|
Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article
|
|
Notícies :: amèrica llatina : dones |
|
Prueban franceses la complicidad de autoridades en los feminicidios. Juárez, México
|
|
|
per rsc |
02 oct 2005
|
Santiago Vasconcelos reconoce ante cámaras la "red de protección e impunidad".
El documental La ciudad que mata a las mujeres será transmitido en horario estelar en Europa. |
|
Jean Francois Boyer, director del telerreportaje que será transmitido en Europa FOTO Luis Humberto González
Domingo 2 de octubre de 2005
BLANCHE PETRICH/I
Han pasado 12 años desde que se encontraron los primeros cuerpos de muchachas asesinadas en el desierto que rodea Ciudad Juárez, y la gente del lugar sigue buscando entre la arena. El documental La ciudad que mata a las mujeres, que será transmitido en Francia este lunes en horario estelar por Canal Plus, documenta mediante cinco expedientes ligados al feminicidio, cómo Francisco Barrio y Patricio Martínez -un panista y un priísta-, y sus respectivos procuradores y jefes policiacos, contribuyeron a cortar todas las líneas de investigación que conducían a vincular los asesinatos seriales de niñas y mujeres con el narcotráfico.
Y cómo, bajo la conducción del actual gobernador, José Reyes Baeza, hay pocas posibilidades de desmantelar lo que el propio José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), llama, ante las cámaras, "una red de protección o de impunidad" en la que "lamentablemente y no de ahora participan policías municipales, estatales y federales también".
Por ello, la propia Procuraduría General de la República (PGR), ahora con Daniel Cabeza de Vaca, ha atraído 25 expedientes que, en el contexto de los homicidios seriales de mujeres, pueden develar este hilo que conduce a las cúpulas de los cárteles de la droga con los huesos que hace 12 años, ininterrumpidamente, se encuentran en baldíos de Ciudad Juárez.
En su oficina, entre tomos de expedientes encuadernados, el director de la SIEDO se explaya con los cineastas franceses. "En muchos de esos asuntos, en donde la investigación tenía un hilo directo que implicaba a algún distribuidor de drogas o a una serie de distribuidores de drogas, que en una orgía de alcohol y drogas habían victimado a una chica, esa estructura de delincuencia organizada lo que hizo fue tender una red de protección e impunidad".
Fabricación de culpables, confesiones bajo tortura, chivos expiatorios, testimonios inventados y pistas falsas, todas estas operaciones en las que participaron directamente gobernadores, procuradores, comandantes de las distintas corporaciones policiacas, agentes del Ministerio Público y hasta la fiscal especial nombrada por la Presidencia de la República lograron desviar los caminos que conducían a altas esferas del narcotráfico en Ciudad Juárez. Esto es lo que documenta el reportaje realizado por los investigadores Marc Fernández y Jean Christophe Rampal, autores del libro sobre este tema La ciudad de las muertas.
Ahora, con los auspicios de VM Group y Canal Plus de Francia produjeron este documental.
Asesinatos de muchachas, "daño colateral" del narco
"Durante dos sexenios -sostiene el director del reportaje, Jean Francois Boyer- las autoridades se las arreglaron para no relacionar estos asesinatos seriales con el crimen organizado. Cada uno se arregló a su manera". Barrio permitió fabricar en torno de El Egipcio, Abdul Latif Sharif, varias consignaciones falsas, incluido el asunto de Los Rebeldes y Los Ruteros.
Patricio Martínez llegó a los excesos de permitir que se torturara a dos detenidos, Víctor García Uribe y Gustavo González, La Foca, para que se autoinculparan de seis o siete muertes que no cometieron. Y otro caso peor: por medio de un testigo falso, Javier García, El Canario, la Policía Judicial estatal intentó inventar una red de tráfico de órganos inexistente. Una cuarta historia es la forma como echaron tierra en la investigación de la muerte de Rosario Manchas, una joven prostituta y dealer. Por órdenes directas del procurador en turno, Jesús El Chito Silva, se detuvieron las pesquisas. El quinto caso es el del grupo conocido como La Línea, que bajo las órdenes del comandante de la policía estatal, Miguel Loya, fue vinculado con el asesinato de al menos 11 personas halladas en una de las narcofosas descubiertas apenas a principios de este año.
"¿Porqué estas cinco historias y no otras? Porque son situaciones que comprueban definitivamente que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua inventó averiguaciones al vapor y echó tierra sobre otras, con el único fin de responder a la presión de la opinión pública, protegiendo al mismo tiempo a los culpables", explica Boyer, periodista y cineasta radicado en México.
