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Bolivia: ¿A dónde va el gobierno de Evo Morales?
13 des 2006
La situación en Bolivia sigue al rojo vivo: la negociación con las empresas extranjeras por el petróleo y el gas; el sangriento enfrentamiento producido por el control de una mina en Huanuni; la parálisis de la Asamblea Constituyente; movilizaciones obreras y campesinas; marchas impulsadas por la oligarquía santacruceña…
Evo Morales con banda presidente 24-1-06.jpg
Bolivia

¿ADÃNDE VA EL GOBIERNO DE EVO MORALES?

La situación en Bolivia sigue al rojo vivo: la negociación con las empresas extranjeras por el petróleo y el gas; el sangriento enfrentamiento producido por el control de una mina en Huanuni; la parálisis de la Asamblea Constituyente; movilizaciones obreras y campesinas; marchas impulsadas por la oligarquía santacruceña⦠Presionado, al mismo tiempo, por la burguesía y la derecha y por los conflictos en el movimiento de masas, que busca desesperadamente empleo y mejores condiciones de vida, Evo Morales acusó a sus opositores de âintentar debilitarlo con rumores de un golpe de Estadoâ? y aseguró que ânada ni nadie detendrá la revolución democrática y culturalâ? que él representa. ¿Qué está pasando realmente en Bolivia y cuál es el rumbo del gobierno de Evo Morales?

Un gobierno de Frente Popular...

Para responder a estas preguntas, tenemos que definir que el gobierno de Evo Morales es un Frente Popular. Es decir, a diferencia de los gobiernos burgueses tradicionales, lo encabeza un dirigente del movimiento de masas (en este caso, de un sector del campesinado boliviano) y lo sostienen organizaciones de masas del campo y las ciudades. Este carácter especial de quienes los encabezan y las organizaciones que lo sostienen hace que sectores muy importantes del movimiento de masas se engañen y vean a los Frentes Populares como âsusâ? gobiernos y no como lo que verdaderamente son: instrumentos a los que apelan la burguesía y el imperialismo para enfrentar los momentos más difíciles de la lucha de clases. La burguesía boliviana y el imperialismo apostaron a Tuto Quiroga, pero se vieron obligados a aceptar el gobierno de Evo por una sencilla razón: desde la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003, existe un proceso revolucionario en el país que se expresó en la caída de sus sucesor, Carlos Mesa y, de modo distorsionado, en el amplio triunfo electoral de Evo Morales. En estas condiciones, para ellos, el gobierno de Evo pasó a ser la mejor alternativa de controlar e intentar derrotar ese proceso.

Cabalgando un potro bravo

El gobierno de Evo surgió como reflejo distorsionado del proceso revolucionario. Por eso, en cierta forma, queda preso en medio de las principales fuerzas sociales de la lucha de clases. En palabras de León Trotski, es como âun corcho que separa dos cuchillosâ?. Por un lado, recibe la presión y las exigencias de la burguesía y del imperialismo para que defienda sus intereses y avance contra la revolución. Por el otro lado, recibe la presión de la movilización de masas que le exigen que cumpla las expectativas que lo llevaron al poder y se ve obligado a hacer concesiones⦠que la burguesía trata de desarmar en cuanto puede. Por eso, su política es oscilante, llena de marchas y contramarchas, según la presión dominante en cada momento. Pero estos vaivenes siempre se dan en la perspectiva más estratégica de proteger los intereses de la burguesía y el imperialismo. Podemos decir que el Frente Popular de Evo es como un jinete al servicio de la burguesía que debe domar al âpotro bravoâ? de las masas revolucionarias. Para hacerlo, apela a su prestigio entre las masas. Su plan es tomar las consignas más sentidas las masas, llevarlas adelante de modo parcial, quitándoles su contenido revolucionario, para poder decir âestamos aplicando el programa de revoluciónâ?. Por ejemplo, en el marco un discurso antiimperialista decretó una nacionalización parcial de los hidrocarburos y logró mayores ingresos para el país, pero mantiene la mayor parte de ese negocio en manos de las compañías extranjeras. Avanza con una reforma agraria parcial que afecta tierras hoy improductivas para evitar que esa reforma afecte a los grandes latifundios agrarios, ganaderos y madereros. Intenta que la Asamblea Constituyente sea âoriginariaâ? pero saca de sus debates los temas más importantes. Al mismo tiempo, como para frenar la revolución tiene que dar âun poco másâ?, muchas veces se generan roces con sectores burgueses que se ven afectados por esas concesiones a reclamos de las masas.

