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Crónica de la Guerra Contra las Drogas #396
28 jul 2005
Crónica de la Guerra Contra las Drogas

Edición #396 â 22 de Julio, 2005

âCreando Conciencia sobre las Consecuencias de la Prohibiciónâ?
Phillip S. Smith, Editor, psmith ARROBA drcnet.org
David Borden, Director Ejecutivo, borden ARROBA drcnet.org
Martin Aranguri Soto, Traductor, traducidio ARROBA riseup.net

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1. Reportaje: Congresista Sensenbrenner Haciendo Nombre Como Extremista de la Guerra Contra las Drogas        

http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/396/extremistaguerradrogas.sht

Cuídese, Mark Souder. Aunque el congresista cristiano conservador declarado del noreste de Indiana sea el campeón reinante de los guerreros antidrogas del Congreso, este año él está recibiendo una competición dura del Presidente del Comité Judiciario de la Cámara, el Dip. James Sensenbrenner (R-WI). Aunque Sensenbrenner haya sido durante mucho tiempo un aficionado a la legislación antidroga y a las sentencias de prisión cada vez más duras, en los últimos años él ha mostrado la disposición de atacar ocasionalmente al lado de las libertades civiles en vez de al del aumento en la vigilancia policíaca.
Pero este año, el congresista suburbano de Milwaukee â él representa al distrito que es el asunto de la serie cómica de TV amiga de la marihuana âThat â70s Showâ? â ha usado su cargo como presidente del comité judiciario para ser autor de legislación antidroga draconiana en nombre de los niños e amedrentar impropiamente a los jueces federales que él cree que están siendo demasiado indulgentes en la condenación. Sus acciones sobre las drogas y la condenación ocurren en el contexto de una amplia ofensiva de Sensenbrenner contra asuntos que van desde la programación indecente en la televisión hasta la pornografía en la Internet y la revisión de la Ley Patriota para forzar un programa nacional de tarjetas de identificación ostensivamente designado para âvolver los Estados Unidos más segurosâ?.
Sensenbrenner ni siempre ha sido un Dracón en el Capitolio, a pesar de su inclinación conservadora haber sido consistente por toda su carrera. Un año después de terminar la facultad de derecho en la Universidad de Wisconsin en 1968, el joven heredero de la fortuna Kimberly-Clark Kotex ganó las elecciones para la asamblea estatal con el dinero de la familia preparando el terreno, y en 1978 empezó su carrera como congresista de los EEUU. Ãl tuvo una salida rápida, votando en el impedimento de la aprobación de un proyecto que habría ayudado a los jueces alrededor del país a reformar los procedimientos de fianza, de ahí se juntó al Subcomité de Justicia Criminal de la Cámara. A fines de los años 80, en medio al frenesí congresal para aprobar proyectos sobre drogas cada vez más rigurosos, él sirvió en el Comité Selecto de la Cámara Sobre Abuso y Control de los Narcóticos. Ãl ha defendido a su propio proyecto de pena de muerte y en 1994 él dijo que Jocelyn Elders había âperdido su derecho a ser la cirujana general de los Estados Unidosâ? después de sus comentarios sobre la legalización de las drogas y de los condones.
De acuerdo con organizaciones apartidarias que clasifican al Congreso como ActiVote y Project Vote Smart, algunas votaciones indicativas de la últimas décadas incluyen a votos en:
⢠    Más prisiones, más pena de muerte (1994);
⢠    Volver los recursos de la pena de muerte más difíciles (1995);
⢠    Prohibir Washington, DC, de promulgar una ley de marihuana medicinal (1999);
⢠    Prohibir la financiación federal de los trueques de jeringas (1999);
⢠    El proceso criminal y la condenación más severos de los menores infractores (1999);
⢠    Patrullas militares en la frontera para combatir las drogas y el terrorismo (2001);
y en contra de:
⢠    Reemplazar la pena de muerte por la pena de prisión perpetua (1994);
⢠    Mantener el habeas corpus en los recursos de pena de muerte (1996);
⢠    Financiar la condenación alternativa en vez de más prisiones (2000).
Pero a veces Sensenbrenner también se ha apartado de un abordaje previsiblemente línea-dura de la criminalidad y las drogas. En 1998, él votó en contra de sujetar empleados federales a los exámenes toxicológicos aleatorios. Ãltimamente, su voto fue el voto fundamental en quitar la censura y la disposición de búsquedas secretas en la votación del Comité Judiciario de la Cámara sobre el proyecto de 2000 sobre la metanfetamina y en apagar una cláusula de la Ley RAVE que habría sujetado los dueños de establecimientos y organizadores de eventos a penas criminales duras.
Eso parece haber cambiado en los últimos años. âEs tonto, de 2000 a 2003 él fue servicial en quitar de los proyectos de la guerra contra las drogas sus peores dispositivos y en combatir Ashcroft sobre la vigilancia de la disensión políticaâ?, dijo el activista y pesado de largo tiempo de Wisconsin, Ben Masel. âYo no entiendo qué lo hizo cambiar de ideaâ?.
Y con la presentación de este año de la âLey de Acceso Seguro al Tratamiento Químico y a la Protección al Menorâ? o "Safe Access to Drug Treatment and Child Protection Actâ? (HR 1528), aun algunos de los colegas de Sensenbrenner están imaginándose si él se ha perdido la cabeza. Ese proyecto, estabulado en el momento, volvería crimen federal punible con una sentencia mínima obligatoria de dos años no informar ciertos delitos de drogas a las autoridades. Si la gente está usando drogas en una casa con niños, se debe delatar. Si se conoce a alguien que ha estado en tratamiento y está buscando drogas, se debe delatar. Aun si ellos son sus familiares. Pero espere, hay más.
El proyecto también crea nuevas penas duras para una variedad de infracciones no-violentas de la legislación antidroga, incluyendo a una sentencia mínima obligatoria de cinco años para cualquiera que pase un pitillo a alguien que siempre ha estado en tratamiento químico, cinco años para alguien que ha estado en tratamiento y que pide a un amigo que le encuentre drogas y diez años para madres que han estado en tratamiento que cometen ciertos delitos de drogas en casa â aun si sus hijos no están allí.
Una audiencia de Abril sobre el proyecto en el Subcomité Sobre Criminalidad, Terrorismo y Seguridad Interna fue llevada aprisa a una votación por el Dip. Presidente Howard Coble (R-NC) después que aun los testigos del Departamento de Justicia expresaron reservas sobre ello, dijo el presidente de la Criminal Justice Policy Foundation, Eric Sterling, que compareció a la sesión altamente atípica.
âAsombrosamente, en el medio de la audiencia, el Presidente Coble interrumpió a los testigos y pidió una votación para informar el proyecto a todo el comitéâ?, dijo Sterling a DRCNet. Aunque Coble fue echado a un lado momentáneamente por el Dip. Dan Lungren (R-CA), el cual sugestionó que la acción era prematura, 20 minutos después él interrumpió nuevamente a los trabajos para exigir una votación. Esta vez él consiguió lo que quería, aun a pesar de que dos Republicanos, Lungren y el Dip. de Texas Louis Gohmert, votaron presentes en vez de votar en el proyecto. De ahí, de modo surrealista, el subcomité reanudó la audiencia de los testigos aun a pesar de ya haber hecho su decisión.
âEn más de 25 años observando al Congreso, yo nunca he visto ni oído a un ejemplo en el cual un subcomité interrumpió a una audiencia sobre un proyecto, informándolo al comité completo, antes de que el subcomité hubiese terminado de oír el testimonio sobre el proyectoâ?, dijo Sterling. âSensenbrenner está dispuesto a abandonar las reglas de la Cámara de los Diputados y del buen sentido para aprobar un proyecto que se trata apenas de retratar a los políticos como poniéndose duros cuando los testigos del aparato judiciario-legal no pueden señalar a cualquier ejemplo en el cual la ley actual sea insuficiente para proteger a la seguridad públicaâ?.
âSensenbrenner ha estado ocupado este año y parece haber un cambio en la forma por la cual él ve las cosas actualmenteâ?, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. âYo no sé si eso es por causa del 11 de Septiembre o si él consiguió nuevos empleados o qué sé yo, pero él simplemente no parece preocuparse con las libertades civiles del modo con que él solía hacerlo. Ãl aprobó la tarjeta nacional de identificación, él se apartó de abordar algunas de las reformas necesarias en la Ley Patriota, él fue el pastor del proyecto sobre las pandillas por la Cámara, él fue el autor del proyecto sobre los informantes y él ha estado persiguiendo a los jueces. Eso, yo creo, es la verdadera fuerza motriz por detrás de sus acciones â él simplemente odia a los jueces y a la discreción judicialâ?.
Lo que nos lleva a la última acción de resentimiento de Sensenbrenner, informada aquí la semana pasada, en la cual el presidente del Comité Judiciario de la Cámara intentó intimidar un tribunal federal de apelaciones a alterar una sentencia en un caso de drogas la cual él sintió que no fue suficientemente severa. En ese caso, el juez de juicio había sentenciado el reo a una condena abajo de la mínima obligatoria y aunque los fiscales federales probablemente pudiesen haber conseguido aumentar la sentencia con una apelación, ellos no lo hicieron.
Sensenbrenner fue atrás del tribunal de apelaciones que decidió sobre el caso. Ellos estaban equivocados, escribió Sensenbrenner en una carta al Tribunal de Apelaciones del 7º Circuito de los EEUU, y precisaban âremediar prontamenteâ? el error. Pero como señaló el tribunal de apelaciones, era Sensenbrenner quien estaba equivocado y como incontables comentadores lo han señalado, fue Sensenbrenner que cometió una acción impropia al intentar influenciar un caso judicial pendiente.
âEs perfectamente apropiado para el Congreso preocuparse con los ejemplos de errores judiciariosâ?, dijo Sterling, citando casos en que el Departamento de Justicia no actuó agresivamente en contra del crimen corporativo. âPero cuando el presidente del Comité Judiciario de la Cámara envía una carta a la corte intentando hacer con que cambie el resultado del caso, infringe los procedimientos que los tribunales deben seguir y es hecho sea con la intención de intimidar impropiamente a la corte sea con la desconsideración irresponsable de su tendencia para intimidar a la corteâ?, dijo Sterling, que trabajó como consejero de ese comité de 1979 a 1989.
El esfuerzo de Sensenbrenner para intimidar a las cortes federales ocurre en el contexto de una ofensiva amplia del Congreso en contra del judiciario, un proceso de aproximadamente dos décadas de duración manifestado en numerosos proyectos de condenación por mínimas obligatorias que quitan la discreción de los jueces, y últimamente, en la Enmienda Feeney de 2003, que busca apretar la camisa de fuerza en torno de los jueces federales al requerir que el Departamento de Justicia investigue cualquier juez que emita sentencias que se aparten hacia debajo de las orientaciones para condenación.
El proyecto sobre drogas de Sensenbrenner, con sus sentencias mínimas obligatorias, puede ser visto dentro de ese contexto general también, pero es tan extremo que se están encontrando con problemas. âFalta ver si el proyecto de los delatores se moveráâ?, dijo Piper. âAun entre los Republicanos, hay verdaderas preocupaciones con el proyecto, especialmente las secciones que básicamente crean sentencias mínimas obligatorias para todas las infracciones federales. Esa sección infringió su promesa a los miembros del comité de no dejar ser llevado por la condenación en el despertar de las decisiones de la Suprema Corte en los casos Booker y Fan Fan. Por el otro lado, no hemos oído ninguna objeción de cualquier miembro del comité sobre las disposiciones acerca de los delatoresâ?, dijo él a DRCNet.
âTambién hay una tensión partidaria creciente en el Congreso, los Demócratas y los Republicanos realmente parecen estar discutiendo violentamente y Sensenbrenner parece estar absorto en esoâ?, prosiguió Piper. âNuestro miedo más grande es que usualmente él puede mover las cosas rápidamente cuando quiere. Ãl aprobó el proyecto de tarjetas nacionales de identificación a pesar de las objeciones de su propio partido, él aprobó el proyecto sobre las pandillas rápidamente y él intentó mover el proyecto de los delatores rápidamente y sólo se detuvo en vista de las objeciones de su propio partidoâ?.
Sensenbrenner serviría mejor al país usando su presidencia del Comité Judiciario para supervisar apropiadamente las actividades de las agencias del poder ejecutivo federal, dijo Sterling. âEn numerosos ejemplos, Sensenbrenner y el Comité Judiciario no están cumpliendo el trabajoâ?, debatió él, señalando varios ejemplos insignes.
âEl profundo mal uso de fondos federales en el caso del destacamento antidrogas de Tulia y los numerosos casos similares no han sido examinados por el comité, aun a pesar de que Sensenbrenner prometió personalmente al Dip. Conyers y a otros miembros del comité que él realizaría audiencias sobre el papel federal en estoâ?, empezó Sterling. âLa caza a las brujas de la DEA contra los médicos que están intentando tratar concienzudamente el dolor en sus pacientes del dolor más serios debe ser el asunto de las audiencias de supervisión del comité. El proceso criminal expresamente inexplicable y desproporcionado de afroamericanos e hispanoamericanos según las leyes federales de drogasâ?, prosiguió él.
Unos 70% de los casos federales sobre cocaína son contra pequeños infractores y aquellos infractores son abrumadoramente negros o hispánicos, observó Sterling. âEchando un vistazo a un único caso e ignorando al resultado de más de 10.000 casos federales sobre cocaína por año, ¡es descabellado!
Pero así va la guerra contra las drogas de Sensenbrenner.

