|
Cayara, ¿matanza impune?
|
|
per Gustavo Espinoza Correu-e: gustavoe ARROBA terra.com.pe (no verificat!) |
18 jul 2005
|
Matanza de Cayara y decisiones en torno a la impunidad en beneficio del ex-presidente peruano Alan García |
Estábamos en una sesión de Diputados la tarde del martes 17 de junio de 1988 cuando Germán Medina, entonces parlamentario por Ayacucho, informó a un pequeño grupo de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que habÃa recibido una llamada telefónica del alcalde de Huamanga FermÃn Azparrent denunciando una matanza ocurrida poco antes en Cayara, un poblado perdido en la serranÃa ayacuchana. Como la información carecÃa de datos precisos, optamos en ese instante por no proporcionar la versión a la prensa. QuerÃamos confirmar hechos, antes de denunciar lo que ya se perfilaba como una cruel matanza similar a las ocurridas en el periodo en distintos lugares del paÃs.
Cuando al dÃa siguiente tuvimos elementos más concretos, expusimos el caso ante algunos medios y optamos por partir rumbo a Huamanga para viajar luego a Cayara.
Esa fue ciertamente una de las experiencias más dramáticas de nuestra gestión parlamentaria bajo el gobierno de Alan GarcÃa Pérez. Apenas arribamos a Huamanga iniciamos indagaciones y concretamos informes preocupantes. Las autoridades del Cuartel “Los Cabitosâ€? se negaron a proporcionarnos versión alguna, pero en las miradas sombrÃas y en el rechazo sordo de los oficiales leÃmos lo que debÃamos saber: en efecto, habÃan ocurrido a 150 kilómetros de Huamanga los hechos que nos trajeron de la capital.
Partimos entonces rumbo a la zona afectada, en la tolva de un pequeño y viejo camión azul, acompañados por modestos campesinos -hombres y mujeres- que presumiblemente ni nos conocÃan. A las cuatro de la tarde del viernes 20, con intensa lluvia, salimos rumbo a Cangallo y tomamos los escarpados atajos por los que se desplazó con enorme dificultad el vehÃculo que nos transportaba. Casi en silencio, Ãbamos, en efecto Yehude Simon, Jorge Tincopa, ArÃstides Valer, Jorge Medina y quien escribe estas lÃneas, con el propósito de llegar a Cayara y verificar los hechos de los que tenÃamos referencia casi confirmada. En la cabina del camión, viajaba con nosotros el Fiscal Carlos Escobar Pineda, del Ministerio Público, y Javier Diez Canseco, el único el senador que nos acompañó en la ruta.
En seis horas cubrimos la ruta que separa Huamanga de Cangallo. Alrededor de las diez de la noche arribamos a esa ciudad donde fuimos recibidos con una infernal balacera. Como ella resonaba en la oscuridad de la noche, pero no nos afectaba directamente, llegamos hasta el ingreso de la población, donde fuimos interceptados por una patrulla militar que pretendió impedir nuestra visita. El oficial al mando de la tropa nos aseguró que estábamos “rodeados por senderistasâ€? y que nuestra vida “corrÃa peligroâ€?, que era mejor que no continuáramos viaje. Optamos por pernoctar en Cangallo y la clarear el sábado 20 salimos de allà rumbo a Cayara por la ruta de Pampa Cangallo y Huancapi. En tres ocasiones más fuimos retenidos por patrullas militares que insistieron en impedir la concreción de nuestro objetivo con las mismas amenazas: nuestras vidas corrÃan serio peligro porque Sendero “tenÃa el control de la regiónâ€?. No obstante, seguimos adelante hasta que a las 3 de la tarde del sábado 20, estuvimos en el acceso a Cayara. Allà vencimos la última resistencia militar -una fila de doce soldados que bloqueaban nuestro camino- e ingresamos hasta llegar a la Plaza del poblado. En la tarde y en la noche el Fiscal Escobar tomó prolija cuenta de los hechos y recogimos todos la versión de lo ocurrido.
Supimos entonces que nueve dÃas antes, el viernes 13 de mayo, con motivo de celebrarse el DÃa de la Virgen MarÃa, el pueblo estaba de fiesta. Hubo música, baile, comida y licor en abundancia. Y gran alegrÃa. Nadie presagiaba que esa serÃa la última fiesta del periodo y que la alegrÃa desaparecerÃa por largo tiempo del rostro de la gente.
