicación.
La cronologÃa de los delitos sexuales que relató en agosto pasado la periodista Soledad JarquÃn es sobrecogedora.
El 4 de junio de 1994 militares violan a tres indias tzeltales en un retén del ejército en Altamirano, Chiapas. A casi 13 años de los acontecimientos, las entonces jóvenes de 12, 15 y 17 años de edad, esperan alguna respuesta.
El 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez RamÃrez, de 31, indÃgenas tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Ã?lvarez, Guerrero, fueron violadas por cinco soldados. No pasó nada.
En 1997, un organismo de derechos humanos de Oaxaca recibió la denuncia de 12 mujeres que habÃan sido violadas por soldados del Ejército Mexicano en la zona Loxicha. El caso no prosperó, hubo intimidación. Se alegó seguridad nacional.
El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, fueron interceptadas y violadas por solados en casas abandonadas.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de InfanterÃa, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero.
El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados.
Todos estos casos los atrajo la “justicia militar�, pero no informó el resultado. Se sospecha que los solados solamente fueron cambiados de batallón.
El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 13 mujeres.
Están presos y en proceso 8 militares. Se trata del único caso, con pronóstico nebuloso. El próximo 26 de marzo el juez pretende “reconstruir los hechos� o “hacer una inspección�, no se sabe bien, pero el temor es que puedan ser entregados a la Justicia Militar.
El 25 de febrero fue violada, torturada y asesinada una mujer nahuatl en la comunidad de Aculzinapa, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz. Los sospechosos, señalados por la difunta, sólo fueron arraigados y se espera el dictamen de los militares.
Si una piensa un poco, esto revela claramente que aunque el gobierno firme Convenciones Internacionales, se interese en el discurso, haga algunas polÃticas para evitar la violencia contra las mujeres, en los hechos no tiene interés por dar seguridad a las mexicanas, ni por hacer justicia.
La ley es clara desde 1929: la violación sexual es un delito, se paga con cárcel, requiere de investigación, debido proceso y resultados.
En esta lógica podemos concluir que los gobiernos civiles se convierten en cómplices y encubridores de delincuentes que, por pertenecer a las fuerzas armadas, gozan de impunidad. No hay Estado de Derecho.
El caso de Castaños, Coahuila, es el único, en el primer tramo, donde se impuso el gobierno de Coahuila a la zona militar. Sin embargo las presiones y amenazas a las afectadas, el dinero, la debilidad de los Tribunales y la ausencia de una protesta civil, podrÃa anunciar una nueva impunidad.
El señor Felipe Calderón, protegido de los militares, no es garantÃa de nada, su gobierno es débil, sin reconocimiento de la mayorÃa de los mexicanos y sin autoridad moral.
Lo único que podrÃa cambiar el curso de la historia es que, un dÃa, muchas personas tuvieran el coraje de no dejar pasar la injusticia.
Una amiga me decÃa que cada vez que agregamos a la lista el nuevo asesinato de una mujer, espera y sueña en la posibilidad de que se junte la gente en todas las plazas, en todos los espacios del paÃs, que reclame en los tribunales, que obligue a hacer justicia. Entonces las cosas cambiarÃan.
El autoritarismo generalizado, la militarización y la violencia contra las mujeres son una sola cosa. Es la mejor muestra de nuestra crisis social y polÃtica.
07/SL/GG
http://www.cimacnoticias.com/site/s07031304-PALABRA-DE-ANTIGON.16864.0.h |
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