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Notícies :: amèrica llatina |
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Publiquen part del 'catà leg de tortura' empleat per les forces de seguretat mexicanes entre 1964 i 1982
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02 mar 2006
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CIUTAT DE MÈXIC, 2 |
vilaweb
Avui es va fer públic part del 'Catàleg de la tortura', document utilitzat per les forces de seguretat i l'Exèrcit mexicà durant l'anomenada 'Guerra Bruta' entre els anys 1964 i 1982 al país centreamericà, en el que es detallen els mètodes utilitzats per l'estat contra els opositors.
Part d'aquest informe, filtrat avui, revela pràctiques de les autoritats com 'el pocito', que consistia a posar a les persones a la vora de la mort mitjançant l'asfíxia, o 'el pollastre rostit', pràctica per la qual es lligava als detinguts de peus i mans i se li lligava un pal als genitals, de manera que si l'individu perdia l'equilibri, podia perdre els seus òrgans reproductors.
Entre les tortures descrites en el document es troba també l'anomenat 'toc', que consistia a submergir a una persona sota l'aigua per donar-li 'tocs', fonamentalment en les parts íntimes. El macabre catàleg forma part de l'informe que va elaborar la Fiscalia Especial Moviments Socials i Polítics del Passat, i que documenta milers de casos de persones torturades, assassinades o desaparegudes en els anys assenyalats. |
Mira també:
http://www.vilaweb.cat/www/ep/noticia?noticia=1764581
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Comentaris
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Queda demostrado que ocurrió la guerra sucia. México
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02 mar 2006
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Abrir archivos de Sedena, exigen ONG al Presidente.
Le demandan promover órdenes de aprehensión.
Queda demostrado que ocurrió la guerra sucia, afirman.
GABRIEL LEON ZARAGOZA
La Jornada
Miércoles 1 de marzo de 2006
Los comités Eureka y 68, así como organizaciones no gubernamentales (ONG), exhortaron al presidente Vicente Fox a ordenar la apertura de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) si realmente tiene voluntad de esclarecer la guerra sucia que tuvo lugar de 1970 a 1980, y ejercer su poder para que se dicten órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del genocidio cometido por instituciones del gobierno.
Los organismos coincidieron en que con los informes parciales difundidos en Internet lo que se demuestra es que sí ocurrió en el país la guerra sucia, en la que hubo participación activa de militares, y que estuvo detenidamente planificada por el gobierno, lo cual señala su responsabilidad directa "y no sólo hechos atribuibles a algunos funcionarios que quisieron actuar por encima de la ley".
Informes "parciales"
Sobre el informe publicado al inicio de esta semana por el diario estadunidense The New York Times, Angeles Magdaleno, ex directora de Análisis Históricos de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, declaró que el documento "es parcial", igual que "todo el trabajo que ha hecho la fiscalía".
La labor de la fiscalía, agregó, siempre ha estado cargada hacia un lado. "Nadie quiere conocer la verdad. Los represores para permanecer en la impunidad y las pretendidas víctimas -la izquierda de ese tiempo- para seguir ostentando esa imagen, porque a las verdaderas víctimas seguimos sin conocerlas."
La presidenta del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, afirmó que esperará a conocer a fondo el documento divulgado en Internet por el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos para hablar sobre el tema.
Aclaró no tener interés alguno en conocer si el documento fue filtrado, porque se trata "del mugrero y cochinero" del gobierno, que sabe lo que hace: "una persona o una institución seria no tiene por qué incurrir en estas cosas".
El Presidente ha querido encauzar la investigación de los desaparecidos en contra de los mandatos constitucionales, "porque si quisiera hacerlo por la vía legal tendría que haber asumido una decisión insólita, real y verdadera", agregó.
Reiteró que siempre impugnó la labor de la fiscalía, porque ese organismo, consideró, no tiene ni ha tenido la voluntad política de solucionar el problema.
A la fiscalía, dijo en entrevista, "siempre la calificamos nosotros de ente propagandístico de Vicente Fox, con muchísimas sinuosidades para caer en lo que ellos querían y lo que algunas voces señalan por ahí: llegar a un punto final, que son palabras obtusas para nosotros".
Tercera oportunidad
De acuerdo con un cable noticioso de Afp, Angeles Magdaleno denunció que México corre el riesgo de perder su tercera oportunidad para enjuiciar al menos de manera histórica a los responsables de la guerra sucia si Fox no entrega los archivos desclasificados en 2001 a una institución educativa independiente.
Una copia de los archivos, dijo, debe entregarse a la Universidad Nacional Autónoma de México "antes de que sean reclasificados por temor de los involucrados a que se conozca la verdad, incluidos guerrilleros radicales de esa época".
Por su parte, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos señaló que el informe filtrado a una institución estadunidense ratifica lo que siempre se ha mencionado y es del conocimiento público: "que sí existen responsables por la guerra sucia".
