Desde hace ya algunos años se han extendido en el ámbito mundial conceptos como el de la empresa socialmente responsable o la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Se trata de empresas que han emprendido transformaciones en sus procesos internos con el fin de acabar con las pérdidas relacionadas con la corrupción, vincular sus metas con los intereses sociales de las comunidades y proteger el medio ambiente. La RSC puede definirse como una estrategia empresarial en la cual las compañías desarrollan sus actividades tomando en cuenta criterios de transparencia, de protección al medio ambiente, así como los intereses propios de la comunidad donde operan.

La globalización ha reforzado la mutua interdependencia entre gobiernos, empresas y sociedad civil, generando un creciente interés en temas de corresponsabilidad global como el combate a la corrupción y la protección al medio ambiente; la responsabilidad de las empresas en el ámbito laboral y la adopción de principios de transparencia, ética e integridad.

Organismos multilaterales como la OCDE, el Banco Mundial, la OEA y la ONU han emprendido acciones tendientes a promover la conciencia ética de las empresas y de los gobiernos. Éstas iniciativas se suman a la presión de organizaciones no gubernamentales, de los accionistas y de los propios consumidores tendientes a promover la responsabilidad ética de las empresas. En febrero de 1999 se hizo efectiva la "Convención de 1997 para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales", suscrita por los países miembros de la OCDE -entre ellos México-, en la que se estableció el compromiso de crear leyes que prohibieran a las empresas nacionales ofrecer sobornos a funcionarios de otros países para obtener condiciones ventajosas en sus negocios.

La RSC se está convirtiendo en un área que está creciendo en importancia en todo el mundo, tal y como hace algunos años lo fue la responsabilidad ambiental de las empresas y de los gobiernos. La organización no gubernamental Transparencia Internacional, fundada en 1993, cuenta ahora con cerca de 80 capítulos nacionales, incluyendo uno en México, lo cual muestra el creciente interés que existe en todo el mundo por la construcción de sociedades más transparentes.

A diferencia de las acciones filantrópicas y de caridad que no suponen cambios radicales en la operación de la empresa, la RSC busca el mejoramiento de su entorno interno y externo con fines estratégicos, que se traducen en beneficios para la compañía.

La RSC supone que las empresas no son solamente organizaciones que venden productos y servicios para conseguir una ganancia económica; las empresas dependen de un entorno económico, social y ambiental que a su vez se ve influenciado por las actividades de la compañía. Las organizaciones, al igual que los individuos, son parte de un entorno social y ambiental, por lo que son sujetos de responsabilidades y obligaciones hacia la comunidad.

El interés que ha generado la RSC se debe a que vivimos en una sociedad globalmente más integrada, mejor informada y con una mayor conciencia de que es necesario reforzar los compromisos sociales de los gobiernos pero también de las empresas. Este creciente interés en los temas de relevancia social se aprecia en la formación y fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales con alcance internacional encargadas de la defensa de derechos ciudadanos específicos. Greenpeace, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional en el ámbito global y otras organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y grupos de ciudadanos en el entorno nacional y regional, han promovido que la sociedad se involucre cada vez más para actuar a favor de los valores y los derechos que le interesan.

La tecnología de la información, en especial la internet, permite que temas que antes sólo eran de interés local se conviertan muy rápidamente en temas globales y viceversa.

Muchas empresas trasnacionales que han recurrido a la corrupción, a prácticas laborales poco éticas o que han contribuido a la contaminación del planeta -sobre todo en países en desarrollo- han sido objeto de severas críticas por parte de la opinión pública y en ocasiones, de sanciones por parte de sus gobiernos. En este nuevo ámbito informativo global en el que la sociedad se ha convertido en un mejor vigilante de lo que ocurre en su comunidad y en el mundo, las empresas que dan la espalda a las políticas de RSC pierden ventajas competitivas, pues frente a la capacidad de propagación de información que supone la internet, nadie puede esconderse.

Sin embargo, las políticas de responsabilidad social, algunas de las cuales se describen en los folletos "Empresa transparente: Pasos para su construcción" y "La ética es un buen negocio" preparados por la Unidad de Vinculación para la Transparencia de la SECODAM, generan ventajas competitivas que van más allá de crear una buena imagen ante los consumidores o de mantener sus operaciones dentro de la ley.

