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Por el DÃa Internacional de la Mujer, destaca Lydia Cacho la complicidad misógina y corrupta de func...México
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per rsc |
08 mar 2006
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* Abascal protege a Nacif, “pederasta confesoâ€? y la Conago respalda a Mario MarÃn, acusa |
manuel robles
Proceso
México, D.F., 7 de marzo (apro).
Al condenar lo ocurrido con su caso, la escritora y periodista Lydia Cacho acusó al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, de “proteger a un pederasta confesoâ€?, Kamel Nacif Borge, al “omitirâ€? --en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)-- “las voces de las vÃctimas de las que yo fui ecoâ€?.
Por medio de un comunicado dado a conocer vÃa correo electrónico, titulado “alianzas patriarcalesâ€?, Lydia Cacho dijo que “gobernadores de todo el paÃs se preparan para conmemorar mañana el DÃa Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeresâ€?.
Afirmó: “Entre discursos y conferencias se hablará sobre toda suerte de asuntos relacionados con la `condición de las mujeres`. Se harán laudos del heroÃsmo y de la mÃtica bonhomÃa femenina. Son los mismos que, en la Conago), encabezada por Abascal, dan el espaldarazo silencioso a su colega Mario MarÃnâ€?.
Señaló: “Han pasado 22 dÃas desde que México escuchó de la propia voz del gobernador de Puebla, Mario MarÃn, su voluntad gozosa para poner el aparato de justicia en manos de un protector del crimen organizado, para dar una lección de silencio a las y los periodistas mexicanos.
“Son ya 22 dÃas de haber escuchado a Juanito Nakad coordinarse con el director de la cárcel, la jueza, la procuradora y las presas peligrosas, para asegurar mi castigo, mi violación y tortura.
Añadió: “Hemos escuchado dos canciones de Hip Hop y Rap mofándose de Mario MarÃn y su heroico flagrante acto de corrupción. He visto magnÃficas parodias del cinismo consagrado. Mis amigos me saludan con el apelativo “Preciosaâ€? y, a la menor provocación, nos ofrecemos dos bellÃsimas botellas de cogñac. Sólo en Cancún han pagado más de 300 mil pesos a reporteros corruptos para intentar descalificarme en los mediosâ€?.
Dijo también: “Han pasado 82 dÃas desde que fui arbitrariamente detenida y encarcelada por haber escrito un trabajo periodÃstico que delata una red de pornografÃa infantil y crimen organizado, hoy ratificada por la ProcuradurÃa General de la República (PGR).
“Han pasado (también) 74 dÃas de haber recibido el auto de formal prisión en la ciudad de Puebla, y dos firmas en la cárcel de Cancún, acusada de difamación por Kamel Nacif Borge, por dañar su `buena reputación pública`â€?.
En su comunicado, Lydia Cacho dijo además que ha dado “184 entrevistas a medios nacionales y extranjeros; he pagado 300 mil pesos de abogados y fianzas. Y unas 40 mil personas solidarias marcharon en Puebla contra la impunidad y para pedir justicia�.
También, agregó, ha recibido “más de 500 correos electrónicos de solidaridad, y se han vendido 30 mil ejemplares de mi libro Los demonios del edénâ€?, Además me han ofrecido candidaturas a diputada y senadora, reina del carnaval, mujer del año, conferencista magistral y refugiada polÃtica de tres paÃsesâ€?.
Luego, al destacar el “profesionalismo y solidaridad de mis colegas periodistas --no me han dejado sola ni un minuto, y han seguido la pista de los criminales�--, la periodista expresó:
“He recuperado la fuerza fÃsica y emocional con los miles de mujeres y hombres de redes feministas y de derechos humanos que no dejan pasar un dÃa sin recordarme que no estoy sola, ni en la comprensión de la ignominia, ni en el deseo de justiciaâ€?.
Señaló que ahora son ya cinco los agentes federales que “resguardan mi vida y el vehÃculo blindado –“tipo 7, el máximoâ€?-- que me adjudicó la agencia contra el crimen organizado de la ProcuradurÃa General de la República (PGR)â€?, y subrayó:
“Detrás de esta historia, o delante de ella, hay casi 200 niños y niñas mexicanas que, en silencio, pierden el sueño, al saber que su historia de abuso, explotación y terror en Cancún, se ha convertido en un escándalo y cotorreo nacional�.
Contó: que, hace una semana, “una de las sobrevivientes� de abuso sexual a los siete años, ahora de 18 años, le dijo por teléfono:
“`Tu nos dijiste que, algún dÃa, habrÃa justicia, y mira cómo estás; mira lo que te hicieron`â€?.
La periodista indicó: “Cuando oà la voz de Kamel en el radio, me acordé de por qué ya no quise regresar al Ministerio Público en Cancún. Ellos tienen más poder que Fox�.
