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Notícies :: criminalització i repressió : amèrica llatina
(CCIODH) halla tortura y violación en Atenco y en los penales de Santiaguito y La Palma. México
per rsc	05 jun 2006
La policía se excedió de fuerza en Atenco, concluyen observadores internacionales
Icela Lagunas El Universal Lunes 05 de junio de 2006 Tras una semana de investigaciones en San Salvador Atenco y en los penales de Santiaguito y La Palma, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) concluyó que en los operativos del 3 y 4 de mayo pasados, los policías incurrieron en diversos hechos delictivos cuya gravedad se traduce en la muerte de una persona, tortura y violaciones sexuales. Realizaron 173 entrevistas a los detenidos y presos en dichas cárceles, a partir de las cuales los visitadores exigen el cese inmediato del comisario de la Agencia Estatal de Seguridad, Wilfrido Robledo Madrid, así como del comandante responsable del operativo David Pintado Espino. Al dar a conocer las conclusiones y recomendaciones exigen también el cese inmediato del responsable del operativo de la PFP, Alejandro Eduardo Martínez Aduna y del estado mayor, Ardelio Vargas Fosado. Al acudir al poblado de Atenco y recoger diversos testimoniales, se concluyó que el joven de 14 años que murió en la zona fue asesinado de un disparo producido a 70 centímetros de distancia. Un disparo intencionado, hecho con un arma de la policía, por el que se pide una investigación exhaustiva. Entre otras irregularidades la Comisión Civil de Derechos Humanos consideró que el inicio de la campaña electoral está significando un retraso injustificable en la investigación y persecución de los policías responsables. "La comisión considera necesaria la inmediata puesta en libertad de las personas detenidas y aún presas en los penales de Santiaguito y La Palma, con base en el principio de presunción de inocencia." El informe preliminar será presentado ante diversos organismos de los derechos humanos internacionales y ante el alto comisionado de las Naciones Unidas. En el docuemnto, destaca el caso de Arnulfo Pacheco, un parapléjico detenido por una presunta agresión en contra de los cuerpos policiacos y cuya condición física le impide la movilidad. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/139106.html ..... [Fírmalas] Conclusiones y recomendaciones de la CCIODH por los sucesos de Atenco, México >>URGENTE: firma las conclusiones y recomendaciones: http://cciodh.pangea.org/firma_conclusiones_4_cciodh.htm Las conclusiones y recomendaciones en http://cciodh.pangea.org http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/260832/index.php ..... Entrega Marcos informe a ONG de derechos humanos Un mes de la represión en San Salvador Atenco HERMANN BELLINGHAUSEN Al cumplirse un mes del ataque policiaco a Atenco, el subcomandante Marcos entregó un informe sobre esos hechos a la Comisión Civil Internacional de Observación para los Derechos Humanos (CCIODH), y contó a grandes rasgos la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en lo que fue más bien un sobrio homenaje a los luchadores atenquenses y su estatura moral, la cual han intentado demoler ante la opinión pública los voceros gubernamentales, mandos policiacos y muchos comentaristas. Tras resistir el intento del gobierno por despojar de sus tierras a los pueblos de Atenco en 2001 para construir un aeropuerto, el FPDT "siente el deber" de hacer presencia en las luchas de los demás. "Invariablemente, va al frente su líder moral, Ignacio del Valle. Llegaban ellos, casi en una rutina de solidaridad, llevando sus machetes y cantando. Nunca intentan dar línea a nadie, se circunscriben a decir 'no están solos'. El hecho de que Del Valle marche al frente de sus compañeros muestra el nuevo tipo de líder que no manda, sino va con la gente. Con nosotros los zapatistas también llegaron varias veces los del FPDT. Iban acompañados por otros movimientos que luchaban por sus propias cosas. Siempre hablábamos de su victoria". Según Marcos, los argumentos en pro del aeropuerto "son joyas de la estupidez gubernamental". Recuerda que ante ello, "los del FPDT discutieron hasta dónde estaban dispuestos a llegar. 