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Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió
No más tortura ! !
28 des 2005
Pese a haber transcurrido más de diez años desde que entraron en vigor en el Estado español las convenciones europeas y de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas degradantes, continua siendo necesario dar a conocer los casos de malos tratos y torturas en un país que, como el nuestro, ha firmado las convenciones.
Los informes publicados, recogen aquellos casos de malos tratos o torturas de los cuales la ACT ha tenido conocimiento (todos ellos avalados por criterios objetivos, acusaciones formales ante los tribunales, informes médicos, testimonios de testigos, reproducción gráfica y otros análogos). Sin embargo, y pese a su elevado número, no son la totalidad de los casos de malos tratos y torturas ocurridos en el Estado español: muchos casos denunciados no llegan a nuestro conocimiento; otros, o bien no llegaron a ser denunciados ante los Tribunales (requisito imprescindible para ser recogido en este informe) o se ha solicitado su no inclusión en estos u otros informes, por expreso deseo de la víctima de la agresión de dar publicidad al caso.

Actitudes estas detrás de las que encontramos, casi siempre, desconfianza y un claro sentimiento de impotencia, frente a los Tribunales de justicia, cuando no miedo frente a la posibilidad de que su denuncia se vuelva en un procedimiento judicial contra el denunciante, que muchas veces acaba en condena, tras una contradenuncia de los agentes policiales o funcionarios de prisiones agresores; denuncia esta que será estimada con mucha mayor diligencia por los Tribunales, remisos, sin embargo, a admitir cualquier denuncia contra los agentes policiales o funcionarios de prisiones responsables de atentados contra la dignidad e integridad de las personas bajo su custodia.

Paralelamente a esta situación, comprobamos como la sociedad española asume la existencia de la tortura como algo habitual, no perturbador de la convivencia, cuando no como algo necesario en ocasiones:

Actitud motivada, entre otros factores, por el uso interesado de la "inseguridad ciudadana" que pide cada vez más "contundencia" en las actuaciones policiales, por un aumento de la descalificación y estigmatización de cada vez un mayor número de personas y colectivos sociales (delincuentes, FIES*, presos en general, terroristas, narcotraficantes, gitanos, negros, etc...), a cuyos miembros, puede que inconscientemente pero de forma muy eficaz, les es negada la cualidad de ciudadano, de ser humano y que son calificados públicamente por determinados responsables políticos y medios de comunicación como alimañas, etc.

Una vez incluido en alguno de estos grupos, una vez negada la cualidad de ciudadano, de persona, deja de ser un problema ético y jurídico, deja de ser noticia, la aplicación de la tortura, pura y dura, a un detenido o un preso, la aplicación de un régimen de vida como el impuesto a los presos FIES, los golpes a los detenidos por parte de los agentes policiales, la mera represión policial de los conflictos sociales, etc. Sólo los casos extraordinarios son motivo de preocupación social.

Por ello, ocurre que personas, que nunca habían soñado que podrían tener un problema con la Policía, acudan a la A.C.T. solicitando ayuda tras haber sufrido una agresión policial después de un incidente de tráfico, etc., con una justificada y sana indignación pues habían sido tratados "como delincuentes". Aunque no se explicite, se ve como lógico y normal que se golpeé a un detenido... pero no que se golpeé a un ciudadano que cumple con sus obligaciones, que paga sus impuestos etc.

Estas actitudes, pero sobre todo la ausencia de una respuesta auténticamente efectiva por parte de la Administración frente a la tortura, la falta de voluntad política en poner coto a las agresiones a personas detenidas o no por parte de miembros de las F.S.E., el incumplimiento del Estado en hacer efectivos los compromisos y normas internacionales en defensa de los derechos humanos..., justifica la existencia de la A.C.T., después de más de once años de su fundación, y otras asociaciones en defensa de los Derechos Humanos, así como la publicación de informes como el presente, en el ejercicio de ese derecho y obligación ciudadana de controlar a los funcionarios y gobernantes que no ajustan sus actuaciones a la legalidad, a pedir cuentas a todo agente público sobre su administración como ya se recogía, hace dos siglos, en la declaración de los Derechos del Hombre de 1789.

