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Notícies :: amèrica llatina
Evo consolida la politica neoliberal del gas
04 gen 2007
Radiografía de los nuevos contratos petroleros y la alianza estratégica de Morales con las transnacionales
EVO CONSOLIDA LA POLÃ?TICA NEOLIBERAL DEL GAS

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Econoticiasbolivia.com (La Paz, diciembre 27, 2006).- El presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, consolidó al concluir el 2006 una alianza estratégica con las transnacionales petroleras, consolidando el viejo y suicida rol de una nación pobre que entrega sus recursos naturales como materia prima en beneficio ajeno.

Con el convenio de venta de gas natural a Argentina y con la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de los hidrocarburos, se aseguran mercados a las petroleras y la monetización acelerada de las reservas hidrocarburíferas, ya que la inversión está atada a la producción y ésta a la exportación. Con ello, según establece un balance del Centro de estudios para el desarrollo laboral y Agrario (Cedla), se consolida el patrón primario-exportador en el país, dejando de lado la industrialización y el mercado interno.

Durante la suscripción del convenio marco con la Argentina, el presidente Evo Morales aseveró que "ser presidente, ser gobierno es hacer buenos negocios para Bolivia y hemos empezado a hacer buenos negocios para Bolivia. (â¦) Este es el inicio de una integración energética de Latinoamérica, donde algunos tienen reservas y otros tienen la infraestructura industrial". Es decir, ratificó el destino que los gobiernos neoliberales trazaron para Bolivia a lo largo de la historia: ser proveedor de materias primas para el mercado internacional.

El balance señala que "con la suscripción de los nuevos contratos petroleros, el Gobierno de Evo Morales salió aparentemente triunfante en términos políticos. Empero, las verdaderas beneficiadas fueron las compañías petroleras transnacionales que lograron eludir toda posible acción en su contra ya que los contratos de riesgo compartido -pese a su ilegalidad- fueron reconocidos como válidos al ser sustituidos por nuevos contratos".

La firma de los 44 nuevos contratos -por 30 años a partir de la aprobación del Congreso Nacional- implica la aplicación de la Ley de Hidrocarburos 3058, dejando de lado la nacionalización demandada por los movimientos sociales en sentido de expropiar los bienes de las transnacionales y lograr así el monopolio estatal del negocio hidrocarburífero que permita industrializar el país. El Gobierno se aleja, de esta manera, de las reivindicaciones populares en un contexto en el que no son casuales las manifestaciones de satisfacción de los partidos neoliberales y de las compañías petroleras, agrega el informe.

Para entender la política del Gobierno, el análisis no debe basarse en el discurso y los símbolos que utiliza, sino en las medidas tomadas, y es lo que precisamente realiza el análisis del Centro de Estudios que reflejamos a continuación en un informe a fondo en nuestro sitio (ver nota completa en www.econoticiasbolivia.com)
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Bolivia paga $us 15,1 millones para echar a transnacional del agua
04 gen 2007
BOLIVIA PAGA $US 15,1 MILLONES PARA SACAR A TRANSNACIONAL DEL AGUA

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Econoticiasbolivia (La Paz, enero 4, 2006).- El Estado boliviano anunció anoche que erogará 15,1 millones de dólares para que la empresa Aguas del Illimani, filial de la transnacional Lyonnaise des Eaux abandone de inmediato sus concesiones en La Paz y El Alto, en las que operó durante 10 años previstos. Esta empresa había incumplido su contrato de 20 años de explotación al no ampliar el servicio y lucrado en exceso con las tarifas del agua en los barrios más pobres de La Paz y El Alto, donde la población se levantó en el 2003 para exigir su expulsión sin indemnización.

Según informó el ministro del Agua, Abel Mamani, el Estado boliviano asumirá las deudas de la filial de Lyonnaise des Eaux por concepto de créditos, obtenidos para realizar nuevas conexiones que nunca ejecutó. Esta cifra llega a 9,6 millones de dólares, a lo que se suman otros 5,5 millones de dólares que se pagarán a los empresarios bolivianos que eran socios de la transnacional.

