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Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió : amèrica llatina |
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El informe sobre la guerra sucia, catálogo de horrores. México
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per ja' |
06 mar 2006
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La guerra sucia en México |
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Una vergüenza, la prescripción de delitos de lesa humanidad.
Funcionario de la ONU comenta el caso de México.
ANDRES T. MORALES
La Jornada
Domingo 5 de marzo de 2006
Jalapa, Ver., 4 de marzo. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prescripción de los delitos derivados de las matanzas estudiantiles en 1968 y 1971 es "una vergüenza" para México, afirmó Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
No podrá haber una reconciliación con el pasado reciente hasta que no se esclarezcan los crímenes ocurridos durante la década de los 60 y 70, agregó.
Tras una visita efectuada a la Universidad Veracruzana, el experto destacó la preocupación que tiene la ONU sobre la posición adoptada por algunas naciones, sobre todo de sus sistemas judiciales y legales, de establecer la prescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.
Uno de estos países, indicó, es México, con los casos de genocidio ocurridos en las décadas pasadas.
"Sabemos cuál fue el resultado en México sobre la sentencia de prescriptibilidad del crimen de genocidio, que es una vergüenza que se diga que por el 14 constitucional el homicidio prescribe. Eso nos debería dar vergüenza. Entonces, si la culpa es del 14 constitucional, cambiémoslo, si ese es el pretexto", enfatizó.
La Organización de las Naciones Unidas, destacó, tiene facultades para emitir recomendaciones a los países sobre el tema, y aseguró que ya lo ha hecho en el caso de México, a cuyo gobierno se pidió revisar la situación que guarda el orden jurídico en determinadas materias.
"Si éste no se ajusta a los estándares internacionales, lo que se recomienda es que se armonice el orden jurídico", propuso.
Corcuera Cabezut expuso que en México hace falta la creación de una comisión de la verdad, paralela a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, como han hecho países de Sudamérica y que han dado resultados exitosos en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad.
"No se trata de esculcar y hurgar en el pasado, para reabrir las llagas, se trata de entender el pasado, para que cicatricen esas llagas", subrayó.
Juzgó como insoslayable que en México los autores de genocidio y crímenes políticos sean presentados ante los tribunales y se les castigue conforme a la ley.
Citó el caso de España, donde se creyó que los crímenes cometidos durante la era de la dictadura de Francisco Franco ya habían quedado en el olvido, sin embargo, ya existe un decreto real donde se reabren los expedientes, ante una nueva demanda de la sociedad.
"La investigación y el castigo para estos crímenes nunca deben acabarse", finalizó.
http://www.jornada.unam.mx/2006/03/05/019n2pol.php
Durante 20 años el gobierno ejerció una política para eliminar opositores.
JESUS RAMIREZ CUEVAS /I
La Jornada
Viernes 3 de marzo de 2006
El informe ¡Que no vuelva a suceder! reúne "pruebas abrumadoras" de la represión.
La Femospp documenta desapariciones forzadas, la guerra sucia y los halcones.
Entre finales de los años 60 y mediados de los 80, durante los movimientos estudiantiles de 1968, de 1971 y la llamada guerra sucia, militares y funcionarios públicos cometieron asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, matanzas, ejecuciones extrajudiciales y reclusiones en centros militares y policiacos de detención clandestinos contra opositores políticos y guerrilleros.
Así lo documenta el informe ¡Que no vuelva a suceder!, de la Comisión de Trabajo para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Femospp, cuya copia de la versión casi definitiva obra en poder de La Jornada.
La investigación presenta "pruebas abrumadoras" -con base en documentos oficiales, informes desclasificados y testimonios directos de víctimas y testigos- de las responsabilidades al más alto nivel de delitos cometidos por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo. El informe describe detalladamente lo que el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto ha llamado una "política del Estado mexicano" contra disidentes políticos y guerrilleros en esa época.
Esta indagación histórica que se ha dado a conocer recientemente de manera parcial, arroja luz sobre diversos aspectos de las acciones ilegales realizadas por las fuerzas públicas.
Los datos duros sobran: de las casi 800 denuncias de personas reportadas como detenidas-desaparecidas ante la Femospp, la comisión investigadora pudo "comprobar plenamente" 436 casos. Aunque también reunió testimonios, reportes y evidencias de otros 208, en los que se tiene "la presunción fundada" de que fueron desaparecidos por cuerpos de seguridad del Estado. Hay otras 152 personas reportadas como desaparecidas, de las que "no existe información suficiente para pronunciarse", aclara.
Parte de un borrador de este informe fue publicado por The New York Times y medios mexicanos. Aún no ha sido suscrito por el fiscal Carrillo Prieto ni por el presidente Vicente Fox.
En la indagación participaron 27 investigadores coordinados por el doctor José Sotelo Marbán. El informe de 840 páginas llega a una conclusión cruda, directa y contundente, que bien pudo documentar una comisión de la verdad jamás creada:
"El combate que el Estado emprendió en contra de estos grupos nacionales -que se organizaron en los movimientos estudiantiles y en la insurgencia popular- se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio -al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente su enemigo."
El informe abarca una década y media. Desde el movimiento estudiantil de 1968 y la matanza del 2 de octubre, la represión del 10 de junio de 1971, los inicios de la guerrilla moderna en México, la guerra sucia en Guerrero y el aniquilamiento de los movimientos armados en todo el país. En cada periodo describe los delitos y las pruebas incriminatorias a las que tuvieron acceso los investigadores.
El primer reconocimiento oficial de la guerra sucia
El informe oficial presenta los hechos, describe las políticas y establece las responsabilidades oficiales que derivaron de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y en la represión a la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971. Particularmente, aborda "la decisión del Estado de crear y capacitar al grupo paramilitar los halcones" y el uso de la violencia contra los estudiantes. Y analiza el surgimiento de la lucha guerrillera en todo el país a partir de los años 60 y las consecuencias de la guerra sucia.
El documento relata de manera sucinta cómo los gobiernos priístas utilizaron al Ejército y la policía desde los años 40 para reprimir y disolver los brotes de inconformidad de médicos, maestros, ferrocarrileros, campesinos, estudiantes, obreros, así como los movimientos cívicos opositores como el henriquismo o el de Salvador Nava en San Luis Potosí.
Sobre el movimiento estudiantil de 1968, describe el papel del Ejército en la desarticulación de la protesta juvenil y popular, y analiza su participación en la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Aunque la mayor parte de la información de estos hechos ya es conocida, la investigación está muy bien documentada, con registros de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la policía política y testimonios de militares, policías y estudiantes. El informe confirma el papel del Estado Mayor Presidencial y del Batallón Olimpia en el desenlace trágico, así como del gobierno de Díaz Ordaz, que ordenó el desmesurado despliegue militar que incluyó 300 tanques.
En otro capítulo, aborda el surgimiento del grupo paramilitar los halcones, el papel del coronel Manuel Díaz Escobar. Por primera vez prueba la relación de este grupo con el entonces Departamente del Distrito Federal y publica la nómina donde aparecen los nombres de 17 líderes halcones. Revela cómo 40 de ellos fueron entrenados en Estados Unidos y otros países mediante programas militares oficiales.
Con diversos documentos y testimonios, la comisión investigadora vincula al coronel Díaz Escobar con el presidente Echeverría, y aporta evidencias de su responsabilidad en la represión a la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971. Describe los hechos mediante testimonios de halcones, funcionarios, estudiantes, periodistas y médicos, así como reportes policiacos y militares secretos. Citando registros policiacos y de hospitales, el informe contabiliza ese día 23 muertos y más de 200 heridos.
El capítulo que se refiere a la guerra sucia en Guerrero es brutal. El documento relata cómo el agotamiento de las vías pacíficas y la cerrazón oficial alimentaron el surgimiento de la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.
Con una minuciosidad aterradora, el informe explica los planes de contrainsurgencia del gobierno para destruir a las fuerzas insurgentes y los atropellos a los derechos humanos. La investigación lo dice crudamente: el Ejército asesinó a mansalva, bombardeó comunidades, desapareció a cientos de campesinos, en "vuelos de la muerte" arrojó vivos al mar a hombres y mujeres y castigó a pueblos enteros. De todo ello tuvieron conocimiento el presidente Echeverría y el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz.
