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Firmas para apoyar el trabajo de la CCIODH, y sus conclusiones y recomendaciones sobre los hechon de Atenco (Mexico)
11 jun 2006
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Comisión considera probado que en el operativo policial de fechas 3 y 4 de mayo se produjo un uso excesivo de la fuerza pública en la actuación policial contraria a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y absoluta necesidad que debería guiarla. No se respetaron los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

2. Por eso la Comisión considera que las fuerzas policiales no se rigieron dentro del marco del Estado de derecho, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internaciones suscritos y ratificados por México, y en las leyes y reglamentos aplicables.

3. La Comisión considera que los abusos policiales representaron una grave vulneración masiva de derechos humanos que se tradujo en una serie de presuntos hechos delictivos como las detenciones ilegales, allanamientos de moradas injustificados, la muerte de una persona, una agresión con resultado de muerte cerebral, actos de tortura, multitud de agresiones físicas, verbales y morales, graves atentados a la libertad sexual (incluso violaciones), vulneraciones de los derechos procesales de las personas detenidas, entre muchos otros.

4. La Comisión considera que la mayor parte de las mujeres agredidas y/o detenidas en Atenco fueron objeto de gravísimas agresiones sexuales de diversa índole, que consideremos pueden ser tipificadas como tortura sexual.
La atención que recibieron las mujeres a su llegada al centro penitenciario de Santiguito fue prácticamente inexistente hasta el día de hoy. Este hecho resulta particularmente grave al tratarse de personas víctimas de agresiones sexuales y malos tratos reiterados.
Asimismo, la comisión considera que existen serias dudas sobre la forma como se documentaron las agresiones sexuales sufridas por las mujeres tanto en el centro penitenciario, como parte de otras autoridades que posteriormente las visitaron.
Hasta el día de hoy no se ha ofrecido a todas las mujeres víctimas de violencia sexual en los hechos de Atenco una atención especializada médica, psicológica y social que pueda reparar los graves daños causados.

Recomendamos el establecimiento de apoyo médico, terapéutico y social para todas la mujeres que han sufrido agresiones.

Recomendamos el establecimiento de medidas urgentes de protección para aquellas mujeres agredidas sexualmente y, especialmente, aquellas que han presentado denuncia o van a hacerlo.

Denunciamos la dificultades que las mujeres han sufrido para presentar sus denuncias por agresiones sexuales y la desatención institucional que han recibido, así como la negación de sus testimonios.

5. La Comisión considera que la aceptación por parte de las propias autoridades de que se cometieron excesos o abusos policiales no implica una asunción suficiente de las responsabilidades por parte del Estado. Se debería identificar, procesar y sancionar a las autoridades federales y estatales que, por omisión o por acción, participaron en la elaboración o planificación del operativo así como en su ejecución.

6. La Comisión considera que las primeras medidas en la asunción de esas responsabilidades deberían ser: 1) el cese inmediato del Comisario General de la Agencia Estatal de Seguridad, el Sr. Wilfrido Robledo Madrid así como del comandante David Pintado Espinos, máximo responsable policial del operativo de la policía estatal; 2) el cese inmediato del responsable del operativo de la Policía Federal Preventiva, el Comisionado Alejandro Eduardo Martínez Aduna, y del Jefe del Estado Mayor, el General de Brigada Ardelio Vargas Fosado.

7. La Comisión considera que las graves vulneraciones de derechos humanos descritas en este Informe son consecuencia directa del problema estructural de impunidad del que han gozados, históricamente y hasta el día de hoy, los agentes de los diferentes cuerpos de seguridad mexicanos en ejercicio de su función pública. En este sentido, la Comisión considera que resulta imprescindible que se impulsen de manera inmediata las reformas legales necesarias para perseguir con mayor eficacia los delitos cometidos por los agentes de policía así como depurar las responsabilidades de sus superiores jerárquicos. En el futuro se debe erradicar cualquier situación de impunidad.

8. La Comisión considera que se debe dotar al sistema jurídico de los instrumentos idóneos para implementar los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y armas de fuego para garantizar el respeto a los derechos humanos. Asimismo, la Comisión entiende que se debe evitar que miembros del Ejército Mexicano participen en operativos policiales.

9. La Comisión considera que se debería proceder con la mayor diligencia y celeridad a la averiguación y esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, la Comisión muestra su preocupación por el hecho de que el inicio de la campaña electoral está significando un retraso injustificable en la investigación y persecución de los agentes de policía responsables de las vulneraciones de los derechos humanos descritos en este Informe.

