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Notícies :: amèrica llatina |
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Venezuela: Activista de DDHH denuncia intimidacion en su contra
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per Prensa Provea |
28 feb 2007
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Activista de Derechos Humanos denuncia intimidación en su contra por parte del gobernador del Guárico, Eduardo Manuitt |
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Maria del Rosario Guerreo Galluci se acercó a la sede de Provea en Caracas, el pasado 26.02.07, para denunciar la nueva serie de intimidaciones en su contra ejercidas por el gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuit. Como se recordará, la señora Guerrero Gallucci es integrante del grupo de derechos Humanos del estado Guárico, “Soldados de Justicia, Paz y Libertad en la Cruzada Contra la Impunidadâ€?. Su organización habÃa denunciado la presunta participación de la policÃa estatal en las ejecuciones realizadas, a más de 100 personas, en la región en los últimos cinco años. Tras ser vÃctima de extorsión, presuntamente a cargo de funcionarios policiales, y ser citada como testigo en el caso iniciado contra el periodista Miguel Salazar por parte del gobernador Eduardo Manuit, la FiscalÃa dictó a su favor medidas de protección, custodia y apostamiento policial. El 21.04.06 Gallucci y su esposo, MartÃnez Barrios, fueron vÃctimas de un atentado contra sus vidas, en el cual recibieron varios impactos de bala. Tras el incidente varias organizaciones de Derechos Humanos remitieron su caso al CIDH. “Se trató de silenciarme por todas las denuncias que venia haciendoâ€?, nos declaró la denunciante. “El origen estuvo en mi finca. El gobernador es una persona conocida por todas las personas en guarico, que contrario a la polÃtica del gobierno de lucha contra el latifundio, ha sido un gran latifundista. Entonces se encaprichó con mi finca. En varias oportunidades habÃa hecho presiones en mi contra y yo lo habÃa denunciado varias veces. Por esa razón tuve medidas de protección de la FiscalÃaâ€?.
Una resolución dictada el 04.07.06 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó la adopción de medidas provisionales a favor de MarÃa del Rosario Guerrero Gallucci y Adolfo Segundo MartÃnez Barrios. Esta medida instó al Estado venezolano la adopción de las medidas necesarias para proteger las inminentes violaciones a la vida y a su integridad personal. Galluci considera que el Estado ha cumplido con el dictamen de la Corte, pero que los funcionarios que la custodian –“de los cuales no tengo ninguna queja pues son altamente especializados y educadosâ€? como ella reitera- tienen limitaciones presupuestarias y no pueden acompañarla fuera del distrito metropolitano de Caracas. “He tenido que abandonar mi finca en Guárico y para trabajar presto mis servicios a una empresa ubicada en occidente, por lo que a veces me ha tocado movilizarme. Quisiera que esa situación se arreglara, si salgo fuera de Caracas es bajo mi propio riesgo.â€?
Por otra parte, el juicio contra los policÃas participantes en el atentado no se realiza con celeridad. Y ante la arremetida mediática en su contra, decide no seguir más el consejo de abstenerse de seguir denunciando. “Estas recomendaciones las hicieron unos funcionarios de la FiscalÃa y del poder judicial. Me prohibieron que se lo hiciera saber a Provea y que lo comunicara públicamente, que me mantuviera de bajo perfil, que no diera ninguna entrevista a la prensa mientras se resolviera el caso. Pero veo que todas las audiencias en el juicio de los policÃas que participaron en el homicidio son diferidas por una y otra razónâ€?. Maria del Rosario ahora se enfrenta a una campaña en su contra, “los ataques son a través de los medios de comunicación, radio, televisión, en los programas radiales semanales realizados por el gobernador, asà como a través de la prensa descalificándome continuamente, haciendo ver que soy una delincuente para que desestimen todas las denuncias que he interpuesto en contra de elâ€?. Galluci denunció que, en un programa de televisión nacional, el propio gobernador de Guárico la habÃa denominado “delincuente de alta peligrosidadâ€?, anunciando que habÃa solicitado al Fiscal General una imputación en su contra. “Ya la FiscalÃa me imputó en el 2001 por unos delitos que nunca existieron. Además, se hizo la averiguación y el fiscal declaró la nulidad de todas las actuaciones, porque se demostró que habÃa sido un abuso y un exceso policial. No se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hechoâ€?. Recientemente, recibió una citación judicial para declarar en torno al ilÃcito “detentacion de arma de fuego y aprovechamiento de cosa proveniente de delitoâ€?.
(Prensa Provea, 27.02.07)
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