Un ex fiscal general que frenó las investigaciones sobre los GAL y un Defensor del Pueblo que desea que los presos vascos “se pudran en la cárcel�. Éstos son los candidatos que el Gobierno español ha presentado para dirigir los mecanismos de prevención de la tortura recientemente puestos en marcha por la ONU.

Medio centenar de organizaciones de defensa de los derechos humanos (DD HH) se han opuesto tajantemente a estos nombramientos y acusan al Gobierno de querer mantener bien cerradas las “cloacas del Estado�. El 4 de abril de 2006, el Estado español ratificaba el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otras Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Una de las aportaciones más importantes de este protocolo, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2002, radica, según organizaciones de defensa de los DD HH, en el establecimiento de mecanismos de prevención de la tortura tanto de ámbito internacional -el denominado Subcomité Internacional- como estatal -los denominados mecanismos nacionales de prevención. Como novedad, estos organismos de vigilancia podrán visitar cualquier centro de detención de los Estados firmantes -cárceles, comisarías...- sin previo aviso y sin necesidad del consentimiento de las autoridades.

Asimismo, la ONU confiere un importante papel, no meramente testimonial, a las organizaciones de DD HH y a la sociedad civil en el trabajo de estos sistemas de vigilancia. Tras su ratificación por más de 20 países en junio de 2006, el protocolo comenzó su andadura, con un plazo de seis meses para designar y elegir los diez miembros que formarán el Subcomité Internacional. En un encuentro oficioso sobre el protocolo celebrado el 3 de octubre en la madrileña Universidad Carlos III quedaba claro que la propuesta del Gobierno era que la Oficina del Defensor del Pueblo fuera “mecanismo nacional de prevención�. Las organizaciones de DD HH presentes -Amnistía Internacional , la Asociación Pro Derechos Humanos-España y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT)- manifestaron su oposición. Si para la representante de AI el Defensor del Pueblo es un mecanismo de denuncia y no de prevención, para la CPT, entre otros motivos, carece de independencia real del poder ejecutivo.

Según Jorge del Cura, de la CPT, “pese a ser nombrados, el Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos primeros, por mayoría cualificada por las Cortes, esta designación se hace -desde su creación- por motivos de oportunidad política. Siempre se eligen para estos cargos a personas que han pertenecido a los partidos mayoritarios. La posible alternancia no disminuye esta falta de independencia�. Pero es que además la persona del actual Defensor, Enrique Múgica Herzog, provoca gran rechazo. Como ministro de Justicia en gobiernos del PSOE entre 1988 y 1991, Múgica, fue el impulsor de la dispersión de los presos políticos vascos.

Pero si la candidatura del Defensor del Pueblo levanta ampollas, hay otra propuesta del Gobierno que ha generado aún más rechazo. A menos de un mes para que se cumpla el plazo límite para la elección del primer Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura, la CPT, que agrupa a más de 41 organizaciones sociales de todo el Estado, denunció públicamente que el Gobierno español había presentado en la sede de la ONU en Ginebra la candidatura de Leopoldo Torres Boursault.

Torres Boursault fue nombrado, en enero de 1990, fiscal general del Estado por el Gobierno de Felipe González, siendo ministro del Interior José Luis Corcuera, seis meses antes de que comenzara, en la Audiencia Nacional, el primero de los juicios contra los GAL. Pocos días antes del inicio del juicio, el Gobierno español se negó a poner a disposición del tribunal a tres implicados fundamentales en la trama de los GAL (el espía Francisco Paesa, el mercenario George Mendaille y el mando de la Guardia Civil Rafael Masa). Torres también estuvo relacionado con la ‘desaparición’ del ‘informe Navajas’ que implicaba al entonces coronel Galindo en el narcotráfico. Finalizado su mandato como fiscal general, dirigió la defensa de Corcuera (en los casos de los fondos reservados) y del ex gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu (en el escándalo de las cintas de vídeo grabadas a Pedro J. Ramírez).

La CPT ha exigido con contundencia la retirada de la candidatura de Torres. Además, reclama que en los mecanismos de prevención participen “las organizaciones y personas que, desde hace ya muchos años, vienen luchando contra la tortura�. Si no, cabe preguntarse si el Gobierno “quiere un mecanismo de lucha contra la tortura o bien un mecanismo de ocultación de esta práctica, de legitimación de esta lacra�.

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