'Hasta la muerte', dijeron. Desde entonces hicieron una estrategia de solidaridad, y el machete pasa a ser su símbolo, como el pasamontañas en vez de las armas para nosotros", agregó. "Para los de arriba el machete no es instrumento de trabajo, sino una amenaza, y los llaman 'macheteros'. Ahora que los y las habitantes de Atenco levantan sus machetes es para decir esto somos y queremos seguir siendo. La derrota en el México de abajo es es el destino casi exclusivo de cualquier lucha. Y el apoyo de las organizaciones de izquierda es mediante un cálculo político. '¿De qué me sirve apoyar esta lucha?'. Atenco recibió la solidaridad de grupos, pero no fue visible. Los medios por su parte se centraron en el 'fracaso del gobierno para llevar adelante un proyecto de desarrollo'". Recordó que el FPDT llegó a distintos lugares durante el recorrido de la otra campaña por el sur de México. Citó en particular Jalapa del Marqués, Oaxaca, donde la reunión era sólo con los tres adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que había en ese poblado. Allí llegaron los del FPDT, con sus machetes. El hecho de que fuera la asamblea a la que llegaron a apoyar habla de su deber ético. No ganaban nada con apoyar a ese grupo". El delegado Zero reseñó el paso de la otra campaña por Atenco a fines de abril. Recordó haberles dicho: "Ustedes optaron por seguir en la lucha en vez de quedarse en sus tierras con lo ganado, y lo arriesgaron por un movimiento que tenía todo en contra, la otra campaña. Por el deber, palabra que no entiende la izquierda institucional". Pocos después, cuando el delegado Zero había llegado al valle de Chalco, América del Valle (hija de Ignacio) acudió al lugar "y nos informó en la reunión de la amenaza de desalojo a los floristas, adherentes de la Sexta en Texcoco. Y comunicó la decisión del FPDT de apoyarlos. El 1º de mayo marcharon con nosotros". Marcos recordó que el día 3 recibió una llamada informándole del desalojo inminente de los floristas, y que el FPDT ya estaba allí. "Les hicimos saber que iríamos, pero del otro lado (del teléfono) nos dijeron que no, que estaban buscando arreglo." El recorrido de la otra campaña siguió en La Merced y Tepito, adonde nuevamente llegó América del Valle, como enlace del FPDT. "Vimos en una televisión la imagen del policía golpeado en el suelo. Los locutores insistían que eso no era posible. Que la autoridad tenía que poner orden al costo que fuera. Durante el mitin en Tlateloco supimos del ataque en Texcoco y dimos el primer informe de que hubo una muerte. Los medios electrónicos lo minimizaron. Decidimos no creer en otra información que no fuera la de los compañeros. Allí empieza el ataque en Texcoco y damos la alerta roja. Llamamos a bloqueos de carreteras el día 4 y nos enteramos de la policía a Atenco. El 5 hacemos una marcha de Chapingo a Atenco, que empieza con mil personas y termina con más de 5 mil. Sabemos que hay muchos detenidos, pero todavía no sabíamos lo que les estaban haciendo". Al concluir la narración, el delegado Zero entregó a la CCIODH un informe escrito y dos videos. En uno, el policía caído es golpeado por la gente; en otro se ve la golpiza policial al dirigente telefonista Jorge Salinas. http://www.jornada.unam.mx/2006/06/05/015n1pol.php ..... "No se pueden poner en duda los testimonios de mujeres violadas", dice la CCIODH Por presunción de inocencia, demanda la liberación inmediata de los encarcelados La policía se excedió de fuerza en Atenco, concluyen observadores internacionales VICTOR BALLINAS Al presentar ayer su informe preliminar sobre el operativo policiaco en San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo pasado, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), sostiene que "se probó" que hubo exceso de fuerza pública, una grave vulneración masiva de derechos humanos, que incluyeron violaciones y agresiones sexuales contra mujeres detenidas, torturas, la muerte de un menor y la muerte cerebral de un estudiante. "Querían quebrar la identidad de las personas, al humillarlas y torturarlas sicológicamente", sostiene el informe. La CCIODH demandó los ceses inmediatos del comisario