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Por el Día Internacional de la Mujer, destaca Lydia Cacho la complicidad misógina y corrupta de func...México
08 mar 2006
* Abascal protege a Nacif, âpederasta confesoâ? y la Conago respalda a Mario Marín, acusa
manuel robles
Proceso
México, D.F., 7 de marzo (apro).

Al condenar lo ocurrido con su caso, la escritora y periodista Lydia Cacho acusó al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, de âproteger a un pederasta confesoâ?, Kamel Nacif Borge, al âomitirâ? --en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)-- âlas voces de las víctimas de las que yo fui ecoâ?.

Por medio de un comunicado dado a conocer vía correo electrónico, titulado âalianzas patriarcalesâ?, Lydia Cacho dijo que âgobernadores de todo el país se preparan para conmemorar mañana el Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeresâ?.

Afirmó: âEntre discursos y conferencias se hablará sobre toda suerte de asuntos relacionados con la `condición de las mujeres`. Se harán laudos del heroísmo y de la mítica bonhomía femenina. Son los mismos que, en la Conago), encabezada por Abascal, dan el espaldarazo silencioso a su colega Mario Marínâ?.

Señaló: âHan pasado 22 días desde que México escuchó de la propia voz del gobernador de Puebla, Mario Marín, su voluntad gozosa para poner el aparato de justicia en manos de un protector del crimen organizado, para dar una lección de silencio a las y los periodistas mexicanos.

âSon ya 22 días de haber escuchado a Juanito Nakad coordinarse con el director de la cárcel, la jueza, la procuradora y las presas peligrosas, para asegurar mi castigo, mi violación y tortura.

Añadió: âHemos escuchado dos canciones de Hip Hop y Rap mofándose de Mario Marín y su heroico flagrante acto de corrupción. He visto magníficas parodias del cinismo consagrado. Mis amigos me saludan con el apelativo âPreciosaâ? y, a la menor provocación, nos ofrecemos dos bellísimas botellas de cogñac. Sólo en Cancún han pagado más de 300 mil pesos a reporteros corruptos para intentar descalificarme en los mediosâ?.

Dijo también: âHan pasado 82 días desde que fui arbitrariamente detenida y encarcelada por haber escrito un trabajo periodístico que delata una red de pornografía infantil y crimen organizado, hoy ratificada por la Procuraduría General de la República (PGR).

âHan pasado (también) 74 días de haber recibido el auto de formal prisión en la ciudad de Puebla, y dos firmas en la cárcel de Cancún, acusada de difamación por Kamel Nacif Borge, por dañar su `buena reputación pública`â?.

En su comunicado, Lydia Cacho dijo además que ha dado â184 entrevistas a medios nacionales y extranjeros; he pagado 300 mil pesos de abogados y fianzas. Y unas 40 mil personas solidarias marcharon en Puebla contra la impunidad y para pedir justiciaâ?.



También, agregó, ha recibido âmás de 500 correos electrónicos de solidaridad, y se han vendido 30 mil ejemplares de mi libro Los demonios del edénâ?, Además me han ofrecido candidaturas a diputada y senadora, reina del carnaval, mujer del año, conferencista magistral y refugiada política de tres paísesâ?.

Luego, al destacar el âprofesionalismo y solidaridad de mis colegas periodistas --no me han dejado sola ni un minuto, y han seguido la pista de los criminalesâ?--, la periodista expresó:

âHe recuperado la fuerza física y emocional con los miles de mujeres y hombres de redes feministas y de derechos humanos que no dejan pasar un día sin recordarme que no estoy sola, ni en la comprensión de la ignominia, ni en el deseo de justiciaâ?.

Señaló que ahora son ya cinco los agentes federales que âresguardan mi vida y el vehículo blindado ââtipo 7, el máximoâ?-- que me adjudicó la agencia contra el crimen organizado de la Procuraduría General de la República (PGR)â?, y subrayó:

âDetrás de esta historia, o delante de ella, hay casi 200 niños y niñas mexicanas que, en silencio, pierden el sueño, al saber que su historia de abuso, explotación y terror en Cancún, se ha convertido en un escándalo y cotorreo nacionalâ?.

Contó: que, hace una semana, âuna de las sobrevivientesâ? de abuso sexual a los siete años, ahora de 18 años, le dijo por teléfono:

â`Tu nos dijiste que, algún día, habría justicia, y mira cómo estás; mira lo que te hicieron`â?.

La periodista indicó: âCuando oí la voz de Kamel en el radio, me acordé de por qué ya no quise regresar al Ministerio Público en Cancún. Ellos tienen más poder que Foxâ?.

