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Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió : mitjans i manipulació : pobles i cultures vs poder i estats
L´anticatalanisme no decreta ni treva ni alto-el-foc
28 mar 2006
SI AL DRET D´AUTODETERMINACIO
SI A LA REPUBLICA CATALANA

NO A L´EUROPA DELS ESTATS I DEL CAPITAL
NO A LA MONARQUIA ESPANYOLA
el dur feixisme que escriu LIBERTADIGITAL.com i la reacció-NO PASARAN-mobilitzacció i unitat d´acció insurgent-NO PASSARAN

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El gobierno del PSOE reinicia el enfrentamiento civil en España

Alberto Recarte

I) INTRODUCCIÃN

La traición del gobierno de Rodríguez Zapatero a la letra y al espíritu de la Constitución de 1978 se refleja en el texto del Estatuto Catalán, tal y como ha sido aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso y en el anuncio de ETA de dejar de matar por ahora. Lo primero, antecedente de lo segundo. Rodríguez Zapatero ha demostrado a ETA que la Constitución y las leyes no son un obstáculo para una negociación. Y lo ha hecho rompiendo la unidad política de España con el texto aprobado del Estatuto Catalán. Rodríguez Zapatero cumple. ETA se lo reconoce.
¿Y ahora qué?

II) ¿UNO, DOS O MUCHOS M�S NUEVOS PA�SES?

Cataluña, la nueva nación, no será la única. Le seguirán, por supuesto, el País Vasco, y quizás otras como Galicia o Canarias; incluso Andalucía podría planteárselo. Esta situación crítica para la unidad de España y para nuestra vigente Constitución es el fruto de los defectos en el título VIII de la propia Constitución, de la ambición de los políticos locales, y del odio a España de izquierdistas infantiles como Rodríguez Zapatero. Pero la discusión sobre quién pertenece a España, como nación, ha calado entre todos, entre los españoles âtodos lo somosâ que quieren seguir siéndolo y los que no lo quieren ser.

En este sentido, no es superfluo recordar que llevamos años oyendo manifestaciones de hastío hacia la política de secesión de los nacionalistas catalanes y vascos por parte de la población no politizada. ¡Qué se vayan! ¡No los necesitamos! ¡Ya está bien de tener que enfrentarnos a su chantaje permanentemente! Ãstas son algunas de las manifestaciones más frecuentes que se oyen en toda España, ante quejas como âno queremos seguir subvencionando a andaluces y extremeñosâ?, emitidas frecuentemente por nacionalistas catalanes.

Se unen, pues, en este momento, el rencor de Rodríguez Zapatero a todo lo que representa España, el deseo de secesión de los nacionalistas de muchas autonomías, el hartazgo de la mayoría de los ciudadanos españoles y las dudas de la parte blanda del PP.

III) LAS ALTERNATIVAS POSIBLES

¿Es posible dar marcha atrás sobre lo cedido en el Congreso por el PSOE? se preguntan los dirigentes del PP. ¿Es posible hacer una campaña electoral defendiendo una nueva Constitución, de orden rigurosamente federal, pero que respete la unidad política de España?

Para los que responden positivamente tiene un peso abrumador el patriotismo de la mayoría de los votantes y la posición de los propios militantes del PP.

Pero también existen los políticos del PP que creen que esa no es la vía para conseguir el poder. Son pocos, pero están apoyados mediáticamente por PRISA, Vocento y el propio gobierno socialista. Esos políticos del PP prefieren no dar la batalla de la Constitución y creen que lo mejor es aceptar mucho de lo que ya ha hecho Rodríguez Zapatero y ampliarlo a las autonomías gobernadas por el PP.

En mi opinión, esa posición es suicida, propia de políticos profesionales sin principios ni ideología, de los que apoyan, o consideran posible ganador, a personajes como Ruiz Gallardón. Si se acepta ese juego, el PP desaparecerá. Y la inmensa mayoría de los votantes del PP, hoy más numerosos que los del PSOE, jamás lo perdonará; votará a nuevos partidos, de derecha, centro o extrema derecha, que aparecerán inmediatamente en la escena política dando, con esa fragmentación, definitivamente, el poder político al PSOE.

En mi caso, no defiendo la unidad de España por ser nacionalista español. Ser nacionalista me parece una aberración. Es la renuncia a ser persona y la aceptación de que por encima de la responsabilidad personal, de la independencia y la libertad personal, existen entes, tales como las clases, el pueblo o la propia nación, entendida como un organismo, distinto y superior a la persona.