2. Marihuana Medicinal: Steve McWilliams Recordado en Vigilias del Martes

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Los defensores de la marihuana medicinal en por lo menos 15 ciudades por todo el país se reunieron el Martes por la noche para prestar homenaje al activista y paciente de San Diego, Steve McWilliams, que cometió suicidio la semana pasada después de años de luchas con su propio dolor y las autoridades federales.
Más de 100 personas se reunieron en el ayuntamiento de San Diego para prestar homenaje a McWilliams, que había sido un luchador infatigable por la marihuana medicinal y que estaba enfrentando a una sentencia de prisión federal por un allanamiento de 2002 contra su Abrigo del colectivo Store. McWilliams no había podido usar su medicamento de opción por orden de una acusación federal.
McWilliams se suicidó en su 51er cumpleaños. En una nota de suicidio que fue distribuida en la vigilia, él aludió a los problemas con los analgésicos opiáceos a los cuales fue forzado a voltearse después de su detención en 2002 y protestó en contra de las políticas federales que él dijo que dejaron los pacientes de marihuana medicinal sujetos a detención y prisión. âLa ley que debería proteger a pacientes como yo ha sido puesta cabeza abajo para que ningún paciente se pueda sentir seguro nunca másâ?, escribió McWilliams. âYo soy un defensor y un activista de una buena causa â mi buena salud. Como activista yo creo en actuar cuando la hora es cierta, ser un guerrero impecable. Yo creo que mis acciones â de no estar aquí â pueden ayudar a mover la discusión de la marihuana medicinal de vuelta a lo que es bueno para el paciente sin la DEA decirnos qué medicaciones nosotros podemos usarâ?.
McWilliams soltó coces en el Juez federal Reuben Brooks, el hombre que lo impidió de usar marihuana medicinal, llamándolo de âun gnomito malvado y desgraciadoâ? que practicó mala medicina desde la banca y la máquina federal de la guerra contra las drogas en la cual Brooks es un engranaje. âYo no puedo permitir que el gobierno decida qué drogas yo debo tomar. Es mi vida⦠Ahora, yo creo que seré preso en algún tipo de celda. Yo me rehúso a permitir que el gobierno controle mi vida. Por eso tanto de esto se ha tratado â mi derecho a usar un medicamento que ha funcionado para míâ?.
En San Diego, los asistentes al funeral firmaron mensajes en libros de memorias y los organizadores entregaron rosas blancas de pedúnculo único mientras orador tras orador prestaba homenaje al activista pro marihuana medicinal más dinámico de la ciudad. Su compañera de vida, Barbara McKenzie, instó la muchedumbre a seguir la lucha a pesar de la decisión de la Suprema Corte del mes pasado. âEsto fue una injusticia no sólo para él, sino para millares de pacientes que no pueden usar su medicamentoâ?, dijo ella.
   