El informe difundido, señala, simplemente corrobora lo que durante tantos años los familiares de las víctimas y las ONG hemos mencionado: "Sí se dio esta guerra, y además fue detenidamente planificada, por lo que hay una responsabilidad directa del gobierno mexicano, y no son, como nos quieren hacer ver, sólo hechos de algunos funcionarios que quisieron actuar por encima de la ley".
El director de la ONG, Adrián Ramírez, agregó que el informe parcial indica "que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos han tenido relación directa con la guerra sucia. Porque, al igual que en la Operación Cóndor en Sudamérica, está definida la participación del Departamento de Estado estadunidense y sus fuerzas de inteligencia en nuestro país".
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el informe hace suponer que el gobierno federal se está sometiendo a una revisión en la que probablemente se censuren contenidos.
Con base en el inicio de la revisión que el cuerpo jurídico del Pro ha emprendido de los archivos que se pueden consultar en Internet, destaca que "a pesar de que tiene omisiones en sus partes, confirma lo que las víctimas, organizaciones y familiares hemos sostenido: lo que ocurrió durante la guerra sucia fueron delitos de lesa humanidad, cometidos de forma sistemática y decididos en los niveles más altos con participación de los militares".
http://www.jornada.unam.mx/2006/03/01/008n1pol.php
Hoy, conferencia de Cabeza de Vaca y Carrillo
Gustavo Castillo García
La Jornada
Miércoles 1 de marzo de 2006
Hoy miércoles, el titular de la Procuraduría General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, y el fiscal especial para los desaparecidos, Ignacio Carrillo Prieto, ofrecerán una conferencia de prensa respecto al informe que se ha difundido como avance de la pesquisa histórica en torno a la llamada guerra sucia, en el que se atribuyen al Ejército Mexicano desapariciones forzadas como parte de una estrategia de exterminio de guerrilleros en las décadas de los 70 y los 80.
Según funcionarios y empleados de la fiscalía, la elaboración del informe fue encabezada por José Sotelo Marbán, quien dirigió un equipo de al menos 26 personas, a las cuales no se les pagó el salario prometido en un lapso de seis y ocho meses.
Las fuentes indicaron también que la falta de pago de salarios no sólo afectó al grupo que elaboró el informe, sino que es una circunstancia que enfrenta mucho personal que labora en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
http://www.jornada.unam.mx/2006/03/01/008n2pol.php
Comité Eureka
http://www.eureka.org.mx |
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El Informe Oficial no censurado sobre la guerra sucia de Luis EcheverrÃa
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per rsc |
04 mar 2006
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Redacción | Enviado el 2006-02-28 12:22:03
La masacre desconocida en Guerrero
Por Jacinto RodrÃguez MunguÃa | Emeequis
Al amparo de las operaciones para perseguir a la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, el ejército mexicano recurrió en los setenta a todo tipo de atropellos a los derechos humanos. La versión no censurada del informe oficial elaborado por la fiscalÃa para investigar crÃmenes del pasado de la PGR, que aún no ha sido entregado al presidente Vicente Fox, lo dice sin medias tintas: en Guerrero, el ejército torturó en el Campo Militar Número 1, asesinó a mansalva, bombardeó comunidades, desapareció a cientos de campesinos, arrojó al mar cuerpos de hombres y mujeres aún con vida y “estrangulóâ€? a pueblos enteros para doblarlos y conseguir su colaboración.
Y de todo ello, el ex presidente Luis EcheverrÃa estuvo al tanto. Esta es parte de una historia del paÃs que hasta hoy no habÃa sido reconocida oficialmente, de acuerdo con un extenso reportaje publicado por la revista Emeequis.
Como no habÃa ocurrido nunca antes, la versión no censurada del informe del gobierno federal sobre lo que pasó durante los años de la Guerra Sucia en Guerrero detalla las “armasâ€? del ejército mexicano en su lucha contra la guerrilla: torturó en el Campo Militar Número 1, asesinó a mansalva, bombardeó comunidades, desapareció a cientos de campesinos, arrojó al mar cuerpos de hombres y mujeres aún con vida y “estrangulóâ€? a pueblos enteros para doblarlos y conseguir su colaboración. En sÃntesis, hubo un “plan de genocidio de Estadoâ€?.
Producto del trabajo de más de 20 investigadores adscritos a la fiscalÃa para investigar los crÃmenes del pasado de la PGR, el reporte consigna con toda claridad: los hechos descritos en el mismo no fueron casuales ni producto de iniciativas individuales. La estrategia fue conocida y autorizada por el entonces presidente Luis EcheverrÃa Ã?lvarez y el secretario de Defensa de esa época, Hermenegildo Cuenca DÃaz.
Las violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la población descritos en el reporte son tan crudos que éste ha sido sometido a un proceso de “limpieza� por parte del fiscal Ignacio Carrillo Prieto para hacerlo presentable ante el presidente Vicente Fox.