Recordó lo dicho por Abascal en la reunión de la Conago, en la que âse pronunció contra el espionaje telefónico, sin mencionar la persecución y la tortura en la que coadyuvó un gobernador constitucional (Mario Marín) para defender y proteger a un pederasta confeso, omitiendo las voces de las víctimas de las que yo fui ecoâ?.

Además, Lydia Cacho arremetió contra el gobernador panista de Aguascalientes Armando Reynoso Femat, quien en esa reunión, âinterrogado sobre el recibimiento que los mandatarios dieron al priísta Mario Marín, aclaró que es `amigo personal` de ésteâ?.

Al respecto, la periodista citó lo dicho por Reynoso Femat: âMi posición es que la libertad de expresión debe estar vigente, y debemos hacerla manifiesta en hechos concretos. Pero, desde luego, Mario Marín también requiere de un apoyo solidario de parte de nosotros como compañeros de gobierno (â¦) Marín ha hecho un extraordinario trabajo en el estado de Puebla y, a fin de cuentas, son los ciudadanos de esa entidad quienes pueden juzgar esto. Yo hablo como amigo de Mario Marínâ?.

Además, sostiene el comunicado, âReynoso pidió entender la condición humana de su homólogo poblano. Podemos cometer errores, y a veces esos errores son horroresâ?.

Abundó la periodista: âSon ya 20 años de la creación y fortalecimiento de la red de pornografía infantil y lavado de dinero representada en Cancún por Jean Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif Borge y poderosos políticos.

âLuego de que miles de vidas de criaturas y sus madres y padres han sido destrozadas por el comercio sexual forzado, la desaparición y el tráfico de menores; con la prueba de 12 diálogos públicos de solidaridad del estado poblano con el crimen, está ausente el juicio ético de Abascal, encargado de la seguridad nacional.

âMientras, el gobernador panista (Reynoso Femat) convoca a una `visión humanitaria` de un acto delictivo, el cohecho, la colusión de servidores públicos, la complicidad para la tortura y la violación a las garantías constitucionales para proteger a la pornografía infantil, no es tema para la Conferencia Nacional de Gobernadores.

âMientras políticos de todos los partidos usan el nombre `Lydia Cacho` para mostrar su `sensibilidad`, apenas unos cuantos salen del ámbito de la cobardía y la complicidad misógina y corrupta, para analizar el tema de fondo con seriedad y respeto a todas las víctimas del crimen y la corrupción.

â¿Cuántos se harán cómplices sigilosos de la violencia contra las mujeres y niñas? Propongo que contemos sus nombres y apellidos. Así conmemorar nuestros derechosâ?, concluyó.
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nid=38243&cat=0

Lydia Cacho y la pederastia. "Los demonios del Edén"
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/239678

Especial Lydia Cacho y la pederastia. "Los demonios del Edén":
http://www.jornada.unam.mx/pederastia

MEXICO:La calumnia o la justicia confrontadas por el caso Lydia Cacho
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/225949
http://mexico.indymedia.org/tiki-view_blog.php?blogId=7
http://www.mujeresenred.net/rubrique.php3?id_rubrique=63

La Periodista Lydia Cacho (Mèxic) amenaçada de mort
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/164145

Las mujeres en México
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/163692

Mira també:
http://www.mujeresdejuarez.org
http://www.mujeresdejuarez.org/encatalan.htm

Cosecha de mujeres. El safari mexicano
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/177038
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/pederastia

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Comentaris

ONU: “Esterilizaciones forzadas? en México
08 mar 2006
México, D.F., 6 de marzo (apro).â El gobierno de México âreconoceâ? que funcionarios federales y estatales han realizado âesterilizaciones forzadasâ? en comunidades indígenas, las cuales âconstituyen un delito particularmente graveâ? pues se asocian al âgenocidioâ?.

homero campa/apro

Así se expresó José Francisco Cali, relator del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el 20 de febrero pasado, en plena sesión anual de dicho comité en Ginebra, sede europea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese encuentro estuvo participó una delegación de 12 funcionarios mexicanos encabezados por María del Refugio González, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En la sesión, Cali dio respuesta al informe CERD/C/473 que México presentó el 19 de mayo de 2005 ante dicho comité de la ONU. Se trata de un documento de 47 cuartillas que detalla las acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir la discriminación en su territorio. Su contenido se basa en datos e información proporcionados por diversas dependencias gubernamentales, así como por organismos autónomos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En un apartado âLa CNDH y la protección a los derechos humanos de los pueblos indígenasâ?, el informe de México incluye tres párrafos que llamaron la atención del relator Cali:

