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Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió
75/89 500 tomos
28 des 2005
Revocando la decisión adoptada oficialmente el día anterior, la presidenta del tribunal del juicio del «caso 18/98», Angela Murillo, impidió ayer que las defensas accedieran a las diligencias acumuladas por el juez Garzón desde 1989 y que han estado secretas hasta ahora. Argumentó para ello la necesidad de confirmar la procedencia de los documentos, cuya dimensión ha sobrepasado al propio tribunal, ya que al parecer se acerca a los 500 tomos. Pese a ello la jueza ha concedido sólo unas horas, en diferentes días de las vacaciones navideñas, para que las defensas revisen su contenido. Iñigo Iruin preguntó «qué poderosas razones» existen para actuar de esa manera.
Los abogados que constituyen la defensa en el sumario 18/98 llevan más de dos años intentando acceder a unas pruebas documentales fundamentales para ejercer su derecho a la defensa, pruebas que fueron solicitadas a la Sala con carácter anticipado y que, por ley, deberían haber estado a su disposición antes del inicio de la vista oral. Se trata de las diligencias previas 75/89, que engloban todos los informes policiales, transcripciones de conversaciones telefónicas intervenidas y otros documentos con que se han ido engordando sumarios instruidos por el juez Baltasar Garzón desde 1989.

La trascendencia «evidente» de este material fue remarcada ayer por el letrado Iñigo Iruin, quien para dar cuenta de la misma explicó que «desde el folio uno» del sumario 18/98 se hace mención a estas diligencias. Apuntó, asimismo, que además de estar en el origen de este sumario y de otros procesos judiciales, hay también informes policiales que están basados en el contenido del 75/89, hasta ahora secreto.

Bajo secreto durante años

Todo este material ha estado durante estos años bajo un absoluto secreto, de modo que los letrados defensores no han podido acceder a ellos. Tampoco ayer, a pesar que la juez dictó formalmente el martes que sí podrían hacerlo.

Ese día, por la mañana, lo que los abogados habían solicitado durante tan largo tiempo llegó por fin a las instalaciones que la Audiencia Nacional tiene en la Casa de Campo. Y se descubrió entonces que se trata, al parecer, de nada menos que unos 500 tomos de informes, documentos y transcripciones.

Esa misma mañana, la presidenta del tribunal, Angela Murillo, anunció a los letrados que iban a tener acceso a los mismos, y dictó una providencia a tal efecto. En la misma de detallaba que podían acceder a todo el material, excepto a la «pieza de protección de identidades».

Al inicio de la sesión vespertina, sin embargo, la abogada Arantza Zulueta explicó a la magistrada que no habían podido ver los documentos. Incidió también en que son pruebas anticipadas y que la defensa debería estar en posesión, si no de los originales, sí por lo menos de sus copias.

Agregó que, a fin de facilitar la labor, ellos mismos estaban dispuestos a poner a su disposición todos los medios técnicos necesarios para poder contar con ese material tan necesario.

Murillo, por su parte, admitió sentirse sorprendida por el volumen de pruebas que había llegado:«Nos hemos encontrado con un cúmulo de cajas inimaginable», expuso. «Es difícil de imaginar lo que hay ahí», enfatizó la juez, evidenciando, sin pretenderlo, la forma irregular en la que se ha desarrollado todo este proceso. Que en un sumario de estas características el tribunal evidencie tal desconocimiento sobre unas pruebas tan numerosas y fundamentales da una medida de cómo se está desarrollando el juicio y de las condiciones en las que tiene que trabajar la defensa.

A las 9.30 de ayer, los abogados acudieron a la sede judicial para ver las pruebas y, ante su sorpresa, un funcionario judicial se lo impidió. Tras recordarle los letrados el contenido de la providencia de la juez, él les informó de que ésta había ordenado posteriormente que no se les permitiera acceder al material.

«¿Por qué extrañas razones?»

Minutos más tarde, antes de darse inicio a la vista oral, Iñigo Iruin tomó la palabra para pedir explicaciones a la juez. «Queremos conocer qué poderosas y extrañas razones hay para que haya ocurrido algo tan ilógico y fuera de lo común en un proceso judicial», expuso el abogado, en referencia a que en apenas unas horas se hubiera retractado de esa manera y hubiera dejado sin efecto una providencia formal.

Murillo argumentó que, ante la cantidad de material acumulado, el tribunal sólo quería comprobar «que todo el material ha llegado y que está todo completo». Agregó que «si no es hoy, lo tendrán a su disposición dentro de unos días».

Iruin preguntó entonces qué necesidad había de que el tribunal comprobara algo que llegaba del propio juzgado, a lo que la magistrada replicó que «eso ya está explicado». El letrado de la defensa presentó entonces una protesta formal, y denunció que se estaba vulnerando el derecho a un juicio justo. Sus compañeros de banco hicieron suya la denuncia.

Tras finalizar la sesión matutina, el tribunal les comunicó a los letrados que había fijado seis días ­29 y 30 de diciembre, y 2, 3, 4 y 5 de enero­, en unas horas determinadas, para que puedan mirar los documentos.

Serán durante dos días por la tarde y cuatro por la mañana, en sede judicial, en Madrid, y con un horario muy definido. Dado el volumen del material, es fácil deducir que apenas podrán hojearlo.

En lo que respecta a la sesión en sí, Carlos Trenor finalizó su declaración haciendo referencia a la pieza del «caso Joxemi Zumalabe». El fiscal acusa a esta fundación, de cuyo patronato forma parte Trenor, de «impulsar la estrategia de desobediencia civil diseñada por ETA», tesis que desmintió por completo el conocido abogado laboralista.

Tal como hiciera el martes, explicó a la Sala los objetivos y la labor de Joxemi Zumalabe Fundazioa de apoyo y dinamización de los movimientos sociales de Euskal Herria y destacó que no tiene ninguna vinculación con grupo político alguno.



La Guardia Civil retiene durante horas a varios imputados
La Guardia Civil retuvo ayer al regresar de Madrid, durante dos horas y cuarto en Boceguillas (Soria), a los imputados Natale Landa, Xabier Arregi, Javier Salutregi, Imanol Iparragirre, Pablo Gorostiaga, Juan Mari Mendizabal e Isidro Murga, así como a Julen Aginako, que se encarga de las relaciones con la prensa en este juicio. Según relataron, los agentes les registraron todos sus efectos uno a uno, antes de dejarles marchar. -

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