   
McKenzie leyó en voz alta la nota suicida de McWilliams, sollozando brevemente mientras leía sus últimas palabras. âÃsta fue mi última oportunidad de ayudar al movimiento pro marihuana medicinal y a los otros con los cuales yo me preocupoâ?, leyó ella, su voz embargada. âPor eso tanto de esto se ha tratado â mi derecho a usar un medicamento que ha funcionado para míâ?.
McWilliams había sido una constante en los encuentros del Consejo Municipal de San Diego, instando los servidores municipales a adoptar orientaciones de marihuana medicinal y los políticos se acordaban de él también. Un asesor de la Vicealcaldesa Toni Atkins leyó una declaración llamando McWilliams de âuna fuerza tenaz e implacable con la cual ajustar las cuentasâ? y añadiendo que âlos comentarios públicos en nuestros encuentros en el Consejo Municipal nunca más serán los mismos sin su rostro sonriente y sus hojas de cannabisâ?.
Del otro lado del país en Washington, DC, varias docenas de activistas, organizadas por el Americans for Safe Access marcaron la muerte de McWilliams con una marcha por el Triángulo Federal de la ciudad. Llevando un cajón simbólico, la muchedumbre paró en puntos de referencia como la Suprema Corte, el Departamento de Justicia y los edificios de las oficinas del congreso, observando 30 segundos de silencio en cada parada. âFue muy graveâ?, dijo el director-adjunto de DRCNet, David Guard, que compareció a la vigilia en DC. âNosotros no estábamos intentando cortar las calles o ser arrestados o cualquier cosa así; nosotros apenas queríamos hacer con que la gente supieseâ?. Los que marchaban con el cajón llevaron con pesar el letrero âPregúnteme cómo los federales mataron a Steven McWilliamsâ?. Segundo consta, las vigilias también fueron realizadas en Los Ã?ngeles, Oakland, Orange County, San Francisco, Santa Cruz, Sonoma y Susanville en California; en Denver, Lawrenceburg, Indiana; Eugene y Portland, Oregón; Austin, Texas; y Filadelfia.
âComo activista yo he dado todo a la causa â todas mis posesiones, mi tiempo y mi vidaâ?, escribió McWilliams en su nota suicida. âNo se puede dar más que esoâ?. Al fin, McWilliams tomó el control final sobre su vida al terminarla. Al hacerlo, él se murió por las palabras por las cuales vivió, las últimas palabras que él nos dejó: âSin retirada. Sin rendiciónâ?. ["No retreat. No surrenderâ?.]


3. DRCNet Entrevista: Cher Ford-McCullough y Jean Marlowe de la Women's Organization for National Prohibition Reform    


http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/396/wonpr.shtml



Formada en 1929, la Women's Organization for National Prohibition Reform (WONPR) [o Organización de las Mujeres por la Reforma Nacional de la Prohibición] original desempeñó un papel crucial en acabar con la Ley Seca. Ahora, tres cuartos de siglo después, una nueva generación de mujeres activistas ha resucitado la organización y su misión de deshacer el daño causado contra los niños, las familias y las comunidades por la guerra fracasada contra las drogas. Para ver qué está pasando con esta organización relativamente nueva, la Crónica de la Guerra Contra las Drogas conversó la semana pasada con dos de las cofundadoras del grupo, la presidenta de la WONPR, Cher Ford-McCullough, y la directora ejecutiva, Jean Marlowe.

Crónica de la Guerra Contra las Drogas: ¿Qué las instigó a formar la Women's Organization for National Prohibition Reform?

Cher Ford-McCullough: Fue el allanamiento de Goose Creek en Carolina del Sur, cuando aquellos policías irrumpieron en aquel colegio con armas en puño y aterrorizaron a aquellos niños. Ahí fue cuando nosotros percibimos cómo las cosas se habían puesto malas. Ya era hora que las mujeres se levantasen; simplemente no podíamos más soportar esto. Nosotras precisábamos dejar claro para aquellos policías y administradores escolares que ellos no iban a hacer esto con nuestros hijos sin ser responsabilizados. Nosotras no tuvimos que reinventar la rueda porque ya teníamos un modelo en la WONPR original. Aquellas mujeres fueron exitosas en acabar con la Ley Seca y nosotros aplicamos los mismos principios que ellas. Poco tiempo después de ese allanamiento, Jesse Jackson en la Coalición Rainbow/Push organizó una protesta en Charleston y nosotras nos fuimos allá para eso. Después, Jean, la activista de prisiones de Florida Kay Lee y yo nos fuimos juntas al hotel y decidimos resucitar este grupo. Fue la atrocidad en Goose Creek que nos impulsó.
Jean Marlowe: Yo tengo dos nietas, con la más vieja acabando de empezar el primario. Su madre creció con esta guerra contra las drogas, sabiendo que la policía podía venir y quitarle a sus hijas. Yo no quiero que mis nietas tengan que pasar por eso cuando ellas crezcan. Cuando yo vi aquellos policías en Goose Creek tomando sus armas pesadas sin sus trabas y apuntándolas a aquellos niños, yo lo tomé tan seriamente como si hubiera sido uno de mis propios hijos. Me quedé simplemente ultrajada que ellos tratasen los niños así. Nuestra posición es que todo niño en Estados Unidos es rojo, blanco y azul, y todos ellos merecen sus derechos.

Crónica: Su organización es bautizada con el nombre de la WONPR original, que fue fundada para combatir la Ley Seca. ¿Por qué ustedes resucitaron ese nombre?

Ford-McCullough: Mientras examinábamos las cosas, nosotras vimos que la WONPR original fue exitosa en acabar con la Ley Seca en su época, pero nosotras sentimos que su trabajo no estaba terminado. Aunque ellos legalizaron el alcohol nuevamente, no acabaron con la prohibición. Nosotras sentimos que las mujeres trabajan juntas de modo diferente y constructivo, y nosotras pensamos que deberíamos juntarnos por la meta común de proteger a las familias y a los niños en la guerra contra las drogas. Nosotras buscamos tratar de los problemas enfrentados por los niños cuyos padres están presos, especialmente las madres solteras, pero también los niños cuyos padres están en la prisión. Entonces, muchas mujeres son afectadas y muchas de ellas vienen de casas con un único padre. Sin padres alrededor, aquellas mujeres son literalmente la última línea de defensa de aquellos niños. En la naturaleza, el animal más peligroso es la madre que protege a sus crías. Pareció muy natural para nosotras recoger la pancarta de la protección a los niños.

Crónica: Dada la orientación hacia las mujeres, los niños y la familia, ¿sobre cuáles problemas ustedes se concentran?