El informe, que en la versión aún no sometida a las “correcciones oficialesâ€? consta de 840 páginas, divididas en 12 capÃtulos, da cuenta de cómo el general Cuenca DÃaz armó desde los primeros dÃas del gobierno de EcheverrÃa todos los planes de contrainsurgencia, operativos, controles, cercos a la población —como el Plan de Operaciones de Contrainsurgencia o las operaciones Telaraña, Amistad, Luciérnaga—, con el propósito final de lograr el exterminio de lo que siempre llamaron “subversivosâ€?.
Los miles de radiogramas militares, cartas y memorandos a los que tuvieron acceso los investigadores de la FiscalÃa Especial para Movimientos PolÃticos y Sociales del Pasado (Femospp) muestran las rutas que siguieron los detenidos en ese estado de la República: Base Militar Pie de la Cuesta, Campo Militar Número 1, cárceles clandestinas, desaparición o el mar como destino último.
El informe presentado al fiscal Carrillo Prieto, y del cual Emeequis tiene una copia, coloca a la cúpula del ejército y a EcheverrÃa Ã?lvarez en la primera lÃnea de responsabilidad de los crÃmenes de Estado: “Con esta operación se instauró una polÃtica de Estado en que todas las autoridades conexas con el ejército –presidente de la república, secretarios de Estado, Estado Mayor de la Defensa, comandantes de las dos regiones militares de Guerrero, oficiales a su mando y tropa– participan en las violaciones a los derechos humanos con la justificación de perseguir a un maleante prófugo. Una estrategia abiertamente contraguerrillera no podÃa generarse sin el consentimiento y aprobación explÃcita del presidente de la república, sobre todo porque aquélla aplicó un plan de genocidio que puntualmente se siguió durante todo su mandatoâ€?.
Emeequis solicitó en varias ocasiones una entrevista con el fiscal Carrillo Prieto para conocer detalles sobre el informe. Al cierre de la edición, su vocero José Luis Contreras Flores dijo no tener ninguna respuesta a la petición.
Elaborado desde 2004 por especialistas hasta hace unas semanas adscritos a la Dirección de Investigación y Análisis de la FiscalÃa, cuyo titular era el doctor José Sotelo Marbán, el informe revela que las fuerzas militares y policiacas se convirtieron en artesanos consumados de la tortura. Lea usted el catálogo de prácticas de tormento recogido en esas páginas: “Desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles a tomar gasolina, romperles los huesos, cortarles o rebanarles la planta de los pies, toques eléctricos, amarrarlos por los testÃculos y colgarlos; introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlosâ€?.
Son palabras oficiales. Y los siguientes son los hallazgos que documentan esta parte, en gran medida desconocida, de la historia reciente de México. Eran los años setenta y la ofensiva militar contra la guerrilla no conocÃa lÃmites. Las detenciones fueron apenas la primera fase de un destino incierto para cientos de habitantes de la montaña guerrerense. VendrÃan entonces los dÃas de torturas y tormentos, las últimas huellas de los desaparecidos.
Dice el informe: “El ejército mexicano siguió ciertos patrones de detención que nos permiten explorar lo que sucedió con los detenidos desaparecidos:
“1. La gente era concentrada en un lugar público del poblado. La cancha, la escuela, la iglesia o algún lugar céntrico en el que se suele reunir la gente del lugar.
“2. Los soldados entraban a los domicilios sin ninguna orden de cateo para cerciorarse de que no habÃa gente que no estuviera en el lugar de concentración.
“3. Algún oficial del ejército pasaba lista. Muchas veces traÃan a ese lugar a algún ‘soplón’ o ‘madrina’ que le indicaba al oficial a quiénes detener. En otras ocasiones, el oficial traÃa una lista previa y preguntaba por la gente que estaba anotada.
“4. La gente detenida podÃa tener tres destinos inmediatos: (a) ser recluida en algún lugar donde era atormentada mientras era transportada fuera del lugar, (b) ser utilizada como guÃa para cualquier requerimiento que el ejército les forzaba a realizar, (c) ser transportada al cuartel militar por vehÃculo terrestre o por helicópteroâ€?.
En cierto momento cambió el modus operandi de las detenciones en Guerrero: “Tras la detención ilegal de cientos de personas, la policÃa y el ejército ya no entregarÃan los detenidos a la autoridad, sino que los enviarÃan a cárceles militares o, provisionalmente, cárceles clandestinas para después ser enviados a las cárceles militaresâ€?.
Las cárceles militares de Pie de la Cuesta, en Acapulco, y la del Campo Militar Número 1, en la ciudad de México, serÃan una de las rutas de cientos de detenidos, torturados y, para muchos otros, la última estación previa a convertirse sólo en una palabra: desaparecido.