-¿Llegan ustedes a detectar complicidad en altos niveles de la política?
-No avanzamos hasta allá. Conocemos la tesis de Sergio González, el autor de Huesos en el Desierto, que plantea la hipótesis de la responsabilidad en algunos casos al menos de una cofradía de empresarios en orgías con violencia sexual y asesinatos. Nosotros no tenemos esas evidencias. Pero sí logramos detectar eso que dice Vasconcelos: que cada vez que los indicios apuntaban a los distribuidores de las drogas, las autoridades estatales intervenían para desviar la investigación.
El abogado de El Cerillo, quien finalmente fue liberado luego de cuatro años de cárcel, Sergio Dante Almaraz, es uno de los críticos más contundentes de las autoridades de Juárez por su actuación en estos casos. En el documental declara: "Estoy convencido de que estas jóvenes fueron asesinadas por gente del narcotráfico, vinculada a las mafias pero tolerada por el gobierno del estado. Yo atribuyo una terrible responsabilidad al señor Presidente de la República, y al ex gobernador Patricio Martínez. Ellos saben perfectamente quiénes son los autores de estas matanzas".
El abogado, por supuesto, ha recibido numerosas amenazas y su auto ha sido baleado. Agrega: "Creo que las muertes de las jóvenes obedecen a una razón fundamental, es el daño colateral de la presencia del narcotráfico en Ciudad Juárez".
Cinco historias para un argumento
Latif fue detenido en octubre de 1995 porque una joven que lo había acompañado a su casa lo acusó de violencia sexual. Más tarde se descubrió que la acusación de violación era falsa, pero la policía también "descubrió" que El Egipcio tenía en su récord varias sentencias por violencia sexual en Estados Unidos. Las autoridades locales, presionadas por el gobernador para entregar algunas cabezas de los asesinatos que empezaban a causar escándalo, de inmediato atribuyeron al detenido siete ilícitos. De esta serie, la autoridad tuvo que descartar seis por falta de pruebas y sostuvo uno, el homicidio de Elizabeth Castro, aunque en el expediente las inconsistencias fueran patentes, como el hecho de que la joven, según su familia, medía 1.60 metros y calzaba 36, mientras que el cuerpo que fue presentado en la diligencia medía 1.75 y calzaba 39.
Pero esos casos eran pocos para satisfacer las exigencias de justicia y fue necesario acusar a Latif de pagar a supuestas bandas de asesinos, Los Rebeldes y Los Ruteros, que habrían cometido otros 29 asesinatos de jóvenes mientras él ya estaba en prisión.
En cambio, cuando surgió el nombre de otro sospechoso, Alejandro Máynez, hijo de un conocido contrabandista dueño de una veintena de bares y amigo de poderosos jefes policiacos, nada se hizo. El hombre había sido apresado por asesinato en 1994 y liberado. Nunca más se le volvió a tocar. Está prófugo.
Apenas tomó posesión el gobernador priísta Patricio Martínez y otros ocho cuerpos de muchachas fueron encontrados en un campo algodonero. Esta vez se generó una fuerte conmoción social y los medios se volcaron sobre el tema. Exigieron castigo. Un viernes el nuevo mandatario ordenó: "quiero culpables para el lunes". Y el lunes los tuvo.
Fueron detenidos dos, El Cerillo y La Foca, choferes de autobús. A la vuelta de cuatro años, el primero fue liberado por falta de pruebas. El segundo murió en prisión. Estos casos destacaron, incluso en foros internacionales, no por resolver homicidios seriales, sino por las torturas que les fueron infligidas para que se declararan culpables de decenas de asesinatos. No hubo más pruebas que las arrancadas bajo tormento.
http://www.jornada.unam.mx/2005/10/02/035n1soc.php
_____________________________________________________
Mucha más información:
http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=113350 |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/10/02/035n1soc.php
|
Copyright by the author. All rights reserved. |
Comentaris
|
No olvidemos
|
|
per Guillotina |
03 oct 2005
|
|
No olvidemos Alcasser |
|
El narcotráfico, beneficiario de los encubrimientos en Ciudad Juárez
|
|
per rsc. |
04 oct 2005
|
Jean Francois Boyer subraya la relación feminicidios-protección oficial a la delincuencia.
En cuanto los indicios apuntaron hacia los capos se cortó ahí el camino, subraya el periodista.
