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Bolivia: Borrón y cuenta nueva con las petroleras
30 oct 2006
Evo legaliza los contratos de Repsol, Petrobras y otras petroleras, a las que "blanquea" todos sus delitos, perdona sus fraudes y garantiza nuevos y millonarios ingresos. Plena satisfacción entre las trasnacionales y el gobierno
BOLIVIA: BORRÓN Y CUENTA NUEVA CON LAS PETROLERAS

Redacción de Econoticiasbolivia.com (La Paz, octubre 29, 2006).- Las transnacionales petroleras lograron consolidar y legalizar su situación en Bolivia al firmar este fin de semana nuevos contratos con el gobierno de Evo Morales, lo que les garantiza nuevos y millonarios ingresos por la explotación de reservas de gas y petróleo valuadas en más de 200 mil millones de dólares durante los próximos 30 años, en los que tendrán que aumentar sus inversiones y pagar un poco más impuestos al Estado.

Los contratos, suscritos este viernes y sábado con Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Pluspetrol, Vintage, Pan American y otras, tendrán el aval del Congreso y se harán respetar con la fuerza del Estado, cerrando toda posibilidad para que en el futuro las transnacionales sean expulsadas del país y sus bienes y recursos expropiados.

El compromiso oficial del gobierno, según anunció el vicepresidente Alvaro García Linera, es que los contratos serán refrendados por el Parlamento para tener total seguridad jurídica, no serán modificados en el tiempo y garantizarán altas ganancias para las transnacionales, que operan con los costos de producción más bajos del mundo y cometiendo delitos que van desde la defraudación y evasión fiscal, el contrabando de carburantes, la subfacturación y otras irregularidades denunciadas por las propias autoridades del gobierno boliviano.

Aunque el texto de los contratos aún es confidencial, se conoce que éstos se regirán por la ley 3058, que establece que las petroleras pagarán, en términos nominales, un 50 por ciento en regalías e impuestos en la mayor parte de los campos, quedando aún sin confirmación el pago nominal del 82 por ciento en dos (cuatro) megacampos de gas.

Tampoco se conoce si existen compensaciones económicas en favor de las petroleras por el cambio del sistema de tributación, tal como establece la ley, aunque sí se ratificó el incentivo tributario para las empresas (Repsol y Petrobras) que controlan el negocio de la exportación de gas a Argentina y Brasil. Así, las petroleras que operan a ambos lados de la frontera, en el doble papel de vendedores y compradores, pagarán impuestos sobre un promedio de 5 dólares por millón de BTUs, y no sobre 8, que es el precio internacional actual.

CONCESIONES Y SATISFACCIÓN

"Hubo concesiones de ambas partes (...) Se alcanzó un acuerdo satisfactorio", dijo el ministro de Energía de Brasil, Silas Rondeau, tras la firma del contrato entre Petrobras y Bolivia. En el mismo tono, el secretario de Asuntos exteriores de España, Bernardino León, que protege a Repsol, anunció nuevas inversiones.

"Vamos a invertir en los próximos años más de mil millones de dólares para asegurar el cumplimiento con la (exportación de gas a) Argentina". En esta nueva exportación de gas a Argentina, el gobierno boliviano aspira a quedarse con 17 mil millones de dólares de los 50 mil millones que moverá el negocio en los siguientes 20 años.

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina a las empresas petroleras y uno de los baluartes de los gobiernos neoliberales, dijo que "el escenario que se ha planteado con la firma de nuevos contratos vislumbra una relación positiva y duradera entre socios, las empresas y el Estado nacional".

Los anteriores contratos de todas las petroleras habían sido declarados sin validez jurídica e inconstitucionales por decisión inapelable del máximo tribunal de justicia de Bolivia, el Tribunal Constitucional, lo que había reforzado la lucha que libran desde el 2003 los sindicatos y las organizaciones populares para lograr la expulsión de las transnacionales y para renacionalizar el gas y el petróleo. En esta lucha, se enfrentaron a los tanques y la metralla y derribaron a dos presidentes (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa), aunque sin lograr la expulsión/nacionalización de las petroleras, una consigna considerada como inviable por el actual gobierno.

"Con estos contratos queremos resolver los problemas del país (...) sentamos soberanía sobre nuestros recursos sin expulsar a nadie, esta es la nacionalización sin indemnización", dijo el presidente Morales, tras la firma de los contratos, realizados al amparo de la ley pro petrolera 3058, aprobada hace un año y medio por el Congreso neoliberal para preservar los millonarios intereses de las transnacionales.

BLANQUEO DE DELITOS

Esta ley, viabilizada ahora con los nuevos contratos, blanquea todos los delitos mayores que las petroleras han cometido en Bolivia desde mediados de los años 90, cuando tomaron control y dominio de toda la industria petrolera al amparo de onerosas concesiones otorgadas por el poder neoliberal.