I. Artesanos de la tortura. Los relatos que incluye el informe pasan por todos los espacios del miedo y el dolor. Los espacios más oscuros del ser humano puestos al servicio de un solo objetivo: conseguir información, uno de los fines elementales de la tortura.
La lista de métodos parece no tener fin: “Desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles a tomar gasolina, romperles los huesos, cortarles o rebanarles la planta de los pies, toques eléctricos, amarrarlos por los testÃculos y colgarlos; introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos. Se tiene registro de mil 650 casos de gente que fue detenida y torturada en cárceles y campos de concentración; otras fueron torturadas en su domicilio o en los puntos de revisiónâ€?. HabÃa un elemento adicional: el sadismo, con prácticas “como quemarles los pies, colgarlos en los árboles como forma de ‘ablandamiento’. La misma incertidumbre de ser llevados al campo de concentración, a ser tirados al mar —como los soldados lo anunciaban como amedrentamiento o presagio de lo que con muchos hacÃanâ€?.
“Muchos de los crÃmenes de guerra que aquà se documentan —trátese de campos de concentración, de cerco militar, de aldea vietnamita, de sometimiento por hambre—, tienen como ingrediente central la torturaâ€?. Más allá de la tortura que, implÃcitamente, significó para los niños la ruptura de la familia, de la presencia militar en sus comunidades, de despertar y dormir con miedo, el informe recoge testimonios de cómo, para ‘ablandar’ a los adultos, se utilizó la tortura sicológica contra sus hijos.
“A mà no me metieron al tanque de agua pero sà me dieron toques eléctricos e intento de violación. Luego me sacaron en la madrugada, me dejaron cerca de donde habÃa vivido, pero para eso me habÃan quitado al niño, amenazándome que nos iban a matar y que iban a matar al niño si no les contestábamos lo que ellos querÃan, martirizaban asà a su papá, y luego de quitármelo ya no supe donde lo tenÃan hasta que cuando salà yo les exigÃa que me devolvieran al niño, y me decÃan que a mi hijo ya lo habÃan matado, que iba salir yo pero mi hijo no... cuando nos agarraron le ponÃan la pistola al niño en la cabeza y amenazaban a mi esposo con matar a nuestro niño, quien lloraba de miedo, se jaloneaba y lo agarraban más fuerte, yo les decÃa que no le hicieran daño y me decÃan ‘cállese vieja’, quien sabe qué, eso fue muy mal para el niño, cada vez que recordaba eso, lloraba, y decÃa que asà como lo iban a matar a él tal vez matarÃan a su papá, esas fueron cosas que se le quedaron grabadasâ€?.
La Operación Luciérnaga serÃa resultado de una nueva modalidad de contrainsurgencia militar: la captura de los llamados “paquetesâ€?, término para reportar las detenciones ilegales prolongadas, con interrogatorios y torturas, y de lo cual el secretario de la Defensa estuvo siempre enterado.
“La recepción de los radiogramas enviados por la zona militar era contestada por el Estado Mayor. Los telegramas enviados por el secretario, constan que él, personalmente, ordenaba detener e interrogar a los sospechosos, asà como informarle sobre los resultadosâ€?. Los reportes militares tenÃan más o menos esta estructura: “Captura de un paquete grupo Lucio integrante guardia senador Figueroa a quien se interroga…â€?
Se referÃan al ex gobernador Rubén Figueroa, que habÃa sido secuestrado por Lucio Cabañas en junio de 1974. Precisamente el secuestro de Figueroa serÃa otro detonante. El informe subraya que con este caso el ejército intensificarÃa sus ataques en tres niveles.
1) La búsqueda del control absoluto de la región con vistas a liberar a Figueroa;
2) La destrucción del movimiento armado, persiguiendo militarmente a Lucio y, a la vez, utilizando todos los medios de destrucción contra las comunidades campesinas y
3) La aniquilación de todo resabio de guerrilla.
A un mes del secuestro se elaboró un “documento crucial para el desarrollo subsecuente de las operacionesâ€? militares. El documento, enviado por el jefe del Estado Mayor, general Alberto Sánchez López, al secretario Cuenca DÃaz, se titulaba Análisis y evaluación de la situación actual, polÃtico-militar en relación con el secuestro del senador Rubén Figueroa, por la gavilla guerrillera de Lucio Cabañas.
En este documento el ejército reconoce, de manera explÃcita, que estaba frente a una guerrilla que contaba con el apoyo del pueblo y, por tanto, debÃa “actuar empleando los conocimientos de todo el personal militar que ha salido al extranjero para recibir diversos cursos de adiestramiento que tienen relación con la contraguerrilla… (que) si por conveniencia se ha dado el nombre de maleantes y gavilleros para no deteriorar la imagen de México en el exterior…(que) en la población rural hay cierta forma de pensar, en forma de odio o temor contra las acciones de la tropaâ€?.
