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Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió
Balza anuncia que se grabarán los interrogatorios a los incomunicados
per perl	01 oct 2005
TAT considera que « hay medidas más eficaces», como la no aplicación de ese régimenEl titular de Interior del Gobierno de Lakua anunció ayer que van a «dar el paso definitivo en la garantía de los derechos fundamentales de las personas detenidas en régimen de incomunicación». El «paso» al que hacía referencia es la grabación de «todos» los interrogatorios realizados a los arrestados bajo ese régimen, lo que se hará con «la incorporación» de cámaras en «las zonas de acceso y calabozos y en todos los interrogatorios». Javier Balza aseguró que «el sistema de grabación ya está en marcha en todas las detenciones no incomunicadas». Añadió que, en cumplimiento de la recomendación 8/1999 del Ararteko, el Departamento de Interior instaló en todas las comisarías «un sistema de control basado en cámaras situadas en los pasillos de la zona de calabozos». No obstante, reconoció que este sistema no estaba operativo en el área destinada a las personas incomunicadas. A propósito de ello, manifestó que adoptarán «medidas complementarias para la garantía de derechos en las detenciones incomunicadas». Entre esas iniciativa estaría, según detalló, el «no solicitar al juez la incomunicación de forma general o sistemática». «En contra de lo que se dice habitualmente, no es decisión de la Policía» la aplicación de este régimen, agregó. En este sentido, dijo que la incomunicación «sólo se pide de forma singular y excepcional cuando es necesaria para asegurar la investigación o las pruebas e incidencias del delito cometido». Argumentó que en los dos últimos años la incomunicación «se ha solicitado en diecinueve ocasiones y, aun en estos casos, nunca se mantuvo por el total del tiempo permitido legalmente». Destacó que en la presente legislatura acometerán «un profundo desarrollo» de las medidas ya adoptadas por el Departamento, en alusión al Protocolo aprobado en 2003. Según remarcó en su comparecencia ante la Comisión de Instituciones e Interior, este procedimiento también fue «un paso decisivo en la garantía de derechos». Es más, incidió en que «todos conocen su alto contenido garantista, que combina medidas de control médico y de información a las familias». Afirmó que, de este modo, «se elimina el riesgo de opacidad y aislamiento». A juicio de Balza, los efectos prácticos del Protocolo han sido «inmediatos»: «La denuncias contra la Ertzaintza que se hacían sistemáticamente en toda detención incomunicada han desaparecido por completo». La Ertzaintza, «incomparable» Concluyó que «la batería de iniciativas presentadas en materia de derechos fundamentales es incomparable con la situación de ninguna otra policía en Europa». «La trayectoria que tenemos ­añadió­ nos permite tomar decisiones de calado porque no partimos de cero, sino de un estadio de buen hacer democrático asumido en el Cuerpo y acreditado socialmente». En el turno de preguntas, la parlamentaria de Ezker Abertzalea Nekane Erauskin quiso saber si el Departamento de Interior «tiene previsto acabar con la incomunicación». Javier Balza le contestó que no. Para justificar el mantenimiento de este régimen se amparó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Tenemos el límite de lo que establece la ley. Dentro de ese límite, pensamos ir al máximo», remarcó. Pero, acto seguido, aclaró su posición: «No puedo decirle a un funcionario que no adopte una medida prevista en la ley porque, evidentemente, eso sería un claro ejemplo de prevaricación». «No puedo decirle a un policía que no aplique un instrumento legal, porque sería lo mismo que decirle que no detenga a una persona si considera que la tiene que detener. Esto es un punto clave», reiteró. Balza sostuvo que en su Departamento irán «al máximo dentro de ese respeto a la ley, no convirtiendo la incomunicación en un castigo a determinado tipo de delincuentes de manera sistemática. Con las cifras que os hemos dado se ve claramente que es una aplicación estricta y rigurosa». Informó de que ha solicitado sendas reuniones con el Comité para la Prevención de la Tortura y con el Relator de la ONU para darles cuenta detallada de esta iniciativa y «poder contar con sus opiniones». Además, presentará un informe al Consejo de Gobierno regulando la autorización de las cámaras, la conservación de las grabaciones, las responsabilidad sobre éstas y las garantías de seguridad, entre otras cuestiones. TAT: «No es suficiente» En la línea de lo expuesto durante su comparecencia, Balza insistió en que el Protocolo ha supuesto «un cambio radical en el planteamiento de estas cuestiones en Euskadi respecto a la Ertzaintza», y que «la incorporación de sistemas de grabaciones en zona de calabozos y en todos los interrogatorios» es «el paso máximo que se puede dar». «Este es un planteamiento