La ley 3058 posibilita, por ejemplo, que las compañías como Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Amoco & Pan American Energy, British Gas, Exxon, Enron, Shell, Pluspetrol, Vintage y otras puedan legalizar su ilegal e inconstitucional permanencia en Bolivia, explotando yacimientos que virtualmente no les costó casi nada. Con los nuevos contratos, el Estado queda sin la posibilidad legal de echar a las transnacionales y recuperar así más de 200 mil millones de dólares, que es el valor de las reservas de gas y petróleo, las segundas más importantes de Sudamérica.

La Ley 3058 infiere, además, un segundo daño de magnitud a Bolivia cuando elimina toda posibilidad legal para que el Estado recupere de inmediato, sin necesidad de nacionalización, decreto o ley expresa, el 60 por ciento de las reservas de gas y petróleo de manos de las petroleras, que incumplieron el artículo 30 de una ley anterior y que les obligaba a devolver todos los campos y yacimientos en los que no hubiesen perforado pozos en los últimos cinco años. Una cincuentena de auditorías, instruidas por el gobierno de Morales, confirmaron este delito. En esta situación estaban casi todos los megacampos de gas y petróleo que están siendo explotados por Repsol, Petrobras, Total y otras compañías y que, si se cumpliera la ley, ya sólo deberían beneficiar al Estado.

Así, "la ley 3058 (ratificada vía decreto por Morales N.d.E), resulta ser más entreguista y antinacional que la anterior, aprobada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada", decía hace un año y medio el ex ministro de Hidrocarburos del actual gobierno, Andrés Soliz Rada. El daño estimado en contra del Estado es, en este caso, de casi 100 mil millones de dólares, monto que, paulatinamente en el tiempo, irá a parar a la bolsa de las petroleras, producto de la explotación y comercialización de las reservas.

EL MILLONARIO FRAUDE DE REPSOL Y PAN AMERICAN

Un tercer atentado contra Bolivia. La misma ley 3058, el decreto de Morales y los contratos petroleros convalidan otro millonario fraude en contra del Estado al legalizar, de facto, la mayor parte de las acciones que Repsol y Amoco & Pan American (y posteriormente British Petroleum) tienen en las empresas mixtas de Andina y Chaco, levantadas sobre los campos que eran antes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Repsol y Amoco & Pan American recibieron de los gobiernos neoliberales el 50 por ciento de las acciones a cambio de la promesa de invertir 843 millones de dólares. Sin embargo, esta entrega no tomó en cuenta que estos campos de YPFB (en Chaco y Andina) tenían reservas probadas y certificadas valuadas actualmente en 24 mil millones de dólares y que fueron pignoradas a título gratuito para que sean explotadas en beneficio de Repsol y Amoco & Pan American.

El decreto de Morales convalida la fraudulenta propiedad de Repsol y Amoco & Pan American sobre el 50 por ciento de las acciones de Andina y Chaco, cuando en realidad la participación legal de estas transnacionales no debería ser mayor al cinco por ciento. Pese a ello, la intención del gobierno de Morales es "nacionalizar" el 3 por ciento de las acciones en Andina y Chaco, respetando el otro 48 por ciento.

EL ASALTO DE ENRON Y SHELL

Un cuarto atentado. La ley 3058 y el decreto de Morales dejan en total impunidad, sin sanción ni reparación, el asalto que la Enron, primero, y la Shell, después, realizaron en Bolivia al tomar a título gratuito el 40 por ciento del gasoducto a Brasil y otros ramales de transporte y distribución de hidrocarburos.

Sin poner un solo centavo, la corrupta Enron tomó a medidos de los 90 la posesión y control de las acciones en estos gasoductos, que posteriormente los transfirió a la Shell. La Enron había sido contratada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para financiar o buscar financiamiento para construir el gasoducto al Brasil, que finalmente fue construido por Petrobras, sin ningún concurso de la transnacional norteamericana.

El daño inferido al Estado fue cuantificado en 120 millones de dólares, por el ex delegado presidencial, Juan Carlos Virreina, que pretendió recuperar esos recursos mediante un juicio que fue dejado de lado por los últimos gobiernos, incluido el actual.

UNA LEY ANTINACIONAL

Por esta su esencia pro petrolera, la aprobación de la ley 3058, en mayo de 2005, constituyó una virtual declaratoria de guerra del poder transnacional contra el pueblo boliviano, que se alzó furibundo contra el presidente Carlos Mesa, al que derribó del cargo, y contra el Congreso neoliberal, recortándole su mandato constitucional y abriendo paso a nuevas elecciones, ganadas ampliamente por el deseo y la urgencia del pueblo para nacionalizar el gas y el petróleo.

Razones más que suficientes para que el nuevo gobierno de Evo Morales, que ganó las elecciones agitando la bandera de la nacionalización, se hubiese jugado a fondo para montar una ficción y para mostrar y convencer a los bolivianos que su decreto de "nacionalización" era muy diferente a la cerrada defensa que hacían en el pasado las élites neoliberales del poder petrolero.

Razones más que suficientes para que tras firmar los nuevos contratos, bajo el amparo de la ley 3058, todas las transnacionales hubiesen anunciado su intención de realizar inversiones y de ser las socias que Evo Morales quiere para Bolivia.
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