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Anàlisi :: pobles i cultures vs poder i estats
Andalucía, a la hora de la Reforma Estatutaria
per Andalucía Libre	28 jul 2005
La discusión sobre la Reforma Estatutaria andaluza es la envoltura político-jurídica de otra cuestión más sustancial y permanente: el debate sobre la situación y naturaleza de Andalucía y del pueblo andaluz, la delimitación de sus necesidades y objetivos y la determinación de los medios efectivos a exigir y conquistar para resolver unas y alcanzar los otros. Conlleva una reflexión y definición conexas en cuanto a los principios a defender y la estrategia a construir sobre cómo afrontar desde una posición de izquierda andaluza consecuente nuestra doliente relación con España y sobre las formulas para solucionarla radicalmente. En esta hora, en la que el debate estatutario andaluz se encuentra a las vísperas de entrar en el terreno de las definiciones, procede realizar un repaso sincero y aun desabrido del contexto nacional en que se desarrolla y de algunos elementos destacados del exterior que lo condicionan.
El Remate Miserias de Andalucía ANDALUC�A, A LA HORA DE LA REFORMA ESTATUTARIA. Andalucía Libre La discusión sobre la Reforma Estatutaria andaluza es la envoltura político-jurídica de otra cuestión más sustancial y permanente: el debate sobre la situación y naturaleza de Andalucía y del pueblo andaluz, la delimitación de sus necesidades y objetivos y la determinación de los medios efectivos a exigir y conquistar para resolver unas y alcanzar los otros. Conlleva ineluctablemente una reflexión y definición conexas en cuanto a los principios a defender y la estrategia a construir sobre cómo afrontar desde una posición de izquierda andaluza consecuente nuestra doliente relación con España y sobre las formulas para solucionarla radicalmente. La colección de ANDALUC�A LIBRE está repleta de tratamientos y pronunciamientos al respecto (ver enlaces) desde diversos tonos y enfoques; aportando sucesivos análisis de coyuntura y sectoriales aún a riesgo de repetición y proponiendo alternativas. De hecho -y como habrán advertido quienes nos hayan seguido con regularidad- nuestros textos en todo este tiempo dedicados a otras situaciones nacionales -singularmente, las de Euskadi y Cataluña- también han sido elaborados siempre desde una perspectiva nacional andaluza, con la intención prioritaria de acompañar, complementar y desarrollar al calor de la actualidad en las tareas expuestas los explícitamente dedicados a nuestra Patria. Así, no sólo hemos seguido con detalle aquí la generación y plasmación de las propuestas de reforma estatutaria o los discursos políticos de las diferentes formaciones políticas de Andalucía; también hemos acumulado artículos en la medida de nuestras fuerzas sobre la situación socioeconómica andaluza, nuestra relación económica y fiscal con España o la inserción andaluza en la Unión Europea, entre otros temas, intentando en todos ellos plantear en conjunto una postura andaluza propia, global y coherente como contribución a la reflexión y ubicación políticas de nuestra izquierda. En esta hora, en la que el debate estatutario andaluz se encuentra en una fase procesal importante, a las vísperas de entrar en el terreno de las definiciones, procede realizar un repaso sincero y aun desabrido del contexto nacional en que se desarrolla y de algunos elementos destacados del exterior que lo condicionan. Carencias subjetivas en un momento clave Dos elementos de preocupación desde un punto de vista de izquierda andaluza se superponen hoy en este momento político. Grave es la atonía y desinterés popular en que está desarrollando sus trabajos la ponencia estatutaria. Un fenómeno achacable tanto al pasado nacional acumulado -con su carga adjunta de fatalismo, clientelismo y atomización social- como al método procedimental narcotizante asumido hasta ahora al unísono por las cuatro fuerzas parlamentarias (PSOE, PP, PCE-IU, PA) y sobre todo y especialmente a sus notorias y sustantivas coincidencias de fondo en discursos y propuestas. La imagen general resultante es la de un inmenso paripé que resulta lejano y desafortunadamente indiferente al común de los andaluces. En resumen, un debate crucial sobre el presente y el futuro del pueblo andaluz (sobre sus condiciones de vida y trabajo y sobre sus expectativas de dignidad y normalización nacional), que le afectará decisivamente a la hora de vivir y de luchar en el futuro, está pasando con levedad, sin que la mayoría social sea consciente de que -tal y como ocurrió con la Transición, el 28-f o el Pacto de la Moncloa- sus efectos serán perceptibles para bien o seguramente para mal, durante un largo trecho. Aun más grave, si cabe -visto el cuadro desde una opción de izquierda, es decir, independentista- es la extrema debilidad de las voces que contrapongan al nuevo enjuague estatutario en curso una real y coherente alternativa de izquierda y nacional, suministrando a nuestra clase obrera y a nuestro pueblo con credibilidad y rigor materiales para entender lo que se está jugando y líneas de actuación políticas para acumular fuerzas y sustentar así su resistencia prolongada hasta poder pasar a la contraofensiva. A este respecto conviene recordar que repetidas encuestas sociológicas de adscripción nacional -traducidas aquí de porcentajes a números absolutos para hacer más perceptible su entidad y sobre todo su potencialidad política- nos confirman la existencia en Andalucía incluso hoy -tras 25 años de retroceso nacional y renovado adoctrinamiento oficial español bajo el amparo autonomista- de unos mínimos de entre 150.000 a 575.000 andaluces -según las fuentes que se tomen como referencia(1)- que 'sólo se sienten nacionalmente andaluces y que no se sienten españoles'. Andaluces -que, además, se ubican social e ideológicamente en la izquierda- que han llegado a esta conciencia habitualmente por si mismos y que la mantienen tozudamente pese a la apabullante presión españolista y pese a la ausencia de referentes políticos visibles que asuman esta coherente y nítida definición y a la falta absoluta de todo tipo de apoyos mediáticos o institucionales. Andaluces que conectan e interactúan con otros entre 900.000 y 970.000 más, en los que la conciencia nacional resiste frente a la alienación nacional: son los que se consideran 'más andaluces que españoles'. Sumadas ambas franjas sociológicas, estamos hablando de la respetable cifra de entre un millón y millón y medio de andaluces sobre una población residente en Andalucía de 7.867.000. Nuestra realidad socio-económica nacional suma a este dato otros abundantes y plurales motivos de insatisfacción social que habitualmente no tienen cauce y forma de expresión. Que esta prometedora base sociológica nacional persista socialmente desestructurada y políticamente huérfana sin capacidad de visualizarse y de condicionar el futuro nacional, depende, entre otros, de tres factores políticos subjetivos simultáneos -que tratamos en orden y con extensión que no implican necesariamente jerarquía ni preeminencia- que coadyuvan a esta desfavorable situación: 1º. Las