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Frente a la desmemoria del gobierno,la memoria de los y las antifascistas
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per PCPE
Correu-e: comitecentral ARROBA cjc.es (no verificat!)
Adreça: www.pcpe.es |
20 set 2006
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La presión social, articulada fundamentalmente en torno a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, y el creciente avance del movimiento social y polÃtico por la III Republica, han obligado al gobierno del Presidente Zapatero y a las fuerzas polÃticas que le apoyan a declarar el año 2006 como "Año de la Memoria Histórica". Como elemento clave de dicha declaración se prometió una Ley de la Memoria Histórica que diera reconocimiento no sólo moral sino también jurÃdico a las vÃctimas de la represión franquista. Cuando ya dicho año va a terminar, habiendo realizado las fuerzas sociales y polÃticas de la izquierda antimonárquica la mayor parte de los actos conmemorativos del 70 aniversario de la resistencia popular al golpe militar fascista y del 75 de la proclamación de la II Republica, el gobierno presenta un limitadÃsimo proyecto de Ley sobre el "Reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura", que responde más a un intento de nuevo pacto de la transición con los herederos ideológicos y polÃticos de los golpistas del 36 (la derecha reaccionaria del PP y los sectores oligárquicos que se enriquecieron gracias al franquismo) y la Iglesia Católica, que a las mÃnimas exigencias éticas y polÃticas a las que un gobierno que se reclama de izquierdas debe responder ante su electorado.
Para el PCPE sólo la apertura de un proceso constituyente, democrático y abierto a la participación de amplios sectores populares que dé paso a la convocatoria de unas cortes constituyentes que permitan la proclamación de la III República puede recuperar la memoria y la dignidad de los hombres y mujeres que murieron defendiendo la legalidad republicana, e iniciar un proceso de rehabilitación social y jurÃdica de quienes sufrieron persecución durante la dictadura, paliando asà treinta años después las consecuencias de las renuncias polÃticas y morales que implicó la sacrosanta Transición al permitir a las clases dominantes del franquismo mantener su poder bajo otra forma de dominación más adecuada a los tiempos y derrotar las ansias de cambio social y polÃtico que se habÃan expresado en las heroicas luchas de esos cuarenta años.
Dado que la vocación republicana de las fuerzas de la izquierda con representación parlamentaria es bastante escasa, cuando no completamente nula como los hechos demuestran dÃa a dÃa, y que la proclamación de la III Republica es más probable que provenga de la consolidación, articulación y avance de otras fuerzas polÃticas y sociales no cómplices de la Transición, cuando menos deberÃa exigÃrseles que si aprueban una ley que repare jurÃdica y polÃticamente a las vÃctimas del Franquismo, que sitúe a todos los efectos a dicho régimen a la misma altura del Nazismo y el Fascismo (en la lÃnea de la olvidada resolución de la ONU de 9 de Febrero de 1946), que no equipare en las responsabilidades de la guerra civil al bando fascista y al bando republicano y que permita que la verdadera faz del Franquismo sea conocido por las generaciones presentes y venideras, para coadyuvar a que el Fascismo no vuelva a implantar sus garras sobre las tierras de España.
El PCPE comparte las reivindicaciones de los diversos colectivos y asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica, más allá de la simple exhumación de cadáveres. No se trata tanto de dar "cristiana sepultura" a los miles de republicanos y republicanas que yacen en las cunetas de España como de recuperar, además de sus cadáveres, su legado de conciencia y de lucha por una sociedad más justa.
Por todo ello el PCPE exige una ley de la memoria histórica que recoja como elementos principales:
La formación de una "Comisión de la Verdad" que permita investigar la totalidad de los crÃmenes contra la humanidad cometidos entre el 17 de Julio de 1936 y el 6 de Diciembre de 1978 por el régimen franquista, sobre la base de la no prescripción de dichos delitos, y el impulso de dicha investigación también de oficio a través de una FiscalÃa Especial creada con carácter exclusivo para este fin. No es de recibo que un estado como el español que a través de sus autoridades judiciales pretende que se investiguen crÃmenes similares en otras latitudes no haga nada para la aclaración de nuestra historia más reciente.
Articulación, tanto desde el ámbito gubernamental, como desde la fiscalÃa y el poder judicial, de una exhaustiva averiguación del paradero de los/as desaparecidos/as durante la dictadura y de la identidad de las miles de personas que yacen en las fosas comunes de nuestros pueblos y ciudades, evitando que el paso del tiempo o investigaciones privadas sin mÃnimas garantÃas, permitan que la verdad sobre la actuación del franquismo salga a la luz.