honrado de hasta dónde se puede llegar», destacó. En respuesta a esa iniciativa, Torturaren Aurkako Taldea (TAT) subrayó que, si bien la colocación de cámaras puede ser «un paso hacia adelante», no es una medida «suficiente». Recordó a Balza los nueve puntos que ha propuesto para poner fin a la práctica de la tortura, que «cuentan con un amplio respaldo por parte de la sociedad vasca». Las propuestas de TATfueron remitidas al Parlamento de Gasteiz en 2003. Para este organismo, «está claro que hay medidas mucho más eficaces, como acabar con la competencia de la Audiencia Nacional en la incomunicación». «La Ertzaintza tiene una oportunidad real. En sus manos está ­resaltó­ utilizar o no este régimen cuando realiza una detención. Hay está, precisamente, la clave». TAT también hizo pública su «preocupación» ante el discurso autocomplaciente del consejero de Interior de Lakua porque «no ha expresado ninguna voluntad de poner fin a la incomunicación». Junto a ello, desmintió las declaraciones de Balza en las que aseguró que desde la entrada en vigor del Protocolo no se habían producido denuncias por malos tratos por parte la Ertzaintza. «Ahí están las denuncias hechas por Aner Gómez, Aingeru Cardaño, Oscar Pérez, Unai Mallabia, Ainara Mallabia, Aitor Fernández, Agustín del Hierro, Ziortza Fernández, Gorka Martínez, Aitor Herrera, Haritza Ferrero, Roberto Sainz y Ana López». Denuncias que han sido confirmadas por los familiares de los detenidos. Exigen que no se aplique a nadie la incomunicación Batasuna subrayó que «la lacra de los malos tratos y las torturas no se solucionará mientras no se derogue la ‘ley antiterrorista’ y se suprima la incomunicación». Destacó que la Ertzaintza «tiene una manera de demostrar su voluntad clara e inequívoca de respetar todos los derechos que le corresponden al detenido: no aplicar la incomunicación; en caso contrario, la cámara de vídeo será la mejor coartada para seguir haciendo los mismo que hasta ahora». Exigió a Balza que «deje de practicar este régimen en las comisarías de la Ertzaintza». En la misma línea se pronunció Askatasuna, que subrayó que «las cosas no se arreglan con cámaras». Por su parte, Aralar calificó de «satisfactoria» la decisión de Balza, ya que «fue una condición de Aralar para apoyar a Ibarretxe». -
El consejero de Interior de Lakua anunció ayer que se instalarán sistemas de grabación en las zonas de acceso y calabozos, y que procederán a grabar los interrogatorios a las personas detenidas en régimen de incomunicación por parte de la Ertzaintza. Javier Balza afirmó que «éste es el paso máximo que se puede dar» para garantizar los derechos fundamentales de los detenidos. «No le puedo decir a un policía que no pida la solicitud de una medida prevista en la ley», matizó al tiempo que se escudaba en «el límite que establece la ley» para justificar la aplicación de la incomunicación. - El titular de Interior del Gobierno de Lakua anunció ayer que van a «dar el paso definitivo en la garantía de los derechos fundamentales de las personas detenidas en régimen de incomunicación». El «paso» al que hacía referencia es la grabación de «todos» los interrogatorios realizados a los arrestados bajo ese régimen, lo que se hará con «la incorporación» de cámaras en «las zonas de acceso y calabozos y en todos los interrogatorios». Javier Balza aseguró que «el sistema de grabación ya está en marcha en todas las detenciones no incomunicadas». Añadió que, en cumplimiento de la recomendación 8/1999 del Ararteko, el Departamento de Interior instaló en todas las comisarías «un sistema de control basado en cámaras situadas en los pasillos de la zona de calabozos». No obstante, reconoció que este sistema no estaba operativo en el área destinada a las personas incomunicadas. A propósito de ello, manifestó que adoptarán «medidas complementarias para la garantía de derechos en las detenciones incomunicadas». Entre esas iniciativa estaría, según detalló, el «no solicitar al juez la incomunicación de forma general o sistemática». «En contra de lo que se dice habitualmente, no es decisión de la Policía» la aplicación de este régimen, agregó. En este sentido, dijo que la incomunicación «sólo se pide de forma singular y excepcional cuando es necesaria para asegurar la investigación o las pruebas e incidencias del delito cometido». Argumentó que en los dos últimos años la incomunicación «se ha solicitado en diecinueve ocasiones y, aun en estos casos, nunca se mantuvo por el total del tiempo permitido legalmente». Destacó que en la presente legislatura acometerán «un profundo desarrollo» de las medidas ya adoptadas por el Departamento, en alusión al Protocolo aprobado en 2003. Según remarcó en su comparecencia ante la Comisión de Instituciones e Interior, este procedimiento también fue «un paso decisivo en la garantía de derechos». Es más, incidió en que «todos conocen su alto contenido garantista, que combina medidas de control médico y