Marlowe: Nosotras realmente nos concentramos en cómo la guerra contra las drogas causa impacto negativamente sobre las mujeres y sus familias, en todas las formas que lo hace. La National Organization for Women acabó de aprobar una resolución en oposición a la guerra contra las drogas y pide políticas basadas en la compasión, la salud y los derechos humanos. Parte de esa resolución explica que ellos están usando mujeres embarazadas para redactar leyes sobre drogas que causan un impacto terrible sobre las mujeres y sus hijos. Nosotras estamos realmente preocupadas con las mujeres que pueden ser enviadas a la prisión o perder sus hijos para siempre por causa de leyes como la Ley de Adopción y Familias Seguras [Adoption and Safe Families Act], que permite al estado confiscar los hijos y tomar custodia permanente con las madres, abuelos y hermanos prohibidos de tener cualquier contacto con ese niño para siempre. Este tipo de cosa es antiamericano a lo mejor y fascista a lo peor. Cualquier ley que permita al estado quitar el hijo de una mujer cuando ella puede ni ser culpable de un crimen es intolerable.
Las mujeres son el segmento de crecimiento más rápido de la población penitenciaria y mucho de ello tiene poco que ver con su verdadera responsabilidad personal. Un montón de ellas es acusado bajo acusaciones de conspiración y les habían dicho que las cosas ocurrirían fácilmente si ellas cooperasen, si diesen nombres, pero ellas no saben nada. Ellas no tienen capacidad de delatar a nadie, entonces reciben largas sentencias mínimas obligatorias de prisión, ellas pierden sus hijos, ellas pierden su salud, ellas pierden todo. Ãstas son mujeres en papeles periféricos, mujeres que pueden ser dependientes de hombres o pueden ser abusadas por ellos y tienen miedo de ir a sus autoridades.
Ahorita, nosotras estamos explicando a la legislatura estatal aquí en Carolina del Norte que ellos están encarcelando a su base de recaudación. Por todo el país, hay más de dos millones de niños que tienen un padre o un guardián en la prisión y la mayoría de aquellos chicos está en alguna forma de programa de servicio social financiado por el estado â Medicaid, almuerzo gratis, sellos para alimentos, adopción. Por eso tantos de nuestros presupuestos estatales están en el rojo. Cuando se tiene a millones de hijos cuyos padres están en la prisión, no es muy difícil deducir que los contribuyentes van a ser dejados con la cuenta.

Crónica: Estoy seguro que esto no ocurrió por ocurrir. ¿Qué tipo de historias de activismo ustedes tienen?

Ford-McCullough: Yo empecé con la Jornada por la Justicia de Florida en 2000. Teníamos un amigo llamado Eddie Smith con SIDA que ya se murió y lo llevamos allá en nuestra casa motorizada. El próximo año, me fui a la Jornada por la Justicia de Texas. Yo también soy la directora estatal de Kentucky de la American Alliance for Medical Cannabis y he estado trabajando con el activista pro marihuana y candidato político ocasional de largo tiempo, Gatewood Galbraith, desde 1999. Nosotros fuimos a la Rainbow Farm en Michigan después que dispararon contra Rollie Rohm y Tom Crosslin y nosotros fuimos probablemente los únicos activistas en el lugar distribuyendo información para neutralizar las mentiras que ellos estaban imprimiendo en los periódicos.

Marlowe: Yo empecé en 1995, cuando Barney Frank presentó el primer proyecto de pesquisa de la marihuana medicinal. Yo había estado conversando con Donald Abrams y sabía que él tenía una autorización para hacer un estudio con pacientes de SIDA, pero el NIDA no quería darle nada y la DEA no quería dejarle importar nada. Entonces, realizamos la primera manifestación en la historia de Polk County, Carolina del Norte, para crear conciencia de ese proyecto. Nosotros empezamos con los periódicos locales y teníamos reportajes como âJean fuma marihuana todos los díasâ?. Eso instigó una riña con los policías de la ciudad, lo que llevó a más marchas. En 1997, un juez básicamente aceptó que yo no tenía ninguna opción, excepto usar marihuana, y ordenó que el alguacil me devolviese mis luces de cultivo y me dejase en paz.
De ahí, un grupo de mujeres llamado Sisters for Safer Medicine pagó mi ida a Suiza a una hacienda de marihuana medicinal. Allí, se puede comprarla sin prescripción. Ellas me enviaron un paquete por correo, las Aduanas lo encontraron y me procesaron y me pusieron en libertad vigilada. Pedí permiso para comparecer a la Jornada por la Justicia de 2000, pero no querían dejarme ir, y cuando mi oficial de libertad vigilada descubrió que yo estaba mandando vídeo clips de la marcha a los legisladores de Florida, hizo con que fuese al tribunal dos semanas después. El fiscal dijo al juez que yo era una activista atrevida y necesitaba ser presa. Ellos infringieron mis derechos porque mis niveles de THC estaban demasiado altos, aun a pesar de tener la recomendación de un magistrado federal para ir a California para participar de un estudio sobre dolencias del hígado. Ellos me mandaron a una prisión federal, el campamento de mujeres en Alderson, Virginia Occidental â aquel en que Martha Stewart cumplió su sentencia. Martha hizo algunas promesas allí y ahora ella está lista para salir de la condicional y de la prisión domiciliar. Fui entrevistada por una porción de medios cuando ella fue mandada â CNN, Fox, Newsweek, People â y algunas de estas personas dijeron que yo tenía cosas interesantes que decir sobre la guerra contra las drogas y que ellas volverían a conversar conmigo para hacer un reportaje. Con la National Organization for Women acabando de aprobar su resolución antiguerra contra las drogas, ya es hora de que aquellos reportajes empiecen a suceder.

Crónica: Ustedes mencionaron hablar con la legislatura estatal. ¿De cuál otro modo ustedes buscan informar e influenciar las políticas públicas?

Marlowe: Nosotras realizamos foros y talles educacionales. Ahorita, nos vamos a ir a diferentes sucursales de la NOW â nos presentaremos en la conferencia estatal de la NOW de Carolina del Norte en Septiembre y vamos a hacer una presentación en la Universidad Bennett en Greensboro. También estamos haciendo una presentación al comité de las mujeres de la Asamblea General del estado. En parte, eso está pasando por causa de nuestros problemas y en parte porque nosotras realizamos un día de presión en la legislatura. Ahora, el comité de las mujeres quiere que nosotras le hablemos. Nosotras también hemos estado trabajando con la National African-American Drug Policy Coalition (NAADPC) desde que empezaron. Nosotras estamos intentando cruzar las líneas de raza, posición social, partido o género. Nosotras aun hemos estado alcanzando a los agricultores, explicándoles cómo la prohibición les está costando sus haciendas cuando ellos podían estar cultivando cáñamo. Nosotras estamos educando las bases votantes en esta comarca. La guerra contra las drogas nos afecta a todos y la gente está empezando a percibir que es su trabajo ocasionar el buen sentido y el cambio.

Crónica: Con el surgimiento de la National Advocates for Pregnant Women, con la NOW aprobando una resolución antiguerra contra las drogas, con la WONPR, ¿nosotros estamos viendo el surgimiento de un segmento del movimiento de la reforma de la política de drogas centrado en la mujer y en la familia, un movimiento âmujeristaâ? [âwomanistâ?] de la reforma de la política de drogas?

Marlowe: Claro que sí. Las mujeres tienen una vista panorámica de cómo la guerra contra las drogas afecta negativamente a todos y yo creo que es justo decir que las mujeres están más preocupadas con su impacto sobre los niños. Nosotras realizamos un taller en la NOW y las reformadoras mujeres de la política de drogas como Deborah Small de Breaking the Chains, Scarlett Swerdlow del SSDP, Wyndi Anderson de la National Advocates for Pregnant Women, Angelyn Frazier de la FAMM y Anjuli Verma de los Proyectos Derechos de las Mujeres y Prisión de Mujeres de la ACLU estaban todas allí. Deborah y Scarlett fueron instrumentales en hacer con que la NOW aprobase esa resolución, pero nosotras todas fuimos parte de ese taller.
Ahora, la WONPR ha recibido su primer donación, de la Ms. Foundation for Women, y estamos emocionadas. Nuestra primera donación está viniendo de una organización de mujeres de la corriente principal. No sólo nosotras estamos viendo la perspectiva de las mujeres en la reforma de la política de drogas, estamos viendo el movimiento general de las mujeres tomar interés en el asunto.

Crónica: ¿Las mujeres alrededor del país están respondiendo a la WONPR?