carencias políticas, ideológicas y organizativas de las pequeñas organizaciones de izquierda independentista y/o nacionalistas existentes, atentas preferentemente a si mismas y a preservar su rutina y cohesión internas heredadas. Sin pretensión exhaustiva y sólo como apunte sintomático de su debilidad política, cabe citar que, afectadas paradójicamente de un persistente complejo de inferioridad nacional, aún hoy algunas dilapidan esfuerzos en amparar empeños esotéricos cómo determinar cómo hay que escribir en una inventada ad hoc "lengua andaluza"(2) y en difundirla (caso de Nación Andaluza, izquierda independentista; o Asamblea Nacional de Andalucía, soberanista)(3), convirtiendo este entretenimiento en seña de identidad para asombro y cachondeo ajeno y consecuente perdida de autoridad política. O bien -en otro ejemplo de mimetismo en este caso esencialista- siguen encapsuladas reivindicando como referente al modo foral a las Capitulaciones de Santa Fe de 1492 bajo la bandera de la media luna (caso de Liberación Andaluza, independentista), confundiendo pertinazmente sus 'andalusíes' imaginados y su 'Al Andalus' añorado y perdido con los andaluces y la Andalucía realmente existentes; que son los que hay que organizar y motivar para su independencia nacional y emancipación social. Sus deficiencias crónicas explican que en sus sucesivas comparecencias electorales los sufragios recibidos, aún en su muy modesta cantidad, hayan de adjudicarse más a un apoyo genérico de los votantes a la independencia y soberanía nacional, asociados a su imagen y denominación, que a una identificación política específica y sólida. Así pues, aún agrupando en su conjunto militantes individualmente capaces y entregados, sus déficits políticos colectivos respectivos -en cada caso, con sus particularidades- merman sustancialmente su capacidad de atracción, audiencia, influencia y polarización políticas y subsidiariamente su estabilidad reduciéndolas al estancamiento y así ocurrirá hasta que no sean saldados y resueltos. 2º. El descrédito ético y político de una CUT-BAI que se presenta a si misma sin recato como "nacionalista de izquierda" y sin embargo se haya apoltronada desde tiempo inmemorial en la muy españolista y reformista IU como 'adorno izquierdista intrascendente' al servicio del PCE (incluso cuando han ocupado escaños parlamentarios, ahora perdidos) y por tanto en la incoherencia entre palabras y hechos; gastando abundante saliva en insinuaciones y sobreentendidos pero retrocediendo siempre a la hora de convertirlas en actos. Una CUT inoperante por seguidismo a un gastado discurso despechugado que lleva 25 años repitiéndose -con algún añadido a modo de retales, tomado de aquí o de allá- en un ejercicio persistente de sordera e indiferencia políticas ante todo lo que no sean expresiones de adhesión inquebrantable. Una organización que se resiente de probada incapacidad hasta la fecha para renovar su imagen, ejercer la reflexión colectiva, actualizar análisis, trascender su tradición y sus limites, superar intereses egoístas de corto alcance o tener alguna iniciativa política nacional que vaya de hecho más allá de firmar algún papel, juntar algunas siglas tras una pancarta o participar en las recurrentes conspiraciones internas de IU. No hay mejor ejemplo de sus carencias que no pueda siquiera evitar que se le cuelen de rondón -quizá por quienes tienen en su seno dobles o triples lealtades políticas orgánicas- consignas españolistas como la demanda de la "III Republica Confederal Española" (sic) o que no tengan escrúpulo en hacer manifiesta ostentación simbólica de incoherencia política utilizando la bandera española tricolor en despachos y marchas. Con esta situación y esta fama, mientras siga congelada en este limbo autoconstruido y bajo el patronazgo de IU, lo que allí resta de valido en lo concreto tras filtrar sus muy diversas experiencias municipales o su influencia y combatividad sindical -al margen del estancamiento de su análisis y la necesidad de actualizar su discurso y practica- y el grupo de militantes y simpatizantes que lo encarnan, no pueden aportar lo que deberían a la construcción de un proyecto de izquierda andaluza de alcance y ambición nacional, políticamente coherente y articulado. 3º. El tremendo coste para Andalucía y su clase obrera del sucursalismo político, ideológico y orgánico español de las restantes fuerzas de izquierda actuantes en Andalucía, especialmente de lo que se conoce como "extrema izquierda"; sean estas de matriz postestalinista, de algunos de los diversos 'trotsquismos' existentes o mixta; tanto por sus efectos en si mismos como por sus profundas influencias negativas por acción y omisión en los dos factores políticos anteriormente citados. Resulta aleccionador sobre la esterilidad del sucursalismo español de esta izquierda y sobre su pobreza y regresión políticas -incluso en relación a anteriores experiencias históricas emanadas en Andalucía de este campo- que el debate estatutario andaluz no haya merecido por su parte hasta ahora la menor atención o reflexión que merezca tal nombre ni hayan producido nada de valor sobre la cuestión nacional andaluza, sea por desinterés o por incapacidad; tal y como es fácil comprobar visitando los sitios de aquellas organizaciones que tienen alguna implantación, por minúscula que sea, en nuestra Nación como Corriente Roja, El Militante, En Lucha, Espacio Alternativo, Nuevo Claridad, PCPE o PRT-IR. El asunto no es obviamente literario sino político, porque otras temáticas o realidades sí que provocan de su parte tratamientos regulares, al margen de lo afortunados o no que sean sus resultados. El caso denota prioridades y percepciones y evidencia las consecuencias finales bien de aceptar como algo natural el depender de jefes españoles (como si eso tuviera algo que ver con formar parte de una Internacional o ser internacionalista), bien de pensar de hecho como españoles y no como revolucionarios andaluces; confundiendo internacionalismo con nihilismo nacional, estatalismo o cosmopolitismo. Aun peor es el balance cuando se hace el ejercicio de repasar lo que estas organizaciones han escrito -cuando lo han hecho- sobre los procesos políticos vasco o catalán y analizarlo desde una perspectiva de izquierda andaluza y de los intereses nacionales de Andalucía. Y si a esto se le añade la hipocresía o el cinismo con el que pretender conciliar sus discursos con su realidad cuando se da el caso de que a lo dicho se suma además una pertenencia subsidiaria a IU, el panorama adquiere ya entonces perfiles éticos y políticos desoladores que rayan lo patético. El fruto de todo ello es una izquierda impotente, mínima; que de tan dependentista resulta de una agenda, un discurso y una formación políticas casi alienígenas y actúa como si estuviera establemente recién trasplantada; que vive y se pelea en un gueto compartido, capta y quema jóvenes en un ciclo sin fin, sin salir nunca de la extrema marginalidad y que resulta absolutamente incapaz de generar pensamiento subversivo para actuar políticamente en su realidad nacional, sintetizando enseñanzas e integrando experiencias. Una