El âcapitalismo andinoâ? del MAS

Para llevar adelante este plan, el gobierno del MAS afirma que su política es conciliar los intereses de clases, es decir, los âintereses nacionalesâ? del pueblo y las mayorías oprimidas con los del gran capital. Este es el sentido que le dan al concepto de âcapitalismo andinoâ?. El vicepresidente Ã?lvaro García Linera lo explicaba como âun modelo de desarrollo capitalista que combina las tres plataformas económicas vigentes en Bolivia, la moderna o estrictamente industrial, la andina comunitaria y la amazónica, que⦠encuentran mecanismos de articulación âno brutalâ (â¦) regulando la expansión de la economía industrial, extraer sus excedentes y transferirlos al ámbito comunitario, para potenciar formas de auto-organización y desarrollo mercantil propiamente andino-amazónico. O sea, apoyar la economía familiar de pequeña y mediana escala pero sin romper con el dominio de las empresas imperialistas y extranjeras en el país. En este marco, el Estado nacional tiene âuna importancia decisiva como responsable del bienestar colectivo y la regulación de los mercados, a condición que se compatilibice el intervencionismo con la iniciativa privada. Es un intento de combinar valores del capitalismo y del socialismo con el propósito de superar a ambos, pero sin cuestionar la génesis de la producción capitalista.â?. Esta idea se resumiría en las palabras de Evo hacia las empresas extranjeras; âBolivia quiere socios, no patronesâ?.

Una propuesta imposible de lograr

Este intento de conciliar los âvalores del capitalismo y del socialismo⦠sin cuestionar la génesis de la producción capitalistaâ? es una nueva versión de la propuesta de âhumanizar al capitalismoâ?. Toda la historia contemporánea muestra que esto es imposible: no se pueden defender los intereses de los trabajadores y el pueblo sin atacar, al mismo tiempo, los de la burguesía y el imperialismo. Apoyándose en la fuerza del proceso revolucionario, Evo logra algunas concesiones menores del imperialismo y, al mismo tiempo, otorga concesiones a las masas. En este sentido, los mayores ingresos del Estado boliviano por los nuevos contratos de petróleo y gas, y el alza internacional de los precios de los minerales pueden darle a Evo un cierto respiro y algún margen de tiempo para mantener el apoyo del pueblo (que se mantiene mayoritario). Ha decretado aumento del salario mínimo, un bono educativo anual y està promoviendo un programa de alfabetización con fondos y profesores venezolanos y atención de salud con médicos cubanos. Esto podrá dar la impresión superficial de que el âcapitalismo andinoâ? y la conciliación de clases son posibles. Pero esto será sólo una ilusión temporal. La situación revolucionaria boliviana sigue abierta y, muy posiblemente, âlos cuchillosâ? vuelvan a chocar en nuevos y más duros enfrentamientos. La burguesía y el imperialismo tratarán de que la ilusión creada por el Frente Popular consiga âadormecerâ? a las masas y les permita cerrar la situación revolucionaria y cobrarse revancha de lo que las masas hicieron en estos años. Por nuestra parte, confiamos que, en el curso del proceso, los trabajadores y las masas comprenderán crecientemente que las tibias medidas de Evo no alcanzan para resolver el problema del desempleo, los bajos salarios, la pobreza y la miseria o para lograr la tierra de los latifundistas. En otras palabras que, para conseguir estas reivindicaciones, necesitan reiniciar su movilización revolucionaria, sobrepasar al gobierno de Evo Morales y así imponer soluciones de verdad a sus reivindicaciones y necesidades más apremiantes. En este proceso, estará planteada la construcción de organizaciones de masas para llevar adelante esa lucha y la experiencia histórica de la construcción de la COB ayudará mucho en este aspecto. En este proceso de lucha, también, otra de las tareas centrales es la construcción de un partido revolucionario que intervenga en las luchas actuales y prepare esa perspectiva estratégica.

