Evo consolida la politica neoliberal del gas

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Notícies :: amèrica llatina
Evo consolida la politica neoliberal del gas
per Econoticiasbolivia Correu-e: econews ARROBA ceibo.ent (no verificat!)	04 gen 2007
Radiografía de los nuevos contratos petroleros y la alianza estratégica de Morales con las transnacionales
EVO CONSOLIDA LA POLÃ?TICA NEOLIBERAL DEL GAS www.econoticiasbolivia.com Econoticiasbolivia.com (La Paz, diciembre 27, 2006).- El presidente indÃgena de Bolivia, Evo Morales, consolidÃ³ al concluir el 2006 una alianza estratÃ©gica con las transnacionales petroleras, consolidando el viejo y suicida rol de una naciÃ³n pobre que entrega sus recursos naturales como materia prima en beneficio ajeno. Con el convenio de venta de gas natural a Argentina y con la firma de nuevos contratos de exploraciÃ³n y explotaciÃ³n de los hidrocarburos, se aseguran mercados a las petroleras y la monetizaciÃ³n acelerada de las reservas hidrocarburÃferas, ya que la inversiÃ³n estÃ¡ atada a la producciÃ³n y Ã©sta a la exportaciÃ³n. Con ello, segÃºn establece un balance del Centro de estudios para el desarrollo laboral y Agrario (Cedla), se consolida el patrÃ³n primario-exportador en el paÃs, dejando de lado la industrializaciÃ³n y el mercado interno. Durante la suscripciÃ³n del convenio marco con la Argentina, el presidente Evo Morales aseverÃ³ que "ser presidente, ser gobierno es hacer buenos negocios para Bolivia y hemos empezado a hacer buenos negocios para Bolivia. (â�¦) Este es el inicio de una integraciÃ³n energÃ©tica de LatinoamÃ©rica, donde algunos tienen reservas y otros tienen la infraestructura industrial". Es decir, ratificÃ³ el destino que los gobiernos neoliberales trazaron para Bolivia a lo largo de la historia: ser proveedor de materias primas para el mercado internacional. El balance seÃ±ala que "con la suscripciÃ³n de los nuevos contratos petroleros, el Gobierno de Evo Morales saliÃ³ aparentemente triunfante en tÃ©rminos polÃticos. Empero, las verdaderas beneficiadas fueron las compaÃ±Ãas petroleras transnacionales que lograron eludir toda posible acciÃ³n en su contra ya que los contratos de riesgo compartido -pese a su ilegalidad- fueron reconocidos como vÃ¡lidos al ser sustituidos por nuevos contratos". La firma de los 44 nuevos contratos -por 30 aÃ±os a partir de la aprobaciÃ³n del Congreso Nacional- implica la aplicaciÃ³n de la Ley de Hidrocarburos 3058, dejando de lado la nacionalizaciÃ³n demandada por los movimientos sociales en sentido de expropiar los bienes de las transnacionales y lograr asÃ el monopolio estatal del negocio hidrocarburÃfero que permita industrializar el paÃs. El Gobierno se aleja, de esta manera, de las reivindicaciones populares en un contexto en el que no son casuales las manifestaciones de satisfacciÃ³n de los partidos neoliberales y de las compaÃ±Ãas petroleras, agrega el informe. Para entender la polÃtica del Gobierno, el anÃ¡lisis no debe basarse en el discurso y los sÃmbolos que utiliza, sino en las medidas tomadas, y es lo que precisamente realiza el anÃ¡lisis del Centro de Estudios que reflejamos a continuaciÃ³n en un informe a fondo en nuestro sitio (ver nota completa en www.econoticiasbolivia.com)
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Bolivia paga $us 15,1 millones para echar a transnacional del agua
per Econoticiasbolivia econews ARROBA ceibo.ent	04 gen 2007