izquierda que habla de 'Revolución' a troche y moche y que pretende formar militantes para dirigirla, según dicen, pero luego los educa en 'no ir ni a mear' sin permiso y acuerdo del Centro respectivo -se ubique este en Madrid, Bilbao o Londres- y además a ritmo parejo. Una izquierda sectaria, que bien niega a Andalucía como Nación entre 'mantras' recitados a lo Hare Krishna, que presenta como citas de Lenin o Trotsky -transmutados de su mano de militantes en oráculos- o recurre incluso sin asomo de vergüenza histórica a la vieja definición escolástica de Stalin (con una desfachatez que a menudo nace de una ignorancia usualmente proporcional al ego de alguno de los pequeños santones locales a cargo de las respectivas sucursales) o bien espera, según su costumbre, a que los independentistas andaluces tengamos 10.000 militantes organizados para entonces hacernos 'entrismo' o pedirnos el voto tras la previa e inevitable sesuda critica pero que, hasta entonces, no nos reconoce como Nación o en todo caso 'no nación como, por ejemplo, Euskadi o Cataluña' que sí son a sus ojos 'naciones de verdad' (aunque también las quieran en España). Una izquierda esclerótica que sigue pensando lo nacional o el independentismo como 'cosa de burgueses' o 'pequeños-burgueses' o incluso 'xenófobos', con los que en todo caso cabe transigir montando un 'micro-Frente Popular', pero no infectarse 'asumiendo su ideología antiproletaria'; aunque luego resulte que no haya susodichos burgueses, ni grandes ni pequeños, en carne y hueso y que quienes reclaman la independencia sean socialmente trabajadores o parados y de izquierda. Una izquierda de pensamiento débil que haciendo apología de la alienación españolista se pretende y se cree 'vanguardia' y ejerce de hecho como 'retaguardia'; que pontifica con desenvoltura sin atender al balance histórico o a la experiencia revolucionaria comparada, sin aprender nada de cómo se han construido las vanguardias. Una izquierda que de hecho defiende a España, sin prestar atención alguna a la realidad andaluza en su globalidad y en su devenir histórico o entender nada incluso de la dinámica de las relaciones existentes entre las diversas naciones del Estado español que hace obligado asumir desde la izquierda andaluza el objetivo de la destrucción de España, incluso para poder reconstruir nuevas relaciones de fraternidad, desde la independencia nacional respectiva. Una izquierda que no se enfrenta honestamente a la realidad nacional de Andalucía, asumiéndola y entendiéndola como su espacio de actuación subversiva, lo que implica trabajar por un proyecto nacional alternativo de contenidos socialistas y construirse como organización andaluza independiente; que se limita a camuflar su españolismo y su dependentismo recalcitrantes bajo el recurso oportunista al ondeo de verdiblancas o el añadido de adjetivaciones andaluzas a su denominación de origen, para terminar siempre buscando alguna manera de justificar el ámbito estatal de la respectiva organización -llámese de la manera que sea y aunque admita excepcionalidades formales para sus vascos y/o catalanes- donde arroparse bajo la paternal protección de sus jefes y la falsa seguridad de la dependencia. Una izquierda que, tras el tramite doctrinal rutinario de citar la autodeterminación, normalmente asociada restrictivamente a un hipotético y formulario referéndum, concluye siempre con su corolario aparentemente inevitable: la defensa de la unidad de España; como si análisis, tareas, estrategias y objetivos pudieran disociarse artificiosamente a voluntad y no tuvieran relaciones y coherencias inherentes. Una unidad unionista, por cierto, que presentan indiferentemente en forma republicana española, sea 'federal' o 'confederal' -denotando de paso no tener ni idea de lo que es una Confederación- porque lo importante a sus ojos es defender el mantener España y ante ese objetivo cede cualquier escrúpulo de mínimo rigor político conceptual. En resumen, una izquierda que suma a las dificultades globales que impone a escala mundial y continental el siglo XXI una inadecuación esencial adicional inesquivable que hace políticamente inútiles los constantes sacrificios y acciones combativas de muchos de sus militantes y que, pese a su voluntad subjetiva, la convierten hoy en un factor retardatario -a menos de una ruptura honesta con sus actuales premisas políticas e instancias orgánicas- de necesaria superación para avanzar hacia un posible transito socialista, que en Andalucía es algo indisociable de la Liberación Nacional e implanteable sin su desarrollo. Las fuerzas del Régimen: Sus coincidencias. Pasando al lado de quienes sostienen políticamente al Régimen procede cualificar el alcance de sus acuerdos y de sus diferencias. Definir el alcance y entidad de unos y de otras, sabiendo distinguir lo que hay de coyuntural, accesorio o oportunista de lo que se pretende con algún fondo, resulta necesario para poder comprender tanto sus juegos particulares como sus intereses comunes a la hora de intentar leer la situación global e intentar consecuentemente elaborar un discurso propio ante ella. Las cuatro fuerzas representadas en el Parlamento andaluz (PSOE, PP, PCE-IU y PA), a partir de lo expuesto en sus respectivas Propuestas de Reforma Estatutaria (4) -que es licito suponer que recogen sus planteamientos máximos-, del Informe de la Ponencia parlamentaria y de sus declaraciones públicas coinciden en: 1º. El rechazo al derecho a la autodeterminación de Andalucía como derecho efectivo a reclamar y decidir libremente en su caso su independencia nacional. 2º. La renuncia a la Soberanía Nacional de Andalucía para decidir libremente sin ataduras ni coerciones externas el ámbito y alcance de sus decisiones y competencias políticas nacionales y su modelo social y economico. 3º. El apoyo y aval a la españolidad como marco estatal incuestionable de Andalucía y definición adjudicada a los andaluces, impidiendo así su recuperación histórica y normalización cultural. 4º. Un balance político positivo y explícitamente legitimador del Estatuto de Carmona de 1981 -del que son corresponsables- y de la trayectoria histórica de la autonomía andaluza bajo la Constitución española de 1978(5) 5º. La inserción de la reforma estatutaria andaluza en el marco estricto de la Constitución española, sujetándose a sus ilegítimos y leoninos procedimientos, a su preeminencia sobre cualquier proceso nacional constituyente y a una lectura restrictiva y literal de sus disposiciones. 6º. La aceptación del marco capitalista y neoliberal de la Unión Europea y la inclusión dependiente de Andalucía en su seno, sin capacidad efectiva alguna de defensa de sus intereses nacionales. 7º. La formulación retórica de derechos sociales en el texto estatutario, sin luego disponer de poderes ni competencias reales para hacerlos efectivos. 