Párrafo 153: Para evitar la discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas, en particular sobre los derechos reproductivos, la CNDH emitió el 16 de diciembre de 2002 la Recomendación general No. 4 en respuesta a las prácticas administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas respecto a la obtención del consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar

Párrafo 154: En este caso, con motivo de la atención de diversos expedientes de queja, así como de las múltiples visitas de trabajo realizadas a las comunidades indígenas, la CNDH observó que miembros del personal de las instituciones de salud pública, tanto estatales como federales, han realizado prácticas para la adopción de métodos de planificación familiar, que restringen el ejercicio de los derechos de los indígenas de decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

Párrafo 155: La CNDH recomendó a las autoridades de salud federales y estatales que implementaran mecanismos de coordinación interinstitucional a todos los niveles de gobierno, con la finalidad de que los usuarios ejerzan el derecho humano a la libre decisión y elección consagrado en el artículo 4 constitucional, además de que adoptaran las medidas administrativas pertinentes para la elaboración y difusión, en la lengua de las comunidades indígenas, de material informativo en el que se expusieran los derechos sexuales y reproductivos.

âGenocidioâ?

Cali fue enfático: âLos párrafos 153, 154 y 155 del informe, sin ninguna duda, reconocen que en México ha existido (y, según organizaciones indígenas, persiste) una práctica de esterilizaciones forzadas de indígenasâ?.

También manifestó que âel derecho internacional positivo califica las esterilizaciones forzadas como un delito particularmente graveâ?, pues se asocia al de âgenocidioâ?. Y citó a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en cuyo artículo II inciso d) se indica que âlas medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupoâ? pueden ser tipificadas como propias de este delito.

El relator advirtió que, contrario a lo que señala el informe, âel delito cometido contra hombres y mujeres indígenas no se resuelve con una recomendación de la CNDH, pues no se necesita una implementación de âmecanismos de coordinación interinstitucional a todos los niveles de gobiernoâ, sino una investigación independiente y, dado le caso, el enjuiciamiento y castigo de los creadores, de los responsables y de los implementadores de los programas de esterilizaciones forzosasâ?

Y subrayó: âDebe notarse que las autoridades gubernamentales mexicanas reconocen aquí la existencia de esterilizaciones forzadas cosa que han, rotundamente, negado en la OITâ? (Organización Internacional del Trabajo).

A continuación, Cali solicitó a la delegación mexicana que revise el documento GB.289/17/ con fecha de marzo de 2004, que contiene una querella en contra del gobierno de México presentada por varias organizaciones no gubernamentales dentro de la OIT, la cual creó un Comité Tripartito que ya emitió sus conclusiones y recomendaciones.

En este documento, los denunciantes aseguran que âen las regiones indígenas los programas de ayuda llamados Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) y Programa de Capitalización del Campo (Procampo), están condicionados la esterilización o ingestión de falsas vitaminas que las mujeres deberían tomar delante de las personas encargadas de distribuir la ayuda. Sostienen que si los productos fueran vitaminas, no obligarían a las mujeres a tomarlas en presencia de quienes distribuyen las ayudas. Afirman que el fracaso en los programas de salud para los indígenas se debe a que en algunas comunidades las mujeres se esconden cuando llegan los representantes del programaâ?.

Más aún, según el documento de la OIT, los denunciantes âtambién se refieren a esterilizaciones masculinas (vasectomías) en el estado de Guerrero, que se realizaron a cambio de ayuda. Indican que los hombres que se quejaron no lo hicieron por la vasectomía, sino porque no les habían cumplido con la ayuda prometida a cambio de realizar dicha intervención. Señalan que funcionarios de programas de ayuda entregaron 50 pesos a todos los que habían aceptado la vasectomía e hicieron pública la entrega de dicha suma para encontrar más voluntariosâ?.

En el documento de la OIT, el gobierno mexicano se defiende. Afirma que âno condiciona la prestación de los programas de desarrollo social que ofrece y que, en caso que una persona considere que se viola su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de sus hijos, puede denunciar estas irregularidades ante la CNDHâ?.

En este informe, el Comité Tripartito señaló que âno dispone de suficientes elementos para sacar conclusionesâ?. Sin embargo, consideró que âla existencia de dichas alegaciones (sobre esterilizaciones forzadas) pone en evidencia el clima de desconfianza y sospecha creados por la tensión existente sobre el tema de los derechos indígenas en México, y ponen en relieve la necesidad de que el gobierno investigue tales alegaciones y sancione con severidad a todo aquel que pudiera estar implicado en tales accionesâ?.