En estos informes se incluyen junto a los nuevos casos de malos tratos y torturas ocurridos en el año correspondiente, recogen otros casos de torturas producidos en años anteriores y su seguimiento a través de los órganos judiciales, encargados de velar por el imperio de la Ley que, con honrosas excepciones, frecuentemente hacen dejación de esta obligación a través de la inactividad del Ministerio Fiscal; el papel de los médicos forenses; la lentitud de la Justicia, la ausencia de una verdadera y exhaustiva investigación judicial de los casos de tortura denunciados, etc.

Por todo lo anterior, nuestro agradecimiento, una vez más, a aquellas personas que, después deb haber sido objeto de torturas o malos tratos y pese a todas las dificultades y obstáculos, se han mantenido en defensa de la dignidad y en el ejercicio de este derecho de control de los funcionarios públicos. Ellas son las hacen posible nuestro trabajo y las que, algún día, permitirán que la tortura, sino desaparecida, sea una lacra en claro retroceso en nuestra sociedad.

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Comentaris

A.i., criminales impunes andan sueltos, carta al presidente del gobierno
29 des 2005
Modificat: 10:25:58
España:

«La concesión de recompensas y honores a torturadores transmite un mensaje claro: que en España no se castigarán de forma efectiva las violaciones de derechos humanos», ha advertido Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos también ha declarado que el hecho de que siga sin procesarse a los responsables de delitos cometidos durante la «guerra sucia» emprendida en los años ochenta contra ETA hace llegar a los torturadores un mensaje similar.

La condena de Amnistía Internacional se ha producido a raíz del anuncio, realizado este mismo mes, del indulto a 11 agentes de la Policía Nacional y 3 miembros de la Guardia Civil declarados culpables de tortura. Según los informes, la condena de estos hombres se ha reducido en dos tercios. Entre los indultados se encuentra un ex agente de la Policía Nacional y autor de múltiples torturas que fue condenado a 10 meses de inhabilitación por ocultar deliberadamente la verdad en el caso de la tortura de la presunto miembro de ETA Ana María Ereño en 1982. Otro de los 14 indultados estuvo también implicado en varios asesinatos durante la «guerra sucia» de los años ochenta contra ETA.

Poco después del anuncio de los indultos se concedió una medalla póstuma a Melitón Manzanas, ex jefe de una unidad de la policía secreta en San Sebastián (Guipúzcoa) durante la dictadura de Franco. Melitón Manzanas fue responsable de la tortura de centenares de vascos durante el régimen franquista y era un conocido colaborador de la Gestapo que durante la ocupación nazi ayudó a detener a judíos que trataban de huir a través de la frontera del sur de Francia. Fue la primera víctima elegida por un comando de ETA en agosto de 1968. Precisamente la medalla que se le ha concedido es una medalla a las víctimas del terrorismo.

Amnistía Internacional ha declarado: «El conceder una condecoración a alguien que ha burlado de forma tan flagrante los derechos fundamentales a la vida y a no ser torturado constituye una burla hacia cualquier sistema de concesión de honores».

Ésta no es la primera vez que las autoridades españolas conceden indultos o recompensas a torturadores. En 1998, Amnistía Internacional criticó la frecuencia con la que se indultaba a torturadores convictos, e hizo alusión a casos de torturadores que incluso habían sido ascendidos tras ser declarados culpables. También en 1998, 10 de los 12 condenados por el secuestro y la detención ilegal (como parte de la «guerra sucia») del empresario francés Segundo Marey vieron cómo, casi de inmediato, sus condenas eran reducidas en dos tercios, y el tercio restante quedaba en suspenso en espera de la apelación ante el Tribunal Constitucional. Dicha apelación aún sigue pendiente.