8º. El rechazo a la Soberanía fiscal andaluza y al diseño de un modelo -al menos transitorio- de relación política y económica bilateral con España que sirva eficazmente a la devolución y compensación de los recursos andaluces históricamente expoliados por España y sustente un desarrollo industrial y económico andaluz que rompa con la dependencia. Las cuatro fuerzas citadas comparten una fundamentación española y españolista del agravio comparativo. Si en Cataluña las formas del agravio comparativo allí operantes funcionan usualmente en términos de reclamar simultáneamente 'no ser menos que Euskadi' y 'más que el resto', aunque esto se concrete por debajo de una adecuada satisfacción de los derechos y aspiraciones catalanas. Si en Euskadi, por su parte, domina la concepción de que los vascos deben tener y mantener en España una situación de privilegio especial y única y a eso vinculan su continuidad en España. En Andalucía, por contraste, el norte político del discurso compartido del Cuatripartito no es reclamar los derechos y poderes que Andalucía necesita sino 'no tener menos' que lo que tengan otros, como Cataluña o Euskadi, 'siempre y cuando todo esto se sitúe dentro de lo admisible para la preservación de España' y su preeminencia, diluyendo siempre al máximo y en lo que les sea posible nuestra personalidad nacional específica al amparo de la multilateralidad o de los 'reclamos federalistas', como formas de situarse en posición subordinada al amparo español. De esta forma usan y utilizan repetidamente a Andalucía al servicio de España y la dejan siempre desarmada al pairo de los pactos posibles vasco-españoles o catalano-españoles. Ni se les pasa por la imaginación al Cuatripartito advertir que Andalucía -por su misma realidad nacional singular como nación empobrecida subordinada- pudiera 'requerir más' y trabajar consecuentemente porque Andalucía reclamara y consiguiera de España 'más' que Cataluña o Euskadi; no por ganar a otros en una estúpida carrera de metas arbitrarias sino porque eso es lo procedente atendiendo a las realidades, derechos y necesidades andaluzas y especialmente a las de su clase obrera y su campesinado. Nunca, ninguno de los cuatro, ha admitido que la forma de afrontar en clave nacional andaluza la demanda de privilegios desde esas otras dos naciones debiera hacerse utilizando nuestra fuerza objetiva como Nación para condicionar nuestro acuerdo táctico y transitorio a cualquier reequilibrio provisorio a una simultanea y abultada compensación política excepcional española para Andalucía y no a una nueva reordenación española. La concepción españolista del Cuatripartito lleva consigo trágicas consecuencias para Andalucía. Su sucursalismo español o su sometimiento les impiden asumir que la defensa consecuente de nuestra Nación implican, primero, la deslealtad consciente y explicita hacia España y como consecuencia, segundo, la oposición combinada y permanente a los dos modelos actualmente operativos de España, por antitéticos a los intereses nacionales andaluces: sea la "España Nacional", que anima el PP; sea la "España Plural" del PSOE, IU, BNG, CiU, ERC, ICV-EUiA o PNV -en sus diversas lecturas- que pese a sus divergencias, tienen en común apoyarse sobre el no reconocimiento de la entidad política nacional de Andalucía y la apuesta por la perpetuación de nuestra supeditación económica nacional (y la preservación de España como Estado capitalista). Las fuerzas del Régimen: Sus matices. A partir de estas coincidencias, las cuatro formaciones juegan y despliegan sus intereses particulares, según sea su fuerza y situación. Las dos minoritarias, PCE-IU y PA, intentan superar la dificultad de que su ausencia de proyectos políticos realmente alternativos propicien su digestión política por el eje central PSOE-PP y consecuente desaparición de escena. Ambas andan en busca de protagonismo. El PCE-IU, en permanente pirueta de esquizofrenia política, intenta esconder en lo posible en el debate político andaluz su condición de socio estatal de confianza y satélite municipal del PSOE, despreciado como compinche en la Junta de Andalucía sólo por su retroceso electoral y subsiguiente marginalidad parlamentaria. También recurre a todos los medios a su alcance y especialmente a la retórica del agravio comparativo en forma españolista ("El Estatuto andaluz no puede suponer una traición al 28-F ni ceder un solo milímetro respecto a Cataluña", Antonio Romero dixit), para difuminar su acuerdo y apoyo estatal al modelo auspiciado por el Gobierno tripartito catalán presidido por Maragall (PSOE), procurando no darse por aludidos ni por el protagonismo en su gestión de su socio catalán ICV, encarnado en el consejero Saura ni por la entusiasta corresponsabilidad de su referente catalán, EUiA -herencias todas del antiguo PSUC- especialmente implicados ambos en la venta desde una presunta izquierda del discurso social-liberal, antiandaluz y filo-Bossi de la Generalitat Tripartita. El PA, por su lado, ha de intentar hacer olvidar su historia pasada y reciente en la que destaca una colaboración mercenaria con el PSOE en el Gobierno andaluz de ocho años de duración, inaprensible en resultados más allá de las colocaciones obtenidas en el aparato institucional de la Junta y significativas alianzas municipales con el PP. Además, la victoria por la mínima del actual secretario general �lvarez en el ultimo Congreso nacional andalucista ha dado paso inmediatamente a un rosario de crisis y enfrentamientos provinciales entre los diversos grupos de interés internos del PA sin ningún contenido político y con muy desagradables denuncias publicas y hasta judiciales de amaños congresuales incluidas. A esto hay que añadir la reciente escisión y perdida del Grupo municipal de Algeciras, ahora aliado del PSOE tras haberlo sido del PP; la crisis en Sevilla tras la denuncia por el PA de corrupción del PSOE en su Ayuntamiento terminada con la dimisión de los denunciadores entre sospechas de pactos cruzados y el lastre de casos como el de Marbella, entre otros. Las propuestas de reforma estatutaria presentadas por ambos en el Parlamento andaluz denotan además un nivel político y profesional ínfimo en sus aparatos respectivos, que por su extrema levedad conceptual e incompetencia técnica sorprenderá incluso a quienes tuvieran de antemano las peores opiniones sobre la naturaleza política de ambas formaciones, avalando la impresión de que la selección negativa asentada en las lealtades prima como criterio de configuración interna, tanto en uno como en otro. Ninguno de sus respectivos redactores se merece un sólo euro de los que cobra; tanto si lo hace en calidad de "político" como si se camufla tras el rotulo de "técnico". El texto del PCE-IU es así una sucesión de retales redundantes engarzados sin siquiera coherencia formal y engordado en paginas a base de incrustaciones retóricas y el del PA una serie intelectualmente anémica de peticiones de "reforzamiento" competencial inconcreto, sin vertebración ni eje político alguno, que muestra una indefinición pasmosa. Los dos denotan una abracadabrante ignorancia tanto del escenario político como de la técnica constitucional y una pavorosa falta de sustancia, que provocan vergüenza ajena; más aún si se les compara con los que se han venido produciendo en otras naciones (y que ya puestos podían haberse tomado la molestia de leer con mayor atención y ante la duda, si