En lo operativo, a partir de este jueves, y por el lapso de seis meses, el estatal Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se hace cargo de garantizar el servicio de agua potable a la población, apoyado por seis comisiones interinstitucionales, que verán aspectos como operaciones, finanzas, contratos, producción y saneamiento, planificación, regulación y otros.

El FNDR asumirá esta tarea mientras se constituya la nueva empresa operadora estatal, que será configurada por un directorio que será constituida con representantes de las Juntas Vecinales y gobiernos municipales de La Paz y El Alto y el propio Ministerio de Aguas. La nueva empresa pública del agua en La Paz y El Alto arranca con un capital de 5,5 millones de dólares provenientes de créditos de la Unión Europea y del gobierno de Venezuela.

En opinión del ministro Mamani, la compensación otorgada a la transnacional evitará que ésta inicie un juicio al Estado boliviano, con resultados que serían inciertos. Este tema fue corroborado por el propio presidente Evo Morales.

âEl tema agua no puede ser de negocio privado, tiene que ser servicio básico, con participación del Estado para que el consumo de agua (sea) casi sea gratuitoâ?, dijo al destacar la paciencia de las organizaciones sociales que lucharon por la salida de Aguas del Illimani.
Morales explicó que se tuvo que negociar con dicha compañía para no perjudicar al país y para garantizar que organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguren el financiamiento para hacer inversiones en la nueva empresa del agua.

Pese a ello, el ejecutivo de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, Ãscar Olivera, cuestionó la indemnización y recordó que en el caso de la expulsión de la empresa Aguas del Tunari, filial de la transnacional Betchel, en la ciudad de Cochabamba en el 2000, el Estado no pagó ni un centavo. Según este dirigente, la situación de la transnacional Lyonnaise des Eaux era muy similar a la de Betchel.

âEn un momento (los de Betchel) quisieron cobrar una indemnización de 25 a 50 millones de dólares, pero hicimos una campaña internacional a todo nivel, al final no se pagó ni un solo centavo y es más, Aguas del Tunari terminó vendiendo el 80 por ciento de sus acciones al Estado por el precio simbólico de dos bolivianos (25 centavos de dólar)â?, explicó Olivera.

En aparente respuesta a estas críticas, Morales dijo: âAlgunos dirán que se han tardado más de un año. Se ha tardado, pero con resultado positivosâ?, y criticó a algunos dirigentes que, bajo el argumento de haber peleado por el agua en Cochabamba, exigían cargos para sus familiares. âNo quisiera que ocurra eso con nuestra nueva empresaâ?, advirtió.
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Bolivia: Evo revitaliza a la derecha
05 gen 2007
Bolivia: EVO LEVANTA A LA DERECHA

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Econoticviasbolivia.com (La Paz, enero 3, 2007).- El carismático presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, dilapidó en menos de seis meses su victoria electoral en el oriente y sur del país, donde por omisión, debilidad y su tímido reformismo revitalizó a una oligarquía que asume rasgos fascistas, que ahora tiene gran arraigo popular y que por la fuerza arrincona y aterroriza a las organizaciones campesinas e indígenas.

Los hechos son elocuentes. El jueves 14 de diciembre cerca de tres mil vecinos y trabajadores se concentraron en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Santa Cruz para respaldar la política de Morales y repudiar las acciones de la oligarquía, que amenaza con dividir al país si no se atienden sus exigencias de autonomía. Un día después, los oligarcas lograban en esa misma urbe la adhesión de casi 300 mil personas que clamaban por la autonomía regional y condenaban al gobierno central. Una diferencia de uno a cien, en una plaza que paradójicamente se había inclinado electoralmente el 2 de julio de este año en favor del partido del presidente Morales con el 26% de los votos.

En otras tres regiones, como Tarija, Beni y Pando, masivas concentraciones populares convocadas por la oligarquía en contra de Morales refutaban, también desde la calle, los resultados alcanzados en las urnas en julio, cuando el MAS cosechó el 40%, 21% y 37% de los votos, respectivamente.