En su informe de junio de 1999, España: Motivos de preocupación en materia de derechos humanos en relación con el proceso de paz en el País Vasco (�ndice AI: EUR 41/01/99/s), Amnistía Internacional manifestó su creencia de que en España existe un clima de impunidad. Para respaldar su afirmación, la organización de derechos humanos citó las condenas simbólicas impuestas a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley declarados culpables de tortura o malos tratos, la relajación a la hora de hacer cumplir la condenas, las discrepancias en las normas de realización de informes médicos forenses y la perpetuación de la detención en régimen de incomunicación, así como la disponibilidad de indultos, e incluso ascensos, para los autores de torturas.

Además, Amnistía Internacional siente preocupación por los recientes informes que indican que los fiscales de la Audiencia Nacional han pedido que se archiven casi todas las investigaciones que continúan abiertas sobre los delitos cometidos durante la «guerra sucia» de los ochenta contra ETA.

Las autoridades españolas han ratificado tratados de derechos humanos y están sometidas a disposiciones constitucionales según las cuales deben proteger el derecho a la vida e impedir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Amnistía Internacional ha declarado: «El gobierno español debe poner fin al trato de favor hacia aquellos que matan y torturan en nombre del Estado. Cualquier comportamiento que se aparte de esta norma constituirá una burla de las leyes españolas».
(Y no solo Eta...en fin)
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Poner fin. Investigar. Procesar.

No más tortura y malos tratos en la “guerra contra el terror�

Los derechos humanos están amenazados. La prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes –el más universalmente aceptado de los derechos humanos– se está viendo socavada. En la “guerra contra el terror�, los gobiernos no sólo están utilizando la tortura y los malos tratos: están argumentando que esta utilización es justificable y necesaria.

La primera línea de esta agresión la forman precisamente los mismos que afirman mantener unas normas muy elevadas respecto a los derechos humanos. Estados Unidos es uno de esos gobiernos. Su CONDUCTA INFLUYE en GOBIERNOS de TODO el MUNDO, respaldando a quienes cometen torturas de forma habitual y minando los mismos valores que la “guerra contra el terror� dice defender.

Hablan de “interrogatorios con coacción� pero, una vez que se abre la puerta a la tortura, la presión siempre va en aumento. Si un bofetón no funciona, le seguirá una paliza. Si una paliza no funciona, ¿qué es lo siguiente? Vemos las fotografías, escuchamos los testimonios. Es cruel e inhumano, y degrada a todas las personas.
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El Gobierno español debe ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos
Más de seis meses después de que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobase, por abrumadora mayoría (307 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención), una moción por la que se concedía al Gobierno español un plazo de seis meses para poner en marcha medidas contra la impunidad que garanticen la protección de los derechos humanos en cárceles y otros centros de detención, como la grabación en vídeo de los detenidos durante el periodo de incomunicación, o la presencia de médicos y profesionales que garanticen que esos malos tratos no se producen, sin que se hubiere dado un paso en esta dirección, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que agrupa a 35 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de todo el Estado español, ha dirigido al Presidente de Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero, exigiéndole la ratificación del Protocolo Facultativo:

"CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO"

http://www.nodo50.org/tortura/
...y este, no fue, precisamente, a firmar acuerdos contra la tortura....
29 des 2005
El director del Cesid, Jorge Dezcallar, viajó a Estados Unidos a principios de noviembre para impulsar la cooperación con las principales agencias norteamericanas de espionaje y reiterar una reivindicación histórica del servicio secreto español: el acceso a tecnologías de última generación en sectores como las comunicaciones y los programas de cifrado y descifrado.

Dezcallar acudió a las sedes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en Langley (Virginia), y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), en Meade (Maryland). Además de visitar las instalaciones, se reunió con sus máximos responsables: George J. Tenet, de la CIA, y el teniente general de la Fuerza Aérea Michael V. Hayden, de la NSA.