En el capítulo de la guerra sucia en los años 70 contra los grupos guerrilleros urbanos de todo el país, la indagación oficial comprueba el uso sistemático de la tortura y la detención-desaparición de guerrilleros, familiares y conocidos. Analiza las estrategias guerrilleras y las empleadas por el gobierno para aniquilar a la Liga Comunista 23 de Septiembre y a los otros grupos armados.
Esos capítulos abordan la manera en que el Estado utilizó al Ejército mexicano para "pervertir" el orden constitucional y anular el estado de derecho: el Plan DN-II del Ejército, la adopción de la doctrina de Seguridad Nacional y la estrategia de contrainsurgencia, la militarización de la policía y la impunidad de caciques, paramilitares y funcionarios públicos para combatir a la guerrilla.
A lo largo del informe identifica a los funcionarios públicos responsables de estos crímenes.
"Que el Estado asuma su responsabilidad"
El informe confirma que el Estado actuó fuera de la ley en su combate a la disidencia política y armada: "El Estado se negó a resolver por cauces civiles y democráticos las demandas sociales" y optó "por criminalizar y reprimir a los movimientos sociales pacíficos, incurriendo en violaciones a los derechos humanos y, en el peor extremo, cometiendo crímenes de lesa humanidad.
"Como ha quedado acreditado en la investigación, un número considerable de servidores públicos cometieron violaciones a los derechos humanos", afirma la comisión investigadora. Y propone que "el Estado reconozca su responsabilidad en las desapariciones forzadas". De ello "deriva el compromiso institucional de esclarecer el paradero de los detenidos-desaparecidos como un desagravio no sólo a los familiares, sino a la sociedad en su conjunto".
http://www.jornada.unam.mx/2006/03/03/029n1pol.php
Echeverría, detrás de la génesis, auge y disolución de los halcones: Femospp.
JESUS RAMIREZ CUEVAS /II
La Jornada
Sábado 4 de marzo de 2006
La banda paramilitar fue entrenada en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Japón.
Preocupaba a Washington que se le vinculara al ataque a una manifestación de estudiantes.
Los halcones, grupo paramilitar que ejecutó la brutal represión a la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971 -donde murieron por lo menos 23 personas-, fue creado, entrenado y financiado por órdenes de Luis Echeverría. Para ello contó con el apoyo de servidores públicos, jefes militares y policiacos.
El informe ¡Que no vuelva a suceder!, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), aporta pruebas de la relación de este escuadrón de choque con los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Echeverría Alvarez.
Como es ya conocido, el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal (DDF), fue el jefe máximo de los halcones.
El ex director de esa dependencia del DDF, Juan Antonio González Aleu, declaró ante la Femospp -en 2002- que el regente Alfonso Martínez Domínguez le hizo saber en 1970 "que Díaz Escobar tenía el cargo por disposición del presidente Echeverría" y que "recibía órdenes al más alto nivel". Según González Aleu, el militar "jefaturaba al grupo (los halcones), formado por 800 hombres".
En su hoja de servicios, Díaz Escobar incluía su participación en la represión al movimiento navista en San Luis Potosí. En particular, en 1961 dirigió a los soldados que dispararon contra una multitud reunida en apoyo al doctor Salvador Nava en la capital potosina.
La investigación demuestra cómo desde el gobierno capitalino, Díaz Escobar -en colaboración con jefes del Ejército y la policía- reclutó y entrenó a los halcones que desde 1968 perpetraron ataques armados a escuelas, como las vocacionales 7, 3 y El Colegio de México, y reprimió actos estudiantiles y protestas obreras.
Por ejemplo, el DDF tenía contratados a conocidos jefes de porros que actuaban contra el movimiento estudiantil, como Mario Romero Ramírez, El Fish, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que trabajaba desde 1967 para el secretario particular del entonces regente Alfonso Corona del Rosal; y Santiago Torres Saavedra, El Johnny, del Politécnico.
La propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conocía la existencia del grupo. De acuerdo con el documento Sedena 10/27/15, del 11 de noviembre de 1970, el jefe del Estado Mayor informa al secretario de la Defensa Nacional de "un grupo de 40 individuos (estudiantes), los cuales ya fueron dispersados por los halcones. (...) Desde el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, informan que estudiantes en número reducido están dentro del Casco de Santo Tomás".
Hay otros reportes de la policía política y de la Sedena, en los que se reconoce que los halcones actuaron acompañando o sustituyendo maniobras militares o policiacas contra estudiantes.
Delincuentes, porros, policías y militares
Manuel Díaz Escobar seleccionó a jóvenes entre 17 y 25 años de diversos grupos de porros de las escuelas, a militares en activo, ex militares, policías y delincuentes de barrios populares, incorporándolos a las direcciones de Limpia y de Parques y Jardines del DDF. Un reporte de la DFS aporta los nombres de siete ex militares y -en otros registros- se menciona a los oficiales del Ejército que participan en el grupo.
La Femospp analizó la información del personal del DDF en esos años y encontró en nómina que 17 líderes de los halcones cobraban en la Dirección de Servicios Generales, algunos desde 1968. Allí figuran varios familiares del coronel Díaz Escobar, quien en 1970 recibía un sueldo de 4 mil 290 pesos (además de recibir dinero en efectivo para sus operaciones). La mayor parte de los paramilitares recibían del DDF entre 65 y 120 pesos diarios.
En el archivo de personal del DDF existe una lista de 22 policías y agentes del servicio secreto adscritos al grupo, entre ellos un comandante del cuerpo de granaderos.
A Manuel Díaz Escobar le llamaban El Maestro y como tal coordinó el entrenamiento a los halcones en técnicas de karate, judo, kendo y armas de fuego (informe de la DFS). También fueron adiestrados en tácticas de infiltración, espionaje, provocación y represión.
Su centro de entrenamiento se ubicaba en la Cuchilla del Tesoro, en San Juan de Aragón, costado norte del aeropuerto capitalino, donde tenían un polígono de tiro.
Entrenados en Estados Unidos
A principios de 1971, 40 halcones, encabezados por el mayor del Ejército Luis López Mercado, fueron entrenados en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Japón.
Existen documentos desclasificados del Departamento de Estado en los que se detalla la operación en la que 12 militares en activo, integrantes de los halcones, fueron enviados a entrenar a Washington.
Después del ataque del jueves de Corpus, la embajada estadunidense envió varios telegramas a la Casa Blanca: "Estamos muy preocupados por la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos pueda ser vinculado con los elementos hostiles que atacaron a los estudiantes, especialmente con los disturbios el 10 de junio, debido al programa de entrenamiento de 20 oficiales mexicanos de la policía".
Otro es más explícito: "El oficial mexicano designado por dicho gobierno para coordinar el entrenamiento (...) fue el coronel Manuel Díaz Escobar". Y se aclara que "todos los costos los pagó el gobierno de México. (...) Los policías están siendo entrenados en otros países. Por tanto, la embajada hará todo lo posible para que la información sobre el entrenamiento no salga a la luz" (AID, US México 1/1/70).
Díaz Escobar ordenó atacar la marcha estudiantil
El informe de la fiscalía reconstruye los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971 y el ataque de los halcones contra la manifestación pacífica, donde murieron 23 personas y resultaron heridas más de 300 (según diversos registros policiacos).
Tres días antes, el coronel Díaz Escobar acuarteló al grupo en San Juan de Aragón y le ordenó "disolver la manifestación a como diera lugar".
Diversos hechos ocurridos el 10 de junio confirman que el gobierno de Echeverría sabía lo que se preparaba. Al mediodía los halcones viajaron en vehículos del DDF y se distribuyeron cerca de la Escuela Nacional de Maestros. En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, ordenó la concentración de tropas en varios puntos de la ciudad y giró instrucciones para alistar el Hospital Militar para una posible "recepción de heridos".