II. Los vuelos de la muerte. “Nos amenazaban que Ãbamos a ir a darles banquetes a los tiburones… Y a mis hijos nunca jamás los he vuelto a ver y a Pablo Rosas tampocoâ€?. Más de 30 años después, indelebles siguen los recuerdos para Maximiliano Nava, los de aquella tarde o noche, la hora en que fueron arrancados para siempre sus familiares y amigos de sus comunidades para convertirse en una palabra invisible: desaparecidos.
Los llamados “vuelos de la muerteâ€? fueron algo más que un mero mecanismo de terror sicológico. En el informe se dice que existen denuncias de que a partir de agosto de 1975 comenzaron a realizarse bajo la responsabilidad del entonces teniente coronel Francisco Quiroz Hermosillo y el mayor Arturo Acosta Chaparro. Entre el 8 de junio de 1976 y el 7 de enero de 1979 se habrÃan realizado los últimos siete vuelos para arrojar los cuerpos de los detenidos al océano PacÃfico.
Acosta Chaparro, aparte de la organización regular de la policÃa que manejaba, formó cuatro grupos que tenÃa a su mando directo: el grupo Chihuahua a cargo de TarÃn (Gustavo), el grupo Espindosky, a cargo de José Espindosky, el grupo Chumacero a cargo de Rodolfo Chumacero, y el grupo Caballo, a cargo de Ã?ngel RodrÃguez Criollo.
A pesar de que dependÃa de Carlos Ulises Acosta VÃquez, rendÃa cuentas directamente al gobernador Figueroa y se coordinaba directamente con las dos zonas militares, la 27 y la 35. Cuando Rubén Figueroa asumió la gubernatura, en abril del 1975, nombró a Acosta Chaparro delegado de Tránsito, luego director de la PolicÃa de Acapulco y, posteriormente, jefe de todas las corporaciones policiacas del estado.
III. Los cadáveres y el Grupo Sangre. Esta otra realidad, ajena a gran parte de la sociedad, no lo era para los aparatos de inteligencia. La información que en junio de 1974 elaboró Luis de la Barreda, entonces director Federal de Seguridad, confirma la espiral de violencia contra los pobladores, sospechosos comunes para el poder polÃtico.
La nota tiene como identificación “Grupo Sangre�. Según la tarjeta confidencial, “tanto en el Puerto de Acapulco como en poblaciones cercanas al mismo, en diferentes lugares han venido apareciendo cuerpos sin vida de personas no identificadas. Los cadáveres presentan impactos de arma de fuego, señales de haber sido torturados y desfiguraciones en el rostro y otras partes del cuerpo, producidas por quemaduras.
“[...] En forma por demás discreta se ha logrado saber que los cuerpos encontrados pertenecen a personas conectadas con Lucio Cabañas Barrientos y su gente, que han sido aprehendidos cuando bajan de la sierra para abastecerse de vÃveres y otros objetos necesarios para ellos, o bien que sirven de correo entre los remontados y quienes se encuentran en la zona urbana.
“Que las detenciones se ejecutan por órdenes expresas del comandante de la 27 Zona Militar, con sede en Acapulco, general de división DEM Salvador Rangel Medina, que después de obtener, por diferentes medios, toda la información posible sobre Lucio Cabañas y su gente, les da a tomar gasolina y les prende fuego; posteriormente se les abandona en lugares solitarios, donde aparecen con las desfiguraciones provocadas por las llamas y presentando impactos de arma de fuego. Entre el campesinado existe contrariedad por la presencia del teniente coronel de infanterÃa DEM Francisco Quiroz Hermosillo, comandante del 20 Batallón de la PolicÃa Militar, a quien ya conocen y culpan de las ejecucionesâ€?.
IV. Las cárceles militares y clandestinas. En las cárceles militares quedaron muchas historias de tortura. A partir de radiogramas y testimonios de quienes pasaron horas, dÃas, meses, en la Base Militar Pie de Cuesta, el informe da cuenta de ellas.
Un caso: Arturo Gallegos Nájera fue detenido el 20 de noviembre de 1974 y trasladado a una casa clandestina de seguridad donde se le interrogó. Posteriormente fue llevado a la base aérea de Pie de la Cuesta, donde vivió lo siguiente: “Tuve la oportunidad de ver a varias personas que están aún en calidad de desaparecidas. El tipo de torturas eran cortas. En la boca del estómago, a puño cerrado. Aplicar corriente eléctrica a las partes nobles. También fue aplicada la tortura sicológica ‘Tenemos a tu familia. A tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos y a tus hermanos, y los vamos a matar de uno por uno si no cantas�.
