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29 abr 2006
Los turistas incívicos abonan de inmediato el 30% de las multas entregadas en los hoteles.
El procedimiento comenzó a ensayarse en Semana Santa pensando en los meses de verano.

El Ayuntamiento niega trato de favor a okupas en la concesión de viviendas
BARNA.

El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a obsequiar a los turistas incívicos con un recuerdo de su paso por la ciudad. El 30% de las sanciones impuestas a los extranjeros que incumplen la ordenanza de la convivencia en el espacio público han podido ser cobradas gracias a la puesta en marcha del sistema de pago inmediato - modalidad que permite al infractor de la normativa municipal abonar la multa en un plazo de 24 horas y beneficiarse de un descuento del 30% de su importe- y de la notificación de la sanción al turista en el establecimiento hotelero en el que se aloja durante su estancia en la ciudad.

Este mecanismo de cobro de las multas se puso en funcionamiento durante la pasada Semana Santa con carácter experimental y con el propósito de generalizar su uso en los próximos meses, sobre todo pensando ya en la gran afluencia de visitantes que se espera para los meses de verano. Durante esos días, el Ayuntamiento abrió por esta vía un total de 26 expedientes sancionadores, aunque únicamente en diez de ellos la dirección consignada por los turistas era la verdadera, lo que permitió llegar hasta el final del procedimiento. En nueve de estos casos, los infractores de la ordenanza accedieron a efectuar el pago exprés,un método que, además de asegurar una sustancial rebaja en la cuantía de la multa, permite al incívico en cuestión ocultar con mayor facilidad su mala conducta.

Este procedimiento también está siendo utilizado cada vez más por personas de nacionalidad española y residentes en Barcelona, lo que, según la concejal de Participación Ciudadana, Assumpta Escarp, confirma que se está convirtiendo en un "elemento disuasorio". El pago exprés se ha aplicado, asimismo, a las personas a las que la Guardia Urbana impuso una sanción administrativa durante los incidentes que se produjeron después del macrobotellón del Raval. Cuatro de las 17 personas denunciadas se han acogido a esta fórmula y han abonado ya la multa de 2.100 euros (una rebaja de 900 sobre 3.000 euros, el máximo previsto en la ordenanza), mientras que una ha optado por el pago fraccionado (1.500 euros en un primer plazo y otros 1.500 en el segundo).

Assumpta Escarp explicó la puesta en funcionamiento del sistema de notificación de multas a los extranjeros en los hoteles durante el pleno municipal celebrado ayer. En la sesión se aprobaron diversos planes sociales vinculados con la ordenanza del civismo, en concreto el de prostitución, el de las personas sin techo y el de reinserción laboral de quienes se dedican a la venta ambulante no autorizada. Los planes obtuvieron el voto favorable de PSC, ERC e ICV, la abstención de CiU y el voto en contra del PP. La oposición aprovechó el debate para criticar al gobierno municipal porque considera que "no se cree la ordenanza" y la aplica con menos recursos de los que serían necesarios.

La notificación de las multas en los establecimientos turísticos sigue un circuito distinto al que se utiliza en el resto de sanciones por incumplimiento de la ordenanza. Se actúa de forma urgente para evitar así que, en el mommento de recibir el aviso, el visitante se encuentre lejos de la ciudad. Estas intervenciones del Ayuntamiento han llevado a algunos consulados, como el británico, a advertir a extranjeros que llegan a Barcelona que esta ciudad "tiene unas normas de convivencia que ha de cumplir todo el mundo, también los que vienen de fuera", explicó Escarp. Próximamente, la concejal tiene previsto reunirse con los cónsules de aquellos países que aportan mayor número de turistas a la ciudad para informarles de los propósitos del Ayuntamiento y recabar su colaboración.

Los datos de los 26 expedientes tramitados durante Semana Santa revelan que el mayor número de infracciones que cometen los extranjeros que visitan Barcelona está relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas en las circunstancias prohibidas por la ordenanza (16 expedientes) y con el hecho de orinar en el espacio público (10 denuncias).

El mes de junio, a través de la sociedad municipal Barcelona Activa, pondrá en marcha otra innovación incluida en la ordenanza, el plan de ocupación para los lateros y vendedores del top manta que estén dispuestos a abandonar esta actividad. El programa prevé que, en una primera fase, durante un periodo de 6-8 meses, los cincuenta primeros participantes en este proyecto puedan ser legalmente contratados para realizar labores de prevención de incendios y limpieza forestal, limpieza de grafitis y adhesivos y mantinimiento del espacio público. El coste salarial se estima en 1.139 €mensuales por trabajador.

El debate sobre las cuestiones relacionadas con la ordenanza del civismo abrió la primera brecha entre el gobierno municipal y la oposición. Pero donde se templaron las espadas verbales fue en el tema del supuesto trato de favor a una familia de okupas desalojados de un inmueble de la calle Valldonzella. Tanto el grupo de CiU como el del PP pidieron una comisión de investigación, que la mayoría del tripatito denegó. Carles Martí, concejal del distrito de Ciutat Vella, hizo una detallada explicación sobre lo ocurrido para negar cualquier trato de favor a okupas.

Según esta versión, al acordarse la expropiación de la citada finca, en el 2001, en el edificio vivían siete familias. De las cuatro que tenían contrato de alquiler, dos fueron realojadas en pisos de alquiler y dos indemnizadas. Los otros tres núcleos carecían de contrato, pero con derechos sociales adquiridos por residir allí antes de decretarse la expropiación. Una abandondó voluntariamente la finca, y lo firmó por escrito, mientras que las otras dos - una era la de los okupas- fueron realojadas por su precariedad social, un trámite similar al que se ha hecho en otras muchas ocasiones.

Martí negó el trato de favor, pero subrayó que nadie puede ser discriminado por su condición.

Ante la insistencia de la oposición, Martí contestó que populares y nacionalistas daban más credibilidad a las declaraciones de un okupa que a la información que ofrecía el propio Ayuntamiento. Fernández Díaz y Trias recordaron que un responsable municipal, de la sociedad Focivesa, afirmó que se había dado una vivienda y una indemnización a esa familia de okupas, lo cual había supuesto una desmoralización de los jóvenes que aspiran a un piso por la vía normal. Martí recordó el paso de Trias por un concurso de TV3 - Sis a traició-para afearle la conducta de que primero, mediante la publicación de un artículo, quitara credibilidad al Ayuntamiento, y luego reclame una explicación.

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