Recordó lo dicho por Abascal en la reunión de la Conago, en la que “se pronunció contra el espionaje telefónico, sin mencionar la persecución y la tortura en la que coadyuvó un gobernador constitucional (Mario MarÃn) para defender y proteger a un pederasta confeso, omitiendo las voces de las vÃctimas de las que yo fui ecoâ€?.
Además, Lydia Cacho arremetió contra el gobernador panista de Aguascalientes Armando Reynoso Femat, quien en esa reunión, “interrogado sobre el recibimiento que los mandatarios dieron al priÃsta Mario MarÃn, aclaró que es `amigo personal` de ésteâ€?.
Al respecto, la periodista citó lo dicho por Reynoso Femat: “Mi posición es que la libertad de expresión debe estar vigente, y debemos hacerla manifiesta en hechos concretos. Pero, desde luego, Mario MarÃn también requiere de un apoyo solidario de parte de nosotros como compañeros de gobierno (…) MarÃn ha hecho un extraordinario trabajo en el estado de Puebla y, a fin de cuentas, son los ciudadanos de esa entidad quienes pueden juzgar esto. Yo hablo como amigo de Mario MarÃnâ€?.
Además, sostiene el comunicado, “Reynoso pidió entender la condición humana de su homólogo poblano. Podemos cometer errores, y a veces esos errores son horrores�.
Abundó la periodista: “Son ya 20 años de la creación y fortalecimiento de la red de pornografÃa infantil y lavado de dinero representada en Cancún por Jean Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif Borge y poderosos polÃticos.
“Luego de que miles de vidas de criaturas y sus madres y padres han sido destrozadas por el comercio sexual forzado, la desaparición y el tráfico de menores; con la prueba de 12 diálogos públicos de solidaridad del estado poblano con el crimen, está ausente el juicio ético de Abascal, encargado de la seguridad nacional.
“Mientras, el gobernador panista (Reynoso Femat) convoca a una `visión humanitaria` de un acto delictivo, el cohecho, la colusión de servidores públicos, la complicidad para la tortura y la violación a las garantÃas constitucionales para proteger a la pornografÃa infantil, no es tema para la Conferencia Nacional de Gobernadores.
“Mientras polÃticos de todos los partidos usan el nombre `Lydia Cacho` para mostrar su `sensibilidad`, apenas unos cuantos salen del ámbito de la cobardÃa y la complicidad misógina y corrupta, para analizar el tema de fondo con seriedad y respeto a todas las vÃctimas del crimen y la corrupción.
“¿Cuántos se harán cómplices sigilosos de la violencia contra las mujeres y niñas? Propongo que contemos sus nombres y apellidos. Asà conmemorar nuestros derechos�, concluyó.
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nid=38243&cat=0
Lydia Cacho y la pederastia. "Los demonios del Edén"
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/239678
Especial Lydia Cacho y la pederastia. "Los demonios del Edén":
http://www.jornada.unam.mx/pederastia
MEXICO:La calumnia o la justicia confrontadas por el caso Lydia Cacho
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/225949
http://mexico.indymedia.org/tiki-view_blog.php?blogId=7
http://www.mujeresenred.net/rubrique.php3?id_rubrique=63
La Periodista Lydia Cacho (Mèxic) amenaçada de mort
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/164145
Las mujeres en México
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/163692
Mira també:
http://www.mujeresdejuarez.org
http://www.mujeresdejuarez.org/encatalan.htm
Cosecha de mujeres. El safari mexicano
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/177038 |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/pederastia
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Comentaris
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ONU: “Esterilizaciones forzadas� en México
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per rsc |
08 mar 2006
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México, D.F., 6 de marzo (apro).– El gobierno de México “reconoceâ€? que funcionarios federales y estatales han realizado “esterilizaciones forzadasâ€? en comunidades indÃgenas, las cuales “constituyen un delito particularmente graveâ€? pues se asocian al “genocidioâ€?.
homero campa/apro
Asà se expresó José Francisco Cali, relator del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el 20 de febrero pasado, en plena sesión anual de dicho comité en Ginebra, sede europea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese encuentro estuvo participó una delegación de 12 funcionarios mexicanos encabezados por MarÃa del Refugio González, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la SecretarÃa de Relaciones Exteriores.