BOLIVIA PAGA $US 15,1 MILLONES PARA SACAR A TRANSNACIONAL DEL AGUA www.econoticiasbolivia.com Econoticiasbolivia (La Paz, enero 4, 2006).- El Estado boliviano anunciÃ³ anoche que erogarÃ¡ 15,1 millones de dÃ³lares para que la empresa Aguas del Illimani, filial de la transnacional Lyonnaise des Eaux abandone de inmediato sus concesiones en La Paz y El Alto, en las que operÃ³ durante 10 aÃ±os previstos. Esta empresa habÃa incumplido su contrato de 20 aÃ±os de explotaciÃ³n al no ampliar el servicio y lucrado en exceso con las tarifas del agua en los barrios mÃ¡s pobres de La Paz y El Alto, donde la poblaciÃ³n se levantÃ³ en el 2003 para exigir su expulsiÃ³n sin indemnizaciÃ³n. SegÃºn informÃ³ el ministro del Agua, Abel Mamani, el Estado boliviano asumirÃ¡ las deudas de la filial de Lyonnaise des Eaux por concepto de crÃ©ditos, obtenidos para realizar nuevas conexiones que nunca ejecutÃ³. Esta cifra llega a 9,6 millones de dÃ³lares, a lo que se suman otros 5,5 millones de dÃ³lares que se pagarÃ¡n a los empresarios bolivianos que eran socios de la transnacional. En lo operativo, a partir de este jueves, y por el lapso de seis meses, el estatal Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se hace cargo de garantizar el servicio de agua potable a la poblaciÃ³n, apoyado por seis comisiones interinstitucionales, que verÃ¡n aspectos como operaciones, finanzas, contratos, producciÃ³n y saneamiento, planificaciÃ³n, regulaciÃ³n y otros. El FNDR asumirÃ¡ esta tarea mientras se constituya la nueva empresa operadora estatal, que serÃ¡ configurada por un directorio que serÃ¡ constituida con representantes de las Juntas Vecinales y gobiernos municipales de La Paz y El Alto y el propio Ministerio de Aguas. La nueva empresa pÃºblica del agua en La Paz y El Alto arranca con un capital de 5,5 millones de dÃ³lares provenientes de crÃ©ditos de la UniÃ³n Europea y del gobierno de Venezuela. En opiniÃ³n del ministro Mamani, la compensaciÃ³n otorgada a la transnacional evitarÃ¡ que Ã©sta inicie un juicio al Estado boliviano, con resultados que serÃan inciertos. Este tema fue corroborado por el propio presidente Evo Morales. â��El tema agua no puede ser de negocio privado, tiene que ser servicio bÃ¡sico, con participaciÃ³n del Estado para que el consumo de agua (sea) casi sea gratuitoâ�?, dijo al destacar la paciencia de las organizaciones sociales que lucharon por la salida de Aguas del Illimani. Morales explicÃ³ que se tuvo que negociar con dicha compaÃ±Ãa para no perjudicar al paÃs y para garantizar que organismos internacionales como la CorporaciÃ³n Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguren el financiamiento para hacer inversiones en la nueva empresa del agua. Pese a ello, el ejecutivo de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, Ã�scar Olivera, cuestionÃ³ la indemnizaciÃ³n y recordÃ³ que en el caso de la expulsiÃ³n de la empresa Aguas del Tunari, filial de la transnacional Betchel, en la ciudad de Cochabamba en el 2000, el Estado no pagÃ³ ni un centavo. SegÃºn este dirigente, la situaciÃ³n de la transnacional Lyonnaise des Eaux era muy similar a la de Betchel. â��En un momento (los de Betchel) quisieron cobrar una indemnizaciÃ³n de 25 a 50 millones de dÃ³lares, pero hicimos una campaÃ±a internacional a todo nivel, al final no se pagÃ³ ni un solo centavo y es mÃ¡s, Aguas del Tunari terminÃ³ vendiendo el 80 por ciento de sus acciones al Estado por el precio simbÃ³lico de dos bolivianos (25 centavos de dÃ³lar)â�?, explicÃ³ Olivera. En aparente respuesta a estas crÃticas, Morales dijo: â��Algunos dirÃ¡n que se han tardado mÃ¡s de un aÃ±o. Se ha tardado, pero con resultado positivosâ�?, y criticÃ³ a algunos dirigentes que, bajo el argumento de haber peleado por el agua en Cochabamba, exigÃan cargos para sus familiares. â��No quisiera que ocurra eso con nuestra nueva empresaâ�?, advirtiÃ³.
