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Frente a la desmemoria del gobierno,la memoria de los y las antifascistas
20 set 2006
La presión social, articulada fundamentalmente en torno a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, y el creciente avance del movimiento social y político por la III Republica, han obligado al gobierno del Presidente Zapatero y a las fuerzas políticas que le apoyan a declarar el año 2006 como "Año de la Memoria Histórica". Como elemento clave de dicha declaración se prometió una Ley de la Memoria Histórica que diera reconocimiento no sólo moral sino también jurídico a las víctimas de la represión franquista. Cuando ya dicho año va a terminar, habiendo realizado las fuerzas sociales y políticas de la izquierda antimonárquica la mayor parte de los actos conmemorativos del 70 aniversario de la resistencia popular al golpe militar fascista y del 75 de la proclamación de la II Republica, el gobierno presenta un limitadísimo proyecto de Ley sobre el "Reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura", que responde más a un intento de nuevo pacto de la transición con los herederos ideológicos y políticos de los golpistas del 36 (la derecha reaccionaria del PP y los sectores oligárquicos que se enriquecieron gracias al franquismo) y la Iglesia Católica, que a las mínimas exigencias éticas y políticas a las que un gobierno que se reclama de izquierdas debe responder ante su electorado.



Para el PCPE sólo la apertura de un proceso constituyente, democrático y abierto a la participación de amplios sectores populares que dé paso a la convocatoria de unas cortes constituyentes que permitan la proclamación de la III República puede recuperar la memoria y la dignidad de los hombres y mujeres que murieron defendiendo la legalidad republicana, e iniciar un proceso de rehabilitación social y jurídica de quienes sufrieron persecución durante la dictadura, paliando así treinta años después las consecuencias de las renuncias políticas y morales que implicó la sacrosanta Transición al permitir a las clases dominantes del franquismo mantener su poder bajo otra forma de dominación más adecuada a los tiempos y derrotar las ansias de cambio social y político que se habían expresado en las heroicas luchas de esos cuarenta años.



Dado que la vocación republicana de las fuerzas de la izquierda con representación parlamentaria es bastante escasa, cuando no completamente nula como los hechos demuestran día a día, y que la proclamación de la III Republica es más probable que provenga de la consolidación, articulación y avance de otras fuerzas políticas y sociales no cómplices de la Transición, cuando menos debería exigírseles que si aprueban una ley que repare jurídica y políticamente a las víctimas del Franquismo, que sitúe a todos los efectos a dicho régimen a la misma altura del Nazismo y el Fascismo (en la línea de la olvidada resolución de la ONU de 9 de Febrero de 1946), que no equipare en las responsabilidades de la guerra civil al bando fascista y al bando republicano y que permita que la verdadera faz del Franquismo sea conocido por las generaciones presentes y venideras, para coadyuvar a que el Fascismo no vuelva a implantar sus garras sobre las tierras de España.



El PCPE comparte las reivindicaciones de los diversos colectivos y asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica, más allá de la simple exhumación de cadáveres. No se trata tanto de dar "cristiana sepultura" a los miles de republicanos y republicanas que yacen en las cunetas de España como de recuperar, además de sus cadáveres, su legado de conciencia y de lucha por una sociedad más justa.

Por todo ello el PCPE exige una ley de la memoria histórica que recoja como elementos principales:



La formación de una "Comisión de la Verdad" que permita investigar la totalidad de los crímenes contra la humanidad cometidos entre el 17 de Julio de 1936 y el 6 de Diciembre de 1978 por el régimen franquista, sobre la base de la no prescripción de dichos delitos, y el impulso de dicha investigación también de oficio a través de una Fiscalía Especial creada con carácter exclusivo para este fin. No es de recibo que un estado como el español que a través de sus autoridades judiciales pretende que se investiguen crímenes similares en otras latitudes no haga nada para la aclaración de nuestra historia más reciente.
Articulación, tanto desde el ámbito gubernamental, como desde la fiscalía y el poder judicial, de una exhaustiva averiguación del paradero de los/as desaparecidos/as durante la dictadura y de la identidad de las miles de personas que yacen en las fosas comunes de nuestros pueblos y ciudades, evitando que el paso del tiempo o investigaciones privadas sin mínimas garantías, permitan que la verdad sobre la actuación del franquismo salga a la luz.
Que el estado español reconozca jurídicamente la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron persecución, exilio, encarcelamiento, detención y/o asesinato por defender la Republica, por sus ideas progresistas o por su orientación sexual o raza. Asimismo, el estado debe articular medidas efectivas para la indemnización de los daños y perjuicios derivados de los encarcelamientos y detenciones (en cualquiera de sus formas, incluyendo también los campos de concentración y batallones de trabajadores), así como de las incautaciones y expropiaciones de bienes tanto de las personas físicas como de las jurídicas (sindicatos, partidos, entes autonómicos, organizaciones privadas etc...)
Anulación de todas las sentencias dictadas por los tribunales de excepción del franquismo, en sus diversas formas, y reconocimiento jurídico y moral de todas las personas que han sufrido dicha represión, incluida la cometida por bandas paramilitares fascistas, con el consiguiente esclarecimiento y depuración de responsabilidades en casos como la explosión en 1972 del edificio de la calle Capitán Arenas de Barcelona (18 muertos), atentado de la calle del Correo de Madrid en 1974 ( un muerto y setenta y dos heridos), el atentado fascista de Montejurra en 1976 (dos muertos y más de treinta heridos), y el atentado contra los Abogados de Atocha en 1977 (cinco muertos).
En coherencia con lo anterior procedería la derogación del Decreto de Amnistía de enero de 1977, en cuanto supone ser una Ley de Punto Final de los crímenes y demás actos de violencia fascista cometidos tanto en el ámbito de la "legalidad" franquista como en el de los servicios paralelos y bandas parapoliciales.
Que el Jefe del Estado Español formalice solemnemente y en nombre del estado una petición publica de perdón a las víctimas tanto del alzamiento militar como de la represión franquista.
Retirada obligatoria de los símbolos y referencias franquistas de todos los edificios, calles o instalaciones de todo tipo de las administraciones del estado e instituciones privadas, incluida la Iglesia Católica.
Cambio de fin del "Valle de los Caídos" reconvirtiéndole en un centro monumental de recuerdo a las víctimas del franquismo y de divulgación de lo que realmente dicho régimen significó, impidiendo el uso que del mismo viene haciendo la extrema derecha.
Catalogación y apertura de todos los archivos de la represión franquista, con puesta a disposición al conjunto de la ciudadanía en aras de aclarar la verdad.
Articulación de un plan de concienciación social, fundamentalmente a través de los planes de estudio de los distintos ámbitos educativos, sobre la realidad del franquismo que permita que las personas que no vivieron la Dictadura conozcan la verdadera faz de dicho régimen.
Articular medidas legislativas que permitan, como se hace en Alemania o en Italia, el castigo de aquellas personas que practiquen el "Revisionismo Histórico" mediante el enaltecimiento, edulcoración o ninguneo de los crímenes del Franquismo.


El Gobierno Zapatero y las fuerzas políticas que le apoyan tienen la obligación de abrir un auténtico proceso de recuperación de la memoria colectiva que pasa indispensablemente tanto por el conocimiento de la verdad como por la reparación jurídica y moral de las víctimas del Franquismo, de lo contrario lo único que lograrán será mantener viva la posibilidad de que el Fascismo pueda resurgir bajo nuevas formas.



El PCPE llama a la más amplia movilización de la ciudadanía en torno a reivindicaciones como las indicadas en esta resolución, por entender que es la única forma en que se podrán hacer posibles las mismas, a la par que impedirán que la manipulación gubernamental y/o mediática de los legítimos anhelos de justicia de la víctimas del Franquismo sean utilizadas para otro tipo de juegos políticos del todo lejanos a los mismos.


RECUPEREMOS LA MEMORIA DE LAS VÃ?CTIMAS.

POR UNA LEY DE LA MEMORIA HISTÃRICA QUE HAGA

JUSTICIA CON QUIENES DEFENDIERON LA REPÃBLICA



¡NO PERMITAMOS QUE OCULTEN DE NUEVO LA VERDAD!


Comité Ejecutivo del Partido Comunista de los Pueblos de España

Septiembre de 2006

www.pcpe.es

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Comentaris

Lluitarem sempre contra espanya!!!!
21 set 2006
Marxate vete a ecspanya!!!!!


Espanyolisme es feixisme!!!
Re: Frente a la desmemoria del gobierno,la memoria de los y las antifascistas
22 set 2006
No en tens ni idea del que és el PCPE si no et mengeries els teus insults subnormal. Tots els espanyols són uns opresors i porten banyes?(aixo sí, tots els catalans som uns santets). Tu ets el feixista
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