no los entendían, mejor copiar con mayor descaro, que producir lo que han producido). De hecho, de su lectura se desprende que parece que, al menos de momento, no saben siquiera 'qué pedir' ni 'cómo pedirlo' o que simplemente -sabiendo que en ultima instancia estarán a lo que PSOE y PP acuerden y PSOE decida- no les importa demasiado. Lo dicho explica que ambos, reiterados adalides del pragmatismo, se hayan paradójicamente parapetado hasta la fecha bajo la defensa de una cuestión como la definición como Nación de Andalucía en el texto estatutario como principal y casi único elemento diferenciador de su parte frente a PSOE y PP. Así, el PCE-IU ha dicho -Romero, nuevamente dixit- que "IULV-CA no está dispuesta a 'renunciar' a esta denominación y solicitará incluso la modificación del artículo 2 de la Constitución para que pueda 'tener encaje'". El PA -aún más contundente- ha proclamado que "no firmará la reforma del Estatuto si éste no define a Andalucía como nación", considerándola cuestión irrenunciable. Por supuesto, el mismo Portavoz Romero ha dicho a continuación que la definición de Andalucía como nación constituye para IU una "póliza de seguro para la unidad de España" y una garantía frente a los "tirones de los nacionalistas", dejando clara su españolidad y cual es el alcance de su conversión y el PA dice, por lo que le toca, sentirse "plenamente vinculados" a España. Tambien cabe recordar que no hace mucho, el PA defendía en sus primeros papeles sobre el Estatuto la definición de Andalucía como "nacionalidad histórica" y que el PCE-IU -con el inefable Romero a la cabeza- ha pasado sucesivamente a paso de carga de la "nacionalidad en construcción" a la "nacionalidad", luego a la "comunidad nacional" (eufemismo puesto en circulación por el PSOE vasco frente al Plan Ibarretxe) y ahora a la "nación" (justo cuando lo asumía para Cataluña el PSOE catalán) siguiendo picaramente el ritmo y las duplicidades del PSOE. Chaves ya dejo dicho al respecto al presentar la propuesta de reforma andaluza del PSOE que "Andalucía es una parte sustancial de España y no entendemos nuestro devenir histórico al margen de la nación española. Somos España y tenemos una idea activa de esa pertenencia", reiterando por enésima vez su españolismo. Su problema aquí es que el PSOE catalán -atendiendo a otro orden de prioridades políticas sustantivas y especialmente a la necesidad de mantener su alianza con ERC que tantos réditos le provoca- ya asumió la integración en su reforma estatutaria del reconocimiento simbólico nominal de la nación catalana. Hecho esto le resulta resbaladizo y dificilmente argumentable explicar porqué asume en Cataluña lo que no quiere hacer en Andalucía. El escenario estaba pues bien dispuesto para que PCE-IU y PA utilizaran este asunto como elemento referencial para darle relevancia a las contradicciones del PSOE, aparentar mayor coherencia y resistencia nacional y particularmente presionar a Chaves para que los tenga en cuenta, especialmente a efectos de imagen, integrándolos en las negociaciones prioritarias del PSOE cara al PP. El ultraespañolista PP, por su parte, aunque ya denomina a Andalucía como "nacionalidad histórica" -una vez que este termino se ha devaluado- sigue firme en que "la única nación posible es España" -que es la denominación que polariza y delimita simbólicamente a nivel popular- porque no olvida que no cabe una nación dentro de otra nación; en lo que no deja de coincidir con el substrato españolista del PSOE andaluz. Sea como fuere y aún percibiendo su alcance y sus motivaciones reales, no deja de ser algo positivo que PCE-IU y PA hayan condicionado con tanta claridad su sostén al Estatuto al reconocimiento de la Nación andaluza. Los independentistas andaluces -que sí creemos que Andalucía es una Nación, sabemos cabalmente lo que eso significa y actuamos políticamente en consecuencia- fijaremos desde ahora en 'letras de bronce' estos compromisos públicos asumidos por PCE-IU y PA y se los recordaremos eternamente frente a posibles amnesias sobrevenidas; especialmente si se da el caso de que el nuevo Estatuto llega a votarse, tanto en los Parlamentos andaluz como español y luego posteriormente al ser sometido a Referendum. Además, este reconocimiento de Andalucía como Nación no es fácilmente reversible por su parte y una vez hecho -aunque sea de la forma en que lo ha sido- es más fácil plantearle desde la izquierda independentista su evidente consecuencia: que una Nación sin Soberanía Nacional es una nación castrada y por tanto procede poner remedio a esa mutilación; corolario que es lo que precisamente temen y rechazan tanto PSOE como PP (y algunos otros aprendices de brujo). El núcleo de la cuestión Aunque a los independentistas andaluces nos gustaría que el debate actual sobre Andalucía respondiera a motivaciones, dinámicas y claves esencialmente andaluzas, esto no es hoy desgraciadamente real. Para que ello fuera posible tendría que haber, al menos, un grupo parlamentario de Izquierda independentista en el Parlamento andaluz y no lo hay. De hecho, si este grupo existiera -por modesta que fuera inicialmente su presencia- cabe afirmar que cambiaría automáticamente toda la realidad política del Estado español; así que estamos hablando de palabras mayores. Por contra, hoy estamos ante una configuración dominada por el sucursalismo español y consecuentemente son los problemas y ritmos estatales los que predominan sobre los intereses andaluces. Para comprender la situación, toca volver la vista atrás y hacer un brevísimo repaso sobre la articulación del Régimen español. Durante la Transición, los postfranquistas -con la Monarquía al frente- llegaron a un acuerdo de fondo con las fuerzas de izquierda reformista española -PSOE y PCE- y con las expresiones políticas de las burguesías nacionalistas de las industriales Cataluña y Euskadi. A cambio de la posibilidad de insertarse en la gestión del Estado español y de unos espacios de administración propios, ambas partes se confabularon para asegurar la preservación de los intereses capitalistas esenciales y de la perpetuación del reparto de papeles nacionales derivado del desarrollo histórico desigual y combinado del capitalismo español, directamente en contra de Andalucía. Ambas partes -cada cual desde sus ámbitos- se encargaron de desactivar la movilización social para abrir paso a la reestructuración neoliberal y de desactivar en lo que estuviera en su mano los movimientos populares por la Soberanía Nacional y el ejercicio de la Autodeterminación. La Reforma le ganó a la Ruptura. El trato en lo nacional incluía la concesión de una autonomía privilegiada a Cataluña y Euskadi. A cambio de aceptar el abandono de la autodeterminación y la escisión de Navarra, el paquete adjudicado al PNV incluía además, con la excusa de los "derechos históricos", la concesión de un régimen fiscal excepcional que le permitiera un marco tributario especifico y una financiación sobredotada, que también se le reconocía a la Navarra bajo control españolista. Era la forma de premiar y sostener a quienes se preveía como aliados en la difícil y prolongada tarea de combatir