Las empresas que adoptan políticas de RSC estimulan la productividad de sus empleados, aseguran una mayor satisfacción de sus clientes, disminuyen sus costos y contribuyen a mejorar el medio ambiente. La adopción de códigos de conducta, los controles internos, la transparencia en el monto y destino de las donaciones e inversiones sociales de las empresas, así como las acciones encaminadas a establecer vínculos con autoridades de gobierno y otras empresas que aseguren prácticas libres de corrupción, son ejemplos de acciones concretas de responsabilidad social que mejoran el desempeño de las empresas y contribuyen a construir un ambiente más transparente y solidario con la comunidad y a desarrollar una cultura de la legalidad, de la transparencia y de la conciencia ecológica entre sus empleados y directivos.

Algunos organismos internacionales han elaborado guías para impulsar la RSC. La guía Global Compact -www.unglobalcompact.org- de la ONU es una propuesta para mejorar las políticas empresariales en cuanto a los derechos humanos, las relaciones laborales y el medio ambiente. La guía para empresas multinacionales de la OCDE -www.oecd.org/daf/investment/guidelines- fue adoptada por los países miembros desde 1976. El propósito general de esta guía es invitar a las empresas multinacionales para que contribuyan positivamente al desarrollo económico y social de los países en donde desarrollan sus operaciones, combatiendo la corrupción y tomando en cuenta los intereses de la comunidad.

El efecto que tiene la corrupción sobre las empresas privadas es un tema que no ha sido suficientemente estudiado. Desde el punto de vista de las empresas, la corrupción puede incrementar y a veces disminuir los costos de producción: Los sobornos o mordidas pagados para acelerar trámites, obtener licencias o ganar contratos del gobierno aumentan los costos de producción y por lo tanto, elevan el precio final de los productos; las mordidas que se pagan para eludir la ley en cambio, si bien pueden reducir los costos de producción para las empresas, pueden significar costos enormes para la sociedad, ya que permite a las empresas incumplir la reglamentación ambiental, de seguridad laboral, de pago de impuestos, etc.

Desde el punto de vista del sector público, el costo de la corrupción es doble: por un lado la evasión fiscal limita los ingresos del gobierno, limitando su capacidad de acción; por el otro, lo afecta por la mala asignación de recursos invertidos en proyectos de tipo "elefante blanco", en los que existen muchas oportunidades para la corrupción, pero que no son prioritarios ni generan beneficios sociales.

En ambos casos, la corrupción distorsiona los precios de mercado, genera una mala asignación de recursos y altos costos sociales. La sociedad pierde en eficiencia, en seguridad laboral, en el mayor precio que paga por los bienes, en recursos públicos, en la protección al medio ambiente y en oportunidades para invertir el dinero del gobierno en proyectos con auténtico beneficio social. La corrupción genera también incertidumbre en la economía, que eventualmente aleja las inversiones y genera fuga de capitales. Sin embargo, el avance de la globalización hará que las empresas deban pagar un precio adicional por fomentar, tolerar o bien, ignorar la corrupción.

Investigaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales muestran la estrecha relación que existe entre el bajo desarrollo económico de algunos países y los altos niveles de corrupción que ahí se registran . La falta de inversión y de desarrollo económico que genera la corrupción en un país afecta las oportunidades de crecimiento de las empresas.

Cuando en una sociedad hay corrupción, ésta contamina todas las esferas de la vida afectando en especial a las empresas. Las afecta porque dentro de un ambiente de corrupción aumenta la ineficacia y se vuelve cada vez más difícil alcanzar los objetivos y metas que la empresa se ha planteado. Las empresas sufren mermas y pérdidas económicas cuando existe corrupción en el mercado y también pierden cuando al interior de la misma empresa se presentan prácticas corruptas.

Los inversionistas nacionales y extranjeros cada vez le dan un mayor peso al nivel de corrupción de una sociedad en su análisis de riesgo. La corrupción aumenta la incertidumbre y reduce la calidad y eficacia de los servicios públicos, alejando inversionistas que de otra forma podrían invertir en nuestro país. México pierde oportunidades para crecer y sus empresarios pierden oportunidades de contar con socios capitalistas.

