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Notícies :: xarxa i llibertat : altres temes
El uso de teléfonos móviles para el activismo
16 gen 2006
1. EL ASPECTO TECNOLÓGICO
2. USAR LOS MÓVILES CON SEGURIDAD
3. HACERTE CON MÓVILES DE FORMA ANÓNIMA
4. USAR TU MÓVIL PERSONAL DE FORMA SEGURA
5. TELÉFONOS MÓVILES Y ACTIVISMO
6. AVANCES FUTUROS
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Te gusten o los odies, el teléfono móvil es una herramienta muy útil para el activista contemporáneo. De todos modos, los beneficios que aportan en términos de anonimato y movilidad tienen una cara negativa, la de ser otra herramienta que el Gran Hermano puede emplear para controlarnos. Cuando el teléfono móvil se convierte en algo indispensable supone una amenaza para tu seguridad y tu privacidad.
Pero no todo está perdido, con unas cuantas precauciones sencillas puedes usar el móvil hasta su último potencial y sólo con unos inconvenientes menores y poco amenazantes para ti.

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Re: El uso de teléfonos móviles para el activismo
16 gen 2006
Interior, ante las nuevas amenazas, quiere elevar las obligaciones de control que impone a los grupos de telefonía, que implican más inversiones y personal.
La nueva regulación de telecomunicaciones que prepara el Ministerio de Industria establece que el coste económico de las intervenciones telefónicas legales, es decir los pinchazos del teléfono que se realizan a petición de las fuerzas policiales y con autorización judicial, deberá ser sufragado por los peticionarios, es decir, en última instancia por el Estado.

Aunque, en general, las operadoras son reacias a proporcionar información sobre este asunto, el número de pinchazos legales que se realizan en España se sitúa, según fuentes del sector, alrededor de los 50.000 anuales, y básicamente centrados en las tres operadoras de telefonía móvil que operan en el mercado español: Telefónica Móviles, Vodafone y Amena.

Preferencias por el móvil

Las redes de telefonía fija también reciben peticiones de intervención judicial, pero su volumen es muy inferior, situándose alrededor del 10% del total. Las operadoras de telecomunicaciones siempre han estado obligadas a facilitar las escuchas legales, puesto que este requisito se ha incluido en los pliegos de los concursos para adjudicar las licencias.

Fuentes policiales sostienen que este balance de escuchas entre redes móviles y fijas es lógico, puesto que las bandas organizadas prefieren usar teléfonos móviles con tarjetas prepago, cuya titularidad es mucho más difícil de localizar. Además, la tecnología GSM incluye desde su propio diseño un sistema de encriptación de la señal, que la hace mucho más difícil de intervenir que las redes fijas.

Borrador en trámite

La nueva norma se incluirá en el reglamento sobre servicio universal y derechos del ciudadano que prepara la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria. El borrador de reglamento se encuentra en trámite administrativo y ya ha sido enviado al Consejo de Estado para que lo informe(p.ej. las comunicaciones( recepcion emision y posicionamiento d las mismas) de personas que hayan sido detenidas por colaboración con b.a.) En cualquier caso, requería, además, un desarrollo detallado a través de una orden ministerial posterior.


El esquema que defiende Industria y que trata de hacer valer, ante la resistencia del Ministerio del Interior, es que los operadores asuman el coste de la inversión necesaria para instalar los equipos para la prestación de este servicio oficial, pero que sea el peticionario el que asuma el coste unitario en que incurren las operadoras para proporcionar a la policía cada intervención telefónica. Previsiblemente, este coste, que sería imputado inicialmente a las fuerzas de seguridad o al juzgado que autorizase la escucha, acabaría cargandose a las costas judiciales.

Exigencias crecientes

La razón de esta actitud por parte de las operadoras de telecomunicaciones es que el borrador del nuevo reglamento introduce mayores exigencias técnicas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado –de hecho el borrador dedica 18 artículos a esta materia– lo que obligará a las empresas del sector a incrementar notablemente las inversiones y empleados que destinan a este fin.

Fuentes del sector estiman que la adaptación al nuevo entorno normativo podría suponer por parte del conjunto del sector inversiones estimadas en noventa millones de euros.


A estas inversiones materiales hay que añadir el coste del aumento de personal que sería necesario destinar para cumplir estos requerimientos. Los operadores consultados consideran que sería necesario, al menos, duplicar las plantillas de estos departamentos. Además, las exigencias de seguridad son crecientes. El consejo europeo de Justicia e Interior del pasado 2 de diciembre debatió y aprobó una propuesta sobre retención de datos por parte de las operadoras. La propuesta, que no será aprobada definitivamente hasta junio de este año, prevé incrementar el tipo de datos que deberán almacenar los operadores, más allá de los que ahora guardan, referidos básicamente al tráfico y necesarios para la facturación.

Entre ellos figura como posibilidad que los operadores conserven datos de las llamadas efectuadas con tarjetas prepago –por tanto teóricamente anónimas– durante al menos 6 meses.