En el informe se apunta que allà (Pie de la Cuesta) se ubicaba a quienes eran detenidos en Acapulco, Chilpancingo, Costa Chica u otros estados de la República. “También pasaba por allà gente detenida en el campo de concentración de Atoyac. Otros detenidos eran regresados a la zona militar que los habÃa remitido o eran liberados. Muchos otros fueron asesinados. Algunos en sesiones de tortura, otros enviados en los ‘vuelos de la muerte’ que se han denunciado… o remitidos al Campo Militar Número Uno de Méxicoâ€?.
Un documento da la razón. 12 de mayo de 1971. En él se informa que en el transcurso de esa noche, por instrucciones del secretario de la Defensa Nacional, 13 detenidos en la base aérea militar Pie de la Cuesta serÃan trasladados hacia la ciudad de México, al Campo Militar Número 1 (CM1).
Resume el informe: “Esta forma de operar, de entregar los civiles detenidos al ejército, se convirtió en norma. Cuando Rubén Figueroa nombró a Acosta Chaparro jefe de la policÃa, éste entregaba al ejército a todos los detenidos que consideraba tenÃan alguna vinculación con la guerrilla, en lugar de entregarlos a la autoridad civilâ€?.
La 27 Zona Militar, ubicada en Atoyac, serÃa habilitada, a partir de 1972, como campo de concentración. “Todos los detenidos que eran llevados allà eran torturados, a muchos los subieron en helicóptero para no regresar jamás o fueron llevados a Pie de la Cuesta o bien al CM1â€?.
En el caso de los detenidos en Guerrero, de acuerdo con los resultados de la investigación de la fiscalÃa de la PGR, el patrón de comportamiento cuando eran conducidos al CM1 era el siguiente: en el lugar habÃa varias galeras y durante su permanencia estaban en una sola o los cambiaban, en grupo, de galera. La tortura también la hacÃan fuera de las galeras. La supervisión a los detenidos era realizada por militares.
Una vez que eran enviados al CM1 podÃan tener los siguientes destinos:
a) Morir en los interrogatorios y su cuerpo ser desechado.
b) Ser trasladado a algún lugar de ejecución y su cuerpo ser desechado.
c) Ser liberado.
d) No existe conocimiento de que haya todavÃa gente detenida.
La versión de los detenidos agrega detalles de los métodos de operación. El avión que trasladaba a los detenidos en Pie de Cuesta tenÃa camas empotradas y allà los acostaban con los pies hacia adelante. Iban dos guardias con sus armas largas vigilándolos. Cuando llegaban a México les apretaban las vendas y los sacaban cargando del avión. Los encerraban en cuartos separados. Las celdas medÃan unos dos metros. El lugar donde los torturaban era una casita que también utilizaban los generales o coroneles para recibir visitas.
Conforme a un testigo protegido que cita el informe, “Quiroz Hermosillo tenÃa dos camionetas en que periódicamente se llevaban a seis a ocho personas en cada viaje y los desaparecÃan. Era el propio Quiroz Hermosillo quien dirigÃa estas acciones, asà como una persona a su mando que se llevaban a las gentes en unas camionetas que después reconoció en Chilpancingo en la casa de gobierno de Rubén Figueroa. Estas camionetas —una de color blanca y otra rosita de castilla— […] tenÃan pintadas en la puerta a un luchador, una persona atlética, grande, con short. Al abrirse por atrás tenÃan doble compartimiento. Lo primero que se veÃa era un botiquÃn como de ambulancia y al abrirse éste estaba otro compartimiento en el que sacaban a la gente del CM1. Se supone que los sacaron para matarlos [...]â€?. Según el informe, por la cárcel del CM1 pasaron durante más de 46 años los disidentes que el Estado mexicano quiso mantener secuestrados de manera ilegal. “Allà fueron detenidos los estudiantes que acudieron a la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Allà fueron a dar cientos de detenidos en la Guerra Sucia de Guerrero. Tenemos el número incompleto de más de 200 personas remitidas de Guerrero de manera ilegal y por lo menos 65 de ellas se encuentran en calidad de desaparecidasâ€?.
V. 24 mil soldados para cazar a Lucio. Este informe, que aún no incluye las “correcciones oficialesâ€? que se le están haciendo, pone al descubierto lo que hasta ahora se desconocÃa o era apenas una referencia testimonial: para contener a Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas y un centenar de guerrilleros en la montaña de Guerrero, el ejército desplazó a 24 mil elementos y en la búsqueda de “subversivosâ€? se cercaron, arrasaron y bombardearon comunidades completas; se impidió el tránsito humano, de alimentos y medicinas; se provocaron desplazamientos como los ocurridos en la guerra de Vietnam.
El 23 de abril de 1970, por ejemplo, el ejército mexicano habrÃa atacado la comunidad de Piloncillos. De acuerdo con la denuncia ante el ministerio público, a las 9 de la mañana de ese dÃa llegaron cien efectivos, entre ellos 15 vestidos de civil, y sin previo aviso entraron a varias casas sacando a sus moradores con lujo de fuerza y brutalidad, llevándose a media docena de señores a la cancha del poblado y ahà fueron masacrados. “Congregaron a cinco hombres que encontraron en la comunidad, los formaron frente a la escuela y, colocados frente a la pared, fueron acribillados frente la comunidad y luego rematados con el tiro de graciaâ€?.