En enero de este año, PriceWaterhouseCoopers (PWC) realizó un cálculo sobre el impacto de la "opacidad" o falta de transparencia sobre los costos de capital. Entrevistaron a funcionarios de finanzas del gobierno, banqueros, analistas y a empleados de PWC en 35 países y midieron cinco ámbitos o dimensiones de la percepción de estos grupos sobre la opacidad: opacidad legal, opacidad económica, opacidad reglamentaria, opacidad contable y nivel de corrupción. El estudio encontró que un alto grado de opacidad es equivalente a un impuesto sobre la renta de las empresas y calculó a cuánto ascendería la tasa del impuesto por opacidad en cada país en donde se llevó a cabo el estudio. Así, mientras que para Singapur el costo económico de la opacidad fue igual a cero, para Japón equivalía a un impuesto del 25%, para Chile del 5% y para México del 15%.

Las compañías que toleran o promueven las prácticas deshonestas tarde o temprano terminan siendo víctimas de la corrupción, ya sea por las distorsiones que la corrupción impone a la economía o bien porque la corrupción contamina sus mismos procesos internos. Si bien no existe una sola sociedad en el mundo que esté libre de corrupción, ésta puede ser abatida a niveles controlables, en los cuales no represente un elemento de distorsión para la economía ni se convierta en una práctica habitual en los negocios o en los servicios del gobierno. Si queremos disminuir con éxito las prácticas corruptas es necesario que la corrupción se convierta cada vez más en una actividad de muy alto riesgo y de bajos rendimientos esperados.

Para combatir la corrupción en nuestra sociedad, debemos de integrar el esfuerzo de las empresas y del gobierno hacia un mismo propósito: crear un país más transparente, tanto en lo que respecta al gobierno como en lo que concierne a las empresas y las relaciones entre los ciudadanos.

En la mayoría de los casos, cuando las empresas incurren en prácticas deshonestas, están respondiendo a hábitos o incentivos creados en el mercado y en los que la empresa se siente forzada a participar. Los incentivos, valores y prácticas de la corrupción se reproducen tarde o temprano al interior de cada empresa, afirmando la percepción en los empleados de que la corrupción es tolerada y no se castiga.

La forma en la que un individuo percibe su ambiente laboral determina en gran medida cómo va a actuar en su trabajo. Una organización corrupta puede inducir a un individuo honesto a actuar indebidamente. A la inversa, un individuo corruptible suele comportarse correctamente, si percibe que en su empresa la corrupción no es tolerada. Las empresas en este sentido, tienen un enorme potencial multiplicador en la lucha para abatir la corrupción mediante la instrumentación de criterios de RSC y de estrictos controles internos; mediante el fomento de prácticas profesionales en principios y códigos de conducta y procedimientos de cero tolerancia a la corrupción; poniendo en marcha acciones de vinculación con las autoridades del gobierno y con sus socios comerciales encaminadas a suprimir las oportunidades para la corrupción.

Los procedimientos que han adoptado muchas empresas para librarse de la corrupción pueden separarse en tres grupos: en primer lugar, el establecimiento de sistemas de control interno; en segundo, la adopción de políticas de personal tendientes a elevar los valores éticos y ordenar el comportamiento de los empleados; y finalmente, la puesta en marcha de estrategias de vinculación con clientes, proveedores y autoridades del gobierno.

Los sistemas de control interno están diseñados para asegurar que los objetivos de una empresa se consigan de manera eficaz, eficiente y transparente; aseguran la confiabilidad de los informes financieros y establecen mecanismos de supervisión para las actividades de la empresa que están más expuestas a riesgos tales como mermas de inventarios, daños a sus bienes y conflictos legales. El control interno también supone la puesta en marcha de un sistema de seguimiento documental eficaz y de un programa de auditorías externas.

Las políticas de personal de las empresas transparentes se establecen bajo el principio de que la manera en que un individuo percibe su ambiente laboral determina en gran medida cómo va a actuar. Un ambiente laboral en el que la corrupción es tolerada, promueve tarde o temprano que los empleados incurran en faltas.