Marlowe: Nosotras tenemos sucursales en cinco estados ahora y nuestro objetivo es tener sucursales en por lo menos 38 estados hasta 2008.

Crónica: Que número raro. La única cosa que realmente se destaca de ello es que es el número de estados requeridos para ratificar una enmienda constitucional.

Marlowe: ¿Gracioso, no? De cualquier modo, estamos buscando crear sucursales buenas y funcionales y nuestra membresía está creciendo rápidamente.

Crónica: Ustedes también se han inscrito en la marcha sobre Washington de Agosto para protestar contra el encarcelamiento en masa de estadounidenses. ¿Por qué apoyar a esta marcha es importante?

Marlowe: Aquellas personas en la prisión bajo acusaciones por drogas merecen tener alguien afuera marchando por ellas. Nuestra posición es que el abuso químico y la drogadicción deberían ser tratados como problema de salud, no como problema de justicia criminal. Nosotras dos estaremos allí haciendo discursos. Nosotras esperamos que haga algo bueno. Nosotras esperamos que nuestros líderes empiecen a prestar atención a esta energía femenina. Cuando yo estaba en el campamento penitenciario en Alderson, prometí a aquellas mujeres que me volvería una voz para ellas y sus hijos. Esto es parte de ello.

4. Reseña de Libro de DRCNet: âAn Analytic Assessment of US Drug Policyâ? de David Boyum y Peter Reuter    

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2005, American Enterprise Instituto, 131 pp., $20.00 pb.

En su última publicación de la serie Estudios Evaluativos del American Enterprise Institute sobre temas de políticas públicas, el consultor de políticas de salud, David Boyum, y el académico de la política de drogas de la Universidad de Maryland, Peter Reuter, examinan la política de drogas estadounidense principalmente en sus propios términos. Eso significa que no hay charla de acabar con la guerra contra las drogas en este análisis. En vez de eso, Boyum y Reuter examinan la meta declarada de la política estadounidense de drogas, el medio escogido por los legisladores para alcanzar aquellas metas y la eficacia de aquellos medios en lograr aquellas metas amplias de políticas.
Los legalizadores de las drogas que echan de fuego no quedarán contentos. Para Boyum y Reuter, terminar la prohibición de las drogas ni está en el radar. Aunque eso sea decepcionante, no es sorprendente, especialmente dada la tarea del trabajo de analizar la política estadounidense de drogas actual. Pero, hay mucha cosa que es valiosa para los reformadores de la política de drogas en este libro, tanto en conseguir un aferramiento más firme sobre esa bestia serpenteante y monstruosa de varios miembros que es la política federal de drogas como en examinar qué funciona y qué no funciona cuando se trata de las políticas existentes.
Vale la pena notar, como lo hacen Boyun y Reuter, que la política de drogas federal es sólo medio-partido. Auque los federales gasten cerca de $20 billones por año en la guerra contra las drogas, los estados gastan una cantidad similar. Pero, la política de drogas federal marca el paso y el tono, principalmente moviendo el gasto en la guerra contra las drogas en los estados y en las municipalidades.
Aun en sus propios términos, Boyum y Reuter hallan que la política de drogas de EEUU no consigue hacer principalmente lo que debería hacer, es enorme y derrochadoramente cara, y es innecesariamente cruel e inhumana. Mientras ellos lo señalan, la meta central y casi simplona de la política de drogas de EEUU es reducir el dominio del uso de drogas y, casi como un post-pensamiento, el daño individual y social resultante de ello. Pero usando medidas aceptadas de uso de drogas, como los sondeos Monitoring the Future y National Household, ellos muestran que a pesar de tres décadas de guerra contra las drogas, los niveles de uso de drogas ilícitas siguen casi los mismos. En 1975, por ejemplo, 44% de los graduandos de secundaria informaron uso de drogas en los años anteriores. Aunque ese número cayó durante los años 80, subió nuevamente en los años 90 antes de llegar a los altiplanos hasta ahora en esta década para pairar en torno de los 40%. Tres décadas de guerra contra las drogas, con los billones de dólares gastados y los millones arrestados, han logrado apenas resultados marginales.
Podía haber sido mucho peor su no hubiera habido guerra contra las drogas, notaron Boyum y Reuter. Los niveles de uso de drogas podían haber subido a los cielos. Pero no hay prueba de eso, ellos son cuidadosos en señalar. La insistencia impasible de los autores en fiarse en pruebas empíricas sólidas, evidente por todo el libro, es a veces frustrante â los vuelve extremadamente cautelosos con cualquier recomendación de políticas â pero seguramente es una tónica refrescante a la propaganda y certidumbre que típicamente pasan por debate raciocinado sobre la política de drogas.
El gobierno de los EEUU intenta reducir el uso de drogas en tres amplias frentes: la represión legal, el tratamiento y la prevención. (El cuarto pilar faltante, la reducción de daños, es tratado apenas brevemente al fin del libro.) Las actividades de la represión legal pueden ser divididas en parar la oferta fuera de los EEUU (erradicación de cultivos, interdicción) y represión legal doméstica a las drogas. Boyum y Reuter encuentran pocas pruebas de que la erradicación de los cultivos y los esfuerzos anticontrabando funcionen. Como ellos notan, la economía de mercado negro de la producción de coca en Colombia o la producción de opio en Afganistán significan que el aumento de los precios en las puertas de la hacienda causa un impacto despreciable sobre los precios de las drogas al por menor en los EEUU. âEstos números ponen serias dudas sobre los méritos de la erradicación de cultivos como estrategia de represión [legal]â?, concluyeron ellos.
Similarmente, la interdicción, aunque imponga costos considerables sobre los traficantes, no ha mostrado causar mucho impacto sobre los precios de las drogas en los EEUU, dijeron Boyum y Reuter. âLo que no está claro es si la interdicción añade más que 10$ ó 20% al precio de las drogas al por menorâ?. Lo que está claro, concluyen los autores, es que âel caso para más gastos en interdicción sigue sin pruebasâ?.
La represión legal doméstica a las drogas, intensa como es, tiene efectos aparentemente paradójicos, notaron Boyum y Reuter. A pesar de la represión legal causar sin lugar a dudas un aumento en los precios, el aumento de diez veces en la intensidad de la represión legal en los años 80, medida por detenciones, condenaciones y sentencias, ocurrió al mismo tiempo que los precios de la cocaína cayeron enormemente.
Cuando se trata de tratamiento químico, Boyum y Reuter son más esperanzados, aunque escépticos todavía. Ellos están dispuestos a adoptar la noción de que el tratamiento químico âfuncionaâ? â al reducir el uso de drogas y al reducir la criminalidad â pero, como buenos científicos sociales, quieren más y mejores datos. En cuanto a la prevención, los autores hallan sin pruebas los programas para la cuestión de las drogas, particularmente el DARE, y las campañas de anuncios mediáticos difíciles de evaluar.
Aunque ellos reclamen sobre la falta de números buenos y sólidos, Boyum y Reuter sí se arriesgan a entran en el reino de la confección de políticas y tienen algunas sugestiones que hacer. âEl grueso de las pruebas señala a las mismas conclusiones: Como implementadas actualmente, las políticas de drogas estadounidenses no son convincentesâ?, escribieron ellos. âEllas son entrometidas, como ilustrado por el dominio del examen toxicológico de los atletas estudiantes; divisivas, por causa de la parte desproporcionada de pesos (tanto del abuso químico como del control de las drogas) transportada por las minorías; y caras, con un gasto anual de aproximadamente $35 billones en el control de las drogas. Y todavía ellas dejan el país con un enorme problema de droga, más grande que el de cualquier otro país occidentalâ?.
Podemos hacer mejor en una serie de áreas, sugestionan Boyum y Reuter. En la represión legal doméstica a las drogas, ellos dan crédito a la represión con la subida de precios de alguna forma, pero debaten que ha llegado al punto de los retornos marginales. La represión legal a las drogas en las calles debería concentrarse en lo que puede lograr, como reducir los efectos colaterales negativos de los mercados de drogas ilícitas al acabar con los más violentos y destructivos, en vez de lo que no puede lograr, que es dejar los precios altos lo suficiente para causar un impacto significativo sobre el uso de drogas.
Los Estados Unidos podían pasar con mitad del número actual de prisioneros por drogas, sugestionaron Boyum y Reuter. âLargas sentencias para pequeños infractores no-violentos de la legislación antidroga quizá sean el aspecto menos defendible de la política de drogasâ?, escribieron ellos. âLas leyes y orientaciones de condenación deberían ser reformadas para reducir el encarcelamiento total por drogas y para concentrar las sentencias largas sobre aquellos que se meten en violencia o reclutan jóvenes para el tráfico de drogasâ?.
La marihuana debería ser despenalizada. âGran parte de la represión a la marihuana es simplemente injustificable â hace poco para prevenir el uso problemático, pero impone grandes costos sobre los usuarios no-problemáticosâ?. Reuter y Boyum aun sugieren permitir que los usuarios cultiven su propia marihuana, pero ellos no dan el salto obvio para simplemente legalizar la hierba.
El par es grande sobre el tratamiento. âEl caso por la expansión del tratamiento es fuerteâ? y no sólo para aquellos que lo buscan. Boyum y Reuter se pronuncian aficionados al tratamiento químico forzado. âEl aumento del uso de la represión como esquema de reclutamiento para el tratamientoâ? es prometedor, escribieron ellos. Citando una pesquisa la cual sugiere que aquellos forzados al tratamiento se salen tan bien como aquellos que lo buscan voluntariamente, el par debate que âel sistema de justicia criminal debería hacer un uso mayor de su autoridad para compeler los infractores involucrados con las drogas al tratamientoâ?.
Ãse es el pasaje más asustador en todo este trabajo. Aunque Boyum y Reuter debatan que el tratamiento químico debería ser tener como blanco los usuarios de drogas más problemáticos, eso no es lo que sucede en el mundo real, como ellos reconocen. Los tribunales de drogas generalmente escogen clientes con pocos antecedentes criminales; no aquellos que están causando más daño a la sociedad. Y si los números son algún indicio, los jueces y fiscales por todo el país están mandando simples infractores de la ley sobre la marihuana al tratamiento químico para mantenerlos fuera de la cárcel.
Pero ésa no es la parte asustadora. La parte asustadora es leer que los científicos sociales estadounidenses recomiendan despreocupadamente que el gobierno venga y fuerce aún más gente a involucrarse en una actividad médica (tratamiento químico) en la cual ellas no participan voluntariamente. Esta mezcla perversa de medicina y derecho en un esfuerzo para forzar la gente a pensar y a actuar de una cierta manera tiene demasiadas implicaciones en la libertad personal y demasiadas resonancias del tratamiento psiquiátrico al estilo soviético para ser fácilmente aceptada. A mi me gustaría oír a Boyum y Reuter hacer una exposición sobre ética, y no apenas la eficacia, del tratamiento químico coercitivo.
Nuevamente, Boyum y Reuter no son radicales. No son legalizadores de las drogas. Son académicos y científicos sociales de la corriente principal y aunque podamos criticar la timidez de sus posiciones, también deberíamos estar preparados para agarrar el apoyo que ellos nos dan. La guerra contra las drogas no necesita ser tan indescriptiblemente estúpida y brutal, y Boyum y Reuter hacen sugestiones sensatas sobre cómo volverla más viva y más humana. Su libro debería ser leído por reformadores de la política de drogas de todos tipos, ni que fuera sólo para familiarizarse con los contornos de los argumentos que surgirán, si tenemos suerte, algún día en las salas de audiencia del Capitolio. Pero también es una herramienta muy útil para desagregar y analizar la bestia; para hacer sentido sobre un tópico que a veces parece abrumador en alcance.

