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Notícies :: criminalització i repressió : laboral
Infiltrado, clave en el caso Cándido y Morala
23 feb 2007
Un testigo de cargo presentado por la Fiscalía contra los sindicalistas Juan M. Martínez Morala y Cándido González Carnero, dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierda, ha resultado ser un policía infiltrado en esta organización.
Los sindicalistas, contra los que se pide seis años y medio de cárcel, están acusados de haber provocado destrozos durante las movilizaciones contra el cierre de Naval Gijón. Los sindicalistas, que han denunciado al policía, aseguran que este agente también participó infiltrado en las movilizaciones del movimiento antiglobalización contra el Banco Mundial en 2001, y que durante las protestas incitó a realizar acciones violentas y destrozó varios cajeros, con el ánimo de âjustificarâ la represión policial.

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El testimonio de un policía infiltrado se utiliza contra Cándido y Morala
Juan Avellaneda , Gijón
El juicio contra Cándido y Morala, dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierda a los que se acusa de destrozos durante las movilizaciones contra el cierre de Naval Gijón, ha dado un giro al haberse descubierto que uno de los testigos de cargo presentados por la Fiscalía era un policía infiltrado. Los sindicalistas acusan al mismo policía de haber participado en las movilizaciones contra el Banco Mundial en 2001, y que causó destrozos para justificar la represión policial.
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El juicio contra los dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero por daños en protestas laborales del sector naval ha dado un giro sorprendente al ser identificado un testigo de la Fiscalía como âun policía infiltradoâ? que ha provocado destrozos en Barcelona durante las manifestaciones del movimiento antiglobalización en Barcelona.

Los sindicalistas han presentado una denuncia en el juzgado de guardia contra el funcionario policial que actuó como primer testigo de cargo de la Fiscalía en la vista del pasado 30 de enero, al haberle identificado como un infiltrado en esa organización, que âha mentido en las generales de la Ley y ha actuado con animadversiónâ? para incriminarles.

El funcionario del Cuerpo Nacional de Policía participó en reuniones del sindicato en Oviedo y viajó a Barcelona en un autobús de la organización con motivo de las movilizaciones del movimiento antiglobalización contra la cumbre del Banco Mundial del año 2001, según expresa la denuncia.

Cándido y Morala sostienen que esta persona ha roto algunos cajeros de bancos y una cabina de teléfonos en el Paseo de Gràcia y recuerdan que la sombra de la Policía como causante de los destrozos para justificar la posterior represión llegó incluso al Parlamento.

Los dirigentes de la CSI están acusados de cometer daños durante movilizaciones en demanda de carga de trabajo para el astillero privado Naval Gijón durante los años 2004 y 2005 en dos juicios en los que la Fiscalía pide la sumatoria de cuatro años y dos años y medio de cárcel. El Sindicato Unificado de Policía, que el pasado 30 de enero había emitido un comunicado negando la existencia de una trama policial y política contra Cándido y Morala, difundió un segundo texto tras la denuncia contra el policía infiltrado en el que expresa que una de las funciones de ese cuerpo âes buscar información para garantizar la seguridadâ?.

La Corriente Sindical de Izquierda y la Plataforma Contra la Represión y las Libertades insisten en denunciar una trama político- policial impulsada por el PSOE e IU con el propósito de criminalizar las protestas laborales y favorecer la especulación urbanística en la zona de costa en la que están ubicados los astilleros.


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Irregularidades en el juicio

Diversas organizaciones han calificado el juicio contra los sindicalistas como un âmontajeâ? para criminalizar las protestas laborales. La petición de seis años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía se basa principalmente en un documento presentado por un funcionario municipal, en el que se evalúan los daños. Aunque el Gobierno local se vio obligado, ante la presión popular, a reconocer que el funcionario que elaboró el documento âcarecía de poderesâ? para suscribirlo, no invalidó la prueba. Por otro lado, el juzgado impidió que testificaran reporteros cuyas fotografías demostraban que los sindicalistas no eran los responsables de los destrozos.
------------------------------El infiltrado
JUAN AVELLANEDA
Dijo que se llamaba Nel y que era camarero. Su figura regordeta y su medio flequillo rubio tornado a la derecha en la mitad de la frente le hacían parecer uno de esos tipos buenazos que nunca se sabe si lo son por tontos o por pura genética. Frecuentó la sede de la Corriente Sindical de Izquierdas de Oviedo hasta que lo echaron por sus propuestas extremistas. Siempre quería romper algo. Salir a la calle, quemarlo todo. Y algo de eso hizo en las movilizaciones contra la Cumbre del Banco Mundial del Movimiento Antiglobalización en Barcelona.