a un movimiento popular particularmente fuerte como era el vasco. La Constitución española incluía este diseño y esta discriminación escalonada. Luego, el proceso andaluz que condujo a la victoria del referéndum del 28-f de 1980(7) alteró parcialmente el cuadro previsto, aunque fuera también de inmediato controlado y defraudado. A continuación, PSOE y UCD (la antecedente del actual PP) decidieron a traves de los pactos autonómicos diluir y desactivar políticamente el caso andaluz -para lo que contaron con la entusiasta colaboración de PCE y andalucistas- y extendieron desde arriba a todo el Estado español en varias fases un modelo autonómico homogéneo similar. El Régimen español adquirió características federales de hecho, en la forma de un federalismo cooperativo y de ejecución. El transcurrir del tiempo, los cambios políticos producidos, la integración en la Unión Europea y el desgaste del Régimen ha venido a producir en el ultimo periodo una serie de hitos políticos como la presentación y rechazo del Plan Ibarretxe y los procesos catalán y andaluz(8). Aunque su ámbito de causas e implicaciones políticas nacionales y estatales es muy amplio, todos ellos responden de diversa manera a cuatro áreas problemáticas que vienen impresas en la naturaleza política del Régimen español a partir de su rechazo consustancial a admitir su disgregación estatal. A saber: 1ª. La definición de la titularidad de la Soberanía Nacional. 2ª. La delimitación competencial y la consecuente posibilidad de decidir o no nacionalmente políticas propias estructurantes específicas y singulares. 3ª. La determinación fiscal de recursos y la obtención de soportes para el desarrollo economico. 4ª. La defensa e intervención singular de las naciones sin Estado en la Unión Europea. Al respecto, las características del Régimen español eran y son claras: 1ª. La única soberanía nacional reconocida, existente y actuante es la española. 2ª. Diga lo que digan la Constitución (arts. 148 y 149), los estatutos vigentes y la doctrina jurídica al uso, no hay competencias exclusivas nacionales -aunque así se las denominen- sino competencias compartidas o concurrentes en diverso grado y nivel (legislativo, reglamentario, etc), siempre bajo ultima supervisión y control estatal. La continuidad de los ministerios estatales de Educación, Sanidad, Agricultura, Medio Ambiente o Cultura -entre otros- una vez concluido el proceso de transferencias de gestión a las instituciones autonómicas, es un signo que va más allá de lo formal y responde a esa naturaleza y funcionamiento real del Régimen español. Las reservas constitucionales expresas más las indefinidas potestades derivadas recogidas en las llamadas leyes estatales de bases hacen que no exista campo alguno de actuación donde pueda afirmarse que una Comunidad Autónoma pueda adoptar una política global realmente propia, diferente y alternativa a la española, constricción que vigila el Tribunal Constitucional español. El poder de las comunidades autónomas se ciñe en conclusión ultima al desarrollo, adaptación y ejecución de aquello previamente aceptado y compatible por el orden político español. 3ª. El Régimen español reconoce una fiscalidad privilegiada a las comunidades autónomas de Euskadi y Navarra, que disponen de un sistema propio por el que tienen capacidad normativa y recaudatoria, contribuyendo al Tesoro español con una cuota global pactada habitualmente infravalorada. Al hilo de las políticas neoliberales puestas en practica por los Gobiernos españoles de UCD, PSOE y PP, la fiscalidad española ha ido haciéndose cada vez más regresiva, cargando sobre impuestos indirectos y las rentas del trabajo el grueso de la recaudación, permitiendo el fraude fiscal y acumulando exenciones a las empresas. La redistribución territorial de recursos -unida a la distribución vigente de competencias- aunque ha mantenido la estabilidad política y social, ha sido diseñada expresamente para mantener la desigualdad histórica heredada entre las diversas naciones del Estado español, en perjuicio singular de Andalucía. 4º. La integración del Estado español en la Unión Europea ha supuesto la introducción de un nuevo ente incontrolado determinador de políticas que ha recibido no sólo una delegación de Soberanía por parte del Estado español sino también sustraido competencias de desarrollo de las Comunidades Autónomas -inicialmente adjudicadas a su ámbito de decisión- que han pasado a convertirse en competencias de ejecución y gestión de políticas decididas en Bruselas, sin capacidad alguna de intervención efectiva por su parte al no ser Estados nacionales miembros. La naturaleza capitalista neoliberal de la Unión Europea ha implicado un incremento cualitativo de la desigualdad estratégica dentro del Estado español que, como es lógico, prima en su actuación cotidiana en la UE, la defensa de sus intereses industriales -aunque sea en una posición subordinada- en perjuicio de los agrarios, coincidiendo con la dinámica propia de la Unión y las prioridades de los imperialismos centrales de la UE; todo lo cual también revierte estructuralmente en perjuicio de Andalucía (pese a la aparente y provisional imagen de compensación derivada de los Fondos Europeos). Las respuestas planteadas. El Plan Ibarretxe(9) afirmaba una soberanía nacional originaria vasca, aunque autolimitada. De esta premisa política y conceptual extraía la base para modificar los términos de vinculación de Euskadi en relación al Estado español. Para lo que aquí nos interesa, el Plan alteraba el federalismo cooperativo y de ejecución vigente trasmutándolo en un federalismo dual, de nítida separación de esferas competenciales entre Euskadi y el Estado español. La regulación recogida en sus arts. 42, 43, 44 y 45 definía una delimitación vertical completa de competencias en forma de "políticas publicas" clara y totalmente adscritas a Euskadi en lo legislativo, reglamentario y ejecutivo, salvo en aquellas materias que Euskadi admitía dejar voluntariamente reservadas al Estado español. Aunque por una opción política del PNV, el Plan dejaba al Estado español la potestad legislativa en materias penal, procesal, mercantil y civil -en todos los casos, con reservas vascas- articulaba un sistema judicial propio sólo coordinado en la cúspide con el sistema judicial español. Mantenía además el sistema de Concierto económico y pretendía resolver el problema de la relación con la UE a traves de una presencia directa en los órganos europeos merced a la conversión de las delegaciones españolas en mixtas vasco-españolas, aunque sin aclarar como resolver los casos de disparidad de criterios. En resumen, suponía una actualización del estatus de privilegio vasco aunque con el factor político positivo de conllevar un cuestionamiento, siquiera parcial, de la soberanía española. Frente al Plan Ibarretxe, el PSOE vasco presentó el llamado Plan López(10), elaborado bajo la dirección de Guevara, un tránsfuga antiguo dirigente del PNV. No es algo casual que su infraestructura analítica y propositiva estuviera sustentada en trabajos previos elaborados en Cataluña con la participación de PSOE, CiU, ERC e ICV -conocida en conjunto como "vía catalana"- y que saliera a la superficie precisamente para oponerlo al Plan Ibarretxe, primero como barricada artillada y luego como espacio de confluencia y reacomodo cara al PNV. Esta propuesta del PSOE vasco partía de la Soberanía Nacional española y mantenía la transversalidad y preeminencia de las potestades españolas y el carácter derivado de las vascas. No obstante y aún en este contexto, intentaba también atenuar la imagen de intromisión española preservando la autonomía vasca mediante el uso de varios mecanismos: 1º. El llamado 'blindaje de competencias', es decir, la propuesta de una nueva enumeración más detallada y minuciosa de las competencias de desarrollo y gestión adscritas a la comunidad autónoma, de forma que no pudieran ser luego hurtadas en la cotidianidad por leyes de bases estatales. 