Los reportes de la policía capitalina sobre los preparativos para acordonar la zona, dirigidos al coronel Angel Rodríguez García, incluyeron a "los halcones portando pancartas con la efigie del Che Guevara", como parte de las fuerzas policiacas dispuestas para el operativo (documento de la DFS).
Los investigadores de la fiscalía calculan que "unos mil halcones participaron en la agresión". Algunos se infiltraron entre los estudiantes mientras otros atacaron por el frente y por los flancos.
Los granaderos coparon todas las calles "para encajonar a los estudiantes". Cuando los manifestantes avanzaron sobre la avenida de Los Maestros, los granaderos intentaron sin éxito, detenerlos. Fue cuando el jefe de la policía ordenó la intervención de los halcones.
Al momento en que la marcha enfilaba hacia la calzada México-Tacuba, aparecieron 60 halcones con pancartas del Che Guevara y comenzaron a golpear a estudiantes y maestros.
La falta de coordinación hizo que los agresores se enfrentaran entre ellos. Con un altavoz, el jefe de los granaderos les ordenó: "No se peguen, son los mismos".
Los estudiantes rechazaron varias veces a los atacantes. Entonces, los halcones sacaron de los camiones oficiales rifles M-1 y M-16 y comenzaron a disparar. Algunos, apostados en las azoteas de edificios, también atacaron a la multitud. Hubo fuego cruzado (oficialmente se dijo que los estudiantes iniciaron los disparos).
El informe reproduce declaraciones de médicos y enfermeras del hospital Rubén Leñero (publicadas por La Jornada) donde narran que los paramilitares remataron heridos, amontonaron a los muertos y que soldados se los llevaron en vehículos militares. Alfonso Martínez Domínguez relató al semanario Proceso que esa tarde escuchó al presidente Echeverría ordenar: "¡Quemen a los muertos! Que nadie quede. No quiero fotografías".
Tras el sangriento ataque, los halcones fueron disueltos y sus integrantes, indemnizados por el DDF. El gobierno siempre negó su existencia, pero desde hace tiempo se sabe que los controlaba desde las sombras.
http://www.jornada.unam.mx/2006/03/04/025n1pol.php
Guerrero de los años 70, desde torturas hasta desaparición de pueblos: Femospp.
JESUS RAMIREZ CUEVAS /III
La Jornada
Domingo 5 de marzo de 2006
Informe de la fiscalía revela que ahí se registró el mayor número de desapariciones.
En esa época el Ejército emprendió una política de genocidio de forma sistemática.
Durante los años de la guerra sucia en Guerrero, el Ejército mexicano combatió a la guerrilla mediante el crimen: asesinó indiscriminadamente, bombardeó comunidades, desapareció a cientos de campesinos, arrojó al mar a hombres y mujeres, arrasó, saqueó y estranguló pueblos enteros, construyó aldeas modelo como en la guerra de Vietnam; detuvo y torturó a no menos de mil 650 personas en centros militares de detención clandestinos.
El recuento detallado de este "plan de genocidio de Estado" es, por primera vez, reconocido de manera oficial en el informe ¡Qué no vuelva a suceder!, elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
El capítulo dedicado a Guerrero, abarca desde finales de los años 60 hasta mediados de los 80. Narra hechos crudos y brutales. Son escalofriantes los relatos de las torturas y el sadismo a que fueron sometidos los detenidos: "Desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darle a tomar gasolina, romperles los huesos, rebanarles las plantas de los pies, toques eléctricos, colgarlos de los testículos y de otras partes; introducir botellas de vidrio en la vaginas a las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras en el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos".
Según el informe, las violaciones a los derechos humanos y las arbitrariedades cometidas contra la población no fueron fortuitas ni actos individuales. En documentos oficiales se da cuenta de una estrategia planeada, conocida y autorizada por el entonces presidente Luis Echeverría, y el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz.
Los investigadores de la Femospp explican cómo la Secretaría de la Defensa Nacional armó en los años 70 los planes militares -Plan de Operaciones de Contrainsurgencia y las operaciones Teleraña, Amistad, Luciérnaga-, los operativos, controles, cercos a poblaciones y la estrategia de exterminio para aniquilar a la guerrilla y a los "sospechosos de ser subversivos". Incluyen fusilamientos masivos, ejecuciones, torturas y destrucción de pueblos.
Tras revisar miles de radiogramas militares y documentos oficiales se logró demostrar el uso de instalaciones militares para detener, torturar, asesinar y desaparecer a cientos de personas: bases militares en Pie de la Cuesta, Atoyac y Acapulco y Campo Militar Número Uno.
Esta guerra ilegal involucra no sólo al Presidente de la República, también a secretarios de Estado, jefes del estado mayor de la Defensa, comandantes de las dos regiones militares de la entidad, oficiales de mando, soldados, gobernadores y policías estatales y federales.
"Los delitos que se documentan con testimonios y evidencias permiten concluir que el Estado mexicano es responsable de cometer crímenes de lesa humanidad en Guerrero."
Guerra ilegal
En el combate a las guerrillas de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y las que siguieron en Guerrero, la tortura fue un elemento central, además del cerco de hambre sobre los pueblos.
A partir de las emboscadas al Ejército en 1972 por las fuerzas de Lucio Cabañas, los militares realizaron detenciones masivas. Hacia fin de 1973, "tras la detención ilegal de cientos de personas, la policía y el Ejército ya no entregarían a los detenidos a la autoridad, sino que los enviarían a cárceles militares clandestinas.
"Se tiene registro de mil 650 casos de gente que fue detenida y torturada en cárceles y campos de concentración; otras más fueron torturas en sus domicilios y puntos de revisión", revela el informe. En muchos casos se torturó a niños y se violó a mujeres para hacer hablar a los perseguidos.
La operación Luciérnaga, incluyó detenciones ilegales y la tortura sistemática, con conocimiento del secretario de la Defensa.
"La recepción de las radiogramas enviados por la zona militar eran contestados por el Estado Mayor. Los telegramas enviados por el secretario, constan que él, personalmente, ordenaba detener e interrogar a los sospechosos, así como informarle sobre los resultados."
El secuestro del senador Rubén Figueroa por Lucio Cabañas, en junio de 1974, provocó la intensificación de esos métodos, según informes enviados al general Cuenca Díaz.
Vuelos de la muerte
Decenas de campesinos y guerrilleros fueron arrojados al mar. La Femossp documenta por lo menos 30 vuelos militares denunciados, ocurridos durante los gobiernos de Luis Echeverría (19) y José López Portillo (11). El registro de estos "vuelos de la muerte" abarca de agosto 1975 a enero de 1979. Esta práctica comenzó a realizarse bajo la responsabilidad del entonces teniente coronel Francisco Quirós Hermosillo y el mayor Mario Arturo Acosta Chaparro.
"Elementos al mando Francisco Quirós Hermosillo, vestidos de civil, ingresan a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta de Acapulco, en vehículos particulares (...) llevan hombres y mujeres identificados como 'guerrilleros', con los ojos vendados; los dejan en una cabaña a la que no tiene acceso el personal militar regular. El (...) capitán Francisco Javier Barquín Alonso (...) registra en un 'libro de pastas negras' a cada persona que ingresa. Los sientan en sillas de madera (...), les dice que todo ha acabado y que en ese momento se les tomará 'la foto del recuerdo'. Por atrás, a la altura de la nuca, colocan una pistola calibre .380 lo cual está a punto de acabar con sus vidas. Por lo menos en 200 ocasiones fue (Mario Arturo) Acosta Chaparro, por instrucciones de Quirós, el que jalaba el gatillo (...) Los cadáveres eran depositados en bolsas de lona, rellenas de piedras y subidos a un avión Arava, matrícula 2005, del entonces Escuadrón 301 (... de madrugada) Despegaba sin luces y se dirigía a costas oaxaqueñas para tirar su 'carga': unos 12 cuerpos en cada vuelo". (Algunas veces), la operación era filmada por militares". (Testimonio del oficial militar Gustavo Tarín, citado en el informe).
A muchos los arrojaron vivos al mar, según la declaración del piloto militar Jorge Violante Fonseca. El informe cita los nombres de 22 oficiales y soldados involucrados en esos vuelos. Según el informe de la Femospp, al menos 143 personas fueron ejecutadas y arrojadas al mar.