10. La Comisión considera necesaria la inmediata puesta en libertad de las personas detenidas aún presas en los penales de âSantiaguitoâ? y âLa Palmaâ?, con base en el principio de presunción de inocencia. Igualmente, considera inaplazable la revocación de las medidas de expulsión acordadas contra las personas extranjeras detenidas en el operativo policial.

11. La Comisión interpela a todos los actores políticos, a la sociedad civil en general y en especial a las organizaciones en defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a que ejerzan una función activa de control y supervisión de la actuación de los poderes públicos como garantes de la democracia. En este sentido, la Comisión hace público su compromiso de mantenimiento de la labor de observación civil iniciada y tal efecto piensa establecer una comisión de seguimiento de las recomendaciones. Igualmente, la Comisión ha puesto en marcha los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, en concreto comunicaciones urgentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintos Relatores Especiales de Naciones Unidas. Por último, los hechos denunciados en el presente informe los entendemos, si cabe, más relevantes por el hecho de que México ostente en la actualidad la presidencia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

12. La Comisión considera que existe un conjunto mínimo de medidas de reparación de los daños individuales y colectivos ocasionados que deberían implementarse de modo inmediato. Las medidas de reparación deberían ser consensuadas con los propios afectados e incluir, como mínimo, y siguiendo la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para situaciones similares a la presente:

Reparación moral. Restitución del honor de las víctimas y del daño inflingido a su imagen privada y pública a través del reconocimiento oficial del trato injusto y vejatorio recibido y del daño provocado por el hecho de ser considerados como delincuentes.
Reparación emocional de las personas afectadas. Arbitrar todas las medidas para que la comunidad en su conjunto y las personas y familias afectadas en particular reciban la atención médica y psicológica adecuada por profesionales que sean de su confianza en aquellos en que sea necesario. Esto es especialmente relevante en lo que respecta a la atención psicológica o psiquiátrica donde es básico que los afectados puedan confiar en quienes les atienden terapéuticamente.
Reparación del daño comunitario a través de programas de reconstrucción del tejido social. Estos no deben, en todo caso, convertirse en herramientas de división y confrontación a través de programas o sistemas de ayuda condicionada o de presión a través de falsos consensos, por lo que se recomienda la monitorización de los mismos por organismos independientes de carácter nacional o internacional.
Reparación económica. Compensación por los perjuicios sufridos como consecuencia de la violencia (económicos, en educación, salud u otros) y en especial aquellos derivados de la pérdida de empleos como consecuencia de los actos de violencia ejercidos o de los hostigamientos posteriores.
Reparación legal. Procesos de justicia con la punición de los hechos establecidos legalmente como delictivos. Sin una justicia real y efectiva, cualquier medida reparatoria es parcial.
Reparación social. Articular los mecanismos que garanticen que no existen limitaciones al uso de la ciudadanía, la participación social y política individual u organizada de la población de Atenco. La reconstrucción social de Atenco pasa, indefectiblemente, por la participación activa y comprometida de sus ciudadanos en la vida comunitaria.
Reparación histórica. Reconocimiento de la verdad histórica que permita la creación de una memoria colectiva que prevenga situaciones similares futuras.

13. La restauración de la convivencia es un proceso complejo que va mucho más allá de la búsqueda de la verdad o la justicia para tener como última estación encontrar las causas originales del conflicto. Con mucha frecuencia esta encuentra sus raíces en razones estructurales (pobreza, desigual acceso a recursos, ausencia de acceso real a canales de participación política etc.). En este sentido la principal medida reparadora para el pueblo de San Salvador Atenco y la principal demanda recogida reiteradamente en las entrevistas realizadas con la población es atender a las causas originales del conflicto analizadas en este informe. En este sentido atender de manera justa y adecuada a las reivindicaciones en la atención educativa o en salud, la vialidad y las obras públicas o la gestión de los espacios públicos, por citar algunos de los elementos más conocidos, es, sin duda alguna, el principal elemento reparador.

13. La Comisión considera que la mayor parte de las mujeres agredidas y/o detenidas en Atenco fueron objeto de gravísimas agresiones sexuales de diversa índole, que consideremos pueden ser tipificadas como tortura sexual.

La atención que recibieron las mujeres a su llegada al centro penitenciario de Santiguito fue prácticamente inexistente hasta el día de hoy. Este hecho resulta particularmente grave al tratarse de personas víctimas de agresiones sexuales y malos tratos reiterados.

