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Notícies :: amèrica llatina
Masacre de El Amparo: impunidad cumple mayoría de edad
30 oct 2006
18 aÑOS DE LA mASACRE DE LOS PESCADORES DEL AMPARO. En diciembre de 2005, 9 años después, el Estado
venezolano terminó de cancelar el monto de la indemnización, pero no ha acatado la decisión de castigar a los
responsables, por lo que la masacre continúa impune.
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El 29 de octubre de 1988 un General de Brigada (Ej), Antonio Camejo Arias, realiza una rueda de prensa. En ella
informa que 16 miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de nacionalidad colombiana, habían resultado
muertos en un enfrentamiento cuando intentaban dinamitar una instalación petrolera en territorio venezolano. Ni
guerrilleros ni colombianos: los 16 asesinados, cómo se demostró en las investigaciones posteriores, eran pescadores
residentes en la comunidad de El Amparo, estado Apure.

La masacre había sido realizada por el Comando Específico «José Antonio Páez» (CEJAP), en el sector conocido
como Caño La Colorada. El CEJAP estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas. Las
investigaciones y las declaraciones de dos sobrevivientes, José Arias y Wolmer Pinilla, develaron que los pescadores
habían sido emboscados por funcionarios del CEJAP, como manera de legitimar su papel en la ejecución de las
políticas represivas en la zona. En un año desde su creación, 28 de octubre de 1987, este comando había realizado
operaciones similares en Caño Las Gaviotas, Los Totumitos y El Vallado. Para el Coordinador General de Provea,
Marino Alvarado, las irregularidades presentes en El Amparo no fueron un hecho aislado: «En todas estas acciones
hubo denuncias que negaron que las víctimas fueran miembros de la subversión colombiana».

Agotados los esfuerzos para obtener justicia y en virtud de las irregularidades que ocurrían en el proceso
judicial, las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano
de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). En 1994, esta instancia remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), luego que los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez incumplieran sus recomendaciones. El
11 de enero de 1995, el Estado reconoció los hechos y asumió la responsabilidad ante la Corte IDH. El 14 de
septiembre de 1996 dicho tribunal dictó sentencia fijando el monto de las indemnizaciones que debían pagarse a los
2 sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos, ordenando que se continuara con las investigaciones y se
sancionara a los autores materiales e intelectuales de la masacre. En diciembre de 2005, 9 años después, el Estado
venezolano terminó de cancelar el monto de la indemnización, pero no ha acatado la decisión de castigar a los
responsables, por lo que la masacre continúa impune. Los imputados en los hechos quedaron en libertad a través
de una sentencia inconstitucional emanada de la Corte Marcial, confirmada por la Sala Penal de la extinta Corte
Suprema de Justicia.

El Coordinador General de Provea, a propósito del 18º aniversario de la Masacre de El Amparo, relaciona
aquellos hechos con la realidad del país en el momento actual. «A pesar de que el gobierno condena en su discurso
las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, su política implementada en las zonas fronterizas
no se diferencia de la lógica que en su tiempo llevó a conformar el CEJAP, privilegiando el aspecto represivo y
militar sobre el desarrollo de una política integral en la zona que adelante, coordinada y coherentemente, iniciativas
en materia de salud, educación, empleo, vivienda y otros derechos sociales». Por su parte, las organizaciones de
Derechos Humanos han mostrado su preocupación por las recientes declaraciones de algunos parlamentarios que
han sugerido la suspensión de las garantías constitucionales en la frontera, como lo expresa la reciente declaración
realizada por el Foro por la Vida. Para Maria Elena Rodríguez, coordinadora del Programa de Exigibilidad de Provea,
«las recientes denuncias sobre actuaciones irregulares de los Teatros de Operaciones 01 y 05 (Masacres de El Nula
y La Paragua) sugieren que la impunidad aún caracteriza las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado,
así como la falta de transparencia de las investigaciones sobre los hechos».

Finalmente, Marino Alvarado rechazó que «algunos de los imputados en la Masacre de El Amparo continúen
ocupando cargos públicos en la actualidad, tanto en dependencias administrativas, en el seno de la Fuerza Armada
Nacional (FAN) y diversos organismos de seguridad del Estado».

Caracas, 29.10.06 / Prensa Provea

18 años por los derechos sociales y contra la impunidad

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