Grupo sangre
La crueldad de esta cacería militar contra la guerrilla también fue del conocimiento de los aparatos de inteligencia del gobierno federal. El director de la Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barreda, escribió un informe confidencial -en junio de 1974- titulado "Grupo Sangre": "Tanto en el Puerto de Acapulco, como en poblaciones cercanas al mismo, en diferentes lugares han venido apareciendo cuerpos sin vida de personas no identificadas. Los cadáveres presentan impactos de arma de fuego, señales de haber sido torturados y desfiguraciones en el rostro y otras partes del cuerpo, producidas por quemaduras.
(...) "En forma por demás discreta se ha logrado saber que los cuerpos encontrados pertenecen a personas conectadas con Lucio Cabañas y su gente, que han sido aprehendidos.
"Que las detenciones se ejecutan por órdenes expresas del comandante de la 27 Zona Militar, con sede en Acapulco, general de división (diplomado del Estado Mayor) DEM, Salvador Rangel Medina, que después de obtener, por diferentes medios, toda la información posible sobre Lucio Cabañas y su gente se les da gasolina y se les prende fuego; posteriormente se les abandona en lugares solitarios, en donde aparecen con las desfiguraciones provocadas por las llamas y presentando impactos de arma de fuego. Entre el campesinado existe contrariedad por la presencia del teniente coronel de infantería DEM, Francisco Quirós Hermosillo, comandante del 20 Batallón de la Policía Militar, a quien ya conocen y culpan de las ejecuciones" (hasta aquí el reporte del capitán Luis de la Barreda).
De las personas detenidas ilegalmente en Guerrero, el informe de la Femospp aporta testimonios de que 200 fueron trasladadas al Campo Militar Número Uno, 65 de las cuales están reportadas como desaparecidas.
En los años 70, el Ejército concentró a unos 24 mil soldados para combatir a Lucio Cabañas. Esas fuerzas cercaron, arrasaron y bombardearon decenas de pueblos. También provocaron desplazamientos y concentraciones de población. El informe registra 20 pueblos y barrios que fueron desalojados y sus pobladores reagrupados en aldeas modelo como en la guerra de Vietnam.
Es imposible resumir tanto horror y crímenes cometidos durante la guerra sucia en Guerrero. No obstante, el informe de la Femossp aporta algunas conclusiones: "A partir de 1973, el Ejército había emprendido una política de genocidio de manera sistemática. Es el año en que mayores desapariciones se producen en la historia de nuestro país (hay más de 400 casos denunciados en ese estado entre los años 70 y 80).
Esta es una historia de barbarie que emerge de documentos oficiales y testimonios, un horror que apenas se está conociendo en toda su dimensión.
http://www.jornada.unam.mx/2006/03/05/021n1pol.php
El informe sobre la guerra sucia, catálogo de horrores.
JESUS RAMIREZ CUEVAS /IV Y ULTIMA
La Jornada
Lunes 6 de marzo de 2006
Calcula la Femospp más de 15 mil detenciones arbitrarias.
Durante la llamada guerra sucia -entre 1970 y 1982-, el Ejército Mexicano y las fuerzas de seguridad realizaron más de 15 mil detenciones ilegales de disidentes políticos, la mayoría maltratados y vejados. Hay una lista de mil 421 casos de tortura documentados y los nombres de mil 650 personas que fueron recluidas en cárceles clandestinas militares y policiacas, así como de 100 más que fueron ejecutadas. A ellas se suman 797 denuncias por desaparición forzada.
Estos datos aparecen en el informe de la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Los abusos y atropellos oficiales contra la población ocurrieron en casi todo el país, aunque en Guerrero alcanzaron proporciones escandalosas. En esos años tanto civiles inocentes como guerrilleros fueron asesinados o "desaparecidos" por fuerzas militares y de seguridad.
Los crímenes detallados en el informe, fueron cometidos durante las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Alvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982).
Represión sistemática
El uso del Ejército por los gobiernos en turno para controlar y reprimir a los movimientos disidentes tiene larga historia. En los años 50 y 60 se sofocó por la fuerza a henriquistas, ferrocarrileros, maestros, médicos, petroleros, campesinos, indígenas y estudiantes. Hubo ataques armados de militares y policías contra civiles en todo el país.
Tras la represión a los movimientos estudiantiles en 1968 y 1971, muchos jóvenes se radicalizaron, pues creyeron canceladas las vías democráticas. Surgieron decenas de grupos armados cuyo propósito fue responder a la violencia con violencia y promover una revolución social.
A lo largo de los años de la guerra sucia ''las operaciones militares y los operativos policiacos con los que eran perseguidos guerrilleros y opositores no pretendían detener, someter y poner a disposición de autoridad competente a los presuntos delincuentes, sino estaban diseñados para capturar, torturar y desaparecer a los detenidos. En algunos casos, incluso ejecutarlos'', señala el informe de la Femospp.
De la lista de mil 141 detenciones ilegales documentadas, los investigadores calculan que por lo menos ocurrieron 15 mil detenciones arbitrarias entre 1970 y 1982.
La tortura
Los métodos utilizados por el Ejército y la policía política para interrogar a sus detenidos son una verdadera ''galería del terror''. En los mil 141 casos de tortura registrados por la investigación de la Fiscalía (sin tomar en cuenta miles que no fueron denunciados) se reseñan los procedimientos a que eran sometidos los detenidos: toques eléctricos, pocito (inmersiones en agua hasta el punto de la asfixia); tehuacanazos (introducción por la nariz de agua mineral con chile piquín, aportación mexicana a los métodos de tortura), agujas clavadas en las uñas, laceraciones en el cuerpo, objetos introducidos en ano y vagina, violaciones frente a los hijos y cónyuge, tormentos a menores de edad, simulacros de fusilamiento y el pollo rostizado, que provocaba la castración, entre otros.
Esta última modalidad era una de las más crueles. Benjamín Pérez Aragón, torturado por militares, refiere: ''Estás hincado y amarrado de los brazos y de las piernas encima de un palo. Tú mismo tienes que guardar el equilibrio porque te tienen amarrado de los genitales de tal modo que, si pierdes el equilibrio, pierdes otra parte. Después de eso, los golpes y hasta los toques eléctricos en los oídos, en la lengua, en cualquier herida o cicatriz, eran poca cosa. Lo peor es el pollo rostizado".
El informe destaca la gran cantidad de mujeres víctimas de violación. Por ejemplo, Elba Fuentes relata cómo fue torturada y violada frente a su padre, Julio Fuentes Martínez -quien continúa desaparecido- en la base aérea militar de Pie de la Cuesta. O el caso de María Concepción Jiménez, torturada y violada a unos metros del despacho del jefe de la policía de Guerrero, Arturo Acosta Chaparro, en abril de 1978.
También hay una lista de 204 menores de edad que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Ejecuciones
El informe de la Femospp presenta un registro pormenorizado, con nombre y fecha, de 100 ejecuciones extrajudiciales de personas que participaron en movimientos sociales y armados.
Por ejemplo, a Irineo Juárez Castro, detenido por militares en la sierra de Guerrero, le quebraron una pierna y un brazo, después lo golpearon y lo tiraron en una poza de agua. Posteriormente profanaron su cadáver y lo abrieron en canal, le cortaron los testículos y se los pusieron en la boca, como un mensaje a guerrilleros de Genaro Vázquez.
Otros casos son los de Ignacio Olivares Torres y Salvador Corral García, dirigentes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, a quienes agentes de la Dirección Federal de Seguridad, en venganza por los asesinatos de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren, los destrozaron en la tortura; les metieron clavos en las rodillas y en los hombros y les estallaron la cabeza.
Desaparecidos
A la Femospp han llegado 797 casos de desaparición forzada por motivos políticos, ejecutados por militares y policías. En Guerrero hay por lo menos 344 desapariciones documentadas.
El informe pudo "comprobar plenamente" 436 casos y reunió testimonios y pruebas de otros 208, de los que tiene una "presunción fundada" de que fueron personas desaparecidas por cuerpos de seguridad del Estado.