Sentados en el banquillo de los acusados, Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero no pudieron verle porque declaraba de cara al juez delante de ellos. Les daba la espalda. Pero el público pudo verlo y algunos militantes del sindicato que estaban en la sala experimentaron una sensación jamás vivida, una desnudez tan profunda como ingrata.

Allí, de píe ante el magistrado, estaba Nel. ¿Nel? Diciendo que no conocía a los inculpados para los que la Fiscalía ha pedido 4 años y medio de cárcel por daños en la caja de conexiones de una cámara de vídeo para control de tráfico durante manifestaciones laborales durante el años 2004.

El funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, número tal, primer testigo de cargo contra los sindicalistas era Nel, el mismo que viajó a Barcelona en el autobús alquilado por la CSI, el mismo que había entrado en la casa de compañeros, el mismo que había hurgado en libros e intimidades. El mismo que en Barcelona le dijo a Morala: âHay que romper algoâ?. Y minutos después estaba tirando piedras contra bancos y rompiendo una cabina de teléfono en el Paseo de Gràcia.

Nel, o como se llame, mintió en las generales de la Ley en la vista y entró en contradicciones con el testimonio de otros policías, también testigos de una fiscal que cuanto menos ha pecado de ingenua aceptando a rajatabla las órdenes de la Delegación del Gobierno de Asturias para mandar a la cárcel a dos inocentes y salvar el negocio (inmobiliario).
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ACUSAN A UNA EMPRESA DEL PCE DE BENEFICIARSE CON LA CONSTRUCCIÃN DE PISOS


La constructora Prosein, del Grupo Progea, vinculada al Partido Comunista de España, habría obtenido más de diez millones de euros de beneficios en la construcción y venta de pisos en los edificios que se han levantado junto a los astilleros, a pocos metros de la playa de Poniente, según fuentes de la Plataforma de apoyo a Cándido y Morala. El grupo empresarial se habría formado con capital del PCE según consta en un requerimiento de acciones efectuado el 16 de septiembre de 2002, ante un notario de Madrid, José González de Rivera, por el secretario de organización para que diversos fiduciarios pongan sus acciones a disposición del partido. La denuncia sobre la vinculación del PCE e IU en la trama urbanística de Poniente está especificada en escritos que militantes de la CSI y de la Plataforma contra la Represión y por las Libertades están difundiendo en las manifestaciones de apoyo a los sindicalistas enjuiciados. Según estos documentos, la empresa Prosein ha construido la mayor parte de los pisos en los edificios que dan sombra a Naval Gijón, sobre terrenos que fueron expropiados por la Sociedad de Gestión y Promición de Suelo de Asturias (SOGEPSA) gestionada por el Gobierno regional, del PSOE entonces y en coalición con IU ahora. SOGEPSA ha pagado a los antiguos propietarios un máximo de 291 euros por metro cuadrado y Progea le ha comprado dos solares de 1.357 m2 cada uno por un total de 5.054.511 euros. Hace más de tres años, un piso del edificio Albatros fue vendido en 258.435 euros, pero en esa operación fueron vendidos 101 pisos, 144 plazas de garaje, trasteros y bajos comerciales, por lo que el beneficio estimado supera los 10 millones de euros. En la bahía de Poniente existen miles de metros cuadrados que están ocupados por los astilleros naval Gijón, Izar Gijón y el tallerón de Duro Felguera, que podrían generar plusvalías incalculables para la especulación urbanística. El ente Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión, que administra Naval Gijón, ha solicitado al Ayuntamiento la recalificación a suelo residencial de los 22.000 m2 que ocupa la planta en una alegación al Plan General de Ordenación Urbana. Estos terrenos están tasados en 11 millones de euros, pero una recalificación elevaría el precio hasta los 38 millones, y algo similar ocurre con el suelo donde está asentado Izar, que ha sido vendido al grupo Vulcano. UGT ha pedido el traslado de ambos astilleros al puerto de Gijón, en proceso de ampliación, en una posición que es admitida como viable por el PSOE, que gobierna el Ayuntamiento en coalición con IU.

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