En la sesión, Cali dio respuesta al informe CERD/C/473 que México presentó el 19 de mayo de 2005 ante dicho comité de la ONU. Se trata de un documento de 47 cuartillas que detalla las acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir la discriminación en su territorio. Su contenido se basa en datos e información proporcionados por diversas dependencias gubernamentales, asà como por organismos autónomos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En un apartado “La CNDH y la protección a los derechos humanos de los pueblos indÃgenasâ€?, el informe de México incluye tres párrafos que llamaron la atención del relator Cali:
Párrafo 153: Para evitar la discriminación hacia los pueblos y comunidades indÃgenas, en particular sobre los derechos reproductivos, la CNDH emitió el 16 de diciembre de 2002 la Recomendación general No. 4 en respuesta a las prácticas administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indÃgenas respecto a la obtención del consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar
Párrafo 154: En este caso, con motivo de la atención de diversos expedientes de queja, asà como de las múltiples visitas de trabajo realizadas a las comunidades indÃgenas, la CNDH observó que miembros del personal de las instituciones de salud pública, tanto estatales como federales, han realizado prácticas para la adopción de métodos de planificación familiar, que restringen el ejercicio de los derechos de los indÃgenas de decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Párrafo 155: La CNDH recomendó a las autoridades de salud federales y estatales que implementaran mecanismos de coordinación interinstitucional a todos los niveles de gobierno, con la finalidad de que los usuarios ejerzan el derecho humano a la libre decisión y elección consagrado en el artÃculo 4 constitucional, además de que adoptaran las medidas administrativas pertinentes para la elaboración y difusión, en la lengua de las comunidades indÃgenas, de material informativo en el que se expusieran los derechos sexuales y reproductivos.
“Genocidio�
Cali fue enfático: “Los párrafos 153, 154 y 155 del informe, sin ninguna duda, reconocen que en México ha existido (y, según organizaciones indÃgenas, persiste) una práctica de esterilizaciones forzadas de indÃgenasâ€?.
También manifestó que “el derecho internacional positivo califica las esterilizaciones forzadas como un delito particularmente graveâ€?, pues se asocia al de “genocidioâ€?. Y citó a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en cuyo artÃculo II inciso d) se indica que “las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupoâ€? pueden ser tipificadas como propias de este delito.
El relator advirtió que, contrario a lo que señala el informe, “el delito cometido contra hombres y mujeres indÃgenas no se resuelve con una recomendación de la CNDH, pues no se necesita una implementación de ‘mecanismos de coordinación interinstitucional a todos los niveles de gobierno’, sino una investigación independiente y, dado le caso, el enjuiciamiento y castigo de los creadores, de los responsables y de los implementadores de los programas de esterilizaciones forzosasâ€?
Y subrayó: “Debe notarse que las autoridades gubernamentales mexicanas reconocen aquà la existencia de esterilizaciones forzadas cosa que han, rotundamente, negado en la OIT� (Organización Internacional del Trabajo).
A continuación, Cali solicitó a la delegación mexicana que revise el documento GB.289/17/ con fecha de marzo de 2004, que contiene una querella en contra del gobierno de México presentada por varias organizaciones no gubernamentales dentro de la OIT, la cual creó un Comité Tripartito que ya emitió sus conclusiones y recomendaciones.
En este documento, los denunciantes aseguran que “en las regiones indÃgenas los programas de ayuda llamados Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) y Programa de Capitalización del Campo (Procampo), están condicionados la esterilización o ingestión de falsas vitaminas que las mujeres deberÃan tomar delante de las personas encargadas de distribuir la ayuda. Sostienen que si los productos fueran vitaminas, no obligarÃan a las mujeres a tomarlas en presencia de quienes distribuyen las ayudas. Afirman que el fracaso en los programas de salud para los indÃgenas se debe a que en algunas comunidades las mujeres se esconden cuando llegan los representantes del programaâ€?.
Más aún, según el documento de la OIT, los denunciantes “también se refieren a esterilizaciones masculinas (vasectomÃas) en el estado de Guerrero, que se realizaron a cambio de ayuda. Indican que los hombres que se quejaron no lo hicieron por la vasectomÃa, sino porque no les habÃan cumplido con la ayuda prometida a cambio de realizar dicha intervención. Señalan que funcionarios de programas de ayuda entregaron 50 pesos a todos los que habÃan aceptado la vasectomÃa e hicieron pública la entrega de dicha suma para encontrar más voluntariosâ€?.
En el documento de la OIT, el gobierno mexicano se defiende. Afirma que “no condiciona la prestación de los programas de desarrollo social que ofrece y que, en caso que una persona considere que se viola su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de sus hijos, puede denunciar estas irregularidades ante la CNDH�.
En este informe, el Comité Tripartito señaló que “no dispone de suficientes elementos para sacar conclusionesâ€?. Sin embargo, consideró que “la existencia de dichas alegaciones (sobre esterilizaciones forzadas) pone en evidencia el clima de desconfianza y sospecha creados por la tensión existente sobre el tema de los derechos indÃgenas en México, y ponen en relieve la necesidad de que el gobierno investigue tales alegaciones y sancione con severidad a todo aquel que pudiera estar implicado en tales accionesâ€?.