5. Marihuana Medicinal: California Reinstaura Programa de Tarjetas de Identificación

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La suspensión del programa-piloto de tarjetas de identificación estatal de marihuana medicinal de California en el despertar de la decisión adversa de la Suprema Corte de los EEUU en el caso Raich ha probado ser corta de vida. La Directora Estatal de la Salud, Sandra Shewry, suspendió el programa el 08 de Junio, pero una semana después el gabinete del Fiscal General de California, Bill Locklyer, le instruyó que suspendiese la suspensión. Eso pasó el Viernes pasado; el Lunes, el programa había regresado.
Shewry había citado preocupaciones que la decisión en Raich, la cual sostuvo el poder del gobierno federal de procesar pacientes y proveedores de marihuana medicinal aun en los estados en que ella es legal, podía exponer los pacientes y los empleados del estado a un proceso criminal federal en potencial. Esa posición fue casi inmediatamente desafiada por los defensores de la marihuana medicinal, incluyendo a la Drug Policy Alliance y a la American Civil Liberties Union, que amenazaron entrar con una acción en la justicia si el programa no fuese reinstaurado.
El fallo legal del Fiscal General Locklyer vino en una carta del Subfiscal General, Jonathan Renner, al Departamento de Servicios de Salud. Ella decía que no sólo los empleados del estado podían administrar el programa con riesgo de infringir la ley federal, ellos corrían el riesgo de infringir la constitución de California si no implementasen el programa. âNosotros creemos que el gobierno federal no puede imponer leyes criminales federales contra funcionarios del estado que meramente implementan una ley estatal válidaâ?, escribió Renner, citando entre otros argumentos la decisión de 2002 del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de los EEUU en Conant vs. McCaffrey, la cual sostuvo que los médicos no podían ser procesados criminalmente por recomendar marihuana.
En cuanto a no implementar la ley que requiere el programa-piloto de identificación: âUna decisión unilateral de no obedecer a la ley estatal, con base en que puede ser prohibido por el derecho criminal federal, sin recibir primero la orientación de una corte apelada, es impedido por la Constitución de Californiaâ?, escribió Renner.
Un vocero del Departamento de Servicios de Salud dijo a los reporteros el Lunes que el programa reempezará inmediatamente en las tres comarcas que el programa-piloto estaba funcionando cuando fue cerrado. Hasta ahora, sólo 123 tarjetas de identificación han sido emitidas, pero se espera que el programa llegue a todo el estado el próximo mes, dijo el vocero Ken August.
âLa reinstauración del programa de tarjetas de California disipa cualquier duda persistente sobre la validad continuad de las leyes estatales de marihuana medicinalâ?, dijo Allen Hopper, abogado de la ACLU. âLos pacientes pueden dar un suspiro de alivio hoy día y estamos satisfechos con la pronta atención del fiscal general y el apoyo a ellosâ?.
El fallo legal del fiscal general deja âabundantemente claro que los funcionarios públicos, incluyendo al aparato judiciario-legal, tienen la obligación de mantener la leyâ?, dijo Kris Hermes, director legal del Americans for Safe Access, el grupo de defensa de la marihuana medicinal que ayudó a movilizar la oposición a la suspensión de vida corta del programa.
âEste fallo también ha dado un golpe serio en la guerra del gobierno federal contra los pacientes de marihuana medicinalâ?, dijo Hermes en una declaración el Martes. âCalifornia sigue a una serie de otros estados con marihuana medicinal en debatir su derecho a determinar la salud y el bienestar de su pueblo, a pesar de cualquier conflicto con la ley federal. Este fallo ayudará a fortalecer otros estados a adoptar sus propias leyes sobre marihuana en desafío de las políticas federales anticientíficas e irrazonablesâ?.
Daniel Abrahamson, director de asuntos legales de la Drug Policy Alliance, elogió la decisión del Departamento de Salud de reanudar el programa de tarjetas de identificación. âEl Departamento de Servicios de Salud hizo la decisión correcta y lo hizo rápidamente. Yo aplaudo el Departamento por su compromiso con proteger a los pacientes y su decisión de expandir el programa de identificaciones por todo el estado. El programa del Departamento podía volverse pronto un modelo para otros estados y aun para todo el paísâ?.
Pero en una nota moderada, el Subfical General Renner estuvo de acuerdo con las preocupaciones de Shewry de que los fiscales federales podían intimar información colectada por los solicitantes de la tarjeta de identificación. A la luz de ese potencial, los solicitantes del programa de tarjetas de identificación deben ser notificados que la información en sus formularios podía ser usada contra ellos por el gobierno federal, escribió Renner.
âClaro que yo y otros pacientes estamos preocupados sobre la posibilidad de ser arrestados por el gobierno federal, pero esta preocupación no ultrapasa el valor de tener una tarjeta del estado de marihuana medicinal para protección del aparato judiciario-legal de Californiaâ?, dijo Diego Donohoe, el primer paciente a recibir la tarjeta de marihuana medicinal emitida por el estado en Mendocino County. Donohoe usa marihuana para aliviar los efectos colaterales de medicación prescrita para tratar el SIDA y el cáncer, incluyendo a la nausea, la pérdida del apetito y el dolor intratables.
California se junta a Hawai, Oregón y Alaska como el último estado a afirmar la validad continuada de sus leyes de marihuana medicinal desde la decisión de la Suprema Corte de los EEUU el mes pasado en Gonzáles vs. Raich. La Corte decidió en Raich que el gobierno federal retiene poder bajo la cláusula de comercio de la Constitución de los EEUU para imponer las leyes federales de marihuana, aun donde ella es legal según la ley estatal.
âTener la seguridad de una tarjeta de identificación en todo el estado es una muy buena noticia para todos los pacientesâ?, dijo Donohoe. âLo que yo estoy haciendo está de acuerdo con mi conciencia. Es bueno saber que California respetará eso aun si el gobierno federal no lo haceâ?.