Asimismo, la comisión considera que existen serias dudas sobre la forma como se documentaron las agresiones sexuales sufridas por las mujeres tanto en el centro penitenciario, como parte de otras autoridades que posteriormente las visitaron.

Hasta el día de hoy no se ha ofrecido a todas las mujeres víctimas de violencia sexual en los hechos de Atenco una atención especializada médica, psicológica y social que pueda reparar los graves daños causados.

Recomendamos el establecimiento de apoyo médico, terapéutico y social para todas la mujeres que han sufrido agresiones.

Recomendamos el establecimiento de medidas urgentes de protección para aquellas mujeres agredidas sexualmente y, especialmente, aquellas que han presentado denuncia o van a hacerlo.

Denunciamos la dificultades que las mujeres han sufrido para presentar sus denuncias por agresiones sexuales y la desatención institucional que han recibido, así como la negación de sus testimonios.

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Comentaris

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11 jun 2006
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

Comissió Civil Internacional d'Observació dels Drets Humans

1. La Comissió considera provat que en l'operatiu policial de dates 3 i 4 de maig es va produir un ús excessiu de la força pública en l'actuació policial contrària als principis de de proporcionalitat, raonabilidad i absoluta necessitat que hauria de guiar-la. No es van respectar els estàndards internacionals de protecció dels drets humans.

2. Per això la Comissió considera que les forces policials no es van regir dintre del marc de l'Estat de dret, conforme al disposat en la Constitució Política dels Estats Units Mexicans, en els tractats internaciones subscrits i ratificats per Mèxic, i en les lleis i reglaments aplicables.

3. La Comissió considera que els abusos policials van representar una greu vulneració massiva de drets humans que es va traduir en una sèrie de presumptes fets delictius com les detencions il•legals, violacions de domicilis injustificats, la mort d'una persona, una agressió amb resultat de mort cerebral, actes de tortura, multitud d'agressions físiques, verbals i morals, greus atemptats a la llibertat sexual (fins i tot violacions), vulneracions dels drets processals dels detinguts, entre molts altres.

4. La Comissió considera que l'acceptació per part de les pròpies autoritats que es van cometre excessos o abusos policials no implica una assumpció suficient de les responsabilitats per part de l'Estat. S'hauria d'identificar, processar i sancionar a les autoritats federals i estatals que, per omissió o per acció, van participar en l'elaboració o planificació de l'operatiu així com en la seva execució.

5. La Comissió considera que les primeres mesures en l'assumpció d'aquestes responsabilitats haurien de ser: 1) el cessament immediat del Comissari General de l'Agència Estatal de Seguretat, el Sr. Wilfrido Robledo Madrid així com del comandant David Pintado Espinós, màxim responsable policial de l'operatiu de la policia estatal; 2) el cessament immediat del responsable de l'operatiu de la Policia Federal Preventiva, el Comissionat Alejandro Eduardo Martínez Aduna, i del Cap de l'Estat Major, el General de Brigada Ardelio Vargas Fosado.

6. La Comissió considera que les greus vulneracions de drets humans descrites en aquest Informe són conseqüència directa del problema estructural d'impunitat del que han gaudit, històricament i fins al dia d'avui, els agents dels diferents cossos de seguretat mexicans en exercici de la seva funció pública. En aquest sentit, la Comissió considera que resulta imprescindible que s'impulsin de manera immediata les reformes legals necessàries per a perseguir amb major eficàcia els delictes comesos pels agents de policia així com depurar les responsabilitats de les seves superiors jeràrquics. En el futur s'ha d'eradicar qualsevol situació d'impunitat.

7. La Comissió considera que s'ha de dotar al sistema jurídic dels instruments idonis per a implementar els estàndards internacionals en matèria d'ús de la força i armes de foc per a garantir el respecte als drets humans. Així mateix ha d'evitar-se incorporar membres de l'Exèrcit Mexicà en labors policials.

8. La Comissió considera que s'hauria de procedir amb la major diligència i celeritat a l'esbrinament i esclariment dels fets esdevinguts en Atenco. En aquest sentit, la Comissió mostra la seva preocupació pel fet que l'inici de la campanya electoral està significant un retard injustificable en la investigació i persecució dels agents de policia responsables de les vulneracions dels drets humans descrits en aquest Informe.

9. La Comissió considera que l'acceptació per part de les pròpies autoritats que s'han comès excessos o abusos policials no implica una assumpció suficient de les responsabilitats per part de l'Estat. S'ha d'identificar, processar i sancionar a tots aquells que, per omissió o per acció, van participar en l'elaboració o planificació de l'operatiu així com en els excessos en la seva execució. A més s'hauria de reparar el dany causat a les víctimes i arbitrar les mesures oportunes perquè situacions com les descrites no es tornin a produir en el futur.

