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Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió
La obligación de pasar 30 años en la cárcel afecta a casi 1.000 presos
per op	03 mar 2006
(2006-03-03)
Un polvorín. Las cárceles españolas se enfrentan a un incremento de su población carcelaria de unos 1.000 reos, cifra que no incluye a Cataluña, que tiene traspasada la competencia. Un millar es el número aproximado de presos a los que afectará la nueva doctrina del Tribunal Supremo para impedir que reclusos de ETA condenados a decenas o incluso miles de años salgan habiendo cumplido apenas 20. La medida del alto tribunal tendrá consecuencias también para muchos otros presos comunes. El alto tribunal decidió que todos aquellos internos que fueron condenados por varios delitos a más de 30 años por el Código Penal de 1973 tendrán que cumplir en la mayor parte de los casos esos 30 años, mientras que hasta ahora, mediante redenciones por buen comportamiento u otras, lograban salir transcurridos 18 o 20 años. Fuentes penitenciarias han informado de que van a revisar la situación de cerca de un millar de presos que fueron condenados por el Código Penal de 1973 y que fueron sentenciados a varias penas que superan los 30 años. Esas fuentes han explicado que casi 800 de esos reos son delincuentes comunes y, curiosamente, sólo 211 son etarras. LOS DELITOS Entre esos presos comunes se incluyen desde los condenados por atracos a los asesinos en serie y los violadores múltiples. Pero el grueso son personas que perpetraron delitos contra la propiedad, y que fueron condenados a elevadas penas. Ese es el caso de J. M. E. P, que fue castigado con 77 años de prisión por atracar varios bancos y que ha cumplido 20 de reclusión. Con la decisión del Supremo, deberá cumplir otros 10. Esta situación ha provocado una honda preocupación en fuentes penitenciarias, que señalan que ese incremento es equiparable al número de internos que puede albergar un centro penitenciario. En los próximos años, el Gobierno central tiene previsto construir 15 cárceles con una capacidad, cada una, de 1.008 celdas. El objetivo de Instituciones Penitenciarias era que en el 2012 cada preso tuviera su propia celda. La nueva situación "retrasa bastante ese ideal", según fuentes penitenciarias. En la actualidad, un módulo de 100 celdas aloja a 130 reclusos. Pero esa situación va a empeorar ahora con la aplicación de la nueva doctrina del Tribunal Supremo. Cuando empezó a aplicarse el actual Código Penal, que data de 1995, se permitía a los presos elegir la norma que más les favorecía y mayoritariamente escogieron el texto de 1973. "Pero ahora no tienen opción", dicen esas fuentes. El alto tribunal ha establecido que los beneficios penitenciarios que permitía el Código de 1973 se deben descontar sucesivamente de las distintas condenas, lo que acaba perjudicándoles. Fuentes penitenciarias han explicado que los internos afectados se enfrentan a esta nueva situación con una "gran angustia y ansiedad". La medida ha afectado sobre todo a los que estaban a punto de salir y que procuraban tener buen comportamiento para evitar problemas. La Administración busca salidas a esta situación. En principio, el recurso que le queda es otorgar el tercer grado (que implica ir a la cárcel sólo a dormir), aunque esa decisión es recurrible ante los jueces. Por ello, fuentes judiciales confían en que alguno de los afectados recurra en amparo ante el Tribunal Constitucional. Ese tribunal podría volver a imponer el criterio anterior, que no había sido discutido hasta que se planteó la excarcelación del etarra Henri Parot, que iba a ser liberado tras haber pasado más de 20 años en prisión, aunque fue condenado a casi 5.000 años de cárcel por 85 asesinatos. Con la nueva doctrina sobre redenciones de pena se ha evitado la salida de 16 etarras prevista para este año. La Audiencia Nacional ha excarcelado ya a 19 personas durante el 2006. Dos de los reclusos habrían cumplido los 30 años de prisión en el 2019, otros dos en el 2014 y el resto en los próximos tres años.
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