2º. El recurso a la transferencia de gestión de competencias ejecutivas estatales a la comunidad autónoma mediante la utilización del art 150.2 de la Constitución española. 3º. La reforma de diversas leyes estatales de forma que pudieran hacerse hueco en diversos órganos del Estado a representantes designados por la Comunidad autonoma. 4º. La descentralización del sistema judicial español dejando al tribunal superior de justicia de la comunidad autónoma la función de resolver recursos coronando habitualmente la rutina judicial, eso sí, bajo la vigilancia ultima del Tribunal Supremo español, justificada bajo la necesidad de mantener "la uniformidad de doctrina". 5º. En relación a la Unión Europea, instaurar algunas formulas de consulta, coordinación y presencia directa vasca, aunque tampoco resolvía la cuestión de la toma de decisiones finales. 6º. Disponiendo ya del Concierto económico no tenía porqué reivindicarlo, pero aún así el PSOE vasco proponía que la comunidad autónoma pudiera codeterminar las inversiones estatales en Euskadi y además -lo que es más significativo- de forma que se quedará invertido en Euskadi todo lo allí recaudado, cupo incluido, dando lugar a una situación de transferencia cero de Euskadi al resto del Estado español. El proyecto del Tripartito Catalán -alianza del PSOE con ERC- coincide en filosofía, intereses y propuestas a las recogidas en el Plan López del PSOE vasco; desarrolladas en forma exhaustiva. Como su hijastro vasco-español, está elaborado bajo la hegemonía política del PSOE; porque es Maragall quien lidera, administra y traduce a política los previos trabajos arbitristas de ERC. También como su homologo vasco-español pretende como objetivo estratégico central integrar y anular las presiones nacionalistas -en este caso, las que se encarnan en ERC- desactivando a largo plazo dinámicas independentistas a cambio de aplicar una versión catalana del modelo de "España Plural", es decir, mantenimiento de la españolidad, de la Soberanía española y de la preeminencia española pero desde la aceptación y amparo de una situación de privilegio económico para Cataluña y especialmente para su burguesía, que las preserve de los manejos cortesanos y arbitrariedades madrileñas y aumente adicionalmente los márgenes de gestión propia en Cataluña del orden político y social español. Todo ello ha sido posible a partir de la decisión de ERC de intentar suplantar a CiU como marca posibilista del nacionalismo catalán, optando por la alianza con el PSOE a partir del mantenimiento de una visión que reduce -y además quiere reducir- el escenario nacional en el Estado español a tres realidades y media: Cataluña, Euskadi, España (y Galicia, como añadido) por razones tanto internas a Cataluña -el problema de los andaluces catalanes- como externas: la dificultad objetiva de conciliar sus prioridades y las que pudieran emanar de naciones empobrecidas como Andalucía, a las que no reconoce en la practica. Las vicisitudes de la elaboración estatutaria catalana, especialmente en cuanto a la polémica sobre la protección y delimitación de sus competencias pretendidamente exclusivas y sobre su constitucionalidad o no -la gresca sobre su carácter o no "excluyente"- se explican a la luz de las tensiones propias de esta alianza entre una fuerza catalana y otra con proyección española y responden a sus limites intrinsecos. Aunque el proyecto recoja algún avance en la igualación de derechos de la lengua catalana en relación al hasta ahora dominante castellano y no sean en absoluto despreciables algunos espacios de gestión nuevos que se pretende mercadear -por ejemplo, el control ejecutivo catalán de las competencias españolas sobre fronteras y régimen de extranjería o el trasvase a la Generalitat del control decisorio sobre el reparto y adjudicación de todas las subvenciones, que están a distancia sideral de lo propuesto hasta ahora en Andalucía- los tirones mutuos entre los dos protagonistas del proyecto -PSOE más su monaguillo ICV-EUiA de una parte y ERC de otra- han estado y están relacionados con su núcleo político reconocido que es la cuestión de la financiación, que será la que determine fundamentalmente el éxito o fracaso de la operación. Su marco general está determinado por la carencia de Concierto económico -reservado constitucionalmente por España para las dos comunidades vascas- y consecuentemente por la búsqueda de formulas específicas que permitan a Cataluña acercarse a esta situación ya explícitamente reconocida en Barcelona como un agravio comparativo en relación a Euskadi, avalada en datos reales sobre las sustanciales ventajas contantes y sonantes obtenidas por los vascos en relación al resto (Cataluña, incluida). Ha sido previamente preparada por una campaña prolongada en torno a lo que se conoce como balanza fiscal o expolio catalán, es decir, denunciar que Cataluña transfiere más recursos fiscales de los que se queda para reclamar a continuación poner topes y reducir o eliminar definitivamente esas trasferencias, aplicando el modelo europeo. Esta campaña se ha desarrollado en Cataluña sin que nadie hiciera referencia o recordara allí los derechos nacionales andaluces y quienes la han cuestionado lo han hecho, en todo caso, como muestra de oposición interna a la instauración de una solidaridad catalana interclasista. Así se ha impuesto en el debate político catalán lo que no es otra cosa que una manipulación general sostenida en una sucesión de mixtificaciones: 1ª. Olvidarse convenientemente de toda la historia previa de las relaciones económicas inter-territoriales -incluidas las fiscales- en el Estado español y de su papel, por ejemplo, en la gestación del desarrollo catalán y el subdesarrollo andaluz. 2ª. Reducir aún hoy esas relaciones exclusivamente a lo fiscal y vender como solidaridad lo que es devolución. 