10. La Comissió considera necessària la immediata posada en llibertat de les persones detingudes encara preses en els penals de "Santiaguito" i "La Palma", amb base en el principi de presumpció d'innocència. Igualment, considera inajornable la revocació de les mesures d'expulsió acordades contra les persones estrangeres detingudes en l'operatiu policial.

11. La Comissió interpel•la a tots els actors polítics, a la societat civil en general i especialment a les organitzacions en defensa dels drets humans, tant nacionals com internacionals, que exerceixin, en la seva condició de garants de la democràcia, una funció activa de control i supervisió de l'actuació dels poders públics com garants de la democràcia. En aquest sentit, la Comissió fa públic el seu compromís de manteniment de la labor d'observació civil iniciada i tal efecte pensa establir una comissió de seguiment de les recomanacions. Igualment, la Comissió ha engegat els mecanismes de protecció internacional dels drets humans, en concret comunicacions urgents a la Comissió Interamericana de Drets Humans i distints Relators Especials de Nacions Unides. Finalment, els fets denunciats en el present informe els entenem, si cap, més rellevants pel fet que Mèxic ostenti en l'actualitat la presidència en el Consell de Drets Humans de Nacions Unides.

12. La Comissió considera que existeix un conjunt mínim de mesures de reparació dels danys individuals i col•lectius ocasionats que haurien d'implementar-se de manera immediata. Les mesures de reparació haurien de ser consensuades amb els propis afectats i incloure, com a mínim, i seguint la jurisprudència dictada per la Cort Interamericana de Drets Humans per a situacions similars a la present:

• Reparació moral. Restitució de l'honor de les víctimes i del dany comés a la seva imatge privada i pública a través del reconeixement oficial del tracte injust i vexatori rebut i del dany provocat pel fet de ser considerats com delinqüents.

• Reparació emocional de les persones afectades. Arbitrar totes les mesures perquè la comunitat en el seu conjunt i les persones i famílies afectades en particular rebin l'atenció mèdica i psicològica adequada per professionals que siguin de la seva confiança en aquells que sigui necessari. Això és especialment rellevant pel que fa a l'atenció psicològica o psiquiàtrica on és bàsic que els afectats puguin confiar en qui els atenen terapèuticament.

• Reparació del dany comunitari a través de programes de reconstrucció del teixit social. Aquests no han de, en tot cas, convertir-se en eines de divisió i confrontació a través de programes o sistemes d'ajuda condicionada o de pressió a través de falsos consensos, pel que es recomana el monitoratge dels mateixos per organismes independents de caràcter nacional o internacional.

• Reparació econòmica. Compensació pels perjudicis soferts com a conseqüència de la violència (econòmics, en educació, salut o altres) i especialment aquells derivats de la pèrdua d'ocupacions com a conseqüència dels actes de violència exercits o de les fustigacions posteriors.

• Reparació legal. Processos de justícia amb la punición dels fets establerts legalment com delictius. Sense una justícia real i efectiva, qualsevol mesura reparatòria és parcial.

• Reparació social. Articular els mecanismes que garanteixin que no existeixen limitacions a l'ús de la ciutadania, la participació social i política individual o organitzada de la població de Atenco. La reconstrucció social de Atenco passa, indefectiblemente, per la participació activa i compromesa dels seus ciutadans en la vida comunitària.

• Reparació històrica. Reconeixement de la veritat històrica que permeti la creació d'una memòria col•lectiva que previngui situacions similars futures.

13. La restauració de la convivència és un procés complex que va molt més allà de la recerca de la veritat o la justícia per a tenir com última estació trobar les causes originals del conflicte. Amb molta freqüència aquesta troba les seves arrels en raons estructurals (pobresa, desigual accés a recursos, absència d'accés real a canals de participació política, etc.). En aquest sentit la principal mesura reparadora per al poble de San Salvador Atenco i la principal demanda recollida reiteradament en les entrevistes realitzades amb els pobladors és atendre a les causes originals del conflicte analitzades en aquest informe. Per això, atendre de manera justa i adequada a les reivindicacions en l'atenció educativa o en salut, la vialidad i les obres públiques o la gestió dels espais públics, per citar alguns dels elements més coneguts, són, sens dubte, el principal element reparador.

Comissió Civil Internacional d'Observació dels Drets Humans
Ciudat de Mèxic 4 de juny 2006
Sindicat Terrassa