Lunes 3 de octubre de 2005
BLANCHE PETRICH /II Y ULTIMA
La resolución de los feminicidios en la frontera norte no escapa del binomio delincuencia organizada e impunidad, en opinión de Jean Francois Boyer, director del documental La ciudad que mata a las mujeres, que hoy transmite en Francia Canal Plus. ''No quisimos menospreciar el trasfondo de violencia de género, que sin duda está en la base de este fenómeno. Pero de momento nos pareció importante centrarnos en el tema del encubrimiento que beneficia al narcotráfico. Porque episodios protagonizados por aparatos de justicia, como los de El Cerillo o El Canario, son incompatibles con un Estado que se asume como democrático".
Por eso, Boyer pregunta en el documental a José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO): ''¿Las autoridades corruptas encubren por reflejo o porque saben que los responsables pueden ser miembros de la delincuencia?''
-Porque saben que los responsables son miembros de la delincuencia -responde el funcionario.
Las cinco historias que desglosa el reportaje de Boyer, Marc Fernández y Jean Christophe Rampal para el canal francés de televisión abarcan dos sexenios, uno panista y otro priísta.
-¿Responden de manera diferente Francisco Barrio, Patricio Martínez y el actual gobernador José Reyes Baeza Terrazas ante los retos de los feminicidios?
-Barrio recurrió al caso de Abdul Sharif Latif. Fue un gran error judicial; se condenó a un hombre por un crimen que no cometió. Pudo haber cometido otros, pero no ése. Puede ser señalado por el caso de El Egipcio como gran encubridor, pero no incurre en los excesos de Martínez. Barrio no ha sido señalado en informes de inteligencia como narcogobernador, como lo han sido Mario Villanueva, Ernesto Ruffo, Tomás Yarrington o Sergio Estrada. Tampoco tuvo en su equipo a alguien tan señalado por su corrupción como Jesús Silva, el ex procurador. Su gran pecado es que no entró a fondo en el esclarecimiento. No hizo su trabajo.
''Martínez, en cambio, llegó a los excesos de torturar para fabricar culpables. Y al fallar esta estrategia inventó una pista falsa. Cuando Patricio dice 'quiero culpables en tres días', cabe preguntarse: ¿por qué lo dice? ¿Por la presión de la opinión pública o porque sabe quiénes son los asesinos? Pueden ser las dos cosas.''
Poderosas razones para encubrir
-¿Qué intentan demostrar con el documental?
-Creemos que si se resolvieran al menos tres de estos casos podría salir a la luz toda la verdad en cuanto al encubrimiento. Por eso subimos un escalón al plantear que estos asesinatos tienen que ver no sólo con el pinche machismo -que no se descarta-, sino con la delincuencia organizada que cuenta con la protección de la autoridad.
-¿Protección o participación?
-Vasconcelos nos dijo que en abril se reorientaron algunas investigaciones. Les quedaba claro que en el momento en que salían los indicios de la línea hacia el narcotráfico se echaba a andar una maquinaria que cortaba ahí el camino, y que eso lo hacían directamente las policías municipales y estatales. Lo que no podemos sostener, porque no tenemos elementos, es que esas autoridades participaban. Lo que documentamos es que es voluntad del Estado no hacer justicia.
-¿Por qué se esperó hasta la llegada de Daniel Cabeza de Vaca a la Procuraduría General de la República (PGR) para atraer esos 25 casos? ¿Faltó voluntad política a su antecesor, el general Rafael Macedo?
-No es cuestión de personas. Con o sin Macedo tarde o temprano la PGR tenía que atraer esos casos que la SIEDO, creo que con una visión bastante fina, viene siguiendo desde hace tiempo.
Se pregunta Boyer, periodista y cineasta, autor del libro Las guerras perdidas del narcotráfico, publicado en Francia y México: "¿Qué razón tan importante puede haber que permita a la policía tomar a dos hombres, torturarlos y fabricar así un caso? ¿Por qué ninguno de los responsables de esto fueron consignados?"
Efectivamente, a pesar de que la Presidencia creó hace dos años una fiscalía especial para "enderezar" todos los expedientes desviados, ningún mando superior fue tocado. La ahora ex fiscal María de la Luz López Urbina, encargada de revisar y corregir los más de 350 expedientes de los feminicidios, no se atrevió a señalar al responsable directo de la fabricación de estos culpables, el procurador de justicia del estado Jesús Silva. Ni siquiera al subprocurador.