La política hacia los hidrocarburos

Los hidrocarburos son un sector clave para analizar la política del gobierno de Evo. Primero, la presión del proceso revolucionario lo llevó a dictar el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos (que recuperaba la propiedad de las reservas). Aunque este decreto no planteaba la expropiación de las transnacionales y abría un proceso de negociación con ellas, fue una medida progresiva, un primer paso hacia una recuperación de los hidrocarburos, reclamo central de la âagenda de Octubreâ? del proceso revolucionario de 2003. Unos meses después, al aplicar el decreto, el entonces ministro de Hidrocarburos, Andrés Solís Rada, emitió una resolución para permitir el control del Estado sobre las refinerías y acabar con un bono a las petroleras por âproducir para el mercado internoâ?. Esto provocó la protesta de Petrobrás, principal empresa extranjera en Bolivia y una de las más afectadas por la medida, y del presidente brasileño Lula da Silva. Ante eso, el gobierno decidió âcongelar temporalmente la medida para no interferir en las negociaciones con Petrobrásâ?. Desautorizado, Solís Rada debió renunciar a su cargo, a pesar de ser el más popular de los ministros. El 31/10/06, al vencer los 6 meses de negociación previstos por la ley para los nuevos acuerdos, el estado boliviano firmó con 10 empresas transnacionales nuevos contratos de operación para la explotación y exportación de gas y petróleo, de 24 a 31 años de duración, según los casos.

Consolidación de las empresas petroleras

Las transnacionales pasan a ser âprestadoras de servicioâ? que entregan formalmente su producción a la empresa estatal YPFB, que queda a cargo de supervisar los contratos de comercialización y de la distribución de los impuestos a las regiones y departamentos. De esta manera, YPFB será una fiscalizadora, pero no una empresa que controla las operaciones del sector de hidrocarburos. Las empresas extranjeras mantienen la propiedad de sus inversiones y activos. Es decir, se vuelve a âtransferir las decisiones sobre los campos petroleros a las transnacionales, con lo que se liquida cualquier posibilidad de reconstruir una empresa petrolera de propiedad de los bolivianosâ? con control del conjunto de la cadena productiva. Como denuncia el periódico Hora 25: âEl Gobierno de Evo ha renovado por 30 años más las operaciones de empresas petroleras que han robado y saqueado a los bolivianos uno de sus últimos recursos naturales. Son empresas con múltiples irregularidades cometidas y, sin recibir sanción alguna, reciben su certificado de buena conducta y amplificaciones significativas de tiempo para seguir operando en el futuroâ?. Las condiciones exactas fijadas por los contratos no son conocidas todavía, particularmente la cuestión de los precios, un tema crucial todavía en discusión. Lo que sí está definido es que no existirá más un precio nacional âen boca de pozoâ? y el precio que pagará YPFB a cada empresa petrolera será calculado en función de sus costos de prospección y explotación. Según la propaganda gubernamental, aparte del cobro de 50 % de impuestos ya previstos en la ley anterior, se prevé un ingreso adicional para el Estado, que será variable según las inversiones realizadas por las empresas . El directivo de la Petrobrás, José Fernando de Freitas, lo explica de esta manera: âLos nuevos contratos ofrecen optimas condiciones... la participación del Gobierno boliviano será mayor al 50 % que tenía hasta mayo de este año, pero menor al 82 % de los últimos dos mesesâ?. La transnacional Repsol-YPF también se mostró satisfecha: âSerá positivo porque permitirá inversiones con la seguridad jurídica necesariaâ?.

El negocio de la exportación

Este beneplácito de las empresas extranjeras se debe a que siguen siendo las dueñas reales de negocio de la exportación regional del gas: âEl país se ve imposibilitado de negociar su participación en los mercados brasileño y argentino, donde las transnacionales compran barato de Bolivia y venden a precios internacionales el gas. Repsol importará de Bolivia a 5 dólares y lo revenderá a los argentinos (y reexportará a Chile) en 8, Petrobrás compra en 4.30 y lo venderá a los consumidores brasileños en 10â?. Paralelo a los contratos previstos por la ley, se han firmado con Argentina y Brasil otros acuerdos de provisión de grandes cantidades de gas, a los precios mencionados. Para cumplir con estos dos grandes acuerdos, Bolivia necesitará ampliar su actual capacidad productiva y esa inversión será realizada por las transnacionales sin ningún esfuerzo, por las grandes ganancias que obtendrán por la reventa del gas. En otras palabras, la política de Evo Morales consolida un modelo en el que Bolivia se limita a ser proveedor de la materia prima mientras las empresas extranjeras se llevan la âparte del leónâ? del negocio exportador. Al mismo tiempo, el gas es exportado sin ningún tratamiento que genere valor agregado y sin aprovechar las posibilidades de la licuefacción en el país, las que también serán explotadas en el extranjero. No es casual que la política de Evo haya sido criticada por varios expertos bolivianos que afirman que, con los ingresos por la producción actual, si se considera este punto como una prioridad nacional y se obtiene el apoyo de âpaíses amigosâ? como Venezuela, que ya posee esas tecnologías, se podría desarrollar un proyecto nacional de industrialización que ayudaría al control del Estado boliviano sobre el conjunto de la renta petrolera.