Esa noche un convoy militar integrado por tres vehÃculos viajaba de Erusco a Huancapi. Cuando las unidades militares pasaban por la carretera en las cercanÃas de Cayara, se oyeron explosiones y disparos. El vehÃculo de comando alcanzó a pasar, pero el segundo, en el que viajaba el capitán de infanterÃa José Arbulú Sime, fue impactado por descargas que segaron la vida del oficial y tres soldados. En pocos minutos se produjo una suerte de zafarrancho de combate en la oscuridad de la noche, pero en el camino sólo quedaron regados el vehÃculo siniestrado y los cuerpos de las vÃctimas. Nadie supo cómo fue el ataque ni quiénes lo hicieron. Los soldados que sobrevivieron -viajaban cuatro en cada vehÃculo- se comunicaron por radio con sus superiores y reportaron lo ocurrido. Partió de inmediato la orden de respuesta: Todas las patrullas que operaban en la zona debÃan dirigirse a Cayara. Asà los destacamentos conocidos como Lince, Otorongo, Zeta, Cobra, Leopardo, Pantera y algunas más enfilaron hacia el poblado y llegaron a él a las 9 de la mañana del sábado 14 para el inicio de una brutal matanza. El General José Valdivia Dueñas ordenó el operativo y lo jefaturó.
Sólo al ingresar al pueblo los soldados mataron a Anastasio Asto, el primero al que encontraron regresando a su casa en estado de ebriedad. Cuando llegaron al centro del poblado, sólo hallaron mujeres. Por ser dÃa de faena, los campesinos habÃan bajado a la zona de Cceschua para el trabajo de la tierra. Los soldados ingresaron al templo, y allà vieron a cinco personas que estaban desmontando el altar de la Virgen paseada la tarde anterior. Luego de cerrar la Iglesia, los uniformados procedieron a interrogar, torturar y finalmente matar a a quienes habÃan encontrado allÃ. Desde fuera de la Iglesia, las aterrorizadas mujeres alcanzaron a oÃr los gritos desesperados de los campesinos que, apremiados por sus captores, no alcanzaban a admitir la culpa de hechos que decÃan desconocer.
Después, los uniformados bajaron a la zona de Ccechua, donde encontraron a los campesinos a los que hicieron formar. Después de interrogarlos en torno a los sucesos de la noche anterior y de recepcionar respuestas negativas respecto a la supuesta participación de vecinos de Cayara en ellos, optaron por desnudarlos. Luego, los obligaron a tirarse al suelo boca abajo, les colocaron pencas de tuna en la espalda, los pisaron y luego –en medio de gritos y amenazas- los fueron matando con arma blanca. Después continuaron otros crÃmenes hasta dejar una estela siniestra: 32 muertos en las laderas de Cayara.
El domingo 22 de mayo, con los testimonios de los sobrevivientes tomados con escrupulosa responsabilidad por el Fiscal Escobar, optamos por abandonar el poblado. Poco antes de partir supimos que un helicóptero militar habÃa llegado a la región: el Presidente GarcÃa, noticiado de nuestra presencia en Cayara, habÃa optado por arribar a la zona y hacer sus propias indagaciones. Nosotros, entre tanto, retornamos prestamente a Lima luego de una breve escala en Huamanga. Y esa noche, por gentileza del programa televisado de César Hildebrandt, tuve la ocasión de proporcionar al paÃs la versión personal y documentada de los hechos.
Los sucesos de Cayara fueron luego confirmados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada en el año 2001, y hoy están para deslinde judicial en tribunales ordinarios. La jueza Miluska Cano, por lo pronto, exculpó de responsabilidades a Alan GarcÃa que interrogó a testigos, todos los que luego aparecieron muertos, y encubrió a los asesinos. En el Congreso, una Comisión del Senado absolvió a los militares asegurando que habÃan sido vÃctimas de una “incursión senderistaâ€? y se habÃan visto obligados a “repeler el ataqueâ€?. Se supo después que el informe de esos senadores encabezados por el lÃder aprista Carlos Enrique Melgar, habÃa sido preparado en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional y visado por el Presidente GarcÃa antes de ser entregado a la Cámara para su aprobación.
Lo que ha ocurrido hoy por la decisión de la jueza Cano ha sublevado la conciencia de quienes conocen el tema. Diversos organismos especializados y los campesinos de la zona han demandado que se amplÃe la investigación y que se involucre en los delitos tanto a GarcÃa, como a los senadores que encubrieron los hechos. El propio Fiscal Escobar, que debió salir del paÃs para proteger su vida en esa aciaga etapa, ha insistido en la necesidad imperiosa de ese deslinde y ha subrayado que, en efecto, incluso meses después de los sucesos de Cayara, los testigos, uno a uno, fueron siendo asesinados en la región y en otros lugares del paÃs. Para acreditarlo, ha proporcionado a la justicia la identidad de las vÃctimas.
Aunque los uniformados, el más importante de los cuales es el general José Valdivia Dueñas, están con orden de captura, se prevé que ocurra con él lo mismo que con José Williams Zapata, y que, finalmente, el caso quede sin sanción. Ahora que está de moda la impunidad, el hecho puede repetirse. Es deber de la todos impedirlo. |
Mira també:
http://groups.yahoo.com/group/ave_critica/ |
This work is in the public domain |