|
|
|
|
|
Notícies :: globalització neoliberal |
|
Globalización de la precariedad
|
|
|
per Igor URIARTE |
19 feb 2006
|
|
|
En las últimas décadas estamos asistiendo a una nueva ofensiva del capital. A partir del Tratado de Maastricht de 1992, la precariedad laboral y el desempleo, sobre todo femenino y juvenil, han creado una clara dualización social, con un aumento de la pobreza en el corazón de Europa. A esto se ha unido un acelerado recorte en derechos sociales, con lo que se puede afirmar que del Estado de Bienestar estamos pasando a una nueva forma estructural de organización social, donde cada vez más, la precariedad en sus diferentes expresiones es la norma que rige la vida de las personas.
En Euskal Herria tenemos en las instituciones fieles defensores de las políticas neoliberales. UPN, PNV, PS, RPR.... garantizan que la explotación sea el eje de todas las relaciones: las relaciones entre el capital y el trabajo, la relación del modo de vida desarrollista con la naturaleza, la relación entre los sexos, la relación con los inmigrantes, la relación entre los pueblos...
Los derechos de ls trabajadoras, que en su día fueron fruto de las conquistas de la lucha del movimiento obrero, están siendo pisoteados. La ampliación de la jornada laboral, la alta temporalidad, la flexibilidad, la subcontratación generalizada, la reducción de la cobertura del desempleo... son ejemplos de esta tendencia. En este sentido, especial mención merece el último contrato aceptado en el Estado Francés, que implica potenciar la precariedad permanente de la juventud. Parece que la clase política francesa no ha aprendido la lección, haciendo oídos sordos a la última explosión social vivida hace unos meses, donde los continuos recortes de derechos sociales provocaron que las capas más desprotegidas se echasen a la calle. Este tipo de leyes son el caldo de cultivo para que la mecha vuelva a prender.
Derechos negados
Uno de los rasgos más negativos de las relaciones laborales vascas es la elevada proporción de personas con contratos temporales. Un 27% de las personas trabajadoras tienen contratos temporales y el 4,6% carece de contrato. En términos absolutos son 197.700 asalariados temporales y 33.700 sin contrato, de entre estos últimos 29.400 son mujeres. Por edades, constatamos que la temporalidad afecta sobre todo a la juventud. El 70% de los contratos realizados se sujetaron en el 2003 a la modalidad de «eventual por circunstancias de la producción», que tiene una duración media inferior a los dos meses. Por lo tanto, está globalizándose la existencia de un gran número de «sub-empleads» o «parads recurrentes».
Mención especial requiere la situación de la mujer. Más de un 50% trabaja en precario. A esto hay que sumarle la invisibilidad del trabajo, no reconocido, que realiza en el 90% de los casos, en el ámbito de lo privado: cuidado de niños, enfermos, reproducción de la fuerza de trabajo... al que el capital extrae su plusvalía máxima por este mismo hecho, no ser un trabajo reconocido.
Con esta situación estructural de precariedad la legislación en materia de siniestrabilidad laboral se convierte en un parche. La precariedad mata cada año a más de un centenar de trabajadores en nuestro país. En lugar de atajar la precariedad, principal fuente de siniestrabilidad laboral, optan por parchear la situación para poder maximizar los beneficios del capital.
Otro de los factores que determinan la precarización de la población es la posibilidad de disfrutar del uso de una vivienda. En este sentido, existe una fuerte discrepancia entre la oferta y la demanda de vivienda. Y es que el programa de vivienda que se adjuntaba a los presupuestos de la CAPV de este año decía que «la generación de edad inferior a 40 años, está ya totalmente expulsada de este mercado ya que sus rentas medias están muy por debajo de los precios en la vivienda, donde sólo el 4 por mil de cada vivienda vendida (0,04%) está por debajo de 96.200 y el 88,6% superaba la barrera de los 180.300».
Y es que el precio medio del metro cuadrado de una vivienda está en 3.308 euros, mientras que el precio medio de una vivienda «libre» asciende a 280.300 euros, según datos del tercer trimestre de 2005. El alquiler también está por las nubes, alcanzando los 711,3 euros mensuales. A esto hay que añadir el derroche que supone tener 245.422 viviendas en nuestro territorio
Por otro lado, las diferentes alternativas que se lanzan desde las instituciones no resuelven el problema. La característica principal de la oferta de vivienda institucional es la tipología de Vivienda de Protección Oficial en régimen de propiedad, basada en el sistema de sorteos, convirtiendo lo que es un derecho reconocido en diferentes declaraciones internacionales (art. 25 de la Declaración de los DDHH) en una lotería. Además, establece un mínimo de 9.000 euros de ingresos anuales, dejando fuera, incluso del bombo, a las personas con menos recursos. Similares características tiene la última apuesta de la Administración en materia de vivienda, la Vivienda de Precio Tasado, aunque en este caso el problema se agrava, ya que el límite inferior para acceder al sorteo es bastante superior al de la VPO. Por su parte, la vivienda social, tanto en alquiler como en propiedad, es una apuesta residual por parte de las instituciones. Su oferta es prácticamente inexistente.
Aumentan las desigualdades
El coste medio de la financiación de la compra de una vivienda supone un 70% del precio inicial de la vivienda. Así, los 280.300 del precio medio de la vivienda se transforman en 476.510. Según un informe de Lakua, la cuantía financiera máxima que las personas necesitadas de vivienda están en condiciones de asignar al pago de la misma, es decir, la que los bancos estiman como máximo nivel de endeudamiento «solvente», ascendía a 394 euros. Una simple división nos demuestra que se necesitan 1.209 meses, casi 101 años, de esfuerzo máximo para adquirir esa vivienda de precio medio. Así, queda claro que un gran segmento de la población está expulsada del acceso a la vivienda, aunque le den un crédito a 50 años.