Mayores ingresos

Independientemente de este análisis, se estima que los ingresos para el Tesoro General de la Nación, por efecto de los nuevos contratos, superarán los 1.000 millones de dólares anuales. Es decir, triplicará los ingresos del año 2005 (antes del decreto de Evo). La cifra puede parecer poco significativa pero es muy grande para Bolivia: esos 700/800 millones de dólares adicionales representan entre 8 y el 9% del PBI del país en 2005 y más del 15% del presupuesto nacional de ese mismo año. No es casual, entonces que la burguesía de la región del Altiplano haya salido a expresar su conformidad con los acuerdos: âQuizá no sea en el sentido estricto de la palabra una nacionalización, pero ciertamente se trata de condiciones favorables para el paísâ?. O que la burguesía de Santa Cruz y Tarija, los departamentos en cuyo subsuelo está el petróleo y el gas, presionen por su âautonomíaâ? para obtener una porción mayor de esos ingresos. Al mismo tiempo, la visión de que, sin ser la verdadera nacionalización, se trata de un âpaso adelanteâ? también es compartida, por ahora, por la mayoría del pueblo boliviano que comienza a recibir algunas pequeñas concesiones como el aumento salarial, el plan Juancito Pinto (entrega de subsidios a las familias de menores recursos) y el âbono educativoâ?. Pero la política de Evo Morales representa âpan para hoy y hambre para mañanaâ? porque entrega la mayor parte de la renta de los hidrocarburos a las empresas extranjeras y no impulsa la industrialización. Por eso, tiende a repetir el mismo ciclo negativo que ya se dio dos veces en la historia boliviana: la plata el cerro Potosí y el estaño fueron saqueados pero Bolivia siguió siendo un país muy pobre, a pesar de sus inmensos recursos energéticos y minerales. El único camino para evitar que ese ciclo se repita es imponer una verdadera nacionalización de los hidrocarburos. Es decir, expropiar a las compañías extranjeras para que YPFB se transforme en una empresa estatal monopólica que, con el control de los trabajadores y el pueblo boliviano, asegure que la explotación y la comercialización de los hidrocarburos sea puesta al servicio de sus intereses y necesidades.

LA CUESTIÃN MINERA

Poco menos de dos meses atrás se produjo un violento enfrentamiento entre mineros cooperativistas que intentaban tomar el cerro Posokoni (en Hunani) y trabajadores mineros estatales, con un saldo de varios muertos, principalmente cooperativistas. Este grave conflicto se originó en la combinación de tres factores: el primero fueron las vacilaciones del gobierno de Evo en entregar esa mina a los cooperativistas, tal como les había prometido, lo que los llevó a actuar por su cuenta; el segundo es la grave crisis de empleo a nivel nacional y, finalmente, el actual aumento del precio internacional de los minerales, lo que ha revalorizado las exportaciones de estaño y agudizado la disputa por el control de las minas.

Un poco de historia

A partir de 1985, se realizó el desmantelamiento de la histórica COMIBOL (Corporación Minera Boliviana), única empresa estatal minera del país. Varias minas de estaño fueron privatizadas, otras fueron cerradas y más de 30.000 mineros perdieron sus puestos de trabajo. Ante la falta de perspectivas, muchos de ellos optaron por formar cooperativas para mantener la explotación, en muy malas condiciones. En muchos casos, los verdaderos beneficiarios son âempresarios cooperativistasâ? que actúan como intermediarios de las exportaciones del mineral. La COMIBOL sólo mantuvo tres minas estatales en operación (Huanuni, Colquiri y Caracoles), bajo contratos de âriesgo compartidoâ? con empresas privadas extranjeras, y hoy emplea unos 5.000 trabajadores.

