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Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió |
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Las evasivas del fiscal de EE.UU
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per j |
27 mar 2006
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´Traducción: José María Puig de la Bellacasa |
Cuando el muy honorable Alberto Gonzales, fiscal general estadounidense, sube al estrado para pronunciar un discurso sobre la política antiterrorista estadounidense y la necesidad de la cooperación internacional en este terreno, es posible que no atraiga tal vez atención inmediata, sea en calidad de máxima autoridad legal en la principal democracia del mundo o bien de responsable político que -en tanto que consejero legal de la Casa Blanca y en la actualidad fiscal general- supervisó y en considerable medida contribuyó a autorizar una serie de polémicas políticas de detención, desde Guantánamo hasta Abu Ghraib, desde el envío de prisioneros a terceros países hasta diversas técnicas de maltrato y tortura propiamente dicha en el curso de interrogatorios.
Persona retraída y reservada en tanto que funcionario, amigo de evasivas en cuestiones de importancia, chusco al contestar preguntas relativas al dolor y sufrimiento humano, persona que transfiere responsabilidades (y en consecuencia culpas) del Departamento de Justicia al Pentágono cuando así le conviene, Gonzales parece sobre todo mostrarse propenso a actuar como persona olvidadiza e indiferente ante la consternación, rabia y preocupación que han acarreado las medidas estadounidenses después del 11-S. Imperturbable e impávido cumplidor de sus obligaciones como funcionario, Gonzales se muestra obediente a su jefe, si no servil y complaciente; se distingue por su verbosidad y forma de forzar los términos y conceptos en cuestiones jurídico-legales y por emplear tácticas de cerrojo en asuntos de importancia. En suma, es frío e impasible al abordar cuestiones que demandan la humana indulgencia y comprensión.
Al ser preguntado sobre si azuzar perros contra prisioneros constituía una forma de tortura, Gonzales contestó que no opinaba sobre prácticas concretas e indivuales de detención. Resulta siempre un poco escalofriante la visión de esos funcionarios gubernamentales agrupados en conjuntos de figuras vestidas de ternos grises, reunidos para deliberar sobre sus preocupaciones e inquietudes en materia de seguridad; sin embargo, nunca, durante más de treinta años contemplando tales escenas, he presenciado una actuación tan lamentable, urdida y autosatisfecha, así como, en su propio comedimiento, funesta y perniciosa como ésta.
El hecho de que EE.UU., sus políticos y ciudadanos han sido objeto (y seguirán siéndolo mucho tiempo) de violentos y criminales ataques armados tanto en su propio suelo como en el extranjero no se discute en absoluto. Como tampoco se discute el derecho - y la responsabilidad- de todo Estado a protegerse cuanto le sea posible, incluso mediante la adopción de medidas preventivas en el extranjero. No es ésa la cuestión: la cuestión en liza - que se ha convertido en motivo de alarma y crítica en todo el mundo- reside en el incumplimiento y mofa por parte de EE.UU. de las normas del derecho internacional, de las normas y leyes vigentes en el combate y en las prácticas usuales de los medios de comunicación, así como el menosprecio con que la Administración Bush -del presidente a toda la cadena jerárquica- sigue tratando la legislación internacional y las instituciones en las que la primera se encarna. A este respecto, la actuación de Gonzales, una soleada mañana de marzo en Londres, fue característica.
En cuestiones de política exterior, Gonzales, sin dejar de reconocer la diferencia que estriba en medidas como el antes mencionado envío de prisioneros a terceros países (es decir, el secuestro y deportación secretos a terceros países de sospechosos de terrorismo) y el trato dispensado a combatientes extranjeros (es decir, la negativa a aplicar el estatus de prisionero de guerra a los adversarios capturados), ha abogado por un aumento de la cooperación internacional en la materia. En momento alguno ha argumentado ni explicado la justificación del empleo del término guerra contra el terrorismo: "Estamos en guerra", sostiene, y añade: "Y empleamos métodos de guerra". "Los enemigos de Estados Unidos - ha recordado a su audencia británica- han atacado embajadas, volado barcos, atacado centros de trabajo civiles y lugares turísticos, así como núcleos financieros y administrativos estadounidenses en todo el mundo. En el ataque contra las Torres Gemelas murieron 67 ciudadanos británicos". Ha elogiado también al Reino Unido por su creciente colaboración en el intercambio de información -incluida la relativa a muestras de ADN y huellas-, enumerando la serie de ocasiones en que tal colaboración, a lo largo del 2003 y el 2004, ha frustrado o impedido atentados terroristas y salvado vidas humanas. En la actualidad, funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense trabajan adscritos a la embajada estadounidense en Londres y funcionarios policiales británicos desempeñan tareas similares en la embajada británica en Washington. Recurriendo, por cierto -en la que debe de ser la expresión retórica más manida-, a la cita de Winston Churchill en su llamamiento "a todos los pueblos amantes de la libertad".