Ahora, a mediados de diciembre, en varias poblaciones del oriente, bandas organizadas de la Unión Juvenil Cruceñista, dependientes del Comité Cívico de Santa Cruz, siembran el terror entre los militantes y simpatizantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), quemando mercados, golpeando a los indígenas y a los activistas de derechos humanos y acallando a los medios de comunicación independientes. En la propia ciudad de Santa Cruz, son constantes las agresiones contra los campesinos y migrantes del altiplano y muchos condenan e insultan a Evo Morales, al "indio al que quieren echar del poder". Todo ello ocurre ante la inacción del gobierno central, que se limita a observar con impotencia el empuje de una oligarquía que dirige ahora un potente movimiento popular con claros rasgos fascistas.

LA FUERZA AUTONÃMICA

En los hechos, la burguesía latifundista y financiera, a través de los Comités Cívicos (que aglutinan a las organizaciones empresariales, vecinales, laborales, sindicales, culturales e incluso deportivas) y los gobiernos prefecturales (gobernaciones) ejercen el control real en las regiones más ricas del país (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), mientras que el gobierno central de Morales tiene un rol secundario. En estas regiones el discurso dominante es la "autonomía" y el repudio al centralismo que, en la extendida creencia popular, es presentado como el que inviabiliza el crecimiento económico, dejando en el abandono y la pobreza a las regiones y comunidades del interior del país. Allí, casi todos demandan una mayor y urgente atención directa a sus necesidades de empleo, ingreso y progreso, demandando mayor participación para decidir el destino y uso de las riquezas y recursos naturales de la región, aunque siempre en el marco de la unidad nacional.

Esta bandera, que une a sectores y regiones, ha sido dejada de lado por las fuerzas de izquierda y del MAS, que no dan respuesta a esta reivindicación y, por contrario, cuestionen y combatan la autonomía. No es casual, por tanto, que la oligarquía levante esta divisa, la llene de un contenido reaccionario y se convierta en líder de la multitudinaria protesta.

A estos pueblos del oriente, sur y norte del país, con excepción del Altiplano y parte de los valles, el presidente Morales les ha dado a elegir entre respaldar a su gobierno de la izquierda indigenista, contrario a la autonomía, o apoyar a la oligarquía reaccionaria. Y los pueblos se alinearon detrás de la segunda opción.

EL RETORNO DE LA DERECHA

Tras su rotunda derrota política en las calles (en las jornadas de octubre de 2003, cuando se derrocó al neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, y en junio de 2005 cuando se echó a su sucesor Carlos Mesa) y después de ser barrida en las urnas (en diciembre de 2005), la derecha comenzó a revitalizarse con la bandera de la autonomía y el acuerdo político que logró con el gobierno de Morales para la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Producto de este pacto se impidió la participación directa de las organizaciones sociales y sindicales en la Asamblea, con el claro objetivo que el MAS tuviera la hegemonía política y de representación de las clases sociales subalternas y para que la oligarquía tuviera la presencia necesaria que le permitiera negociar el alcance de la autonomía y la nueva Constitución Política del Estado.

Desde su concepción hasta su instalación, la Constituyente estaba marcada por un pacto de largo aliento entre el MAS del presidente Evo Morales con las logias de poder y partidos representantes del imperialismo y la oligarquía interna. El acuerdo, refrendado en la Ley de convocatoria a la Asamblea y hecho realidad en las urnas, daba al MAS el control de la mayoría de los asambleístas y la posibilidad de marcar el rumbo de la Constituyente, dejando a la derecha neoliberal el derecho a veto para frenar cualquier iniciativa o acción que vaya en contra de sus intereses. El pacto se sintetizaba en los dos tercios de los votos de los asambleístas, que el MAS no tenía y que eran necesarios para elaborar la nueva Constitución Política del Estado, según lo admitía hasta hace poco el propio vicepresidente, �lvaro García Linera, gestor del pacto.