El gobierno es el responsable

Antes de las elecciones, Evo hizo un acuerdo electoral con los cooperativistas y, a cambio de su apoyo, nombró ministro de Minería a Walter Villarroel, principal dirigente de este sector. Por los mejores precios internacionales, existía una fuerte presión de este sector para conseguir más concesiones y áreas dentro de las minas que hoy explota la COMIBOL. Como el gobierno demoraba en cumplir este, cientos de cooperativistas tomaron por asalto el cerro Posokoni, en Huanuni, el mayor yacimiento de estaño del país. Los mineros estatales defendieron su fuente de trabajo y el resultado de los violentos enfrentamientos fue de 16 muertos y más de 60 heridos. Los hechos conmovieron a todo el país. La COB (Central Obrera Boliviana) realizó una manifestación con miles de personas en La Paz, en solidaridad con los mineros estatales y reclamando la nacionalización de todas las minas del país. El Ejecutivo de la COB, el minero Pedro Montes, exigió un cambio de la política del gobierno y señaló: âDemandamos que los yacimientos mineros sean explotados por la Corporación Minera de Bolivia y que sus utilidades beneficien a los bolivianos y no a los extranjeros como actualmente ocurreâ?. Ante la gravedad de los hechos, y buscando ocultar su responsabilidad en la agresión, dado su acuerdo con los cooperativistas, el gobierno trató de tomar distancia y destituyó tanto al ministro Villarroel como al presidente de la COMIBOL. En respuesta, el presidente de la Federación de Cooperativistas Mineros, Pascual Guarachi, anunció la ruptura de la alianza política con el MAS.

La ânueva política mineraâ? del Gobierno

Después de los hechos de Huanuni, y ante el apoyo que comenzaban a recibir los mineros estatales en sus reclamos, el gobierno proclamó una ânueva política de nacionalización de la mineríaâ?, otra muestra de los oscilaciones y bandazos que analizamos en el artículo principal de esa edición. En el caso de Huanuni, para calmar el conflicto abierto, el gobierno propuso: a) control total de la mina Posokoni por la COMIBOL, b) fortalecimiento de la Empresa Minera Huanuni, con 10 millones de dólares para su reactivación y c) la incorporación de 4.000 cooperativistas con trabajo regular, en esa empresa Huanuni. Se trata, evidentemente, de un triunfo de los mineros estatales y de la COB y de una salida para quienes, en esa región, no tenían, hasta ahora, otra alternativa que las cooperativas. Sin embargo, lo cierto es que el gobierno no ha cambiado su política minera de conjunto. Por un lado, el âplan de nacionalizacionesâ? fue postergado para 2007 âpor falta de recursos económicosâ?. Por el otro, el gobierno reafirmó su voluntad de ârespetar las inversiones privadas internacionales y de mantener las concesiones a cooperativas en todo el paísâ?. Como dijo el viceministro Alfredo Rada ante la TV: âTenemos que pensar en soluciones para todos los sectores involucrados: mineros sindicalizados, cooperativistas, sin olvidar el sector privado e internacional que ha invertido en grandes proyectos mineros en nuestro país.â? A buen entendedor, pocas palabras. Al mismo tiempo, a contramano de su supuesta intención nacionalizadora, el gobierno privatizó la explotación de la mina de hierro de El Mutún, considerada el segundo yacimiento de hierro de América Latina y el séptimo del mundo. Además, posee otros minerales como manganeso, níquel y cromo. El valor de estas reservas es de varios miles de millones de dólares.

La única salida es una verdadera nacionalización

Coincidimos plenamente con la exigencia de la COB de renacionalizar todas las minas de estaño y de otros minerales. Esto significa reconstruir la empresa estatal COMIBOL. Por eso, una verdadera nacionalización debe comenzar por rescindir los contratos de joint venture que entregaron las minas de la COMIBOL para su administración y explotación a empresas privadas extranjeras. En segundo lugar, es necesario anular las concesiones otorgadas a las cooperativas, incorporar esas explotaciones a la COMIBOL y dar empleo a los que hoy trabajan en ellas, condiciones de igualdad con los que ya están en ella. Finalmente, se debe anular la entrega del yacimiento de El Mutún a manos privadas y extranjeras. La construcción de las instalaciones necesarias para su explotación puede perfectamente financiarse con los ingresos de las exportaciones mineras que manejará el Estado y los que provendrán de una verdadera nacionalización del gas y el petróleo. Esta es la única verdadera salida para que no se repitan estos sangrientos enfrentamientos y para garantizar trabajo digno a los miles de bolivianos. Pero, el gobierno de Evo Morales marcha en el sentido contrario. Los trabajadores y el pueblo boliviano pueden y deben exigirle que cambie su política y, al mismo tiempo, organizarse para luchar por una verdadera nacionalización de la minería.

