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Notícies :: globalització neoliberal : amèrica llatina |
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Colombia: el segundo mandato de �lvaro Uribe Vélez encarna más impunidad y guerra
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per Ecologistas en Acción
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07 ago 2006
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Coincidiendo con la ascensión al segundo mandato del presidente colombiano Ã?lvaro Uribe Vélez, en un paÃs totalmente militarizado, Ecologistas en Acción muestra su preocupación por la impunidad y las violaciones de los Derechos Humanos en el paÃs andino, asà como por el apoyo incondicional del Gobierno español al ejecutivo de Bogotá. |
La población colombiana vive una dramática situación humanitaria marcada por la violencia polÃtica, el desplazamiento forzado y masivo, la implicación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden Público en crÃmenes, la paramilitarización del paÃs y un estado de impunidad amparado por las más altas instituciones polÃticas y jurÃdicas. Al mismo tiempo el Gobierno colombiano sigue ignorando las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y continúa sin acatar las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sin mostrar la voluntad real para proteger los derechos de las comunidades vÃctimas de CrÃmenes de Lesa Humanidad y de Destrucciones Ambientales y Territoriales, como señala la DefensorÃa del Pueblo de Colombia y las ONGs defensoras de Derechos Humanos.
El segundo mandato de Uribe Vélez implicará un nuevo nivel de la crisis humanitaria. Su plan estratégico, contenido en documentos como el plan 2019, apunta a aniquilar los aspectos más avanzados de la Constitución de 1991, extender la militarización de la vida civil, y poner en práctica el Tratado de Libre Comercio, entre otros elementos de un modelo netamente autoritario en el plano polÃtico, y profundamente regresivo en el plano social.
DÃa a dÃa aumenta el número de refugiados y desplazados que huyen, no sólo de la realidad social y económica de extrema pobreza, sino que temen por sus vidas tras las amenazas sentidas desde el Estado colombiano por su participación en actividades polÃticas de oposición y de protesta.
La pasada semana la policÃa de la capital allanó sin orden judicial las oficinas del semanario comunista Voz, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y del sindicato Sinaltrainal, activo en la denuncia de abusos contra trabajadores del sector alimentario. Asimismo, de la ONG ConsultorÃa para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES) fueron robados los archivos del Sistema de Información sobre Derechos Humanos y desplazamiento forzado. El pasado 23 de julio fue asesinado en Barrancabermeja Jorge Guillén Leal, ex miembro de la junta directiva del sindicato SINTRAINQUIGAS. En medio de un impresionante operativo militar fue allanada ayer la casa de la Unión Patriótica (desde los años 80 cerca de cinco mil de sus dirigentes y militantes fueron asesinados) con el objetivo de capturar el ex alcalde de Cartagena de Chaira, VÃctor Oime y a su hijo ArÃstides. Simultáneamente en Puerto Rico, departamento del Caquetá, fue detenida la esposa del dirigente comunista.
Éstas son evidencias de la polÃtica de Seguridad Democrática contra las organizaciones de Derechos Humanos, los lideres sindicales y la oposición polÃtica al régimen autoritario de Uribe Vélez. Particularmente, nos preocupa la intervención directa de fuerzas militares y públicas que amenazan a pobladores y comunidades. Según la polÃtica gubernamental todo el mundo es sospechoso. La fuerza pública –también la privada– ha sido autorizada para atropellar todos los derechos, con el argumento de luchar contra el terrorismo.
Nos sentimos alarmados ante la información que surge de un paÃs donde el número de desplazados, presos polÃticos, torturados, asesinados y desaparecidos crece de la mano de la negación del conflicto armado interno y de las polÃticas gubernamentales contempladas en la polÃtica de Seguridad Democrática, el Plan Colombia, y su continuación el Plan Patriota, asà como la Ley de “Justicia y Pazâ€? que incumple los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación.