6. Marihuana Medicinal: Casi Mil Marchan en Santa Cruz

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El Sábado pasado fue el día de la marihuana medicinal en Santa Cruz, California. Centenas de personas marcharon al Ayuntamiento para apoyar a la Wo/Men's Alliance for Medical Marijuana local y para insistir que el gobierno federal precisa quitarse de la ley de marihuana medicinal de California. Fue la manifestación más grande a favor de la marihuana medicinal en Santa Cruz desde Septiembre de 2002, cuando los regidores simpatizantes y los supervisores de la comarca autorizaron una manifestación de distribución de marihuana medicinal en los peldaños del Ayuntamiento en apoyo a la WAMM después que ella fue allanada por la DEA.
En ese allanamiento, casi 30 agentes de la DEA fuertemente armadas atacaron al jardín de marihuana medicinal de la WAMM al norte de Davenport, confiscan 167 plantas y arrestando a los cofundadores del grupo, Valerie y Michael Corral. Ninguna acusación fue abierta y en Abril de 2004 el Juez Distrital de los EEUU concedió una orden judicial que prohíbe cualquier otro allanamiento contra la WAMM.
Pero esa orden probablemente será suspensa en el despertar de la decisión de la Suprema Corte en Raich. Valerie Corral dijo al San Jose Mercury News el Sábado que ella temía que el Departamento de Justicia abriría acusaciones ahora contra ella y su marido. Ella también dijo que la WAMM no está más cultivando su propia marihuana por miedo de ser allanada nuevamente. En vez de eso, dijo ella, la WAMM esta fiándose en donaciones de marihuana.
La muchedumbre marchó â y los pacientes en silla de rueda rodaron â por la calle principal de Santa Cruz llevando banderas, pancartas y por lo menos un par de docenas de plantas vivas de marihuana, sus hojas agitándose en la brisa. En un indicio de la seriedad de propósito de la marcha, un manifestante sujetó una señal que decía âEste Es un Evento Sin Fumo. Gracias por No Prenderâ?. De acuerdo con los informes de la prensa local, nadie lo hizo.
En la marcha al ayuntamiento, los manifestantes sujetaron carteles con las fotos de 154 miembros de la WAMM que se han muerto desde que el grupo fue formado en 1993.
Los oficiales municipales elegidos salieron en apoyo a la marihuana medicinal nuevamente el Sábado, con cinco de siete de los regidores y una supervisora de la comarca presentes. La Supervisora Mardi Wormhout dijo a la muchedumbre que no desista de la marihuana medicinal a pesar de la reciente decisión de la Suprema Corte. La vista de los pacientes terminales forzados a tomar las calles para luchar por sus derechos a su medicamento fue una vista cruel, dijo ella. âEs una imagen que deberá asombrarnos a todosâ?.
La muchedumbre también escuchó a Graham Boyd del Proyecto de Reforma de la Ley Sobre Drogas de la American Civil Liberties Union, la cual recientemente se mudó de Santa Cruz para la Costa Este. La semana pasada, la ACLU y la Drug Policy Alliance amenazaron procesar a California por una acción de los funcionarios de la salud para suspender un programa-piloto de tarjetas de identificación del estado. El Sábado, Boyd estaba manteniendo la presión. âEstamos resistiendoâ?, dijo él. âSi el Gob. Schwarzenegger no reinstituye el programa de tarjetas de marihuana medicinal, lo llevaremos al tribunal y lo forzaremos a hacerloâ?, dijo él a una muchedumbre animada. (El estado se retractó a principios de esta semana. Vea un artículo relacionado en esta edición.)