Un conflicto entre lo público y lo privado
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Las fuerzas de seguridad han decidido aumentar el control sobre las comunicaciones debido al nuevo escenario.
Estos nuevos requerimientos, especialmente en el caso de las escuchas legales, requieren más inversiones materiales de los operadores y más gastos operativos, sobre todo de aumento de las plantillas.
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Agentes antiterroristas acusan a Telefónica de "poner demasiadas pegas"
para pinchar móviles.

"Si pedimos con urgencia un dato sobre un teléfono móvil, ya sea sobre el tráfico de llamadas que ha registrado o sobre su localización exacta, no podemos esperar y Telefónica, en demasiadas ocasiones, nos pone muchas pegas para facilitarnos con rapidez la información que les pedimos, incluso cuando tenemos los pertinentes mandamientos judiciales�?.


Según estas fuentes policiales, la reticencia a facilitar los datos ha llevado a que, en al menos una ocasión, un juez de instrucción amenazara a los responsables de la operadora con su detención si no se avenían a colaborar con rapidez. “Al final, el tema se solucionó, pero demuestra el grado de tensión que se ha llegado a alcanzar entre nosotros [los policías] y los directivos de Telefónica con los que tratamos estos temas�?.

La mayor compañía de telecomunicaciones española es la principal destinataria de las críticas de la Policía, pero no la única. “Es evidente que, por número de clientes, Movistar es a la que más peticiones de información hacemos, pero Vodafone y Amena también han llegado a plantear pegas, aunque suelen ser sensiblemente más receptivas a nuestros requerimientos�?, dice un agente acostumbrado a tratar con ellas.

Los agentes de la lucha "antiterrorista" consultados por este diario aseguran que las excusas que les ponen las diferentes compañías se basan en una supuesta incapacidad técnica para recabar la información que les piden o en que los datos solicitados ya han sido borrados de las memorias de sus equipos por el tiempo transcurrido.

Controlas más a los clientes

Por ello la Comisaría General de Información envió un informe al ministro del Interior, José Antonio Alonso, en el que se recogían, entre otras recomendaciones para mejorar la lucha contra el terrorismo, dos puntos dirigidos a obligar a las compañías de telefonía móvil a aumentar el control sobre sus clientes y, en concreto, sobre los que poseen tarjetas prepago.

Los policías pedían poder “exigir los datos de identidad de los destinatarios finales de las tarjetas SIM prepago que se adquieren en los establecimientos autorizados, de la misma forma que en la actualidad se hace con los usuarios de las compañías de telefonía móvil que efectúan su conexión a la red por medio de un contrato�?.

Además, los agentes querían que fuera obligatorio para “las compañías del sector, con respecto a los seguimientos de los tráficos de llamadas de las tarjetas SIM prepago, una mayor amplitud del plazo de tiempo durante el que se guardan los datos, ya que para las investigaciones policiales el período a veces resulta corto�?.
¿Quién corre con los gastos?

Las recomendaciones de la Comisaría General de Información -que recibieron el visto bueno de Interior- se encontraron con el recelo de las propias empresas de telefonía. “Para hacer lo que piden se necesita mucho personal y nuevas inversiones, y al final somos nosotros los que debemos correr con los gastos, y no olvidemos que esto es una empresa privada�?, aseguran a este diario desde Telefónica.

Según fuentes de esta empresa, los diferentes cuerpos policiales les piden cada año una media de 7.000 ‘pinchazos’ de teléfonos fijos y más de 30.000 a móviles, además de miles de informaciones de otro tipo, como el tráfico de llamadas, los datos de titulares o la localización geográfica de terminales. Y cada año van a más.

“Actualmente tenemos a cerca de medio centenar de empleados dedicados a tiempo completo a atender las peticiones de la Policía. ésta ha quitado gran parte de los medios que dedicaba a conseguir esta información e, incluso, el lugar físico donde se hacían los pinchazos nos lo pide AHORA A NOSOTROS(Telefonica). Y todo sin que nadie quiera correr con los gastos que todo ello nos supone, porque los Ministerios de Justicia e Interior te remiten el uno al otro cuando se los reclamas�?, se quejan desde Telefónica.


Acceso directo sin intermediarios

Las fuentes policiales insisten en la necesidad de elaborar una ley de telecomunicaciones que permita a los Cuerpos de Seguridad acceder directamente a los datos de los operadores sin necesidad de mandamientos judiciales previos, “como ocurre en otros países de nuestro entorno. En Gran Bretaña, los agentes tienen incluso sus propios terminales desde los que hacer la consulta directamente sin tener que pasar por las compañías de telefonía�?.

Siempre, según los policías consultados, esta reforma legal eliminaría gran parte de los enfrentamientos que en la actualidad mantienen con las operadoras de telefonía. Pero, mientras ese momento llega, la guerra soterrada entre Interior y las diferentes empresas se mantiene.

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