“Ofrecimiento�
De acuerdo con la práctica del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, la delegación mexicana tuvo derecho a replicar los señalamientos del relator Cali. Lo hizo un dÃa después –martes 21–durante la sesión del Comité. La encargada para hablar acerca de este punto fue MarÃa Antonieta Gallart Nocetti, titular de la Unidad de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos IndÃgenas.
Según una nota de la agencia France Press fechada en Ginebra, Gallart volvió a reconocer que existen esas prácticas en algunos de los estados de México, particularmente aquellos que padecen problemas de pobreza y marginación. Afirmó, sin embargo, que el gobierno de México no impulsa esas prácticas, sino que las combate y seguirá luchando por erradicarlas.
Consultado por Apro, el embajador Luis Alfonso de Alba, representante permanente de México en la sede de la ONU en Ginebra y miembro de la delegación mexicana que participó en las sesiones del comité, comentó que “se hizo el ofrecimiento de dar seguimiento al tema (de las esterilizaciones forzadas) directamente con la SecretarÃa de Salud, para tener datos precisos y que la información será enviada al comitéâ€? de la ONU.
La nota de France Press informa que el comité también solicitó “investigaciones en los centros de salud para evaluar la envergadura del problema, asà como medidas para frenar las campañas que denigran a los indÃgenasâ€?.
“Los expertos de la ONU agregaron que habÃan conocido sobre el miedo a las represalias contra indÃgenas cuando éstos denuncian las esterilizaciones forzosas. Dijeron que ello les fue formulado por varias Organizaciones no Gubernamentales, entre las que se encuentra el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero (CNAB), que presentó un documento ante este Comitéâ€?, según la agencia francesa.
La CNDH –cuya información en el documento CERD/C/473 atrajo la atención del relator Cali– emitió en diciembre de 2002 la recomendación general Número 4 en virtud de dos casos especÃficos en los que se acreditó que se violaron los derechos reproductivos de indÃgenas. En ambos casos la CNDH emitió recomendaciones particulares, según informó VÃctor Manuel MartÃnez Bullé Goyri, quien fuera primer visitador de la CNDH y actualmente se desempeña como director del Centro Nacional de Derechos Humanos.
La primera recomendación particular –No. 18/2001, emitida el 11 de septiembre de 2001– se refiere al caso –ya citado en el documento de la OIT– de las vasectomÃas practicadas en el estado de Guerrero. Precisa que éstas se aplicaron a 16 habitantes de las comunidades indÃgenas La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Los responsables directos fueron el médico Ernesto Guzmán León, la enfermera Mayra Ramos Benito y el promotor Rafael Almazán SolÃs, miembros de la brigada de salud Tres de la Jurisdicción Sanitaria número 6 de los Servicios Estatales de Salud de Guerrero. Pero este personal recibió órdenes de sus superiores para aplicar de manera errónea un programa de planificación familiar. Sin embargo, ni los responsables directos ni sus superiores recibieron sanción alguna, reconoció MartÃnez Bulle. Eso sÃ, los indÃgenas afectados fueron indemnizados con 20 mil pesos cada uno.
La segunda recomendación –No. 46/2002, emitida el 6 de diciembre de 2002– se refiere al caso de Hermelinda del Valle Ojeda, indÃgena chinanteca de la comunidad de RÃo Chiquito, municipio de Santiago Jocotepec, Oaxaca. Personal de la Unidad Médica Rural Montenegro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le colocó –sin su consentimiento– un dispositivo intrauterino mientras le realizaba un estudio de papanicolau. La indÃgena se dio cuenta tres meses después cuando sufrió una infección vaginal y asistió a una clÃnica particular. Tampoco en este caso, hubo sanción alguna.
MartÃnez Bullé señala que a partir de la recomendación número 4 emitida por la CNDH no se han presentado más denuncias que acrediten violaciones a los derechos de reproducción de indÃgenas.
Sin embargo, la CNDH tiene registradas 27 quejas por “contracepción forzada� y una más por “violación al derecho a la libertad de procreación�. Dichas quejas se presentaron del 1 de enero de 2000 a la fecha en 12 estados de la República. Seis de ellas en la Ciudad de México y cinco en Oaxaca.
MartÃnez Bullé afirma que se trata de denuncias de la población en general, tanto de zonas rurales como urbanas. Afirma que los casos de violaciones a los derechos de reproducción no se presentan exclusivamente con indÃgenas. Por tanto, señala, no se puede afirmar que exista una práctica sistemática con el objetivo de acabar con grupos o comunidades de indÃgenas, y mucho menos encuadrar estos hechos dentro de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, tal como lo hizo el relator Cali.
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nid=38185&cat=3 |
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