de información a las familias». Afirmó que, de este modo, «se elimina el riesgo de opacidad y aislamiento». A juicio de Balza, los efectos prácticos del Protocolo han sido «inmediatos»: «La denuncias contra la Ertzaintza que se hacían sistemáticamente en toda detención incomunicada han desaparecido por completo». La Ertzaintza, «incomparable» Concluyó que «la batería de iniciativas presentadas en materia de derechos fundamentales es incomparable con la situación de ninguna otra policía en Europa». «La trayectoria que tenemos ­añadió­ nos permite tomar decisiones de calado porque no partimos de cero, sino de un estadio de buen hacer democrático asumido en el Cuerpo y acreditado socialmente». En el turno de preguntas, la parlamentaria de Ezker Abertzalea Nekane Erauskin quiso saber si el Departamento de Interior «tiene previsto acabar con la incomunicación». Javier Balza le contestó que no. Para justificar el mantenimiento de este régimen se amparó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Tenemos el límite de lo que establece la ley. Dentro de ese límite, pensamos ir al máximo», remarcó. Pero, acto seguido, aclaró su posición: «No puedo decirle a un funcionario que no adopte una medida prevista en la ley porque, evidentemente, eso sería un claro ejemplo de prevaricación». «No puedo decirle a un policía que no aplique un instrumento legal, porque sería lo mismo que decirle que no detenga a una persona si considera que la tiene que detener. Esto es un punto clave», reiteró. Balza sostuvo que en su Departamento irán «al máximo dentro de ese respeto a la ley, no convirtiendo la incomunicación en un castigo a determinado tipo de delincuentes de manera sistemática. Con las cifras que os hemos dado se ve claramente que es una aplicación estricta y rigurosa». Informó de que ha solicitado sendas reuniones con el Comité para la Prevención de la Tortura y con el Relator de la ONU para darles cuenta detallada de esta iniciativa y «poder contar con sus opiniones». Además, presentará un informe al Consejo de Gobierno regulando la autorización de las cámaras, la conservación de las grabaciones, las responsabilidad sobre éstas y las garantías de seguridad, entre otras cuestiones. TAT: «No es suficiente» En la línea de lo expuesto durante su comparecencia, Balza insistió en que el Protocolo ha supuesto «un cambio radical en el planteamiento de estas cuestiones en Euskadi respecto a la Ertzaintza», y que «la incorporación de sistemas de grabaciones en zona de calabozos y en todos los interrogatorios» es «el paso máximo que se puede dar». «Este es un planteamiento honrado de hasta dónde se puede llegar», destacó. En respuesta a esa iniciativa, Torturaren Aurkako Taldea (TAT) subrayó que, si bien la colocación de cámaras puede ser «un paso hacia adelante», no es una medida «suficiente». Recordó a Balza los nueve puntos que ha propuesto para poner fin a la práctica de la tortura, que «cuentan con un amplio respaldo por parte de la sociedad vasca». Las propuestas de TATfueron remitidas al Parlamento de Gasteiz en 2003. Para este organismo, «está claro que hay medidas mucho más eficaces, como acabar con la competencia de la Audiencia Nacional en la incomunicación». «La Ertzaintza tiene una oportunidad real. En sus manos está ­resaltó­ utilizar o no este régimen cuando realiza una detención. Hay está, precisamente, la clave». TAT también hizo pública su «preocupación» ante el discurso autocomplaciente del consejero de Interior de Lakua porque «no ha expresado ninguna voluntad de poner fin a la incomunicación». Junto a ello, desmintió las declaraciones de Balza en las que aseguró que desde la entrada en vigor del Protocolo no se habían producido denuncias por malos tratos por parte la Ertzaintza. «Ahí están las denuncias hechas por Aner Gómez, Aingeru Cardaño, Oscar Pérez, Unai Mallabia, Ainara Mallabia, Aitor Fernández, Agustín del Hierro, Ziortza Fernández, Gorka Martínez, Aitor Herrera, Haritza Ferrero, Roberto Sainz y Ana López». Denuncias que han sido confirmadas por los familiares de los detenidos. Exigen que no se aplique a nadie la incomunicación Batasuna subrayó que «la lacra de los malos tratos y las torturas no se solucionará mientras no se derogue la ‘ley antiterrorista’ y se suprima la incomunicación». Destacó que la Ertzaintza «tiene una manera de demostrar su voluntad clara e inequívoca de respetar todos los derechos que le corresponden al detenido: no aplicar la incomunicación; en caso contrario, la cámara de vídeo será la mejor coartada para seguir haciendo los mismo que hasta ahora». Exigió a Balza que «deje de practicar este régimen en las comisarías de la Ertzaintza». En la misma línea se pronunció Askatasuna, que subrayó que «las cosas no se arreglan con cámaras». Por su parte, Aralar calificó de «satisfactoria» la decisión de Balza, ya que «fue una condición de Aralar para apoyar a Ibarretxe». -
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