Ningún político que crea y defienda el estado de derecho puede aceptar el Estatuto Catalán y la cesión ante ETA, aunque la mayoría de los ciudadanos residentes en Cataluña y País Vasco los acepten, en referéndums que deberían ser ilegales. Es en situaciones críticas, como la que vivimos, en las que es imprescindible defender los derechos de las minorías, según los definen las leyes fundamentales, incluso aunque se pudieran perder las elecciones. Que, además, y por supuesto en mi opinión, no se van a perder, si se mantienen planteamientos de firmeza, de defensa de la Constitución y de la unidad de España.

Nadie puede coartar los derechos y obligaciones de los ciudadanos no nacionalistas que viven en Cataluña, el País Vasco y el resto de las regiones españolas por la presión de los nacionalistas y de los socialistas del nuevo PSOE. Esos derechos han sido reconocidos por nuestra Constitución y hay que defenderlos, usando la fuerza necesaria en los términos que define la propia Constitución. Una situación especialmente difícil, porque es el gobierno de España el que ha traicionado los preceptos constitucionales y porque el Tribunal Constitucional actúa como una marioneta politizada en manos de los nacionalistas.

IV) LAS NUEVAS NACIONES, CATALUÃA Y PAÃ?S VASCO.

Cataluña va a contar con un ordenamiento jurídico propio. Tendrá sus propios códigos civil, mercantil y penal. Tendrá su propia justicia, sus propios registros y notarios. Tendrá un sistema de financiación que todavía le condicionará en algunos aspectos con respecto a España, como la recaudación de las cotizaciones sociales y las prestaciones de la seguridad social, así como la recaudación de otros impuestos por parte del estado central que financian los servicios generales que hoy todavía se reconocen como políticas de ámbito estatal español, tales como la política de defensa âaunque sin tropas en Cataluñaâ, y la política exterior.

Pero será Cataluña quien decida, âde lo que se recaude en la propia Cataluñaâ lo que se transfiera al estado central y lo que no, porque el principio de bilateralidad, que reconoce el estatuto en temas de financiación autonómica, otorga todo el poder a los políticos catalanes, que contarán âen cualquier casoâ con el 50% del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de una serie de impuestos sobre productos, más los propios autonómicos y el compromiso de Rodríguez Zapatero de invertir en Cataluña el 18,5% del total de lo que invierta en toda España el Estado central durante los próximos siete años.

El Estado español conservará el 100% del Impuesto de Sociedades, el 50% del IVA y del IRPF, el 42% de una serie de impuestos sobre productos y poco más; un caso especial es el de las cotizaciones y las prestaciones de la seguridad social, âentre ellas las pensiones públicasâ, pues se trata de recursos que están, de hecho, al margen del sistema de financiación y gasto público estatal de carácter general, pues se recaudan y pagan a los cotizantes a la seguridad social, no a la población en general.

Al País Vasco se le reconocerán âcuando menosâ las mismas competencias que a Cataluña. No tendrá problemas de financiación, porque en eso ya son independientes. Se elaborará un nuevo estatuto y habrá un referéndum. Y contará, en poco tiempo, con códigos civil, mercantil, y penal diferentes a los españoles, así como con justicia propia. Y tendrán competencia sobre su sistema penitenciario, donde se trasladarán los presos de ETA, para que salgan en libertad al día siguiente, siguiendo el modelo catalán de trato diferencial a los condenados por delitos contemplados en el código penal español, pero que no lo habrían sido si hubiera dependido de los políticos nacionalistas y socialistas catalanes. Los condenados por terrorismo habrían sido âluchadores por la libertadâ?, según declaraciones de uno de los principales líderes del PNV.

V) UN PROCESO CENTRIFUGADOR

El proceso no termina aquí. Aquí comienza. El resto de las autonomías españolas tendrán que optar ante la desaparición de la Constitución en las cloacas de la Moncloa de Rodríguez Zapatero, entre conservar y potenciar un orden jurídico idéntico al del resto de España, incluso introduciendo modificaciones estatutarias que las liguen permanentemente a las demás leales a la Constitución de 1978, o por desarrollar su propio ordenamiento jurídico. Hasta que se logre plantear y hacer aprobar una nueva Constitución de orden federal a la que hacía referencia al comienzo de este artículo, si ese es el sentir mayoritario de los políticos más representativos del PP, y esa posición es apoyada por la mayoría de los españoles.

