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Ecuador: ¿Por qué las comunidades campesinas de Orellana hacen paros?
07 gen 2006
cedhu     06.01.2006 16:48
"Sólo en los cinco primeros meses de 2005, nueve flamantes pozos petroleros fueron perforados en la provincia de Orellana por Petroproducción. Esto significó 12 972 barriles diarios adicionales para la producción de la estatal de hidrocarburos. Cada año, los pozos de Orellana reportan 3 116 696 400 dólares de ganancias netas a ocho empresas transnacionales y Petroecuador. De este monto, el 28,6 por ciento va para Petroecuador y el 62,4 por ciento es de las transnacionales. Orellana es, de lejos, la provincia donde más recursos se generan para el presupuesto general del Estado ecuatoriano. La otra cara de la bonanza petrolera la viven las comunidades rurales de esta joven provincia amazónica. De todo este dinero sólo les ha llegado una parte muy pequeña (habría que ver qué tan eficiente y transparente ha sido su manejo en las diferentes administraciones locales). Sin embargo, lo que sí les ha llegado a raudales es los efectos negativos de la explotación petrolera: frecuentes derrames que contaminan las fuentes de agua y los suelos; contaminación del aire por los mecheros que permanecen encendidos las 24 horas del día, los 365 días del año."
"En este contexto, ¿cabe pensar que las comunidades tienen otra opción que las acciones pacíficas de hecho?"
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¿Por qué las comunidades campesinas de Orellana hacen paros?

Sólo en los cinco primeros meses de 2005, nueve flamantes pozos petroleros fueron perforados en la provincia de Orellana por Petroproducción. Esto significó 12 972 barriles diarios adicionales para la producción de la estatal de hidrocarburos. Cada año, los pozos de Orellana reportan 3 116 696 400 dólares de ganancias netas a ocho empresas transnacionales y Petroecuador. De este monto, el 28,6 por ciento va para Petroecuador y el 62,4 por ciento es de las transnacionales. Orellana es, de lejos, la provincia donde más recursos se generan para el presupuesto general del Estado ecuatoriano. La otra cara de la bonanza petrolera la viven las comunidades rurales de esta joven provincia amazónica. De todo este dinero sólo les ha llegado una parte muy pequeña (habría que ver qué tan eficiente y transparente ha sido su manejo en las diferentes administraciones locales). Sin embargo, lo que sí les ha llegado a raudales es los efectos negativos de la explotación petrolera: frecuentes derrames que contaminan las fuentes de agua y los suelos; contaminación del aire por los mecheros que permanecen encendidos las 24 horas del día, los 365 días del año. La tubería vista que atraviesa muchos centros poblados, a escasos metros de las casas, supone un riesgo permanente de incendios, como ya ha ocurrido. A este panorama hay que añadir los problemas sociales, como la prostitución y la violencia, que se relacionan directamente con la actividad petrolera. Por si fuera poco, El Coca, la capital de la provincia, es una de las ciudades más caras del país, a causa de la âcultura petroleraâ?, que paga cualquier precio por los bienes, causando una fuerte especulación e inflación. El incumplimiento de las ofertas es la política oficial A pesar de que las ganancias de las petroleras, tanto la estatal como las privadas, son descomunales, las obras de compensación que realizan en las comunidades son mínimas, las pocas veces en que las ejecutan. Justamente el incumplimiento de los acuerdos de obras compensatorias, firmados el 18 de junio en Quito, provocó el paro biprovincial de Orellana y Sucumbíos en agosto pasado, el cual fue durísimamente reprimido por la Policía y el Ejército (ver Derechos del Pueblo No. 149). Aunque el discurso oficial pretende satanizar a las poblaciones y los dirigentes que se declaran en paro, acusándolos de âterroristasâ? y enjuiciándolos, la pregunta es quién es el verdadero responsable de que esto ocurra, y si las comunidades campesinas de las provincias amazónicas tienen otra alternativa que el paro. Los pozos 51 y 52, recientemente abiertos por Petroproducción en la provincia de Orellana en el kilómetro 30 de la vía Auca, son un pequeño ejemplo del trato que reciben las comunidades por parte de la compañías. El 25 de octubre pasado, las comunidades asentadas en el kilómetro 30 de la vía El Auca mantuvieron una reunión con Petroproducción y la Dirección Nacional de Protección Ambiental (Dinapa), adscrita al Ministerio de Energía. En esa cita, las comunidades pidieron a la estatal petrolera la realización de estudios de impacto e inspecciones ambientales para los mencionados pozos en los tres días posteriores. Estas medidas son exigidas por la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas a cualquier empresa que vaya a operar un pozo. Sin embargo, nada de esto se cumplió, a pesar de que hubo un acta de la reunión con las firmas de los representantes de Petroproducción y la Dinapa. En este contexto, ¿cabe pensar que las comunidades tienen otra opción que las acciones pacíficas de hecho?

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Sindicat Terrassa