Estas medidas llevadas a cabo en el paÃs producen situaciones de exclusión e inequidad social con el aumento del desempleo, la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida, transformando a Colombia en el segundo paÃs a nivel mundial en cuanto al número de personas desplazadas internas; coartan además las expresiones públicas de aquellas personas y grupos que disienten con el gobierno y garantizan la impunidad de los grupos paramilitares, que siguen cometiendo crÃmenes de lesa humanidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su sentencia del pasado mes de julio la responsabilidad del Estado colombiano por el desarrollo de estrategias de tipo paramilitar, ahora se trataba de las masacres perpetradas en Ituango (Antioquia) en 1996, mientras se desempeñaba como gobernador de ese departamento el actual presidente Uribe Vélez. La Corte concluyó que “las autoridades no adoptaron las medidas preventivas a pesar de saber que existÃa una incursión paramilitar en Ituangoâ€? y que las “masacres en Ituango fueron realizadas por grupos paramilitares que actuaron conjuntamente con las fuerzas armadas de Colombiaâ€?. Además, “a un número grande de personas se les obligó a desplazarse sin asistencia de emergencia, ni apoyo estatalâ€?, sentenció. Jesús MarÃa Valle, denunció en 1996 y 1997 como presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia violaciones a los Derechos Humanos cometidas por paramilitares con colaboración de miembros del Ejército en Ituango. El Ejército preparó una lista con un centenar de civiles que le entregó a la comisión de ejecuciones selectivas de las AUC (grupo paramilitar). El 27 de febrero de 1998 dos hombres asesinaron a Valle en su oficina.
Casos como éste no son hechos aislados en Colombia (existen más de 100 demandas por crÃmenes de lesa humanidad) sino que corresponden a una polÃtica sistemática de destrucción de los movimientos sociales y polÃticos que se oponen a la polÃtica neoliberal del Gobierno. Ante los evidentes beneficios de legislaciones como la ley de impunidad 975 –mal llamada de “Justicia y Pazâ€? la CIDH es clara en exigir al Estado colombiano no ampararse en legislaciones que otorguen amnistÃas o impidan sanciones proporcionales a los responsables de crÃmenes tan graves como las masacres de Ituango: “Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y c) otorgar las garantÃas de seguridad adecuadas a las vÃctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, asà como a los ex pobladores y actuales pobladores de Ituango. (...) En particular, son inaceptables las disposiciones de amnistÃa, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, como las del presente caso.â€?
La historia reciente de Colombia nos ha enseñado que Uribe desconocerá esta sentencia y los paramilitares y militares que hoy gozan de la más absoluta impunidad y circulan por el paÃs bajo protección gubernamental, se beneficiarán de la ley de “Justicia y Pazâ€? reduciéndose su pena a un máximo 8 años de cárcel pagada en las fincas agrÃcolas particulares de los criminales.
Para el Movimiento de VÃctimas de CrÃmenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurÃdicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crÃmenes. AsÃ, los instrumentos jurÃdicos utilizados en el llamado proceso de “negociación y desmovilizaciónâ€?, como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistÃas al 93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica, polÃtica y social, y la ejecución de nuevos crÃmenes a lo largo y ancho de la geografÃa nacional. Por su parte la Ley 975/05, mal llamada de “Justicia y Pazâ€?, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este ciclo de impunidad.
Este contexto repercutirá, sin duda alguna, en un mayor deterioro de los Derechos Humanos, las libertades públicas, y los derechos sociales. La polÃtica de “seguridad democráticaâ€? incrementa las medidas represivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la brutalidad en el uso de la fuerza por parte del Ejército y la PolicÃa, la militarización del paÃs, la actuación ilegal de los agentes del Estado, y una mayor intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto armado interno.
Por todo ello hacemos un llamado al Gobierno español a revisar sus polÃticas exteriores con Colombia y a combatir la dramática situación de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos. Y no, como sucedió en la última visita a Colombia de la vicepresidenta del Gobierno, MarÃa Teresa Fernández de la Vega, defender los intereses de las empresas transnacionales españolas en esta zona.
Ecologistas en Acción |
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