Se reseña que miles de personas fueron recluidas en cárceles clandestinas ubicadas en instalaciones militares y policiacas (hay registros de mil 650 casos). En esos lugares se sometía a los detenidos a un proceso sistemático de degradación que, junto con las torturas, tenía como objetivo la destrucción o desquiciamiento de las víctimas.
Al respecto, el lugar más emblemático es el Campo Militar número uno, donde fueron a dar 700 presos de 1968 y muchos más en años posteriores. Existen varios testimonios de personas hoy reportadas como desaparecidas que fueron vistas por última vez en esas instalaciones.
Según testigos, en ese lugar había dos secciones con celdas para presos políticos. Una contaba con 80 cuartos a nivel del suelo. La seguridad estaba a cargo del Segundo Regimiento de Artillería y bajo el control de la Policía Judicial Militar Federal.
Arturo Miranda Ramírez, quien permaneció dos semanas en esos separos, en octubre de 1978, fue sometido a intensos interrogatorios. Miranda cuenta que cuando terminaba una sesión de tortura, seguía otra "y se escuchaban los gritos de dolor de los otros". En una ocasión, después del interrogatorio respectivo, se dio cuenta de que llevaban a un estudiante de la Universidad de Nayarit que se les murió en las torturas. ''Uno de los torturadores le dijo al otro: 'oye, creo que este cabrón se nos quedó'. Le dieron una patada y no se movió. Entonces le jefe le dijo: 'No aguantó este pendejo. Llévatelo al horno crematorio'.''
Nunca jamás
Entre las conclusiones del informe se afirma que en los crímenes cometidos "la cadena de mando no exime de responsabilidades. No se puede aducir obediencia debida. De acuerdo con el Código Militar (artículo 14), 'cuando se agravia a la sociedad no es sostenible ninguna excusa de 'cumplimiento del deber' o 'razón de Estado'".
Por ello, agrega, "no puede permanecer como verdad oficial la mentira que se construyó para ocultar y justificar los crímenes de Estado contra su propia población.
''Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro", sostiene el documento. Esos hechos, enfatiza, representan "una vergüenza nacional".
Sin embargo, como respondió a doña Rosario Ibarra de Piedra el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios -jefe de los servicios de inteligencia del Estado en esos años-, al referirse a los desaparecidos políticos: "Eso correspondió a una decisión de Estado y para dar marcha atrás e investigar su paradero se requiere de otra decisión de Estado".
http://www.jornada.unam.mx/2006/03/06/015n1pol.php
la guerra sucia:
http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=119491
Comité Eureka
http://www.eureka.org.mx
El Informe Oficial no censurado sobre la guerra sucia de Luis Echeverría
Redacción | Enviado el 2006-02-28 12:22:03
Por Jacinto Rodríguez Munguía | Emeequis
La masacre desconocida en Guerrero
http://www.criterios.com/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=8177 |
Mira també:
http://www.eureka.org.mx
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Comentaris
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Re: El informe sobre la guerra sucia, catálogo de horrores. México
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per La Guerra Sucia en México: |
11 mar 2006
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La Guerra Sucia en México: una llaga social ocultada durante más de treinta años
La Guerra Sucia de Luis EcheverrÃa:
La masacre desconocida en Guerrero
Al amparo de las operaciones para perseguir a la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, el ejército mexicano recurrió en los setenta a todo tipo de atropellos a los derechos humanos. La versión no censurada del informe oficial elaborado por la fiscalÃa para investigar crÃmenes del pasado de la PGR, que aún no ha sido entregado al presidente Vicente Fox, lo dice sin medias tintas: en Guerrero, el ejército torturó en el Campo Militar Número 1, asesinó a mansalva, bombardeó comunidades, desapareció a cientos de campesinos, arrojó al mar cuerpos de hombres y mujeres aún con vida y “estrangulóâ€? a pueblos enteros para doblarlos y conseguir su colaboración. Y de todo ello, el ex presidente Luis EcheverrÃa estuvo al tanto. Esta es parte de una historia del paÃs que hasta hoy no habÃa sido reconocida oficialmente.
Por Jacinto RodrÃguez MunguÃa
ArtÃculo publicado el 6 de marzo de 2006 por la revista emequis, de México.
Como no habÃa ocurrido nunca antes, la versión no censurada del informe del gobierno federal sobre lo que pasó durante los años de la Guerra Sucia en Guerrero detalla las “armasâ€? del ejército mexicano en su lucha contra la guerrilla: torturó en el Campo Militar Número 1, asesinó a mansalva, bombardeó comunidades, desapareció a cientos de campesinos, arrojó al mar cuerpos de hombres y mujeres aún con vida y “estrangulóâ€? a pueblos enteros para doblarlos y conseguir su colaboración. En sÃntesis, hubo un “plan de genocidio de Estadoâ€?. Producto del trabajo de más de 20 investigadores adscritos a la fiscalÃa para investigar los crÃmenes del pasado de la PGR, el reporte consigna con toda claridad:los hechos descritos en el mismo no fueron casuales ni producto de iniciativas individuales. La estrategia fue conocida y autorizada por el entonces presidente Luis EcheverrÃa Ã?lvarez y el secretario de Defensa de esa época, Hermenegildo Cuenca DÃaz.
Las violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la población descritos en el reporte son tan crudos que éste ha sido sometido a un proceso de “limpieza� por parte del fiscal Ignacio Carrillo Prieto para hacerlo presentable ante el presidente Vicente Fox.
El informe, que en la versión aún no sometida a las “correcciones oficialesâ€? consta de 840 páginas, divididas en 12 capÃtulos, da cuenta de cómo el general Cuenca DÃaz armó desde los primeros dÃas del gobierno de EcheverrÃa todos los planes de contrainsurgencia, operativos, controles, cercos a la población —como el Plan de Operaciones de Contrainsurgencia o las operaciones Telaraña, Amistad, Luciérnaga—, con el propósito final de lograr el exterminio de lo que siempre llamaron “subversivosâ€?.
Los miles de radiogramas militares, cartas y memorandos a los que tuvieron acceso los investigadores de la FiscalÃa Especial para Movimientos PolÃticos y Sociales del Pasado (Femospp) muestran las rutas que siguieron los detenidos en ese estado de la República: Base Militar Pie de la Cuesta, Campo Militar Número 1, cárceles clandestinas, desaparición o el mar como destino último.
El informe presentado al fiscal Carrillo Prieto, y del cual emeequis tiene una copia, coloca a la cúpula del ejército y a EcheverrÃa Ã?lvarez en la primera lÃnea de responsabilidad de los crÃmenes de Estado:
“Con esta operación se instauró una polÃtica de Estado en que todas las autoridades conexas con el ejército –presidente de la república, secretarios de Estado, Estado Mayor de la Defensa, comandantes de las dos regiones militares de Guerrero, oficiales a su mando y tropa– participan en las violaciones a los derechos humanos con la justificación de perseguir a un maleante prófugo. Una estrategia abiertamente contraguerrillera no podÃa generarse sin el consentimiento y aprobación explÃcita del presidente de la república, sobre todo porque aquélla aplicó un plan de genocidio que puntualmente se siguió durante todo su mandatoâ€?.
Emeequis solicitó en varias ocasiones una entrevista con el fiscal Carrillo Prieto para conocer detalles sobre el informe. Al cierre de la edición, su vocero José Luis Contreras Flores dijo no tener ninguna respuesta a la petición.
Elaborado desde 2004 por especialistas hasta hace unas semanas adscritos a la Dirección de Investigación y Análisis de la FiscalÃa, cuyo titular era el doctor José Sotelo Marbán, el informe revela que las fuerzas militares y policiacas se convirtieron en artesanos consumados de la tortura.
Lea usted el catálogo de prácticas de tormento recogido en esas páginas: “Desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles a tomar gasolina, romperles los huesos, cortarles o rebanarles la planta de los pies, toques eléctricos, amarrarlos por los testÃculos y colgarlos; introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlosâ€?.
•••
Son palabras oficiales. Y los siguientes son los hallazgos que documentan esta parte, en gran medida desconocida, de la historia reciente de México.