Tensa y evasiva ante las cámaras de la televisión francesa mientras aún era fiscal, López Urbina se explica: "Es que no se acreditó dentro del expediente mismo" esa responsabilidad.
Quien sí resultó consignada por la tortura de El Cerillo y La Foca fue la ex coordinadora de agentes del Ministerio Público Zuly Ponce, quien quedó libre con el pago de 2 mil 500 pesos de fianza. Ya fuera del cargo y de la nómina pública, la ex funcionaria se franquea y confiesa cómo el propio procurador y el comandante de la Policía Judicial de la época la instruían sobre el manejo de las averiguaciones.
Los consejos a Zuly Ponce
"Todas las investigaciones eran supervisadas por nuestros superiores. Hablamos de jerarquías; nosotros éramos agentes del Ministerio Público de rango medio, nada más. Los altos funcionarios eran el procurador, el subprocurador. De allí se recibían todas las instrucciones.''
Una de estas ''instrucciones'', girada directamente por el comandante de la Policía Judicial, ordenó a Ponce detener la investigación que se seguía por el asesinato de Rebeca Manchas, una joven prostituta y dealer que había sido estrangulada en el bar La Metralla. Casi inmediatamente, el Ministerio Público local identificó al culpable, el sicario de un conocido narco de la ciudad.
Zuly Ponce relata cómo, apenas identificado el homicida, recibió una llamada. "Me dijeron que me estaba metiendo con gente muy pesada, que ahí lo dejara. 'Se lo damos como un consejo, licenciada, usted sabe'".
Y como ésta, Ponce recuerda al menos otras dos intervenciones. "Me pidieron incluso que si no quería que hubiera más muertos que retirara a la gente de donde estaba y que me daban 15 minutos para hacerlo. El propio comandante en aquel entonces me pidió que, por favor, si no quería que hubiese una matanza lo hiciera".
Justo cuando Ponce encubría o consignaba conforme a esas instrucciones, otro hallazgo, a finales de 2002, volvió a sacudir las estructuras judiciales de Chihuahua: seis cuerpos más en el monte del Cristo Negro. Nuevamente bajo la presión de la opinión pública, el gobierno de Martínez fabricó otra cortina de humo. Un falso testigo, Javier García Chihuahua, El Canario, "reveló" la existencia de una red de tráfico de órganos. Señaló domicilios, sitios donde habían arrojado cadáveres, dio nombres. ''Todo falso'', responde hoy el subprocurador Vasconcelos.
El nuevo gobierno de Chihuahua, encabezado por José Reyes Baeza Terrazas, asumió el mando el año pasado en medio de sospechas y acusaciones. En enero de este año destituyó al jefe de la Policía Municipal y nombró uno nuevo. Pero muchos jefes de sector, señalados por proteger a los asesinos seriales en el pasado, siguen en sus puestos. No hay señales de que pudiera darse una purga en los cuerpos de seguridad, a pesar de que, también en entrevista, el nuevo jefe policiaco de Ciudad Juárez, Juan Antonio Salgado, reconoce, a insistencia de los reporteros: "Estoy seguro de que hay corrupción en esta corporación con la delincuencia organizada, sí".
La última historia que ilustra el documental es la del grupo La Línea, judiciales ya procesados por la PGR que actuaban bajo el mando del comandante Miguel Loya, segundo al mando de la Policía Judicial de Ciudad Juárez. A ellos se les atribuyen los asesinatos de las narcofosas.
El directivo de la SIEDO explica a la televisión francesa este nexo: "La Línea es una organización criminal conformada por narcotraficantes y por una serie de elementos de las policías estatales que en su momento ya fueron capturados y tenemos ahora procesados. Ellos se encargaban de realizar el trabajo sucio de las organizaciones criminales y de encubrir todas aquellas pistas que pudieran llevar al conocimiento del grupo de los Carrillo Fuentes en sus operaciones".
La cámara de los documentalistas abre una toma del desierto, donde radioaficionados, familiares de víctimas y vecinos organizados en brigadas se despliegan rastreando entre los matorrales. Una voz en off concluye: "Cada semana se descubren aquí osamentas humanas de uno u otro sexo. Por mucho tiempo más, todavía, Ciudad Juárez seguirá siendo la ciudad que mata las mujeres".
http://www.jornada.unam.mx/2005/10/03/046n1soc.php
http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=113350 |
Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.
Ya no se pueden añadir comentarios a este artículo.
Comments can not be added to this article any more
|