EE.UU.: âun socio estratégicoâ?

Las negociaciones permanentes con las multinacionales petroleras y mineras son parte de una capitulación cada vez mayor al imperialismo estadounidense, luego de algunos enfrentamientos verbales iniciales. En un reciente discurso, el vicepresidente boliviano, Ã?lvaro García Linera, declaró: âEE.UU. ha sido, es y será un aliado estratégico de Boliviaâ?, al presentar ante el periodismo unos 800 proyectos de inversiones y financiamiento estadounidenses. Para que no quede ninguna duda, el vicepresidente agregó: âlas relaciones con EE.UU. "están en un proceso de creciente mejoramientoâ? (Clarín, 20/10/2006).

La Asamblea Constituyente

El 6 de agosto, comenzó a sesionar la Asamblea Constituyente cuya convocatoria había sido uno de los principales propuestas de Evo Morales y el MAS, antes de asumir el gobierno. Su realización generó muchas expectativas en los sectores populares, especialmente en la mayoría indígena y campesina, que la ven como una herramienta para poder discutir la resolución de sus graves problemas. Al mismo tiempo, esas expectativas fueron utilizadas para frenar temporalmente las movilizaciones campesinas y de los sectores populares. El MAS ganó a nivel nacional los comicios para elegir diputados constituyentes. Pero el sistema de representación pactado con los partidos de derecha hizo que, aunque tiene el 55% de los representantes, no cuenta con los 2/3 requeridos para aprobar por sí solo la nueva constitución, cláusula incluida en la convocatoria y que fue pactada entre Evo y la derecha. Por otro lado, simultáneamente con las elecciones para constituyentes, se realizó el plebiscito por la âautonomíaâ? exigida por las burguesías de Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Beni y Pando para sus departamentos. Santa Cruz posee la riqueza petrolera y las tierras productoras de soja; Tarija, las mayores reservas de gas. Por eso, sus burguesías reclaman la âautonomíaâ? para usufructuar y entregar más libremente al imperialismo esas riquezas, ya que podrían definir el uso de esos recursos. El NO obtuvo mayoría en el país, pero el SI ganó en los cuatro departamentos mencionados, cuyas burguesías exigen que se cumpla con las autonomías departamentales.

Los debates empantanados

Con esos resultados, la Asamblea se inició con dos debates centrales, que hasta el momento no están resueltos, a pesar de las constantes concesiones del MAS a la derecha: · El MAS propuso que la Asamblea fuera âoriginariaâ?, es decir soberana para dictar una constitución nueva y crear una nueva estructura de Estado y, además, con poder para que los otros poderes deban subordinarse a ella. La oposición burguesa dice que la Asamblea es âderivadaâ?. Es decir, debe respetar los otros poderes existentes y a las bases de la Constitución actual. En otras palabras, debe limitarse apenas a una reforma constitucional. · El MAS propuso que, si bien la Constitución debía ser votada por los 2/3 de los diputados, los artículos individuales y las demás resoluciones de la Asamblea pueden aprobarse por mayoría simple. La oposición burguesa planteó que, en todos los casos, deben aplicarse los 2/3. Por lo tanto, desde entonces, está empantanado la discusión del reglamento de debates. Demostrando su voluntad de frenar cualquier avance de la AC, la burguesía de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando realizó el 8 de septiembre un paro patronal bastante contundente para defender el âderecho de vetoâ? que, de hecho, tiene en la Constituyente y, a la vez, fortalecerse en la negociación por la âautonomíaâ?.