Eran los años setenta y la ofensiva militar contra la guerrilla no conocÃa lÃmites. Las detenciones fueron apenas la primera fase de un destino incierto para cientos de habitantes de la montaña guerrerense. VendrÃan entonces los dÃas de torturas y tormentos, las últimas huellas de los desaparecidos.
Dice el informe:
“El ejército mexicano siguió ciertos patrones de detención que nos permiten explorar lo que sucedió con los detenidos desaparecidos:
“1. La gente era concentrada en un lugar público del poblado. La cancha, la escuela, la iglesia o algún lugar céntrico en el que se suele reunir la gente del lugar.
“2. Los soldados entraban a los domicilios sin ninguna orden de cateo para cerciorarse de que no habÃa gente que no estuviera en el lugar de concentración.
“3. Algún oficial del ejército pasaba lista. Muchas veces traÃan a ese lugar a algún ‘soplón’ o ‘madrina’ que le indicaba al oficial a quiénes detener. En otras ocasiones, el oficial traÃa una lista previa y preguntaba por la gente que estaba anotada.
“4. La gente detenida podÃa tener tres destinos inmediatos: (a) ser recluida en algún lugar donde era atormentada mientras era transportada fuera del lugar, (b) ser utilizada como guÃa para cualquier requerimiento que el ejército les forzaba a realizar, (c) ser transportada al cuartel militar por vehÃculo terrestre o por helicópteroâ€?.
En cierto momento cambió el modus operandi de las detenciones en Guerrero: “Tras la detención ilegal de cientos de personas, la policÃa y el ejército ya no entregarÃan los detenidos a la autoridad, sino que los enviarÃan a cárceles militares o, provisionalmente, cárceles clandestinas para después ser enviados a las cárceles militaresâ€?.
Las cárceles militares de Pie de la Cuesta, en Acapulco, y la del Campo Militar Número 1, en la ciudad de México, serÃan una de las rutas de cientos de detenidos, torturados y, para muchos otros, la última estación previa a convertirse sólo en una palabra: desaparecido.
I. Artesanos de la tortura
Los relatos que incluye el informe pasan por todos los espacios del miedo y el dolor. Los espacios más oscuros del ser humano puestos al servicio de un solo objetivo: conseguir información, uno de los fines elementales de la tortura.
La lista de métodos parece no tener fin: “Desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles a tomar gasolina, romperles los huesos, cortarles o rebanarles la planta de los pies, toques eléctricos, amarrarlos por los testÃculos y colgarlos; introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para lle narlos de agua y luego golpearlos. Se tiene registro de mil 650 casos de gente que fue detenida y torturada en cárceles y campos de concentración; otras fueron torturadas en su domicilio o en los puntos de revisiónâ€?.
HabÃa un elemento adicional: el sadismo, con prácticas “como quemarles los pies, colgarlos en los árboles como forma de ‘ablandamiento’. La misma incertidumbre de ser llevados al campo de concentración, a ser tirados al mar —como los soldados lo anunciaban como amedrentamiento o presagio de lo que con muchos hacÃanâ€?.
“Muchos de los crÃmenes de guerra que aquà se documentan —trátese de campos de concentración, de cerco militar, de aldea vietnamita, de sometimiento por hambre—, tienen como ingrediente central la torturaâ€?.
Más allá de la tortura que, implÃcitamente, significó para los niños la ruptura de la familia, de la presencia militar en sus comunidades, de despertar y dormir con miedo, el informe recoge testimonios de cómo, para ‘ablandar’ a los adultos, se utilizó la tortura sicológica contra sus hijos.
“A mà no me metieron al tanque de agua pero sà me dieron toques eléctricos e intento de violación. Luego me sacaron en la madrugada, me dejaron cerca de donde habÃa vivido, pero para eso me habÃan quitado al niño, amenazándome que nos iban a matar y que iban a matar al niño si no les contestábamos lo que ellos querÃan, martirizaban asà a su papá, y luego de quitármelo ya no supe donde lo tenÃan hasta que cuando salà yo les exigÃa que me devolvieran al niño, y me decÃan que a mi hijo ya lo habÃan matado, que iba salir yo pero mi hijo no... cuando nos agarraron le ponÃan la pistola al niño en la cabeza y amenazaban a mi esposo con matar a nuestro niño, quien lloraba de miedo, se jaloneaba y lo agarraban más fuerte, yo les decÃa que no le hicieran daño y me decÃan ‘cállese vieja’, quien sabe qué, eso fue muy mal para el niño, cada vez que recordaba eso, lloraba, y decÃa que asà como lo iban a matar a él tal vez matarÃan a su papá, esas fueron cosas que se le quedaron grabadasâ€?.
La Operación Luciérnaga serÃa resultado de una nueva modalidad de contrainsurgencia militar: la captura de los llamados “paquetesâ€?, término para reportar las detenciones ilegales prolongadas, con interrogatorios y torturas, y de lo cual el secretario de la Defensa estuvo siempre enterado.
“La recepción de los radiogramas enviados por la zona militar era contestada por el Estado Mayor. Los telegramas enviados por el secretario, constan que él, personalmente, ordenaba detener e interrogar a los sospechosos, asà como informarle sobre los resultadosâ€?. Los reportes militares tenÃan más o menos esta estructura: “Captura de un paquete grupo Lucio integrante guardia senador Figueroa a quien se interroga…â€?
Se referÃan al ex gobernador Rubén Figueroa, que habÃa sido secuestrado por Lucio Cabañas en junio de 1974. Precisamente el secuestro de Figueroa serÃa otro detonante. El informe subraya que con este caso el ejército intensificarÃa sus ataques en tres niveles.
1) La búsqueda del control absoluto de la región con vistas a liberar a Figueroa;
2) La destrucción del movimiento armado, persiguiendo militarmente a Lucio y, a la vez, utilizando todos los medios de destrucción contra las comunidades campesinas y
3) La aniquilación de todo resabio de guerrilla.
A un mes del secuestro se elaboró un “documento crucial para el desarrollo subsecuente de las operacionesâ€? militares. El documento, enviado por el jefe del Estado Mayor, general Alberto Sánchez López, al secretario Cuenca DÃaz, se titulaba Análisis y evaluación de la situación actual, polÃtico-militar en relación con el secuestro del senador Rubén Figueroa, por la gavilla guerrillera de Lucio Cabañas.
En este documento el ejército reconoce, de manera explÃcita, que estaba frente a una guerrilla que contaba con el apoyo del pueblo y, por tanto, debÃa “actuar empleando los conocimientos de todo el personal militar que ha salido al extranjero para recibir diversos cursos de adiestramiento que tienen relación con la contraguerrilla… (que) si por conveniencia se ha dado el nombre de maleantes y gavilleros para no deteriorar la imagen de México en el exterior…(que) en la población rural hay cierta forma de pensar, en forma de odio o temor contra las acciones de la tropaâ€?.
II. Los vuelos de la muerte
“Nos amenazaban que Ãbamos a ir a darles banquetes a los tiburones… Y a mis hijos nunca jamás los he vuelto a ver y a Pablo Rosas tampocoâ€?. Más de 30 años después, indelebles siguen los recuerdos para Maximiliano Nava, los de aquella tarde o noche, la hora en que fueron arrancados para siempre sus familiares y amigos de sus comunidades para convertirse en una palabra invisible: desaparecidos.
Los llamados “vuelos de la muerteâ€? fueron algo más que un mero mecanismo de terror sicológico. En el informe se dice que existen denuncias de que a partir de agosto de 1975 comenzaron a realizarse bajo la responsabilidad del entonces teniente coronel Francisco Quiroz Hermosillo y el mayor Arturo Acosta Chaparro. Entre el 8 de junio de 1976 y el 7 de enero de 1979 se habrÃan realizado los últimos siete vuelos para arrojar los cuerpos de los detenidos al océano PacÃfico.
