No se tiene en cuenta, o al menos es lo que menos importa al tribunal, el hecho, sino la personalidad del juzgado y sometido a jucio. Su pertenencia o no a determinado colectivo y grupo, o su inactividad en defensa de los valores establecidos. Por ello el derecho penal del enemigo es una variante extrema del derecho penal de autor, pues no es la conducta como tal la que se viene a valorar, sino el pasado y el futuro comportamiento del reo. Recordemos aquí la pregunta que hizo el fiscal en el proceso contra Iñaki de Juana Chaos (“a que se dedicará y de qué vivirá más adelante�). La actitud interna del autor, sus deseos o sus pensamientos son abolutamente ajenos a Derecho penal clásico, sin embargo adquieren relevancia en el DPE. Otra muestra es la acusación vertida contra determinados penados al reprochárseles que no se han resocializado, ni han pedido perdón, ni se han arrepentido de los delitos por los que fueron condenados en su momento. La propia modificación jurisprudencial conocida como “doctrina Parot�, establece arteramente la cadena perpetua, pues no otra cosa es mantener en prisión durante 60 años a un condenado. El hecho de que haya desaparecido a todos los efectos la diferenciación entre autoría y participación, preparación y tentativa, o que se confundan los fines políticos con la colaboración, es una prueba más de cuanto señalamos al respecto. Además hay que tener en cuenta cómo afecta a la política penitenciaria, llegando a prácticas como la implantanción de grupos y categorías de presos (el caso del FIES) o el hecho mismo de la dispersión y alejamiento y confinamiento en prisiones alejadas del ámbito de residencia. Ésta es la prueba clara de cómo se han instalado ya en los ámbitos jurisdiccionales estos presupuestos penales tan reprobados y condenados por penalistas de la talla de Muñoz Conde, pero aceptados por la población mostrando en no pocos casos una total anuencia de estás prácticas penales tan alejadas de un derecho penal humanitario, como es el que corresponde a una sociedad del siglo XXI. El DPE en su variante del Derecho Penal de Autor significa que toda la sociedad se convierte en cómplice de las barbaridades jurídicas, de las tropelías de los tribunales, y de la muerte, bien a través de la cadena pepetua, bien a través de la decisión de quienes se encuentran en las cárceles de dejarese morir. Es correcto ese movimiento de personas -y aquí lo utilizo al modo clásico- que rechazan de plano la ley del talión y la justicia vindicativa.