Las cualidades y virtudes argumentativas de Gonzales quedaron pronto patentes al contestar a las preguntas. Cuando un reputado historiador militar británico le preguntó qué podría hacer Occidente para invertir la actitud de distanciamiento de la opinión islámica moderada en el mundo motivada por las revelaciones sobre las condiciones de detención en Guantánamo y Abu Ghraib, el fiscal general estadounidense no dijo nada de interés e importancia al respecto. Cuando un periodista de la BBC le preguntó sobre si deberían autorizarse los interrogatorios en los que el prisionero casi es asfixiado, respondió con una broma. En respuesta a preguntas sobre la tortura, citó una definición del Congreso estadounidense según la cual ésta implica "infligir graves padecimientos mentales o físicos", y añadió que no ha sido proceder del Gobierno estadounidense la autorización de la tortura, que se ha respetado la legislación estadounidense y que se investigan los casos en que se ha informado de malos tratos. Cuando un corresponsal de la CNN le preguntó por los informes y críticas del Consejo de Europa y Amnistía Internacional sobre el envío de prisioneros a terceros países en las circunstancias ya mencionadas, Gonzalez no apreció motivo para reconsideración alguna de las medidas puestas en práctica y recordó a su audiencia que los países europeos han estado autorizando vuelos no divulgados de aviones militares estadounidenses durante decenios. A la pregunta sobre cuándo clausurará EE.UU. el centro de Guantánamo, Gonzales respondió que todas las medidas de detención se hallan sometidas a revisión habitual, pero que EE.UU. tiene el derecho de mantener a los detenidos en su situación presente mientras duren las hostilidades (afirmación esta última más siniestra y amenazadora si cabe de lo que puede parecer a primera vista, ya que la actual doctrina militar estadounidense -que habla de una guerra larga- entraña que el conflicto puede prolongarse durante decenios).
La actuación de Gonzales resultó asimismo digna de mención no sólo por lo que dijo, sino también por lo que no dijo. El título de su intervención incluía una referencia a la cooperación internacional, pero parecía más bien una calle o avenida de una sola dirección: no sólo no mencionó los organismos internacionales cuya patente misión consiste en hacer frente y castigar en consecuencia los casos de conducta criminal transfronteriza -los tribunales de la ONU en La Haya y el Tribunal Penal Internacional, al segundo de los cuales se opone frontalmente EE.UU.-, sino que en ningún momento hizo siquiera la alusión más superficial al derecho internacional. Haciendo alarde de la campaña de EE.UU. contra el terrorismo, no consideró necesario reconocer que muchos otros países, en Europa y Latinoamérica, poseían más dilatada experiencia que EE.UU. en el empeño de conciliar la democracia con la política antiterrorista, como tampoco el enorme esfuerzo de forjar una política común sobre el terrorismo en el marco de la ONU.
Es objeto de intenso debate, en relación con ex dictaduras del sur de Europa o Latinoamérica, la cuestión de si se ha producido realmente una reforma de los servicios de seguridad, de si ex generales y jefes de policía han sido reeducados según los principios democráticos y el imperio de la ley. No obstante, y como ha mostrado el caso de Iraq, las fuerzas armadas británicas y estadounidenses precisan en tanta medida de tal depuración completa e ineludible -tanto de personal como de actitudes y procederes- como las de España o Chile, aun cuando resulta aún menos probable que efectivamente se sometan a ella. Cabe esperar que su porfiada y pertinaz propensión a la brutalidad y a la crueldad de cuerpo -dada la fácil y pronta sanción de tales conductas desde la cúspide a cargo de Alberto Gonzales y de su jefe, George W. Bush- nos acompañarán durante largo tiempo.
Es indudable que la comisión -y defensa- de tales prácticas por parte del Gobierno de EE.UU., así como la clase de evasivas y rodeos a que tan aficionado se muestra el ritualista Gobierno de su majestad británica, han afectado gravemente los principios y maneras de actuar de los regímenes y sistemas políticos basados en el derecho internacional y en el principio universal -legal y moral- de igual dignidad y trato de los seres humanos. En realidad, todo el lenguaje que emplea el Gobierno de EE.UU. es un lenguaje que rechaza el universalismo en su apelación a los valores estadounidenses, su empeño primordial en la protección de los ciudadanos estadounidenses, su desdén por la ONU y su rechazo a constatar la forma en que las políticas estadounidenses -pasadas y presentes- han contribuido a fomentar sentimientos de hostilidad en todo el mundo. En lo concerniente a la universalidad de la tortura, sin embargo, un buen amigo mío -un irónico intelectual turco que ha tenido sobrada ocasión para reflexionar sobre estas materias en su propio país- ha sugerido un sencillo test al que podría ser sometido Alberto Gonzales: si éste abriga duda alguna sobre la cuestión de si azuzar perros contra un hombre desnudo y con grilletes constituye tortura, debería exponerse voluntariamente a tal forma de interrogatorio. Obtendríamos entonces una rápida y directa -a su propia manera, además- respuesta universal.
F. HALLIDAY , profesor visitante del Cidob (Barcelona) y profesor de la London School of Economics. Autor de ´El islam y el mito del enfrentamiento´ y de ´Cien mitos sobre Oriente Medio ´ |
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