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Bolivia: Evo revitaliza a la derecha
per Econoticiasbolivia econews ARROBA ceibo.ent	05 gen 2007
Bolivia: EVO LEVANTA A LA DERECHA www.econoticiasbolivia.com Econoticviasbolivia.com (La Paz, enero 3, 2007).- El carismÃ¡tico presidente indÃgena de Bolivia, Evo Morales, dilapidÃ³ en menos de seis meses su victoria electoral en el oriente y sur del paÃs, donde por omisiÃ³n, debilidad y su tÃmido reformismo revitalizÃ³ a una oligarquÃa que asume rasgos fascistas, que ahora tiene gran arraigo popular y que por la fuerza arrincona y aterroriza a las organizaciones campesinas e indÃgenas. Los hechos son elocuentes. El jueves 14 de diciembre cerca de tres mil vecinos y trabajadores se concentraron en uno de los barrios mÃ¡s pobres de la ciudad de Santa Cruz para respaldar la polÃtica de Morales y repudiar las acciones de la oligarquÃa, que amenaza con dividir al paÃs si no se atienden sus exigencias de autonomÃa. Un dÃa despuÃ©s, los oligarcas lograban en esa misma urbe la adhesiÃ³n de casi 300 mil personas que clamaban por la autonomÃa regional y condenaban al gobierno central. Una diferencia de uno a cien, en una plaza que paradÃ³jicamente se habÃa inclinado electoralmente el 2 de julio de este aÃ±o en favor del partido del presidente Morales con el 26% de los votos. En otras tres regiones, como Tarija, Beni y Pando, masivas concentraciones populares convocadas por la oligarquÃa en contra de Morales refutaban, tambiÃ©n desde la calle, los resultados alcanzados en las urnas en julio, cuando el MAS cosechÃ³ el 40%, 21% y 37% de los votos, respectivamente. Ahora, a mediados de diciembre, en varias poblaciones del oriente, bandas organizadas de la UniÃ³n Juvenil CruceÃ±ista, dependientes del ComitÃ© CÃvico de Santa Cruz, siembran el terror entre los militantes y simpatizantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), quemando mercados, golpeando a los indÃgenas y a los activistas de derechos humanos y acallando a los medios de comunicaciÃ³n independientes. En la propia ciudad de Santa Cruz, son constantes las agresiones contra los campesinos y migrantes del altiplano y muchos condenan e insultan a Evo Morales, al "indio al que quieren echar del poder". Todo ello ocurre ante la inacciÃ³n del gobierno central, que se limita a observar con impotencia el empuje de una oligarquÃa que dirige ahora un potente movimiento popular con claros rasgos fascistas. LA FUERZA AUTONÃ�MICA En los hechos, la burguesÃa latifundista y financiera, a travÃ©s de los ComitÃ©s CÃvicos (que aglutinan a las organizaciones empresariales, vecinales, laborales, sindicales, culturales e incluso deportivas) y los gobiernos prefecturales (gobernaciones) ejercen el control real en las regiones mÃ¡s ricas del paÃs (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), mientras que el gobierno central de Morales tiene un rol secundario. En estas regiones el discurso dominante es la "autonomÃa" y el repudio al centralismo que, en la extendida creencia popular, es presentado como el que inviabiliza el crecimiento econÃ³mico, dejando en el abandono y la pobreza a las regiones y comunidades del interior del paÃs. AllÃ, casi todos demandan una mayor y urgente atenciÃ³n directa a sus necesidades de empleo, ingreso y progreso, demandando mayor participaciÃ³n para decidir el destino y uso de las riquezas y recursos naturales de