VI) LOS CONFLICTOS

Los conflictos de competencia y jurisdicción, entre âautonomías-nacionesâ? serán inevitables. Los conflictos económicos también. Incluso si ninguna otra autonomía sigue a Cataluña. ¿Cómo se van a resolver esos conflictos? ¿Quién va a obligar, en su caso, a que una decisión de los jueces catalanes se aplique en el resto de España? ¿Algún juez español, por otra parte, logrará que se apliquen sus sentencias y decisiones en Cataluña? Téngase en cuenta que el Tribunal Supremo desaparece de Cataluña. ¿Y en caso de conflicto económico y financiero entre el gobierno español y el de la Generalitat? ¿Y de conflictos entre empresas españolas y catalanas? ¿Quién va a resolver el problema? ¿Quizá la también desaparecida Corona ââhablando se entiende la genteâ?â? ¿O un Tribunal Constitucional, que refleja en la designación de sus miembros el peso que al nacionalismo otorga la preconstitucional ley electoral del 1977?

Habrá conflictos. Y puede haber violencia.

VII) LOS TIEMPOS DEL PROCESO DE SEPARACIÃN

Durante un tiempo no se notará nada. Las consecuencias de la traición del gobierno de Rodríguez Zapatero a la Constitución no se pondrán de manifiesto inmediatamente. Ni para las elecciones municipales y autonómicas de 2007 ni para las generales de 2008. Los tiempos pactados entre Rodríguez Zapatero y los demás separatistas han tenido en cuenta el calendario electoral.

Los problemas, en cambio, se acumularán, a partir de ese año. Los conflictos económicos, civiles, mercantiles y penales se multiplicarán. Y no habrá una norma suprema a la cual acogerse. No habrá ni Tribunal Supremo ni jurisprudencia a la que pedir amparo, ni órgano supremo al que acudir. Experimentaremos que todavía peor que una mala Constitución es no tener ninguna. La falta de Constitución generará conflictos e incluso violencia; tendremos, me temo, de todo, ejércitos de policías especializados en cada autonomía, batallas pequeñas o grandes, intervención internacional y un galimatías de nuevos estados; tal y como ha ocurrido en la antigua Yugoslavia.

O bien nos separaremos en tres, cuatro, cinco o muchas más nuevas naciones y no nos enfrentaremos violentamente, como ocurrió en Checoslovaquia. Pero habrá que resolver muchos temas, como el endeudamiento público y el pago de las pensiones públicas futuras, lo que provocará enfrentamientos sin cuento, boicots comerciales, frenos a la presencia de empresas de otras naciones ibéricas âantes autonomíasâ, debilidad, corrupción y mucha más delincuencia.

A menos que un PP serio y comprometido lograra hacer aprobar una nueva Constitución, que reconozca la unidad política de España y los mismos derechos y obligaciones para todos los ciudadanos.

En cualquiera de los casos, todos vamos a sufrir. Sólo ganarán âen esta primera fase de enfrentamiento civilâ los políticos nacionalistas de turno âincluidos los nuevos socialistas de Rodríguez Zapateroâ y los intereses empresariales protegidos por esas clases políticas, que mantendrán férreamente controlada la economía de sus nuevos países, para ejercer mejor su poder de coacción y corrupción, tal y como permite el nuevo Estatuto de Cataluña.

Después, como muchas otras veces en la historia de España, veremos. Porque si el funcionamiento de esos nuevos estados es tan destructivo y corruptor como muchos creemos, se producirá un movimiento pendular y la inmensa mayoría de los españoles querrán que sus vidas se vuelvan a desarrollar en libertad y que el poder político vuelva a respetar y garantizar su seguridad personal.L

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Comentaris

Re: L´anticatalanisme no decreta ni treva ni alto-el-foc
28 mar 2006
El proper pols amb l'Estat

Amb l'aprovació de la devaluada proposta estatutària a la comissió i al ple del Congrés dels Diputats s'haurà acabat un cicle molt antic, el de la vocació transformadora del catalanisme dins d'Espanya i el de la confiança en la conversió de l'Estat en una democràcia plurinacional. La temptació de renovar el pacte de convivència col·locant Catalunya en el lloc que li correspon a la seva condició nacional, política i econòmica havia enlluernat fins i tot els independentistes, els quals, en una conjuntura tan favorable, s'havien concedit una pròrroga.