âOfrecimientoâ?

De acuerdo con la práctica del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, la delegación mexicana tuvo derecho a replicar los señalamientos del relator Cali. Lo hizo un día después âmartes 21âdurante la sesión del Comité. La encargada para hablar acerca de este punto fue María Antonieta Gallart Nocetti, titular de la Unidad de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Según una nota de la agencia France Press fechada en Ginebra, Gallart volvió a reconocer que existen esas prácticas en algunos de los estados de México, particularmente aquellos que padecen problemas de pobreza y marginación. Afirmó, sin embargo, que el gobierno de México no impulsa esas prácticas, sino que las combate y seguirá luchando por erradicarlas.

Consultado por Apro, el embajador Luis Alfonso de Alba, representante permanente de México en la sede de la ONU en Ginebra y miembro de la delegación mexicana que participó en las sesiones del comité, comentó que âse hizo el ofrecimiento de dar seguimiento al tema (de las esterilizaciones forzadas) directamente con la Secretaría de Salud, para tener datos precisos y que la información será enviada al comitéâ? de la ONU.

La nota de France Press informa que el comité también solicitó âinvestigaciones en los centros de salud para evaluar la envergadura del problema, así como medidas para frenar las campañas que denigran a los indígenasâ?.

âLos expertos de la ONU agregaron que habían conocido sobre el miedo a las represalias contra indígenas cuando éstos denuncian las esterilizaciones forzosas. Dijeron que ello les fue formulado por varias Organizaciones no Gubernamentales, entre las que se encuentra el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero (CNAB), que presentó un documento ante este Comitéâ?, según la agencia francesa.

La CNDH âcuya información en el documento CERD/C/473 atrajo la atención del relator Caliâ emitió en diciembre de 2002 la recomendación general Número 4 en virtud de dos casos específicos en los que se acreditó que se violaron los derechos reproductivos de indígenas. En ambos casos la CNDH emitió recomendaciones particulares, según informó Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, quien fuera primer visitador de la CNDH y actualmente se desempeña como director del Centro Nacional de Derechos Humanos.

La primera recomendación particular âNo. 18/2001, emitida el 11 de septiembre de 2001â se refiere al caso âya citado en el documento de la OITâ de las vasectomías practicadas en el estado de Guerrero. Precisa que éstas se aplicaron a 16 habitantes de las comunidades indígenas La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Los responsables directos fueron el médico Ernesto Guzmán León, la enfermera Mayra Ramos Benito y el promotor Rafael Almazán Solís, miembros de la brigada de salud Tres de la Jurisdicción Sanitaria número 6 de los Servicios Estatales de Salud de Guerrero. Pero este personal recibió órdenes de sus superiores para aplicar de manera errónea un programa de planificación familiar. Sin embargo, ni los responsables directos ni sus superiores recibieron sanción alguna, reconoció Martínez Bulle. Eso sí, los indígenas afectados fueron indemnizados con 20 mil pesos cada uno.

La segunda recomendación âNo. 46/2002, emitida el 6 de diciembre de 2002â se refiere al caso de Hermelinda del Valle Ojeda, indígena chinanteca de la comunidad de Río Chiquito, municipio de Santiago Jocotepec, Oaxaca. Personal de la Unidad Médica Rural Montenegro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le colocó âsin su consentimientoâ un dispositivo intrauterino mientras le realizaba un estudio de papanicolau. La indígena se dio cuenta tres meses después cuando sufrió una infección vaginal y asistió a una clínica particular. Tampoco en este caso, hubo sanción alguna.

Martínez Bullé señala que a partir de la recomendación número 4 emitida por la CNDH no se han presentado más denuncias que acrediten violaciones a los derechos de reproducción de indígenas.

Sin embargo, la CNDH tiene registradas 27 quejas por âcontracepción forzadaâ? y una más por âviolación al derecho a la libertad de procreaciónâ?. Dichas quejas se presentaron del 1 de enero de 2000 a la fecha en 12 estados de la República. Seis de ellas en la Ciudad de México y cinco en Oaxaca.

Martínez Bullé afirma que se trata de denuncias de la población en general, tanto de zonas rurales como urbanas. Afirma que los casos de violaciones a los derechos de reproducción no se presentan exclusivamente con indígenas. Por tanto, señala, no se puede afirmar que exista una práctica sistemática con el objetivo de acabar con grupos o comunidades de indígenas, y mucho menos encuadrar estos hechos dentro de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, tal como lo hizo el relator Cali.
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nid=38185&cat=3
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