Que el estado español reconozca jurÃdicamente la condición de vÃctimas a todas las personas que sufrieron persecución, exilio, encarcelamiento, detención y/o asesinato por defender la Republica, por sus ideas progresistas o por su orientación sexual o raza. Asimismo, el estado debe articular medidas efectivas para la indemnización de los daños y perjuicios derivados de los encarcelamientos y detenciones (en cualquiera de sus formas, incluyendo también los campos de concentración y batallones de trabajadores), asà como de las incautaciones y expropiaciones de bienes tanto de las personas fÃsicas como de las jurÃdicas (sindicatos, partidos, entes autonómicos, organizaciones privadas etc...)
Anulación de todas las sentencias dictadas por los tribunales de excepción del franquismo, en sus diversas formas, y reconocimiento jurÃdico y moral de todas las personas que han sufrido dicha represión, incluida la cometida por bandas paramilitares fascistas, con el consiguiente esclarecimiento y depuración de responsabilidades en casos como la explosión en 1972 del edificio de la calle Capitán Arenas de Barcelona (18 muertos), atentado de la calle del Correo de Madrid en 1974 ( un muerto y setenta y dos heridos), el atentado fascista de Montejurra en 1976 (dos muertos y más de treinta heridos), y el atentado contra los Abogados de Atocha en 1977 (cinco muertos).
En coherencia con lo anterior procederÃa la derogación del Decreto de AmnistÃa de enero de 1977, en cuanto supone ser una Ley de Punto Final de los crÃmenes y demás actos de violencia fascista cometidos tanto en el ámbito de la "legalidad" franquista como en el de los servicios paralelos y bandas parapoliciales.
Que el Jefe del Estado Español formalice solemnemente y en nombre del estado una petición publica de perdón a las vÃctimas tanto del alzamiento militar como de la represión franquista.
Retirada obligatoria de los sÃmbolos y referencias franquistas de todos los edificios, calles o instalaciones de todo tipo de las administraciones del estado e instituciones privadas, incluida la Iglesia Católica.
Cambio de fin del "Valle de los CaÃdos" reconvirtiéndole en un centro monumental de recuerdo a las vÃctimas del franquismo y de divulgación de lo que realmente dicho régimen significó, impidiendo el uso que del mismo viene haciendo la extrema derecha.
Catalogación y apertura de todos los archivos de la represión franquista, con puesta a disposición al conjunto de la ciudadanÃa en aras de aclarar la verdad.
Articulación de un plan de concienciación social, fundamentalmente a través de los planes de estudio de los distintos ámbitos educativos, sobre la realidad del franquismo que permita que las personas que no vivieron la Dictadura conozcan la verdadera faz de dicho régimen.
Articular medidas legislativas que permitan, como se hace en Alemania o en Italia, el castigo de aquellas personas que practiquen el "Revisionismo Histórico" mediante el enaltecimiento, edulcoración o ninguneo de los crÃmenes del Franquismo.
El Gobierno Zapatero y las fuerzas polÃticas que le apoyan tienen la obligación de abrir un auténtico proceso de recuperación de la memoria colectiva que pasa indispensablemente tanto por el conocimiento de la verdad como por la reparación jurÃdica y moral de las vÃctimas del Franquismo, de lo contrario lo único que lograrán será mantener viva la posibilidad de que el Fascismo pueda resurgir bajo nuevas formas.
El PCPE llama a la más amplia movilización de la ciudadanÃa en torno a reivindicaciones como las indicadas en esta resolución, por entender que es la única forma en que se podrán hacer posibles las mismas, a la par que impedirán que la manipulación gubernamental y/o mediática de los legÃtimos anhelos de justicia de la vÃctimas del Franquismo sean utilizadas para otro tipo de juegos polÃticos del todo lejanos a los mismos.
RECUPEREMOS LA MEMORIA DE LAS VÃ?CTIMAS.
POR UNA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA QUE HAGA
JUSTICIA CON QUIENES DEFENDIERON LA REPÚBLICA
¡NO PERMITAMOS QUE OCULTEN DE NUEVO LA VERDAD!
Comité Ejecutivo del Partido Comunista de los Pueblos de España
Septiembre de 2006
www.pcpe.es |
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Lluitarem sempre contra espanya!!!!
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per Jomateix |
21 set 2006
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Marxate vete a ecspanya!!!!!
Espanyolisme es feixisme!!! |
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Re: Frente a la desmemoria del gobierno,la memoria de los y las antifascistas
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per X |
22 set 2006
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No en tens ni idea del que és el PCPE si no et mengeries els teus insults subnormal. Tots els espanyols són uns opresors i porten banyes?(aixo sí, tots els catalans som uns santets). Tu ets el feixista |