la regiÃ³n, aunque siempre en el marco de la unidad nacional. Esta bandera, que une a sectores y regiones, ha sido dejada de lado por las fuerzas de izquierda y del MAS, que no dan respuesta a esta reivindicaciÃ³n y, por contrario, cuestionen y combatan la autonomÃa. No es casual, por tanto, que la oligarquÃa levante esta divisa, la llene de un contenido reaccionario y se convierta en lÃder de la multitudinaria protesta. A estos pueblos del oriente, sur y norte del paÃs, con excepciÃ³n del Altiplano y parte de los valles, el presidente Morales les ha dado a elegir entre respaldar a su gobierno de la izquierda indigenista, contrario a la autonomÃa, o apoyar a la oligarquÃa reaccionaria. Y los pueblos se alinearon detrÃ¡s de la segunda opciÃ³n. EL RETORNO DE LA DERECHA Tras su rotunda derrota polÃtica en las calles (en las jornadas de octubre de 2003, cuando se derrocÃ³ al neoliberal Gonzalo SÃ¡nchez de Lozada, y en junio de 2005 cuando se echÃ³ a su sucesor Carlos Mesa) y despuÃ©s de ser barrida en las urnas (en diciembre de 2005), la derecha comenzÃ³ a revitalizarse con la bandera de la autonomÃa y el acuerdo polÃtico que logrÃ³ con el gobierno de Morales para la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Producto de este pacto se impidiÃ³ la participaciÃ³n directa de las organizaciones sociales y sindicales en la Asamblea, con el claro objetivo que el MAS tuviera la hegemonÃa polÃtica y de representaciÃ³n de las clases sociales subalternas y para que la oligarquÃa tuviera la presencia necesaria que le permitiera negociar el alcance de la autonomÃa y la nueva ConstituciÃ³n PolÃtica del Estado. Desde su concepciÃ³n hasta su instalaciÃ³n, la Constituyente estaba marcada por un pacto de largo aliento entre el MAS del presidente Evo Morales con las logias de poder y partidos representantes del imperialismo y la oligarquÃa interna. El acuerdo, refrendado en la Ley de convocatoria a la Asamblea y hecho realidad en las urnas, daba al MAS el control de la mayorÃa de los asambleÃstas y la posibilidad de marcar el rumbo de la Constituyente, dejando a la derecha neoliberal el derecho a veto para frenar cualquier iniciativa o acciÃ³n que vaya en contra de sus intereses. El pacto se sintetizaba en los dos tercios de los votos de los asambleÃstas, que el MAS no tenÃa y que eran necesarios para elaborar la nueva ConstituciÃ³n PolÃtica del Estado, segÃºn lo admitÃa hasta hace poco el propio vicepresidente, Ã?lvaro GarcÃa Linera, gestor del pacto. EL PACTO CON LA OLIGARQUÃ?A "Este diseÃ±o electoral (de la Asamblea Constituyente) ha impedido la presencia de mayorÃas abrumadoras. Por el propio diseÃ±o, que fue resultado de un acuerdo entre la oposiciÃ³n (petrolatifundista) y el Gobierno, nadie, nadie podÃa obtener mÃ¡s del 65 por ciento de la votaciÃ³n. Se privilegiÃ³, se respetÃ³ la presencia de minorÃas polÃticas, y encima, en la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se colocÃ³ un candado: la obligatoriedad de los constituyentes a tener dos tercios del voto para aprobar sus decisiones. Por lo tanto, la obligatoriedad de alianzas, de acuerdos, de consensos, todo eso estÃ¡ en la misma Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, fruto de un acuerdo de oposiciÃ³n y de Gobierno", decÃa GarcÃa Linera, representante del ala moderada del MAS. Este pacto se orientaba a minimizar las reformas a la ConstituciÃ³n previstas por el MAS a