EL PACTO CON LA OLIGARQUÃ?A

"Este diseño electoral (de la Asamblea Constituyente) ha impedido la presencia de mayorías abrumadoras. Por el propio diseño, que fue resultado de un acuerdo entre la oposición (petrolatifundista) y el Gobierno, nadie, nadie podía obtener más del 65 por ciento de la votación. Se privilegió, se respetó la presencia de minorías políticas, y encima, en la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se colocó un candado: la obligatoriedad de los constituyentes a tener dos tercios del voto para aprobar sus decisiones. Por lo tanto, la obligatoriedad de alianzas, de acuerdos, de consensos, todo eso está en la misma Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, fruto de un acuerdo de oposición y de Gobierno", decía García Linera, representante del ala moderada del MAS.

Este pacto se orientaba a minimizar las reformas a la Constitución previstas por el MAS a cambio de moderar al máximo las pretensiones autonomistas y separatistas de la oligarquía asentada en el oriente del país (ver "La Constituyente y el dilema del MAS").

PRESIÃN INDÃ?GENA Y CAMPESINA

Sin embargo, este pacto, que invializaba a la propia Asamblea, fue echado por la borda por las fracciones campesinas e indígenas del MAS a finales del 2006, una vez que el gobierno de Morales logró armar una alianza estratégica con las transnacionales del gas y el petróleo, legalizando sus contratos, aumentando los ingresos para el Estado y abriendo nuevos y millonarios negocios para las petroleras, que se aseguran grandes beneficios al exportar materia prima a mitad de precio a Brasil y Argentina.

Forjada la nueva alianza entre el gobierno de Morales y las petroleras, las organizaciones campesinas e indígenas creían que ya era hora de romper políticamente con los sectores más reaccionarios y duros de la oligarquía criolla, aunque sin arrebatarles sus millonarios intereses y privilegios (la reformada ley neoliberal de tierras, por ejemplo, no toca los latifundios productivos y afecta muy parcialmente a los latifundios improductivos, aunque hay mecanismos para vulnerar su aplicación).

Hasta ahora, estas organizaciones oficialistas han logrado frenar a las fracciones pequeño burguesas urbanas del MAS, que pugnan por todos los medios para rearmar el pacto con la derecha fascista, a fin de habilitar la candidatura electoral de Morales al que quieren mantener en la Presidencia por los siguientes 10 años. Para ellos, el resto de la nueva Constitución no es más que un simple papel mojado, que no sirve para nada fundamental.

EVO, ENTRE LA DUDA Y LA INACCIÃN

En medio de estas fracciones, el presidente Morales duda y dubita. Hasta ahora, no atina siquiera arrebatar a la derecha las banderas de la autonomía, tampoco lesiona ni hiere sus poderosos y millonarios intereses y no mejora en nada las precarias condiciones de vida de las empobrecidas mayorías del área urbana y rural. Evo ha perdido sus bases en el oriente, aunque simultáneamente se ha revitalizado en el occidente, en el altiplano y los valles, donde el odio contra la oligarquía es mucho más fuerte que la ausencia de un cambio real en la economía y el nivel de vida de la población.

La inacción y tibio reformismo gubernamental ha levantado a la derecha del sepulcro y le ha dado un renovado vigor en el oriente, el suficiente para obligar a las organizaciones sociales, populares y sindicales del altiplano y los valles para alinearse detrás de Morales, que en el fondo busca rearmar un pacto con la oligarquía, que a su vez quiere compartir el poder con el Presidente y controlar la región oriental.

Confrontadas ya las fuerzas en las calles, el gobierno del MAS y la oligarquía están listos para reanudar el diálogo en la primera quincena de enero en busca de una nueva alianza.

El Poder Ejecutivo convocó públicamente a prefectos, cívicos, sectores sociales y constituyentes a una "Cumbre política" para resolver el mecanismo de votación que enfrenta al oficialismo y oposición. El vocero de Gobierno, �lex Contreras, afirmó que se siguen haciendo consultas para definir la fecha y el lugar del encuentro. El influyente entorno blancoide-mestizo que rodea al Presidente trabaja febrilmente para el nuevo pacto.

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