El gobierno ya está negociando

Más allá de su discurso radical sobre su carácter âoriginarioâ? y la ârefundación de Boliviaâ?, el gobierno de Evo Morales ya está adaptándose al proyecto de la burguesía y la derecha de âesterilizarâ? la Asamblea Constituyente. En una entrevista con la Radio FIDES, el vicepresidente Ã?lvaro García reconoció que âla magna asamblea probablemente no modificara más del 20 % del articulado constitucional.â? Varios de los grandes temas en discusión en el país van quedando, de hecho, fuera del futuro debate. Como parte del acuerdo previo entre Evo y la derecha, no será incluida la cuestión de la reforma agraria, cuya posibilidad amenaza fundamentalmente a los terratenientes de Santa Cruz. Ahora el gobierno dice que la cuestión de los hidrocarburos âya ha sido resueltaâ?. Por lo tanto la Constituyente debería limitarse a refrendar el contenido del decreto de Evo y la base conceptual de los nuevos contratos. ¿Por qué entonces continúa la pulseada? Porque, hasta ahora, hay una cuestión central que no ha sido resuelta: la de la autonomía reclamada por la burguesía de los departamentos de la llamada âmedia lunaâ? y, detrás de ella, la pelea por el reparto de los mayores ingresos que recibirá el Estado por las exportaciones de gas. Ese es el punto que mantiene paralizada a la Asamblea Constituyente.

Las perspectivas

El respaldo que Evo tiene entre la población sigue siendo muy mayoritario (un 65%, según las encuestas). Sin embargo, para algunos sectores sociales comienza a quedar claro que las expectativas populares en la Constituyente serán claramente defraudadas. La tierra para los campesinos, el territorio para los pueblos originarios o una verdadera nacionalización de los hidrocarburos y de las riquezas minerales no vendrán de esta Asamblea pactada con la burguesía y el imperialismo sino de la continuidad de la lucha revolucionaria de los trabajadores y el pueblo boliviano.

REFORMA AGRARIA: POCOS CAMBIOS PROFUNDOS
Bajo la presión de 4 marchas nacionales de campesinos llegados de todos los rincones del país, finalmente se aprobó a fines de noviembre, la ley de modificaciones a la actual ley agraria (Ley INRA). Esta nueva ley acelera los procedimientos administrativos agrarios de reversión de tierras y redistribución a las comunidades y pueblos Indígenas. El gobierno se ha manifestado a favor de distribuir tierras fiscales y otras actualmente improductivas, pero está completamente en contra de afectar las grandes propiedades que cumplan la âfunción económica-socialâ?. Evo declaró que garantiza la propiedad privada de las tierras. Desde varias semanas, dicha reforma fue bloqueada en el Senado, por los representantes de la Media Luna, como una medida de presión contra el MAS para exigir los 2/3 en la Asamblea Constituyente. Finalmente el 30 de noviembre fue aprobada, con el apoyo de algunos senadores âtránsfugasâ?.

Represión a los cocaleros

Al mismo tiempo, en cumplimiento de las exigencias de EE.UU. de erradicar 5.000 hectáreas de coca en 2006 y como condición para ratificar un acuerdo existente comercial entre ambos países , a fines de septiembre, hubo una fuerte represión a cultivos de coca en la región de Yungas de Vandiola. Como Evo no puede intervenir en la región del Chapare, base social de él y del MAS, ni en los Yungas de La Paz, donde hay más 80.000 campesinos cocaleros, definió hacerlo en Yungas de Vandiola (Cochabamba), una zona cocalera tradicional, muy aislada y olvidada, donde unas 700 familias sobreviven en casas muy precarias, sin servicios básicos, agua potable o menos electricidad. Utilizando fuerzas policiales, la represión ocasionó un saldo de 2 muertos, 3 heridos y varios detenidos. Como una amarga ironía de la historia, recordemos que Evo Morales comenzó a ganar prestigio como dirigente campesino encabezando el enfrentamiento contra los intentos de erradicar el cultivo de coca, en la región de Chapare. El dirigente sindical de Pataicuna, Nicanor Churata demuestra la contradicción dedo dirigente sindical de Pataicuna, Nicanor Churata demonstra a contradicao do processo: âHemos votado por el Presidente, inclusive nos hemos obligado (sindicalmente) a votar por el MAS, pero ahora este Gobierno nos está metiendo bala. Es una verdadera contradicción en su política de la coca, porque sólo está defendiendo los intereses de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabambaâ?.



http://www.marxismo.info/spip.php?article251

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