general de la Agencia Estatal de Seguridad, Wilfrido Robledo Madrid; del comandante David Pintados Espinos, máximo responsable policial del operativo de la policía estatal; el comisionado -responsable del operativo por la Policía Federal Preventiva- Alejandro Eduardo Martínez Aduna, y el jefe del estado mayor de la PFP, el general de brigada Ardelio Vargas Fosado. De igual forma demandó la libertad inmediata de las personas detenidas en los penales de Santiaguito y La Palma, con base en el principio de presunción de inocencia, y consideró inaplazable la revocación de las medidas de expulsión acordadas contra cinco extranjeras -dos españolas, dos chilenas y una alemana- detenidas en el operativo referido. No basta "con la aceptación de las autoridades" de que se cometieron excesos o abusos policiales, porque ello no implica una asunción suficiente de las responsabilidades por el Estado, aseguró la CCIODH. "Se debe identificar, procesar y sancionar a las autoridades federales y estatales que, por omisión o por acción, participaron en la elaboración o planificación del operativo, así como en su ejecución", abundó. Sostiene que "tenemos indicios de que militares en activos participaron en el operativo; eso es muy grave, lo estamos investigando, hay la presunción, y por lo menos sabemos y estamos documentando un caso, que de comprobarse sería gravísimo". En el informe preliminar la CCIODH consideró que las fuerzas policiacas no se condujeron dentro del marco del estado de derecho, conforme a lo dispuesto por la Constitución mexicana, los tratados internacionales suscritos y ratificados por el país, las leyes y reglamentos aplicados. Los abusos policiales representaron una grave vulneración masiva de derechos humanos: detenciones arbitrarias, allanamientos de morada injustificados, actos de tortura, graves atentados a la libertad sexual, incluidas las violaciones sexuales, vulneración de los derechos de los procesados que estuvieron incomunicados y sin saber de qué se les acusaba. Aseveró que "al revisar el auto de formal prisión de los consignados en todos, y cada uno de ellos, las imputaciones son de orden genérico, no hay concreción, no se indica qué hizo cada uno de los consignados; entendemos que por la cantidad de personas es difícil, pero ello es fundamental en un estado de derecho; por ello decimos que deben quedar en libertad, porque sólo debe haber prisión cuando se presuma que los presuntos pueden evadir la acción de la justicia, y no es el caso". La CCIODH informó que hicieron 173 entrevistas con mujeres violadas y agredidas sexualmente; con familias cuyas casas fueron cateadas ilegalmente; con personas golpeadas y detenidas, pero que ya están libres; con los detenidos en Santiaguito; con funcionarios de la CNDH, con funcionarios mexiquenses, con alcaldes de Texcoco y San Salvador, pero "no nos fueron concedidas todas las entrevistas solicitadas con el gobierno federal y estatal; también se nos negó la entrada a La Palma". Los integrantes de la CCIODH, entre quienes se encuentran abogados, sicólogos, antropólogos, médicos, siquiatras, periodistas, entre otros, destacaron que "resulta poco creíble que los mandos policiacos no tuvieron conocimiento de lo que estaba ocurriendo, sobre todo por la magnitud e intensidad de las violaciones a los derechos humanos. Hubo una operación indiscriminada de detenciones en varios lugares, incluso distantes de donde ocurrió el enfrentamiento". En el caso de las agresiones y violaciones sexuales a mujeres, sostuvieron: "los testimonios de las mujeres tienen valor jurídico, fueron hechas las pruebas sicológicas y los testimonios de todas coinciden en el modus operandi; no hubo contradicciones, y hay daños probados. No se pueden poner en duda esos testimonios", sostienen. Este informe y el documento final serán presentados a la Organización de Naciones Unidas, a organismos internacionales de derechos humanos, a gobiernos de la Unión Europea, a los parlamentos de España, Barcelona, Italia y de otros países, además de que se entregará al gobierno de México y a organizaciones civiles internacionales y nacionales. http://www.jornada.unam.mx/2006/06/05/014n1pol.php ..... "Vi cuando a una mujer le bajaron los pantalones" En video, testimonios de brutalidad contra los detenidos en Santiaguito y La Palma VICTOR BALLINAS En video, desde el penal de Santiaguito, las y los detenidos en el operativo policial de San Salvador Atenco narran los abusos, la saña y la brutalidad con que fueron tratados: "desde que nos agarraron empezaron los golpes. Nos agarraron en varios lados, y nos metían a camionetas tipo van, amontonados. Tirados, boca abajo, unos sobre otros. Nos golpeaban. "Había gritos de desesperación, de dolor. Gritos con palabras obscenas de los policías; nos amenazaban", denuncia uno de los detenidos cuyo testimonio -tomado en el penal- fue grabado por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). "Yo vi cuando a una mujer le bajaron los pantalones y su ropa interior. "Cuando un policía la iba a manosear, yo traté de impedirlo, y en respuesta como 15 agentes me golpearon, me descalabraron, me patearon. Se enojaron porque quise evitar que tocaran a la compañera." Fragmentos de las entrevistas grabadas fueron exhibidas ayer en video con autorización de los detenidos por la CCIODH. Estos testimonios se presentarán en la ONU, en la Comisión Europea, en los parlamentos de España, Italia, en Barcelona, a organismos internacionales, al gobierno mexicano y a las organizaciones civiles nacionales e internacionales que lo requieran, se informó ayer. Uno a uno fueron pasando las trozos de historias que daban cuenta de humillaciones, vejaciones y violaciones a los derechos humanos de los detenidos. Hombres y mujeres, unidos por el dolor, el miedo, la ansiedad y su demanda de justicia. "Pus que pongan lo que quieran. Yo no he declarado nada. No voy a declarar nada, porque no sé nada de leyes. Pedí un traductor y me lo negaron, un abogado y me lo negaron. No he declarado nada, que pongan ellos -los agentes del Ministerio Público- lo que quieran", expresa la indígena mazahua Magdalena García Durán. "Me detuvieron; yo iba vestida con la ropa típica de mi pueblo. Me jalaron de la trenza y me dijeron que me iban a cortar la cabeza. Me golpearon y tirada en el camión en el que nos llevaban vi a mucha gente sangrando. 'Tengan piedad', les dije, 'hay un señor con las costillas rotas'. Otro señor se quejaba de las brutales patizas, sangraba; 'tengan piedad', les decía. Estoy aquí por una enorme injusticia. Fuimos detenidos por haber estado en un lugar. No nos dan atención médica, sólo pastillas de paracetamol para el dolor", sostiene. En los fragmentos de las historias, ellas y ellos denuncian que "nos tenían aquí detenidos, golpeados, humillados y no sabíamos de qué se nos acusaba. Estuvimos incomunicados; no nos dejaban hablar con nuestros familiares, menos con abogados. Algunos de los hombres ahí encerrados sostienen, nos detuvieron en Texcoco". Uno sostiene: "yo iba en una moto". Otro: "Yo iba en bicicleta". Uno más: "también iba en bicicleta". "A éste ni lo metan, se muere aquí" Arnulfo Pacheco, quien fue sacado de su casa, enfermo, parapléjico, que tiene cinco costillas rotas, también dio su testimonio: "cuando nos trajeron, todos golpeados, una mujer de aquí de la prisión les dijo a los policías: 'a éste ni lo metan -a la cárcel-; se muere aquí', por eso me llevaron al hospital, junto con otros, los más golpeados, pero ya nos tienen aquí, en el penal". Estas historias se conocerán internacionalmente, dijo la CCIODH, para que la comunidad mundial se dé cuenta de lo que realmente pasó: hubo violaciones de derechos humanos, agresiones sexuales, humillaciones, golpizas a gente inocente. http://www.jornada.unam.mx/2006/06/05/014n2pol.php ..... Caso Atenco: pide ONG cese inmediato de jefes policiacos Entre ellos Wilfrido Robledo Presentan conclusiones y recomendaciones que entregarán a la ONU. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos pidió el cese inmediato de las autoridades responsables de los hechos violentos que se dieron en San Salvador Atenco, Estado de México. Esta comitiva presentó 12 conclusiones y recomendaciones en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus Fray Servando, informe que presentarán a la Organización de las Naciones Unidas así como a parlamentos europeos para su análisis. Dentro del documento —del cual tiene copia MILENIO— se señala en el punto 5 que el comisario general de la Agencia Estatal de Seguridad, Wilfrido Robledo Madrid; los comandantes responsables del operativo de la Policía Estatal, la Policía Federal Preventiva, así como el jefe del Estado Mayor, David Pintado Espinosa, Alejandro Eduardo Martínez Aduna y Ardelio Vargas Fosado, respectivamente, sean cesados inmediatamente. La comisión que estuvo presidida por Ignacio García sustenta la petición al considerar que las fuerzas policiales “no se rigieron dentro del marco del estado de derecho conforme a lo dispuesto por la Constitución política mexicana�, además de que no respetaron los estándares internacionales de protección de los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza pública. De igual manera, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos solicitó la liberación de los 28 presos que se encuentran en los penales de Santiaguito y La Palma, de los cuales aseguraron que siete son mujeres y 21 hombres. La libertad de los detenidos se sustentaría en “el principio de presunción de inocencia, y hasta que no haya una sentencia, son inocentes�. Respecto al caso de los menores de edad que fueron detenidos durante el operativo policial, admitieron que queda inconcluso, debido a que no tienen elementos sustentables para investigar el hecho. El resultado de la investigación es una serie de entrevistas a 150 presos de la cárcel de Santiaguito, sin embargo, la comitiva internacional se quejó de que no pudieron hablar con Ignacio del Valle, dirigente de los comerciantes de la comunidad de Texcoco, porque el director de La Palma, Luis Fernando Mendoza, no respondió a la solicitud del grupo observador de entrar a la audiencia pública a la que se le sometió a Del Valle. Paul Constantino http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=92648 ..... Acusan a dos comandantes de la represión en Atenco Ma. Teresa Montaño El Universal Lunes 05 de junio de 2006 TOLUCA, Méx.- Al menos 50 elementos de la Agencia Estatal de Seguridad (ASE), que participaron en el operativo del 4 de mayo en Atenco, han señalado al director operativo de la corporación Rogelio Cortez Cruz como el responsable directo de haberles dado la orden de represión bajo la cual se les permitió cometer todo tipo de excesos y abusos durante el operativo de desalojo. Igualmente hicieron imputaciones en contra de Remedios Estrada Colín, subdirector operativo de la zona metropolitana del valle de México de esa corporación. De acuerdo con las declaraciones presentadas por los elementos involucrados, Rogelio Cortez Cruz, quien estuvo directamente al frente del operativo de desalojo de la plaza principal de San Salvador Atenco y el traslado de 211 detenidos, les habría dado la orden textual a sus elementos de "romperles la madre", orden que otros agentes policiacos también recibieron vía radio. También dieron la orden explícita de "chínguenselos a todos" y de "jalen parejo", según consta en las declaraciones que han entregado por escrito al menos 50 agentes de la ASE, al Ministerio Público que investiga la presunta violación de mujeres y otros delitos cometidos por la policía el día de los hechos. Órdenes rotundas De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL, prácticamente 90% de los policías que son investigados por la Procuraduría de Justicia del Estado de México han coincidido en que ambos comandantes fueron "explícitos" en sus órdenes de golpear, reprender y detener a cualquier ciudadano que estuviera en tránsito, así como allanar domicilios para "reportar buenos resultados a Wilfrido Robledo". Así consta en las declaraciones "por escrito" que han entregado los agentes de la ASE a la Procuraduría mexiquense. El mecanismo que ha utilizado la Procuraduría General de Justicia de la entidad para obtener el testimonio de los policías que participaron en el operativo ha sido pedirles una declaración elaborada "de puño y letra", para después pasarlos al polígrafo. Los interrogatorios poligráficos se hacen con base en preguntas elaboradas por los especialistas a partir de los testimonios