3ª. Asumir el régimen fiscal neo-liberal y regresivo actual -que incluye el control español sobre el impuesto de sociedades- y el marco español como único referente posible y por tanto proyectar la captación de recursos a partir de sus premisas y prioridades sociales reaccionarias. Evidentemente, lo dicho -visto desde una perspectiva independentista andaluza- no quita nada al derecho de Cataluña -o cualquier otra nación- a ser todo lo 'egoísta' o 'solidaria' que libremente decida ser... una vez que esas decisiones sobre devoluciones de recursos no afecten directa o indirectamente a Andalucía, es decir, que una u otra nación seamos ya independiente de España o que España compense en forma satisfactoria y paralela a Andalucía por sus hipotéticos acuerdos con Cataluña -o cualquier otra nación-. Entretanto, la situación general, la aplicación de los criterios inicialmente expuestos y por si esto fuera poco, el apoyo de ERC al PSOE en España, nos dan pleno derecho a los independentistas andaluces para denunciar legítimamente y oponernos al modelo del Tripartito catalán y propugnar su fracaso. El problema político ahora existente al respecto entre PSOE y ERC deriva de su diferente posición y ámbito: ERC necesita evidenciar que ha conseguido una situación de privilegio tanto como el PSOE camuflarla. El PP, aunque lógicamente se opone al Tripartito por razones de coyuntura para socavar y desalojar al PSOE, siguiendo la tradición española de la Restauración, la II República y el franquismo ha mostrado ya -vía su Propuesta Piqué de Financiación- su acuerdo con buena parte del huevo -la adjudicación desigual y compensatoria de recursos para Cataluña- aunque no con el fuero. Prioridades andaluzas La situación andaluza no es favorable. La correlación de fuerzas en presencia y muy especialmente la debilidad de la izquierda independentista andaluza hacen previsible una nueva reducción de Andalucía a la condición de objeto y una nueva estafa política contra los derechos de la Nación y los intereses de la clase obrera andaluzas, reproduciendo el escenario de la primera elaboración estatutaria. Las carencias subjetivas apuntadas en un principio, pesan hoy todavía como una losa para las perspectivas de Liberación Nacional y emancipación social y para el futuro de la izquierda andaluza. Sea como fuere, es necesario primero, extender la conciencia de la importancia objetiva de la batalla por venir y esclarecer su condición de resumen de modelos en conflicto sobre el presente y el futuro de Andalucía y los andaluces. Comenzar a buscar y sumar fuerzas para organizar la oposición al nuevo Estatuto desde la claridad política, de forma que los costes de quienes finalmente se incluyan en el consenso español sean los máximos posibles e intentar que, de consumarse el proceso, el NO alcance a su vez tanto el mayor numero de apoyos posibles como que estos aparezcan con nítida tonalidad independentista, sustentados en análisis rigurosos y alternativas concretas; para sembrar cara al futuro. A estas tareas contribuiremos desde Andalucía Libre en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades. NOTAS (1). Ver: Encuesta CIS, 2002; Barómetro Sigma Dos para ABC, 28 de Febrero de 2005 (2). Sobre la cuestión, ver en Documentos sobre Andalucía, la recopilación de trabajos de Ventura Salazar, Contribución al debate sobre la Lengua de Andalucía. (3). La reciente formación de Asamblea Nacional de Andalucía (ANA) es consecuencia de la crisis terminal y disolución de su precedente, Asamblea de Andalucía (AdA) tras las sucesivas salidas de Nación Andaluza y del PCPE a lo largo de 2004. AdA, como frente o federación, surgió en 1999 tras un largo proceso de relaciones iniciado en 1995 en el que participaron Nación Andaluza, dos pequeños colectivos formados por militantes salidos del Partido Andalucista -Colectivo Ciudadano y Unidad por Andalucía- y el PCPA -una organización de origen 'pro-soviético'- que lo hacia directamente y también a traves de su plataforma electoral UPAN. Finalmente, Nación Andaluza se desvinculó de aquel proceso y no se integró en el momento de su constitución. AdA quedó formada con unas definiciones políticas ambiguas y confusas -reflejadas en lo que se conoció como su Libro Verde- de las que lo más aprovechable era la afirmación como principio de Andalucía como Nación y el reclamo de su Soberanía Nacional. Tres años después, en 2002, Nación Andaluza decidió ingresar en la federación, tras un debate superficial. En las elecciones municipales de 2003, los colectivos de AdA concurrieron con siglas y denominaciones distintas. AdA sí se presentó como tal a las elecciones andaluzas de marzo de 2004, obteniendo en conjunto menos votos que los que había obtenido anteriormente NA por separado. Para entonces, el PCPA estaba ya en trance de resolver sus disputas internas con su matriz española y acordaba reingresar al PCPE, del que estuvo separado durante unos años. Consecuencia de ello fue que a la hora de las elecciones europeas de junio de 2004, mientras el PCPE se presentaba en una candidatura propia ad-hoc, AdA renunciaba a hacerlo justificándose públicamente con una explicación peregrina. A renglón seguido, Nación Andaluza decidía en octubre de 2004 abandonar AdA, sin un balance y reflexión política expresa. Los andalucistas de AdA propusieron entonces como solución a la crisis refundarse como partido único, lo que implicaba que la sección andaluza del PCPE rompiera con su organización estatal. El PCPE rechazó obviamente una propuesta que atentaba a elementos esenciales de su doctrina e implicado además en otras operaciones políticas y sindicales, perdió todo interés en permanecer en una AdA que valoraba ya como experiencia superada y a saldar y resolvió también salirse en diciembre de 2004. Quienes se quedaron en AdA decidieron entonces disolverla definitivamente y recuperar una vieja sigla registrada hace años mantenida en el congelador -ANA- para constituirse como nuevo partido. Para conocer los textos hechos públicos al respecto y enlaces relacionados, ver: Documentos - La Crisis de la federación Asamblea de Andalucía como frente unitario. (4). Ver, Enlaces: Propuestas de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía (5). Ver, Constituciones españolas y Estatutos de Autonomía (6). Ver: '�lvarez gana el XIII Congreso andalucista' y El Remate: 'Laberinto Andalucista', Andalucía Libre nº 250, 21/XII/2004 (7). Ver en Documentación y Análisis, sección Historia del Proceso Autonómico Andaluz (8). Ver en Documentación y Análisis, sección, El Régimen español, las Reformas Estatutarias y las Instituciones andaluzas (9). Ver texto en Otros Documentos de Referencia; Ver análisis en Euskadi a la hora del Plan Ibarretxe, Andalucía Libre nº 256, 2 de Febrero de 2005 (10)Ver en Otros Documentos de Referencia Enlaces y Documentación asequibles en nuestro sitio. Publicado en ANDALUCIA LIBRE nº 266 - Andalucía, Reforma Estatutaria domingo, 24 de julio de 2005 En este correo: *Andalucía. Ponencia del Estatuto busca acuerdo sobre calendario y metodo de trabajo. *Andalucía, a la hora de la Reforma Estatutaria, Andalucía Libre *Enlaces: Documentación y Análisis - Documentos de Referencia. *Sugerencias: El Rock andaluz - Enlaces *Musica de Fondo: Se de un lugar, Triana *Andalucía Libre es Andalucía Laica *Directorio de Andalucía en Internet --oOo-- A N D A L U C � A L I B R E * Sitio: http://www.andalucialibre.tk/ * Alta: andalucialibre-alta ARROBA eListas.net Independencia - República - Socialismo ==========================
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