Acosta Chaparro, aparte de la organización regular de la policÃa que manejaba, formó cuatro grupos que tenÃa a su mando directo: el grupo Chihuahua a cargo de TarÃn (Gustavo), el grupo Espindosky, a cargo de José Espindosky, el grupo Chumacero a cargo de Rodolfo Chumacero, y el grupo Caballo, a cargo de Ã?ngel RodrÃguez Criollo.
A pesar de que dependÃa de Carlos Ulises Acosta VÃquez, rendÃa cuentas directamente al gobernador Figueroa y se coordinaba directamente con las dos zonas militares, la 27 y la 35. Cuando Rubén Figueroa asumió la gubernatura, en abril del 1975, nombró a Acosta Chaparro delegado de Tránsito, luego director de la PolicÃa de Acapulco y, posteriormente, jefe de todas las corporaciones policiacas del estado.
III. Los cadáveres y el Grupo Sangre
Esta otra realidad, ajena a gran parte de la sociedad, no lo era para los aparatos de inteligencia. La información que en junio de 1974 elaboró Luis de la Barreda, entonces director Federal de Seguridad, confirma la espiral de violencia contra los pobladores, sospechosos comunes para el poder polÃtico.
La nota tiene como identificación “Grupo Sangre�. Según la tarjeta confidencial, “tanto en el Puerto de Acapulco como en poblaciones cercanas al mismo, en diferentes lugares han venido apareciendo cuerpos sin vida de personas no identificadas. Los cadáveres presentan impactos de arma de fuego, señales de haber sido torturados y desfiguraciones en el rostro y otras partes del cuerpo, producidas por quemaduras.
“[...] En forma por demás discreta se ha logrado saber que los cuerpos encontrados pertenecen a personas conectadas con Lucio Cabañas Barrientos y su gente, que han sido aprehendidos cuando bajan de la sierra para abastecerse de vÃveres y otros objetos necesarios para ellos, o bien que sirven de correo entre los remontados y quienes se encuentran en la zona urbana.
“Que las detenciones se ejecutan por órdenes expresas del comandante de la 27 Zona Militar,
con sede en Acapulco, general de división DEM Salvador Rangel Medina, que después de obtener, por diferentes medios, toda la información posible sobre Lucio Cabañas y su gente, les da a tomar gasolina y les prende fuego; posteriormente se les abandona en lugares solitarios, donde aparecen con las desfiguraciones provocadas por las llamas y presentando impactos de arma de fuego. Entre el campesinado existe contrariedad por la presencia del teniente coronel de infanterÃa DEM Francisco Quiroz Hermosillo, comandante del 20 Batallón de la PolicÃa Militar, a quien ya conocen y culpan de las ejecucionesâ€?.
IV. Las cárceles militares y clandestinas
En las cárceles militares quedaron muchas historias de tortura. A partir de radiogramas y testimonios de quienes pasaron horas, dÃas, meses, en la Base Militar Pie de Cuesta, el informe da cuenta de ellas.
Un caso: Arturo Gallegos Nájera fue detenido el 20 de noviembre de 1974 y trasladado a una casa clandestina de seguridad donde se le interrogó. Posteriormente fue llevado a la base aérea de Pie de la Cuesta, donde vivió lo siguiente: “Tuve la oportunidad de ver a varias personas que están aún en calidad de desaparecidas. El tipo de torturas eran cortas. En la boca del estómago, a puño cerrado. Aplicar corriente eléctrica a las partes nobles. También fue aplicada la tortura sicológica ‘Tenemos a tu familia. A tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos y a tus hermanos, y los vamos a matar de uno por uno si no cantas�.
En el informe se apunta que allà (Pie de la Cuesta) se ubicaba a quienes eran detenidos en Acapulco, Chilpancingo, Costa Chica u otros estados de la República. “También pasaba por allà gente detenida en el campo de concentración de Atoyac. Otros detenidos eran regresados a la zona militar que los habÃa remitido o eran liberados. Muchos otros fueron asesinados. Algunos en sesiones de tortura, otros enviados en los ‘vuelos de la muerte’ que se han denunciado… o remitidos al Campo Militar Número Uno de Méxicoâ€?.
Un documento da la razón. 12 de mayo de 1971. En él se informa que en el transcurso de esa noche, por instrucciones del secretario de la Defensa Nacional, 13 detenidos en la base aérea militar Pie de la Cuesta serÃan trasladados hacia la ciudad de México, al Campo Militar Número 1 (CM1).
Resume el informe: “Esta forma de operar, de entregar los civiles detenidos al ejército, se convirtió en norma. Cuando Rubén Figueroa nombró a Acosta Chaparro jefe de la policÃa, éste entregaba al ejército a todos los detenidos que consideraba tenÃan alguna vinculación con la guerrilla, en lugar de entregarlos a la autoridad civilâ€?.
La 27 Zona Militar, ubicada en Atoyac, serÃa habilitada, a partir de 1972, como campo de concentración. “Todos los detenidos que eran llevados allà eran torturados, a muchos los subieron en helicóptero para no regresar jamás o fueron llevados a Pie de la Cuesta o bien al CM1â€?.
En el caso de los detenidos en Guerrero, de acuerdo con los resultados de la investigación de la fiscalÃa de la PGR, el patrón de comportamiento cuando eran conducidos al CM1 era el siguiente: en el lugar habÃa varias galeras y durante su permanencia estaban en una sola o los cambiaban, en grupo, de galera. La tortura también la hacÃan fuera de las galeras. La supervisión a los detenidos era realizada por militares.
Una vez que eran enviados al CM1 podÃan tener los siguientes destinos:
a) Morir en los interrogatorios y su cuerpo ser desechado.
b) Ser trasladado a algún lugar de ejecución y su cuerpo ser desechado.
c) Ser liberado.
d) No existe conocimiento de que haya todavÃa gente detenida.
La versión de los detenidos agrega detalles de los métodos de operación. El avión que trasladaba a los detenidos en Pie de Cuesta tenÃa camas empotradas y allà los acostaban con los pies hacia adelante. Iban dos guardias con sus armas largas vigilándolos. Cuando llegaban a México les apretaban las vendas y los sacaban cargando del avión. Los encerraban en cuartos separados. Las celdas medÃan unos dos metros. El lugar donde los torturaban era una casita que también utilizaban los generales o coroneles para recibir visitas.
Conforme a un testigo protegido que cita el informe, “Quiroz Hermosillo tenÃa dos camionetas en que periódicamente se llevaban a seis a ocho personas en cada viaje y los desaparecÃan. Era el propio Quiroz Hermosillo quien dirigÃa estas acciones, asà como una persona a su mando que se llevaban a las gentes en unas camionetas que después reconoció en Chilpancingo en la casa de gobierno de Rubén Figueroa. Estas camionetas —una de color blanca y otra rosita de castilla— […] tenÃan pintadas en la puerta a un luchador, una persona atlética, grande, con short. Al abrirse por atrás tenÃan doble compartimiento. Lo primero que se veÃa era un botiquÃn como de ambulancia y al abrirse éste estaba otro compartimiento en el que sacaban a la gente del CM1. Se supone que los sacaron para matarlos [...]â€?.
Según el informe, por la cárcel del CM1 pasaron durante más de 46 años los disidentes que el Estado mexicano quiso mantener secuestrados de manera ilegal. “Allà fueron detenidos los estudiantes que acudieron a la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Allà fueron a dar cientos de detenidos en la Guerra Sucia de Guerrero. Tenemos el número incompleto de más de 200 personas remitidas de Guerrero de manera ilegal y por lo menos 65 de ellas se encuentran en calidad de desaparecidas�.
V. 24 mil soldados para cazar a Lucio
Este informe, que aún no incluye las “correcciones oficialesâ€? que se le están haciendo, pone al descubierto lo que hasta ahora se desconocÃa o era apenas una referencia testimonial: para contener a Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas y un centenar de guerrilleros en la montaña de Guerrero, el ejército desplazó a 24 mil elementos y en la búsqueda de “subversivosâ€? se cercaron, arrasaron y bombardearon comunidades completas; se impidió el tránsito humano, de alimentos y medicinas; se provocaron desplazamientos como los ocurridos en la guerra de Vietnam.