Però si en la millor de les combinacions possibles només hem aconseguit la morralla i un nyap de norma institucional bàsica que no suposa cap modificació estructural, això aboca necessàriament a un canvi radical d'estratègia.

Les properes fases de l'envit veuran aparèixer una tendència fins ara poc practicada en el catalanisme polític contemporani (potser amb l'excepció d'alguns moments crítics durant la II República), però que es perfila com la conseqüència natural de l'única sortida que la decepció federalista provoca: aprofitar la influència social, electoral i econòmica que Catalunya té dins Espanya no per col·laborar amb l'Estat, sinó per col·lapsar-lo.

El primer besllum de les polítiques sobiranistes ja el vam percebre amb la proposta de finançament aprovada pel Parlament català el 30 de setembre i els previs intents d'aproximar-nos al sistema de concert basc i navarrès: Catalunya no demanava res més que accedir al mateix privilegi econòmic que ja exhibeixen el País Basc i Navarra amb la diferència que l'aplicació del sistema entre nosaltres significaria la fallida de l'Estat espanyol (i no diguem si s'hi afegissin els altres territoris dels Països Catalans).

És davant d'aquest perill que el somriure alat de Zapatero, a través de Pedro Solbes, va mostrar la seva cara menys amable, el rebuig desencarnat exercit com a pur acte de dominació que no es podia bastir de legitimitat ni apel·lant a la Constitució espanyola (una Constitució que no prohibia res que justifiqués la rebaixa en el finançament) ni en una apel·lació genèrica a la igualtat que el País Basc i Navarra contradiuen.

També Artur Mas, en l'última ranera del catalanisme col·laboracionista, va mostrar la seva cara més humiliant i més anacrònica avenint-se a un pacte contrari als temps que corren: els nous vents anunciats a la manifestació del 18 de febrer.

Però, en què haurien de consistir aquestes polítiques sobiranistes que, al meu parer, es desencadenaran en el proper cicle? Ho provaré de resumir en alguns punts: 1) accentuar les diferències nacionals, a la qual cosa, per exemple, ja va contribuir de forma apreciable la proclamació de Catalunya com a nació a l'article 1.1 de la proposta estatutària, que també fou esquarterada en un nou acte d'imposició (ara ja no ens podran dir allò de: "De què us queixeu, els catalans, si podeu fer el que vulgueu", doncs bé, volíem ser nació i l'Espanya uniformista no ens va deixar); 2) diferències nacionals presentades amb més intensitat a través de la injustícia social que continua creant la pertinença a l'Estat; 3) diferències nacionals que s'han de reforçar amb la recuperació i consolidació d'un imaginari propi i en la construcció d'instruments culturals i comunicatius potents; 4) accentuar la desafecció en la participació en la política estatal: per què els diputats sobiranistes han d'anar a les Corts Generals espanyoles? Sense els grups parlamentaris catalans els espanyols ho tindran més difícil per investir presidents del govern i aprovar pressupostos; 5) aprofitar l'oportunitat de la globalització per internacionalitzar l'economia i no dependre del mercat espanyol; 6) en fases ulteriors del procés, si la situació del finançament continua estancada, crear instruments de desobediència fiscal.

En definitiva, les polítiques sobiranistes que podrien (i haurien de) marcar la nova època materialitzarien l'actuació catalana en els diversos camps com si Espanya no existís (o que, quan existeixi, sigui per mostrar el seu rostre més ferotge en els seus actes gratuïts de repressió), la qual cosa s'ajusta bé, com diem, al context internacional globalitzat i a la sensibilitat d'una nova generació de catalans (la que vam créixer sota la normalització lingüística) imbuïda d'una imaginari nacional propi i en la qual prevalen els vincles externs per damunt dels vincles mesetaris.

Realitzar, doncs, gestos amb l'objectiu explícit o subtil de convertir en minoria els lligams polítics, econòmics i sentimentals amb Espanya.

En conclusió, veure fins a quin punt Espanya pot suportar que Catalunya faci d'Euskadi, ni que sigui per compensar tot allò que a Euskadi tenen i el que tindran amb aquesta treva i amb un dret a l'autodeterminació que no és negociable perquè el poble basc ja l'exerceix de forma admirable.


Hèctor López Bofill és Doctor en Dret i professor de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
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