expresados por escrito por los propios uniformados, a fin de medir el grado de autenticidad y verdad de sus declaraciones sobre los hechos del 4 de mayo. Se informó que ante las fuertes presiones y señalamientos, incluso de carácter internacional que ha recibido el gobierno mexiquense por los excesos que cometió su policía en Atenco, Wilfrido Robledo, coordinador general de la ASE, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, planean una "suspensión temporal de elementos policiacos para calmar los ánimos". Este rumor ha desatado temor de despidos masivos e imputaciones graves contra los elementos convocados por el Ministerio Público, por lo que éstos decidieron a hablar y señalar a los comandantes responsables de los excesos que cometieron, informaron las fuentes consultadas por este medio. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/139104.html ..... Atenco y la tortura sexual Carlos Fazio De manera paulatina, la información sobre la represión gubernamental en San Salvador Atenco fue desnudando los aspectos más horrendos del protofascismo mexicano. De la mano de una guerra antisubversiva que no se atreve a decir su nombre, irrumpió en México la tortura sexual; una doble tortura. Los testimonios de las presas políticas en el penal de Santiaguito, en el estado de México, no dejaron lugar a duda: revelaron que sus captores-violadores tuvieron un mismo patrón de conducta sádica y lasciva. Señalaron que fueron encapuchadas o les cubrieron la cara con su ropa; las desnudaron de manera violenta; las sometieron al peor trato verbal y a insultos sexistas ("putas", "perras", "hijas de la chingada", "pendejas"), mientras las golpeaban con saña en todo el cuerpo; tocaron sus genitales y ano con brutalidad; en muchos casos las penetraron con dedos y/u objetos, y en alguno con el pene; varias fueron obligadas a hacer sexo oral, en algún caso de manera tumultuaria; durante varias horas fueron sometidas a torturas física, sicológica y moral; las amenazaron de muerte; las mantuvieron incomunicadas y en estado de indefensión física y mental, y a todas se les negó asistencia médica y legal de su confianza, lo que aumentó su vulnerabilidad. El caso Atenco exhibe un cambio en la modalidad represiva del régimen de Vicente Fox y los organismos de seguridad del Estado. Con un antecedente: las técnicas de "interrogatorio" utilizadas contra los y las altermundistas detenidos en el marco de la cumbre de Guadalajara, en 2004, combinaban ya distintas formas de tortura con la desnudez de la víctima, la humillación, el ataque lascivo. Ahora, en Atenco, la participación de más de medio centenar de elementos policiales en actos de violación en masa no puede explicarse por una suerte de "epidemia sádica". La conducta del torturador no puede comprenderse sólo desde una perspectiva pulsional. Por ello se puede deducir que los abusos, violaciones y otras aberraciones sexuales perpetradas por los "agentes del orden" durante el traslado de las prisioneras de Atenco a Santiaguito derivaron de una orden superior, que no fueron "desviaciones" a la "norma" perpetrada "de manera individual" por algunos "malos elementos" de la policía. Que no sólo se siguieron los códigos militares de los ejércitos coloniales de ocupación, que hacen del cuerpo femenino un objeto, un botín de guerra para el vencedor y una venganza o castigo contra el enemigo. No. La violencia erótica y la "colonización del cuerpo de las mujeres", según la expresión utilizada por Lydia Cacho, es la concreción del poder que otorga la autoridad. Pero además esa forma de violencia forma parte de la tortura, que es un hecho prioritariamente político. Quienes aplicaron tormentos físicos, sicológicos y sexuales en contra de las detenidas y los detenidos, ¿existe la denuncia de un varón violado con un tolete?, cumplían órdenes superiores. Las mujeres fueron violadas y ultrajadas de manera intencional, como medio de degradación humana y desmoralización, de aniquilación y desvalorización. En ese sentido, como dijo la dirigente del Grupo Eureka, Rosario Ibarra, fue "una violación de Estado". Y como apuntó Adolfo Gilly, "se violaron mujeres, seres humanos, no (sólo) derechos