El 23 de abril de 1970, por ejemplo, el ejército mexicano habrÃa atacado la comunidad de Piloncillos. De acuerdo con la denuncia ante el ministerio público, a las 9 de la mañana de ese dÃa llegaron cien efectivos, entre ellos 15 vestidos de civil, y sin previo aviso entraron a varias casas sacando a sus moradores con lujo de fuerza y brutalidad, llevándose a media docena de señores a la cancha del poblado y ahà fueron masacrados. “Congregaron a cinco hombres que encontraron en la comunidad, los formaron frente a la escuela y, colocados frente a la pared, fueron acribillados frente la comunidad y luego rematados con el tiro de graciaâ€?.
Luego de la emboscada de Lucio Cabañas a un convoy militar, donde se registraron diez muertos y 18 heridos en el ejército (25 de junio de 1972), un reporte de la DFS señala que la guerrilla habÃa entrado de lleno a la lucha abierta, actuando como fuerza popular en contra del ejército y las fuerzas de seguridad. La respuesta inmediata serÃa la de sustituir los sargentos que controlaban los pueblos, por grupos de tenientes.
El 23 de agosto de ese mismo año, la guerrilla asestaba un segundo golpe al ejército en Arroyo Oscuro, ejerciendo asà un control amplio sobre la zona. La respuesta fue movilizar cinco batallones de infanterÃa (unos 5 mil efectivos) y diez mil policÃas para cazar a Lucio y seguidores que, según las cuentas de la misma Sedena, eran entre cien y 150.
En noviembre de 1972, la DFS reporta que el poblado de los Llanos de Santiago de la Unión habÃa sido incendiado (unas 50 casas y la capilla) por soldados, obligando a la población a huir. La razón: ser sospechosos de abastecer a las fuerzas de Lucio Cabañas.
Otro bombardeo ocurrirÃa a finales de junio de 1974 sobre el cerro de la Mojileca. Según contaron los habitantes de las comunidades Los Cajones, Corrales de RÃo Chiquito y de los ejidos Los Pitos, Los Pitales y Letrados, vieron cuando los aviones dejaron caer las bombas y escucharon muchas explosiones. Ese dÃa muchas familias decidieron salir del pueblo. En el cerro El Encanto, los aviones llevaron a cabo otro raid y tiraron dos o tres bombas. Para entonces habÃan llegado patrullas militares y fue sobre ellas que cayeron los explosivos.
A la par de los bombardeos, una acción permanente fue el cerco contra las comunidades a las que se bloqueó el tránsito, paso de alimentos y medicinas. Operaciones que en paÃses como Guatemala se conocieron como “quitarle al agua a los pecesâ€?, que no era otra cosa que el estrangulamiento de la población, base de apoyo de la guerrilla.
En el caso de Guerrero, de acuerdo con el mismo informe, esto formaba parte del Plan de Operaciones establecido por el ejército con el conocimiento del presidente Luis EcheverrÃa.
En La Orden de Operaciones Número Seis se aprueba “impedir el paso de vÃveres que puedan ser destinados al enemigoâ€?. Se recoge un testimonio de la comunidad Corrales de RÃo: “Los soldados saquearon todo, se metieron a las casas, quemaron la ropa, quebraron los muebles, se llevaron los sarapes, desaparecieron el café, no dejaron nada del maÃz y del frijol. Después no dejaban regresar a trabajar las huertas, por lo que se perdieron las cosechasâ€?.
En una de las varias conclusiones que arroja el documento, se afirma que a partir de 1973 el ejército habÃa emprendido una “polÃtica de genocidio de manera sistemática. Es el año que mayores desapariciones se producen en la historia de nuestro paÃs y el estado de Guerrero aporta el mayor númeroâ€?.
Otro de los objetivos de los retenes militares fue identificar a los afines a la guerrilla. Para eso, el ejército utilizó las llamadas “madrinasâ€?, “gente que le habÃan quebrado su voluntad y estaba dispuesta a señalar a los partidarios de la guerrilla, o que los obligaban a hacerlo bajo amenazasâ€?. El uso de “guÃasâ€? o “madrinasâ€? fue del total conocimiento del secretario de la Defensa Nacional como consta en los radiogramas.
Al final, este informe que pretendÃa ser la entrega última de la fiscalÃa al presidente de la república y a la sociedad, se volvió un documento incómodo para el mismo fiscal, entre otras cosas por las afirmaciones que ahà se hacen, como la siguiente, sobre lo que ha significado la Guerra Sucia para el poder polÃtico en México:
“Desgraciadamente, el Estado Mexicano ha recurrido periódicamente a esta práctica con el objeto de aniquilar al disidente y su poder de convocatoria en la sociedad. Esta práctica se ha asociado con otras dos que le sirven al mismo propósito: criminalizar la vÃctima y asegurar la impunidad del agresor. De esta manera, además de que la población es la vÃctima de la agresión, resulta responsabilizada de los hechos y perseguida. La impunidad que se asegura en todos estos casos, es la de los altos funcionarios del Estado que son los artÃfices de estos crÃmenes. Cuando los operarios no logran escapar de la investigación ministerial, se les suele asegurar trato preferencial, castigos cortos y beneficios de reducción de la penaâ€?.
Han pasado más de 30 años de que la llamada guerra sucia dejara marcado, para siempre su nombre en miles de historias familiares. Han pasado más de 30 de que los hombres del poder, entonces casi invencibles, determinaran el viaje sin retorno de cientos de mexicanos. Hace unos dÃas se cumplieron 30 años de la última vez que vieron con vida a Aurora de la Paz Navarro antes de ser detenida por Humberto Quiroz Hermosillo, y recluida en el Campo Militar Número 1.
Hasta ahà la vieron con su vientre abultado llevando su hijo en las entrañas. De ahà saldrÃa la última versión, por ahà de febrero de 1976, de que la vieron viva, de que el hijo habÃa nacido en cautiverio, y la historia se corta de tajo. Ella nunca regresarÃa y el hijo, tampoco.
La existencia resumida en números. Son desaparecidos.
http://www.adin-noticias.com.ar/informemx.htm
Informe sobre la verdad histórica de los crÃmenes cometidos por el Estado mexicano durante los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, asà como de la llamada Guerra Sucia y el movimiento guerrillero en el estado de Guerrero
Equipo especial de la FEMOSPP - Investigación oficial 2004-2005 - Los capÃtulos, en PDF, están en el Archivo de la George Washington University, Washington, DC, EE.UU., se pueden bajar desde los siguientes enlaces:
CapÃtulo 1 - Informe General
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/010_Informe%20General.pdf
CapÃtulo 2 - El movimiento estudiantil de 1968
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/030_Movimiento%20de%201968
CapÃtulo 3 - El diez de junio de 1971 y la disidencia estudiantil
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/040_10%20de%20junio%20de%2
CapÃtulo 4 - Inicios de la guerrilla moderna en México
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/050_El%20inicio%20de%20la%;©xico.pdf
CapÃtulo 5 -Concentrado General Desaparecidos (Excel worksheet)
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/Concentrado%20General%20De
CapÃtulo 6 - La Guerra Sucia en Guerrero
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/060_Guerra%20Sucia.pdf
CapÃtulo 7 - La guerrilla se extiende por todo el paÃs
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/070-Grupos%20armados.pdf
CapÃtulo 8 - CrÃmenes de lesa humanidad
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/080_CrÃ;menes%20de%20lesa%20humanidad.pdf
CapÃtulo 9 - CrÃmenes de guerra
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/090_crÃ;menes%20de%20guerra.pdf
CapÃtulo 10 - Persecución polÃtica y perversión de la justicia por parte del Estado mexicano
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/100_%20PersecuciÃ;³n%20polÃtica.pdf
CapÃtulo 11 - Mecanismos que el Estado utilizó para corromper el poder
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/110-Mecanismos%20que%20el%;³.pdf
CapÃtulo 12 - Derecho a la verdad, al duelo y al reconocimiento del honor de los caÃdos en la lucha por la justicia
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/120-Derecho%20a%20la%20ver
Concentrado General Desaparecidos por fecha (Excel worksheet)
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/Concentrado%20General%20De
http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=119691 |
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