Lo que en mayor medida determina la actitud de los empleados ante su trabajo es el comportamiento de los ejecutivos; las reglas bajo las cuales se establecen las responsabilidades de cada empleado y el castigo que se le da a quienes infringen dichas reglas. El objetivo de este tipo de políticas es eliminar los incentivos para romper las reglas, predicando con el ejemplo, ajustando el comportamiento del personal a un código de conducta preciso, dejando por sentado que el incumplimiento a ese código no será tolerado.

El tercer grupo de estrategias tiene que ver con las operaciones en las que se establecen contactos con proveedores, clientes y autoridades del gobierno. Las empresas se enfrentan a la posibilidad de que se presenten mordidas, sobornos, pagos o regalos indebidos y otro tipo de actividades que desgraciadamente suelen ser frecuentes. La empresa transparente establece desde un principio en su relación con clientes, proveedores, vendedores y representantes, mediante un documento por escrito, los detalles sobre su política en contra de la corrupción. A la vez, la empresa transparente deja perfectamente establecido con las autoridades del gobierno con las que frecuentemente tiene trato, que no se darán mordidas ni se tolerarán sobornos o extorsiones bajo ningún motivo.

Este tipo de iniciativas puede generar conflictos con autoridades, proveedores y clientes que se nieguen a seguir una conducta honesta y pueden causar pérdidas para la empresa. Sin embargo, los beneficios de ser una empresa transparente, tarde o temprano son mucho mayores que estos costos iniciales. Si una empresa decide continuar con sus prácticas corruptas, no sólo perderá una cantidad inmensa de recursos en el largo plazo, sino que estaría fomentando al interior de su propia organización, conductas corruptas que le harán perder aún más. Si las autoridades, proveedores, clientes y vendedores saben que la empresa no será cómplice de ningún tipo de corrupción, eventualmente dejarán de pedir mordida y extorsionar.

Los beneficios a mediano y largo plazo de convertirse en una empresa transparente superan por mucho los costos iniciales de rechazar los incentivos del mercado que invitan a las empresas a actuar deshonestamente. Las empresas deben tener presente que la corrupción se torna en un círculo vicioso en el que todos terminan perdiendo, especialmente las empresas pequeñas y medianas. Los empresarios necesitan zafarse de ese remolino de la corrupción en el que aumentan los costos, la arbitrariedad y la incertidumbre para todos. Experiencias como las de Almidones Mexicanos y otras empresas ilustran claramente que es posible ahorrar una enorme cantidad de recursos convirtiéndose en una empresa transparente. Los beneficios de eliminar los incentivos de mercado para corromper son compartidos por todos. La corrupción simplemente, no es negocio.

Muchas de estas políticas de transparencia y de rechazo a la corrupción han sido instrumentadas con éxito por empresas de todo el mundo. Si cada vez más empresas deciden emprender este gran paso y se convierten en empresas transparentes, contribuirán enormemente a liberar a nuestro país de la corrupción.

En la lucha contra la corrupción gobierno y sociedad pueden y deben compartir esfuerzos y responsabilidades. El sector privado es el principal motor de la economía, por lo que el compromiso de los empresarios en el combate a la corrupción es indispensable. Con la experiencia, la capacidad de alcanzar a los sectores más amplios de la sociedad y con las ideas novedosas de los empresarios, el sector privado puede convertirse en un aliado esencial del gobierno en la lucha contra la corrupción.

La estricta separación de las funciones de una sociedad en Estado y mercado, donde el primero se ocupa de lo "público" y el segundo de generar riqueza, subestima el hecho de que todos somos ciudadanos inscritos en un proyecto común que es nuestro país. A todos nos interesa el combate a la corrupción. La RSC permite integrar el esfuerzo de las empresas hacia sus propios fines, pero también hacia los objetivos sociales que todos deseamos.

La corrupción es una espiral interminable que se fortalece con la indiferencia y la complicidad. Si cada uno de nosotros con acciones individuales logramos romper un eslabón de esta espiral, las empresas y la sociedad entera se verán beneficiados.