humanos". Pero es necesario inscribir esos hechos como parte de otra cuestión: la de Atenco fue una acción de tipo contrainsurgente. Y en ese marco, la tortura busca generar un sentimiento de terror en el resto de la población. Los mandos del operativo, el vicealmirante Wilfrido Robledo, jefe de la Agencia de Seguridad del Estado mexiquense, y el general de brigada Ardelio Vargas, jefe del estado mayor de la Policía Federal Preventiva, ¿apoyados por el experto en contraterrorismo Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigaciones?, señalaron a la opinión pública que actuaron en contra de un grupo de "secuestradores" y "delincuentes". Es en ese contexto que hay que analizar los hechos, incluida la tortura con su componente sexual. Cabe enfatizar que la tortura es instrumento político de la dominación violenta ejercida a través del Estado, que busca crear un clima de miedo en la población. Es una actividad intencional y premeditada, programada de manera sistemática y científica para la producción de dolores físicos y síquicos, que además constituye un asalto violento a la integridad humana. Pero la tortura y su ejercicio actual en México van más allá de las raíces etimológicas del concepto (del latín torquere, tortus; tortura-retorcer, atormentar, infligir dolor). También es una demostración de poder y reflejo de la relación entre los detentadores de ese poder y los reprimidos. En términos políticos , la tortura es el nivel represivo más agudo del enfrentamiento de las fuerzas sociales a través de sus representantes envueltos en una relación donde la dominación y lo inerme reflejan, en su dialéctica, conflictos ineludibles del sistema. Aparte de obtener información -aspecto no prioritario en el caso Atenco-, la finalidad de la tortura es destruir y quebrantar al sujeto. Destruir el ser-humano-concreto y el-ser-político para, por medio de la ejemplificación, aterrar a la población y a los opositores del régimen. La tortura sexual contra las mujeres de Atenco constituye una violación generalizada o sistemática intencional. La responsabilidad criminal no es sólo de los elementos policiales que materializaron el hecho, sino también de los mandos superiores que ordenaron a sus subordinados actuar así. Unos y otros no deben quedar impunes. Hay que exigir justicia para impedir que se legitime el nuevo Estado violador. http://www.jornada.unam.mx/2006/06/04/022a2pol.php ..... Violencia y policía en México Jorge Carrasco Araizaga México, D.F., 5 de junio (apro).- Ausente de las campañas políticas, la reforma de la policía en México demuestra que el tránsito del régimen autoritario del PRI a la incipiente democracia, ha dejado la seguridad de los ciudadanos en las viejas corporaciones policiales que, por más cambios de nombre, conservan el exceso de fuerza como único principio de su autoridad. Todos los cambios de régimen implican una transformación de las corporaciones policiales y de seguridad para adaptarse a las nuevas formas de convivencia social, en las que el autoritarismo es sustituido por la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. La experiencia internacional indica que no se trata de pedirle a la policía que renuncie a su esencia de autoridad para garantizar la seguridad física de las personas y de la posesión de sus bienes y, en última instancia, la convivencia social. En América Latina, la llegada de la democracia ha significado la revisión a fondo de las instituciones policiales, de los organismos de seguridad y de las fuerzas armadas, en las que la autoridad civil prevalece sobre los militares y las corporaciones están, en general, bajo escrutinio social. Democracias avanzadas como las de Inglaterra y Estados Unidos han instituido incluso la figura de monitores o auditores sociales que están pendientes de las actuaciones policiales. Ello no ha impedido los abusos de la policía, sobre todos los difundidos por la televisión estadunidense, propiciados en buena medida por el racismo. En México la violencia es la pauta de la acción policial ante los problemas sociales. El ejemplo más reciente fue el de San Salvador Atenco, donde a la violencia de un grupo de pobladores se le