Luego de la emboscada de Lucio Cabañas a un convoy militar, donde se registraron diez muertos y 18 heridos en el ejército (25 de junio de 1972), un reporte de la DFS señala que la guerrilla habÃa entrado de lleno a la lucha abierta, actuando como fuerza popular en contra del ejército y las fuerzas de seguridad. La respuesta inmediata serÃa la de sustituir los sargentos que controlaban los pueblos, por grupos de tenientes.
El 23 de agosto de ese mismo año, la guerrilla asestaba un segundo golpe al ejército en Arroyo Oscuro, ejerciendo asà un control amplio sobre la zona. La respuesta fue movilizar cinco batallones de infanterÃa (unos 5 mil efectivos) y diez mil policÃas para cazar a Lucio y seguidores que, según las cuentas de la misma Sedena, eran entre cien y 150. En noviembre de 1972, la DFS reporta que el poblado de los Llanos de Santiago de la Unión habÃa sido incendiado (unas 50 casas y la capilla) por soldados, obligando a la población a huir. La razón: ser sospechosos de abastecer a las fuerzas de Lucio Cabañas.
Otro bombardeo ocurrirÃa a finales de junio de 1974 sobre el cerro de la Mojileca. Según contaron los habitantes de las comunidades Los Cajones, Corrales de RÃo Chiquito y de los ejidos Los Pitos, Los Pitales y Letrados, vieron cuando los aviones dejaron caer las bombas y escucharon muchas explosiones. Ese dÃa muchas familias decidieron salir del pueblo. En el cerro El Encanto, los aviones llevaron a cabo otro raid y tiraron dos o tres bombas. Para entonces habÃan llegado patrullas militares y fue sobre ellas que cayeron los explosivos.
A la par de los bombardeos, una acción permanente fue el cerco contra las comunidades a las que se bloqueó el tránsito, paso de alimentos y medicinas. Operaciones que en paÃses como Guatemala se conocieron como “quitarle al agua a los pecesâ€?, que no era otra cosa que el estrangulamiento de la población, base de apoyo de la guerrilla.
En el caso de Guerrero, de acuerdo con el mismo informe, esto formaba parte del Plan de Operaciones establecido por el ejército con el conocimiento del presidente Luis EcheverrÃa.
En La Orden de Operaciones Número Seis se aprueba “impedir el paso de vÃveres que puedan ser destinados al enemigoâ€?. Se recoge un testimonio de la comunidad Corrales de RÃo: “Los soldados saquearon todo, se metieron a las casas, quemaron la ropa, quebraron los muebles, se llevaron los sarapes, desaparecieron el café, no dejaron nada del maÃz y del frijol. Después no dejaban regresar a trabajar las huertas, por lo que se perdieron las cosechasâ€?.
En una de las varias conclusiones que arroja el documento, se afirma que a partir de 1973 el ejército habÃa emprendido una “polÃtica de genocidio de manera sistemática. Es el año que mayores desapariciones se producen en la historia de nuestro paÃs y el estado de Guerrero aporta el mayor númeroâ€?.
Otro de los objetivos de los retenes militares fue identificar a los afines a la guerrilla. Para eso, el ejército utilizó las llamadas “madrinasâ€?, “gente que le habÃan quebrado su voluntad y estaba dispuesta a señalar a los partidarios de la guerrilla, o que los obligaban a hacerlo bajo amenazasâ€?. El uso de “guÃasâ€? o “madrinasâ€? fue del total conocimiento del secretario de la Defensa Nacional como consta en los radiogramas.
Al final, este informe que pretendÃa ser la entrega última de la fiscalÃa al presidente de la república y a la sociedad, se volvió un documento incómodo para el mismo fiscal, entre otras cosas por las afirmaciones que ahà se hacen, como la siguiente, sobre lo que ha significado la Guerra Sucia para el poder polÃtico en México:
“Desgraciadamente, el Estado Mexicano ha recurrido periódicamente a esta práctica con el objeto de aniquilar al disidente y su poder de convocatoria en la sociedad. Esta práctica se ha asociado con otras dos que le sirven al mismo propósito: criminalizar la vÃctima y asegurar la impunidad del agresor. De esta manera, además de que la población es la vÃctima de la agresión, resulta responsabilizada de los hechos y perseguida. La impunidad que se asegura en todos estos casos, es la de los altos funcionarios del Estado que son los artÃfices de estos crÃmenes. Cuando los operarios no logran escapar de la investigación ministerial, se les suele asegurar trato preferencial, castigos cortos y beneficios de reducción de la penaâ€?.