"Todos los mecanismos de cooperación en operaciones de inteligencia están puestos en marcha", afirmó el miércoles José María Aznar, tras reunirse con el presidente George W. Bush en la Casa Blanca. Aunque no quiso ser más explícito, fuentes gubernamentales admiten que la cooperación antiterrorista de los servicios norteamericanos de espionaje -en particular, en lo referido a la lucha contra ETA, que es lo que más interesa a España- se ha incrementado después del 11 de septiembre.

Según reveló el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, el Cesid fue uno de los primeros servicios secretos del mundo que se puso a disposición de sus homólogos estadounidenses tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

Programas de cifrado

Sin despreciar la importancia de que se produzca un incremento en el volumen y rapidez del flujo de información sobre terrorismo, el mayor interés del Cesid se centra en el acceso a tecnologías sensibles, como prueba el hecho de que Dezcallar viajara a EE UU acompañado por uno de los principales expertos del centro en esta materia.


La NSA no sólo controla una tupida red de satélites de observación y comunicaciones a nivel planetario, sino que cuenta con uno de los centros más avanzados en el diseño de programas de encriptación y de ruptura de los códigos de mensajes, siguiendo una tradición que se remonta a la Segunda Guerra Mundial.

La transferencia de estos programas a otros países, incluso aliados, está sujeta a férreas restricciones y EE UU sólo los facilita con cuenta gotas, una vez que quedan obsoletos por los nuevos avances. En los últimos años, ETA ha recurrido cada vez con mayor frecuencia al correo electrónico en sus comunicaciones internas y al encriptado de sus archivos informáticos.

La posibilidad de que la NSA ponga la red Echelon, que intercepta y procesa millones de comunicaciones en todo el mundo mediante un sistema de diccionario o rastreo de palabras clave, al servicio de la lucha contra ETA se considera mucho más problemática por parte de los expertos.

No obstante, la nueva sensibilización de Washington ante el problema del terrorismo podría propiciar un incremento de las operaciones conjuntas, en las que EE UU facilitara apoyo técnico sin buscar necesariamente la contrapartida a corto plazo, como ha ocurrido en el pasado.


El acceso a tecnologías sensibles en materia de espionaje ha sido una las reivindicaciones que el Gobierno español ha puesto sobre la mesa en las negociaciones para la revisión del convenio bilateral de Defensa con EE UU de 1988, que Aznar quiere culminar antes de que acabe el año.

La visita de Dezcallar a EE UU no fue el primer contacto con los servicios secretos norteamericanos. El 15 de octubre viajó a Washington el vicepresidente y ministro del Interior, Mariano Rajoy. Además de reunirse con el número dos de Bush, Dick Cheney, Rajoy se entrevistó con el director del FBI, Robert Muller. Los contactos entre responsables operativos de los servicios han sido casi constantes.

(El pais)

Conclusiones, Recomendaciones y Documentación de la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11-M.

En Estados Unidos, las conclusiones del 11S, se editaron en libro y se creo una Web donde se podían descargar, y seguir el desarrollo de los trabajos, aquí -de cara a los ciudadanos-, están destinadas a dormir en los archivos del congreso.

Las conclusiones son útiles por sus Recomendaciones -generales, algunas idealistas, pocas concretas-, (por sacar algo útil), y por la Documentación que incluyen, en especial los Autos de la Audiencia Nacional, son unas 543 hojas que se dividen en:

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Conclusiones: a esto dedicaron el 90% de su tiempo sus señorías y medios de comunicación, pura guerra política entre partidos, yo ni las he leído.
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Recomendaciones: medidas legales, recursos, coordinación, etc...
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Anexos, entre los que destacan: Los Autos de la Audiencia Nacional de 21 de diciembre de 2004, de 9 de febrero de 2005 y 15 de febrero de 2005.

Referencia para encontrarlo, no las puedo subir ni remitir por correo porque son unos 20Mb se puede buscar en la pagina del Congreso: www.congreso.es o a través del Google:
Sindicat Terrassa