respondió con un ataque de venganza desde la Agencia de Seguridad del estado de México. El viejo régimen respondía antes con grupos paramilitares e irregulares o de policías y militares encubiertos para responder a la radicalización de los grupos sociales. Ahora, lo hace directamente desde las corporaciones, lo que aumenta su desprestigio ante la población. La represión en Atenco no fue un hecho aislado. Semanas antes, la policía de Michoacán había actuado de la misma manera ante la huelga de los mineros en la siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, asesinando a dos mineros. Las policías de Jalisco y Quintana Roo, apoyadas por la Policía Federal Preventiva (PFP), hicieron también uso desproporcionado de la fuerza para disolver las manifestaciones de los globalifóbicos, sin que ninguno de los responsables de los abusos haya sido castigado. Los ejemplos se extienden a todo el país en las policías municipales, estatales y federales. El abuso y maltrato policial a la población es un patrón que muestra el retraso de las instituciones y su limitada respuesta. En el fondo, pone en entredicho el fundamento del estado democrático, en el que los cuerpos uniformados deben estar orientados al servicio y protección de los ciudadanos. Esa actuación también demuestra los deficientes procesos de reclutamiento, formación, capacitación y actualización de las policías, además de su carencia de equipo y de herramientas tecnológicos. Muestra de ello es la evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Pública aplicada en 2004 a 100 mil policías, apenas una tercera parte de los que hay en el país. Si bien se trata de una autoevaluación, las cifras confirman esas graves deficiencias. Más de la mitad reprobó en las seis áreas de conocimiento evaluadas: marco jurídico, ético y deberes policiales; principios de intervención policial; técnicas básicas del policía preventivo; primeros auxilios; acondicionamiento físico y manejo de armas. Los estados con las peores calificaciones fueron Guerrero y Zacatecas. Los mejor evaluados, Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí. Otro de los problemas de las policías del país es que mantienen las prácticas de abuso, discriminación y simulación del servicio civil de carrera. Al mismo tiempo, los elementos no tienen las condiciones mínimas para dar un servicio profesional ni para la protección individual ni colectiva de sus derechos. También es grave que no existan esquemas claros e ineludibles de transparencia y rendición de cuentas ante los congresos, el Poder Judicial, las comisiones de derechos humanos y, desde luego, la población. Mucho menos se cuenta con un organismo independiente de monitoreo de los abusos policiales. De existir, se eliminaría la suspicacia que tienen algunos sobre lo que dicen las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Atenco, pero también se superaría el lógico escepticismo con que se reciben las declaraciones de la policía del estado de México. Está más que probado que la policía mexicana es incapaz de resolver conflictos sociales de manera pacífica, pues no mantiene un verdadero diálogo y comunicación con la comunidad. Ante ese panorama, un grupo de especialistas en seguridad y derechos humanos acaba de integrar un colectivo con el propósito de que, quien resuelto electo en las elecciones presidenciales del 2 de julio próximo, tenga de primera mano el conocimiento de los expertos para la elaboración de sus políticas públicas en materia de seguridad. Los especialistas congregados en el Colectivo por la Seguridad con Democracia y Derechos Humanos –provenientes de la UNAM, el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y organizaciones de seguridad y derechos humanos– pretenden también que los diputados federales y senadores que se integren las comisiones de seguridad, justicia y derechos humanos de la LX legislatura, que inicia en septiembre, cuenten también con el conocimiento especializado cuando aborden las necesarias reformas en la materia. La palabra será de ellos. Comentarios jcarrasco ARROBA proceso.com.mx http://www.proceso.com.mx/anapol.html?aid=40984
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