La estrategia del capitalismo, la acumulación de la riqueza, está acrecentando las desigualdades territoriales y sociales; también en Euskal Herria, donde el número de personas que están en situaciones de pobreza aumenta en contra de lo que dicen las fuentes oficiales. Los jóvenes y las mujeres son los verdaderos protagonistas de esta situación, que se multiplica exponencialmente entre la llamada cuarta edad mayores de 72 años.
La encuesta de pobreza de Lakua del año 2004 nos aporta los siguientes datos: la pobreza grave y la pobreza de mantenimiento afecta al 6,2% de hogares (45.804), que si adoptáramos la metodología de la Unión Europea (60% de la mediana de la renta nacional disponible), esta cifra aumentaría hasta el 14% de la población (300.000 personas en la CAPV y 450.000 en Euskal Herria); y siguiendo la metodología de la OCDE (50% de la renta media de los hogares) estos dos tipos de pobreza afectarían al 30% de la población (642.000 personas en la CAPV, y 964.000 en Euskal Herria). El informe aporta un par de datos muy clarificadores: el 5,2% de los hogares (38.500) tienen inseguridad alimenticia, esto es, no tienen garantizada ¡una comida al día! Además, más de 200.000 personas al menos cada dos días no recibieron el aporte proteínico necesario en la comida. Aún así, sólo 29.000 hogares recibieron la Renta Básica.
Cubrir sus ingresos hasta el umbral de pobreza supone una dotación de 1.231 millones de euros, frente a los 209 asignados (179 de RB y 30 de AES). Aunque parezca una cifra elevada, es inferior a lo que paga la CAPV anualmente por gastos militares a Madrid. Dinero hay, el problema es la falta de voluntad política para repartir la riqueza.
Frente a esta sangrante realidad, la respuesta es la austeridad fiscal, que trae consigo toda una serie de recortes. Estamos muy lejos de garantizar el derecho a la vivienda, el derecho a recibir prestaciones sociales está seriamente dañado, el transporte publico está perdiendo todo su carácter publico y qué decir de los servicios públicos que cada vez más están quedando en manos de la iniciativa privada (asistencia a la tercera edad, sanidad, educaciónŠ.).
Además de la austeridad fiscal, en una parte de Euskal Herria seguimos teniendo que pagar el tributo en forma de vasallaje al Estado español. Para 2006 se ha presupuestado un Cupo liquido provisional de 1.452,75 millones para la CAPV (un 8,5 % superior a lo presupuestado en 2005). Este aumento en gran parte se corresponde al aumento de los gastos de la OTAN y Defensa.
En cuanto a las bonificaciones fiscales llama la atención lo que dejan de pagar en el IRPF las rentas medias y altas a través de los Planes y Fondos de pensiones. Este año, el gasto fiscal por aportaciones a Planes de Pensiones y EPSV ha sido presupuestado en 388,79 millones euros, lo que supone un 27,5% más que en 2005. Este gasto fiscal se ha triplicado en los últimos cuatro años. Si tenemos en cuenta el total de impuestos, vemos que de cada 100 euros de posible recaudación las administraciones dejan de recaudar por «beneficios o vacaciones fiscales» 34,2. Esto supone 4.975,8 millones de euros. Un año más, los gastos fiscales casi han superado a la propia clasificación de «gastos sociales» que hacen las instituciones, ya que según el presupuesto se destinan 5.582 millones de euros a gastos sociales (2.046,67 millones a educación, 2.505,16 a sanidad)
Teniendo en cuenta estos aspectos, podemos decir que el gasto social de la CAPV se queda en menos del 46%, muy lejos del falso y muy difundido 73,2%. Estos datos dan a entender que los políticos prefieren invertir en aviones de guerra que en servicios sociales, aunque tal vez lo peor de esta situación sea el oscurantismo con el que se llevan las cuentas públicas, donde los presupuestos de las diferentes instituciones se hacen a espaldas de la población.
Es necesario acabar con el sistema social que de manera progresiva vulnera y merma nuestros derechos y dar pasos hacia un nuevo sistema social y político que supere las relaciones de explotación en las que se basa el actual.
Debemos denunciar el recorte de estos derechos y empezar a trazar el camino que garantice el derecho a la participación social activa.
Todas las personas tienen derecho a aportar en las diferentes tareas de la sociedad. Para ello, en el ámbito público se debe de ir reduciendo la jornada laboral creando las condiciones para el reparto del trabajo en el ámbito privado. Para esto es imprescindible la existencia de servicios sociales y públicos de calidad, no sujetos a las rentas de cada cual o a los presupuestos.
Se tiene que garantizar también el derecho a tener unos ingresos dignos. Todas las personas tienen derecho a recibir unos ingresos dignos, bien por vía de la renta de trabajo o por medio de prestaciones que le permitan llevar adelante una vida digna. Nadie debe vivir con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.
El derecho a la vivienda también tiene que estar garantizado. A todas las personas se les debe el derecho al uso y disfrute de una vivienda. Ese derecho tiene que ser satisfecho con los recursos existentes, dando salida a las viviendas vacías y parando la construcción descontrolada, que supone un ataque directo al medio ambiente. -
(*) Igor Uriarte: Integrante del colectivo Elkartzen. |
This work is in the public domain |
|
|