cambio de moderar al mÃ¡ximo las pretensiones autonomistas y separatistas de la oligarquÃa asentada en el oriente del paÃs (ver "La Constituyente y el dilema del MAS"). PRESIÃ�N INDÃ?GENA Y CAMPESINA Sin embargo, este pacto, que invializaba a la propia Asamblea, fue echado por la borda por las fracciones campesinas e indÃgenas del MAS a finales del 2006, una vez que el gobierno de Morales logrÃ³ armar una alianza estratÃ©gica con las transnacionales del gas y el petrÃ³leo, legalizando sus contratos, aumentando los ingresos para el Estado y abriendo nuevos y millonarios negocios para las petroleras, que se aseguran grandes beneficios al exportar materia prima a mitad de precio a Brasil y Argentina. Forjada la nueva alianza entre el gobierno de Morales y las petroleras, las organizaciones campesinas e indÃgenas creÃan que ya era hora de romper polÃticamente con los sectores mÃ¡s reaccionarios y duros de la oligarquÃa criolla, aunque sin arrebatarles sus millonarios intereses y privilegios (la reformada ley neoliberal de tierras, por ejemplo, no toca los latifundios productivos y afecta muy parcialmente a los latifundios improductivos, aunque hay mecanismos para vulnerar su aplicaciÃ³n). Hasta ahora, estas organizaciones oficialistas han logrado frenar a las fracciones pequeÃ±o burguesas urbanas del MAS, que pugnan por todos los medios para rearmar el pacto con la derecha fascista, a fin de habilitar la candidatura electoral de Morales al que quieren mantener en la Presidencia por los siguientes 10 aÃ±os. Para ellos, el resto de la nueva ConstituciÃ³n no es mÃ¡s que un simple papel mojado, que no sirve para nada fundamental. EVO, ENTRE LA DUDA Y LA INACCIÃ�N En medio de estas fracciones, el presidente Morales duda y dubita. Hasta ahora, no atina siquiera arrebatar a la derecha las banderas de la autonomÃa, tampoco lesiona ni hiere sus poderosos y millonarios intereses y no mejora en nada las precarias condiciones de vida de las empobrecidas mayorÃas del Ã¡rea urbana y rural. Evo ha perdido sus bases en el oriente, aunque simultÃ¡neamente se ha revitalizado en el occidente, en el altiplano y los valles, donde el odio contra la oligarquÃa es mucho mÃ¡s fuerte que la ausencia de un cambio real en la economÃa y el nivel de vida de la poblaciÃ³n. La inacciÃ³n y tibio reformismo gubernamental ha levantado a la derecha del sepulcro y le ha dado un renovado vigor en el oriente, el suficiente para obligar a las organizaciones sociales, populares y sindicales del altiplano y los valles para alinearse detrÃ¡s de Morales, que en el fondo busca rearmar un pacto con la oligarquÃa, que a su vez quiere compartir el poder con el Presidente y controlar la regiÃ³n oriental. Confrontadas ya las fuerzas en las calles, el gobierno del MAS y la oligarquÃa estÃ¡n listos para reanudar el diÃ¡logo en la primera quincena de enero en busca de una nueva alianza. El Poder Ejecutivo convocÃ³ pÃºblicamente a prefectos, cÃvicos, sectores sociales y constituyentes a una "Cumbre polÃtica" para resolver el mecanismo de votaciÃ³n que enfrenta al oficialismo y oposiciÃ³n. El vocero de Gobierno, Ã?lex Contreras, afirmÃ³ que se siguen haciendo consultas para definir la fecha y el lugar del encuentro. El influyente entorno blancoide-mestizo que rodea al Presidente trabaja febrilmente para el nuevo pacto. www.econoticiasbolivia.com
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