Han pasado más de 30 años de que la llamada guerra sucia dejara marcado, para siempre su nombre en miles de historias familiares. Han pasado más de 30 de que los hombres del poder, entonces casi invencibles, determinaran el viaje sin retorno de cientos de mexicanos. Hace unos dÃas se cumplieron 30 años de la última vez que vieron con vida a Aurora de la Paz Navarro antes de ser detenida por Humberto Quiroz Hermosillo, y recluida en el Campo Militar Nùmero 1.
Hasta ahà la vieron con su vientre abultado llevando su hijo en las entrañas. De ahà saldrÃa la última versión, por ahà de febrero de 1976, de que la vieron viva, de que el hijo habÃa nacido en cautiverio, y la historia se corta de tajo. Ella nunca regresarÃa y el hijo, tampoco.
La existencia resumida en números. Son desaparecidos.
La idea original era armar una versión histórica de los años de la Guerra Sucia a la que, con toda intencionalidad, se le llamara el Libro blanco. Eso fue, por lo menos, lo que hubiera deseado el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto. TenÃa sentido el tÃtulo, pues serÃa una versión depurada de los movimientos sociales. Dicho de otra manera, una versión que escondiera las consecuencias de la Guerra Sucia en México.
Pero las cosas se fueron descomponiendo. Ante lo que ellos califican como prolongadas ausencias del fiscal, el equipo de trabajo tomó su propia agenda y proyecto. Lo mismo ocurrió con los ministerios públicos que con los encargados de prensa, investigadores, la administración y usos de los recursos. Asà fue como nació y creció el área de investigación documental, que más tarde se encargarÃa de desarrollar el informe que terminó siendo incómodo.
El grupo de 27 personas se dio a la tarea de aprovechar todos los recursos legales que le otorgaba la Femospp para rescatar de los archivos la información sobre una de las piezas que el fiscal se mostró renuente a tocar: el papel del ejército contra la guerrilla en Guerrero y en general en la Guerra Sucia.
En el menos dos ocasiones el fiscal harÃa pública su preocupación por cuidar a elementos de las fuerzas armadas: 1) cuando la revista Proceso publicó una lista de la desaparecida DFS, donde aparecÃa el nombre del general Rafael Macedo de la Concha (ex titular de la PGR), y 2) sus declaraciones del pasado septiembre de 2005, cuando de manera inusitada dijo que el 2 de octubre de 1968, el dÃa de la matanza de Tlatelolco, el ejército habÃa sido vÃctima de una trampa por parte del Estado Mayor Presidencial.
Por eso, cuando Carrillo Prieto se dio cuenta de la magnitud del trabajo y de los contenidos de este informe, en el que los documentos del ejército mexicano hablaban sobre el más alto nivel de responsabilidad de la institución en la desaparición de personas en Guerrero, ya era demasiado tarde. El hecho de que este equipo de trabajo hubiese desarrollado esta investigación con la anuencia y dentro de la estructura de la Femospp legitima los resultados obtenidos por los investigadores.
TodavÃa a principios de enero de este 2006, frente a algunos medios aceptarÃa que sÃ, efectivamente, el informe o Libro blanco estaba próximo a publicarse. Incluso aseguró que el informe ya habÃa sido enviado al presidente Vicente Fox, cuando en realidad hacÃa todo por detenerlo, limpiarlo, por dejarlo blanco, de acuerdo con investigadores que solicitaron que su identidad quedara bajo resguardo.
El informe nunca llegó a Vicente Fox, no por lo menos de parte del fiscal. Al final, lo que realmente se vivió en la fiscalÃa fue una guerra de acusaciones y de intentos por detener la difusión del documento. Mientras el fiscal hacia todo por controlar los daños, algunos miembros del equipo de investigación se protegÃan. Ante la eventual limpieza del informe, el documento fue enviado a un grupo selecto: Carlos Montemayor, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Rosario Ibarra de Piedra y a por lo menos un organismo internacional: la Cruz Roja, en este caso para que se hiciera un peritaje sobre los elementos que inculpan al ejército en delitos de lesa humanidad y crÃmenes de guerra. De este informe también ha sido enterada la representación de Human Rigths Watch, a cuyos representantes el fiscal no recibió en su visita más reciente a México.
De hecho, el fiscal no quiere saber nada del informe ni del equipo. Hace unos dÃas decidió romper toda relación y ordenó no pagarles los ocho meses de salario que a la mayorÃa se les adeuda, e incluso ordenó impedirles el paso a las oficinas de la FiscalÃa, en Avenida Juárez 100, en el Centro del DF.
Sobre la crisis en la fiscalÃa y el riesgo de que los miles de documentos que se cosecharon en estos años terminen perdiéndose, se le ha informado ya a la Presidencia de la República y la SecretarÃa de Gobernación para asegurar que, cuando menos, ante el final inminente de las tareas de la Femospp, se puedan rescatar los documentos.
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