7. Semanal: Las Historias de Policías Corruptos de Esta Semana

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Cosa indigna, muy indigna. Más otra agente penitenciaria contrabandeando droga, más otro policía atrapado mientras usaba metanfetamina, un guachimán de aeropuerto intentando volverse rico, un adjunto salido de Florida y un comisario de Michigan que se parece con un verdadero animal de fiesta decadente. Aunque algo de esto sea de bajo nivel, y en un par de casos, parece relacionarse con nada más, nada menos que uso personal de drogas de parte de los oficiales del aparato judiciario-legal, todavía los llamamos de corruptos, moralmente si no financieramente. ¿Qué más se puede decir sobre una persona que usa drogas en su propio tiempo libre (o quizá aun en el trabajo), y de ahí se da la vuelta y arresta a otros por hacer la misma cosa? Con las consideraciones filosóficas de esta semana debidamente notadas, vamos a ello:
En Columbia Township, Michigan, las acusaciones contra el ex comisario Mark Hunter se están amontonando, de acuerdo con la emisora local de TV, WKLS-6. Hunter fue arrestado el mes pasado por vender armas de la policía para su propio lucro personal y por grabar ilegalmente encuentros sexuales con mujeres en su personal sin su conocimiento ni consentimiento. Aquellas acusaciones iniciales llevaron a una investigación más completa del comisario de largo tiempo y ahora la Policía Estatal de Michigan informa que ellos descubrieron heroína en su maleta y aproximadamente 600 imágenes pornográficas en su computadora, de las cuales cerca de un cuarto tenían niños. Ahora, los fiscales de Jackson County han acusado a Hunter de tenencia de pornografía infantil, tenencia de heroína y usar una computadora en relación con un crimen.
En Wakefield, Luisiana, una agente penitenciaria del estado fue arrestada el 14 de Julio y acusada de ayudar a contrabandear marihuana para dentro de la prisión, informó la Associated Press. La Sgta. Vanesa Leonardo Turner, 33, fue acusada de malversación y conspiración para introducir contrabando en una prisión. De acuerdo con el director de la prisión, Burl Cain, Turner aceptó $100 de un interno y estuvo de acuerdo con ayudar a contrabandear dos onzas [60g] de marihuana para dentro de la prisión. Los investigadores encontraron la marihuana dentro de un condón.
En Jackson, Mississippi, el ex director de seguridad del Aeropuerto Internacional Jackson-Evers puede recibir una sentencia de 10 años de prisión y una multa de $250.000 después de confesarse culpable de lavado de dinero. Informó el Jackson Clarion Ledger. En su acuerdo de 14 de Julio, Billy Tucker admitió usar $14.300 en lucros de drogas para comprar una camioneta en 2000. El acuerdo ocurrió en un caso que involucra a una carga de drogas de $8 millones de 22 libras [casi 10kg] de cocaína y casi 800 libras [363kg] de marihuana para dentro de Jackson en ese mismo año. Tucker fue una de nueve perdonas indiciadas en Febrero de 2004 bajo acusaciones de lavado de dinero relacionadas con ese negocio. Tucker fue identificado varias veces en documentos judiciales como usando el dinero de las drogas para comprar autos, barcos e inmuebles.
En Lee County, Florida, el sheriff-adjunto, Donald Woelke, 32, dimitió el 28 de Junio después de ser acusado de ofrecerse para âarreglarâ? las acusaciones en cambio de sexo con una mujer que él había arrestado bajo acusaciones de tenencia de marihuana. De acuerdo con documentos lanzados por el Gabinete del Sheriff de Lee County, la mujer de Cape Coral de 34 años, Shirley Bangs, dijo a los investigadores que Woelke la había llamado en el teléfono celular para marcar una cita para que ellos tuviesen relaciones después que él la arrestó. âBangs también alegó que el Adjunto Woelke le dijo que él iría âver lo que él podía hacer sobre las acusaciones criminalesââ?, de acuerdo con los documentos. Woelke ha admitido llamar a Bangs después de la detención. Bangs afirmó que después de su detención, Woelke le ordenó que expusiese sus pechos y órganos genitales a él en el banco trasero del patrullero y ella obedeció. Fue ahí que Woelke dijo que la llamaría, dijo ella. Bangs ha admitido mentir sobre la parte de su informe, dijeron los documentos, pero no especificaron cuál parte. Los lectores atentos de este reportaje se acordarán que ese mismo Gabinete del Sheriff de Lee County también entraron en estas páginas la semana pasada, cuando el Adjunto Mark Muldoon fue despedido después de admitir un vicio en cocaína.
En Madill, Oklahoma, el oficial de la policía de Madill, Michael Stephenson, 50, fue acusado el 15 de Julio de tenencia criminal de sustancia controlada a menos de 2.000 pies [aprox. 610m] de un parque después de comprar $30 en metanfetamina de un oficial secreto de la Buró de Narcóticos de Oklahoma en una transacción grabada en vídeo por los investigadores. El veterano del aparato judiciario-legal de 22 años también es acusado de manejar bajo la influencia de drogas y tenencia de pertrechos para uso de drogas, ambas contravenciones, informó la Associated Press. Ãl fue encarcelado con la fianza establecida en $50.000.

8. Nueva Zelanda: En Retirada Pragmática, Nandor Tanczos Presenta Proyecto de Despenalización de la Marihuana        

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En una retirada de la posición formal del Partido Verde de Nueva Zelanda de que la marihuana debería ser legalizada, el Miembro del Parlamento (MP) Nandor Tanczos presentó el Martes un proyecto que despenalizaría la tenencia de pequeñas cantidades de la hierba. Según la propuesta, aquellos atrapados con pequeñas cantidades no serían más arrestados y agobiados con un antecedente criminal, sino en vez de eso serían multados. Pero con todos los otros grandes partidos rápidos en condenar al proyecto, aun esta media-medida parece condenada desde el principio.
âEl nuevo proyecto de miembro privado que estoy lanzando hoy día visa a quitar la injusticia central de la prohibición del cannabis en tanto que trata de las preocupaciones de muchas personas de que su uso debería ser desalentadoâ?, dijo Tanczos en una declaración anunciando el proyecto. âEste proyecto es un intento de encontrar una solución operable que trate de las preocupaciones de la mayoría de las personas. La mayoría de los neozelandeses reconoce que un antecedente criminal para el uso personal de cannabis es una punición desproporcionada, pero muchos todavía quieren retener el mensaje de que el uso de cannabis debe ser desalentado, particularmente el de los jóvenes. Este proyecto cumple con ambos aquellos objetivosâ?.
Según el proyecto, los adultos con hasta una onza [30g] de marihuana o cinco gramos de hachís serían punidos con una multa de $100 neozelandeses, actualmente equivalente a cerca de $67 dólares estadounidenses. La gente que cultiva hasta cinco plantas en casa enfrentaría a la misma multa. Pero las penas actuales para tenencia superior a una onza, la venta de cualquier cantidad y cultivar más de cinco plantas seguirían en su lugar. Y en las concesiones a las âpreocupacionesâ? que Tanczos aludió arriba, su proyecto tiene nuevos dispositivos que ordenan la concienciación sobre drogas para adolescentes multados por tenencia y un aumento de cinco veces en las multas para cualquiera atrapado fumando o cultivando dentro de 100 metros de un colegio u otra área usada principalmente por los niños.
âHay un acuerdo diseminado por toda la división política y por toda la comunidad acerca de los problemas de la prohibiciónâ?, dijo Nandor. âYo he conversado con gente de toda Nueva Zelanda sobre sus preocupaciones y les he escuchado. Algunos políticos quieren polarizar el debate para sus propios fines políticos. Los Verdes están buscando el consenso en torno de puntos de acuerdo. Esto es algo de la corriente principalâ?.
No, para el Partido Laboral gobernante no. âEl Partido Laboral es contra legalizar la marihuanaâ?, dijo el Ministro Desembargador Phil Goff en una declaración respondiendo al proyecto de Tanczos. âLa política del Partido Laboral no incluye al apoyo a legalizar la marihuana y no apoya a tomar cualquier acción que pueda promover su uso. El gobierno del Trabajo no ha presentado, y no presentará, legislación para legalizarlaâ?.
La policía a menudo no acusa a los pequeños infractores, de cualquier modo, dijo Goff. âLa policía ya tiene discreción para no abrir acusaciones por tenencia de pequeñas cantidades de marihuana y usa esa discreción frecuentementeâ?.
El Partido Progresista, que tiene una fuerte posición antidroga y es parte de la coalición gobernante del Trabajo, también denunció al proyecto de Tanczos. âTodos los partidos serios han emitido una declaración de repudio al último intento de los Verdes de trivializar los efectos negativos a la salud conocidos del cannabis contra las personas vulnerables de nuestra sociedad, especialmente los jóvenes adolescentes en vías de desarrolloâ?, dijo el líder del partido, Jim Anderton. âHay muchos datos médicos y científicos que señalan el cannabis como siendo una seria amenaza a la salud, particularmente para algunas personas vulnerables. Dado ese cuerpo de pruebas, no hay motivo para rebajar las sanciones en contra del cannabis a menos que o hasta que un consenso abrumador surja en el mundo de la salud y de la medicina de que el cannabis no es un riesgo a la saludâ?, dijo él.
A los Verdes les gustaría reemplazar los Progresistas en un conjunción gobernante con el Trabajo después de la próxima elección y el proyecto de despenalización será el asunto de discusión entonces, dijo Tanczos. âEste paso muy moderado estará en la mesa en cualquier negociación post-elecciones entre los Verdes y el Trabajoâ?.
Tanczos fue recientemente rebajado del cuarto lugar en la lista electoral de los Verdes para el séptimo y hubo especulación de que su posición franca por la legalización de la marihuana dejó algunos de sus colegas de partido incómodos, informó el New Zealand Herald. El proyecto de despenalización puede ser parte de un intenta de Tanczos y de los Verdes de ampliar el apelo del partido, aun a pesar de marcar algo de una retirada para el partido. âNo va tan lejos como a mi me gustaría personalmenteâ?, admitió Tanczos, âpero trata del problema más grande, que es la penalización de enormes números de neozelandesesâ?.

9. Europa: Ahora, Hongos Mágicos Son Ilegales en Gran Bretaña

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Durante los últimos cinco años, los bretones han estado disfrutando de un subterfugio legal en la ley sobre las drogas de Gran Bretaña que permitía que los hong
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