En torno al futuro estatuto catalán se suceden los comentarios, las contradicciones, las propuestas, los desmentidos, las contrapropuestas, y los movimientos bajo cuerda; y Euskadi vive un compás de espera frente a la posible apertura de un proceso negociador. Mientras, en el resto del estado la reforma de los estatutos de autonomía, adolece por ahora de claridad y contenido, pero parece querer anticiparse a lo que ocurra en uno y otro lado. El apresurado acuerdo entre el PP y el PSOE para reformar el estatuto del País Valenciá - que para ser el primero, ha despertado escasísimos comentarios a favor o en contra desde las tribunas afines a ambos -, abre un ciclo que las direcciones de PSOE y PP han gestado en un discreto segundo plano.
No es casual que al acuerdo valenciano se unieran a final de la semana pasada, la noticia de un posible consenso en torno al estatuto andaluz, y las declaraciones del Presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE): "Quiero, busco y deseo ese acuerdo con el PP". Por otra parte, el caso navarro no será tan fácil de separar de la resolución del conflicto vasco, y en Galicia, a pesar de que el BNG cuenta con un proyecto de nuevo estatuto, por ahora la mercadotecnia electoral ha devorado el debate en profundidad sobre la cuestión.
El factor andaluz
A pesar de que hoy el clima social y político no es comparable a los años del postfranquismo, en la memoria política subsiste el factor andaluz, la presión y la movilización de la sociedad andaluza entre los años 77 y 81, para equipararse a las comunidades vasca, catalana y gallega, en el artículo 151, y que trastocó en su momento la arquitectura institucional y jurídica prevista.
A posteriori, ese avance andaluz terminó como uno de los pilares políticos e ideológicos del actual marco territorial, a falta de sujetos políticos sólidos y coherentes que le dieran continuidad y desarrollo a las reivindicaciones autonomistas.
Pero en Ferraz, Génova y la Moncloa, mas allá de los matices y los motivos tácticos y estratégicos, debe preocupar especialmente, la posibilidad de que los resultados en Euskadi y Cataluña influyan o provoquen sorpresas y excesos en el resto del estado, razón para mover ahora, cuanto antes y de mutuo acuerdo, la posición de sus peones en este terreno.
La propuesta catalana y elnúcleo español
Conseguir un modelo territorial y político asimétrico, donde haya un nucleo español fuerte y subordinado a Madrid; y que materialice el hecho y el derecho diferencial vasco y catalán, eludiendo el derecho de autodeterminación, pero con ventajas en materia de financiación, competencias o capacidad de decisión política, parece ser el camino marcado.
Eso, que es la base del consenso en el seno del tripartito catalán, y que en principio Piqué parece aceptar como un mal menor - a la vez que Rajoy rebaja la tensión dialéctica sobre el Govern para centrarla en Carod - repite esencialmente la fórmula original de la transición. Con la diferencia de que Euskadi o Cataluñá no entrarían en un lote jurídico común con Galicia, sino que negociarían a la carta su estatus en el seno del estado y la constitución.
La viabilidad de esta fórmula depende de blindar y garantizar que fundamentalmente Andalucía, las tres Castillas, la Comunidad Balear, el País Valenciá, Asturias, Murcia, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla, y La Rioja, conformaran un espacio territorial y administrativo mas dependiente y apegado administrativa, política y socialmente, a Madrid.
Pero esa necesidad estratégica de generar un núcleo español, cara al proceso de reforma, está en desequilibrio con la superficialidad de las razones y los contenidos políticos, que la acompañan.
Si observamos el caso andaluz, la coyuntura política se mezcla con el oportunismo de Chaves y el PSOE andaluz, que explotan hace casi dos legislaturas "el nuevo estatuto", hasta hoy un recurso electoralista, o una carta en la manga para un posible pulso al PP, y que hoy ha perdido todo su impulso tanto político como mediático.
El proyecto de reforma no nace de un movimiento social y político. Su debate se restringe a una comisión parlamentaría, y al documento sobre la "Segunda modernización de Andalucía" elaborado por encargo de la Junta de Andalucía por veinte expertos. Así, se anunciaba al final de la pasada semana que "El Estatuto andaluz avanza con un alto nivel de acuerdo entre el PSOE y el PP" (El País), destacando que en la comisión parlamentaria "los puntos en común se sitúan en torno a un 90%". a la vez que reconocían que "en la ponencia quedan por abordar dos asuntos principales: competencias y financiación" (?).
Esta ausencia de contenidos afecta directamente al resto de pueblos fuera de Euskadi y Cataluña.
En Canarias, parece que la fidelidad y la posición de Coalición Canaria en el status quo político, garantiza que no habrá movimientos mas allá del juego de cambios, pesas y medidas institucional.
En lo que toca a Ceuta y Melilla, al control institucional que siguen ejerciendo los partidos estatales, se une la política pro-marroquí del gobierno que permite mantener sin problemas ni conflictos las colonias.
En el caso castellano nada indica otra cosa que continuidad, en una división territorial y administrativa artificiosa. Una Comunidad Autónoma de Madrid, creada ad hoc para reforzar el papel centralista de capital tanto a nivel institucional como de captación de presupuesto público, y la división entre La-Mancha y Castilla-León, que responde y expresa menos afecciones o separaciones sociales e históricas, que a equilibrios político-institucionales.
En Aragón, el parlamento autonómico cuenta con un dictamen para la ampliación del autogobierno, pero todos los gestos políticos, incluidas las iniciativas de la Xunta Aragonesista y su propuesta de nuevo estatuto, no se mueven de los límites del marco jurídico actual. Aún así, no es casual que, a pesar del dictamen parlamentario, los movimientos del PSOE y el PP aragonés sean menores, en un contexto en el que cualquier cambio por simbólico que sea, beneficiaria políticamente a la Xunta antes que a cualquier otro partido.
En cualquiera de estos casos, ninguno de los gestos que se están dando en cada una de ellas, responde a contenidos políticos avanzados o a exigencias de la realidad, sino a la necesidad de apuntalar el marco establecido.
En este sentido, según la evolución de los acontecimientos, es probable que se pueda hablar menos de movimiento de reforma que de contrarreforma. En el caso andaluz, por ejemplo, logros progresistas como la reforma agraria pueden ser sustituidos por términos vagos como competitividad y modernización, o reclamos históricos como la deuda histórica sepultados por la solidaridad interterritorial.
La cuestión gallega
Pendiente queda la cuestión gallega, que hasta ahora entraba en el debate de la cuestión nacional dentro del lote vasco-catalán, una posición que hoy será imposible si deja de haber un lote jurídico común para las naciones lingüísticamente diferenciadas. Como se situaría Galicia fuera de la estela vasca y catalana, seria un reto y una oportunidad para su constitución como sujeto político y para dejar de ser la tercera parte y el cuarto de kilo. En este sentido, un BNG bloqueado en su evolución, y que a pesar de contar con una propuesta de nuevo estatuto, ha rebajado muchos enteros su nivel reivindicativo, parece haberse encontrado a traspiés del momento histórico, mientras que el perfil ascendente y hegemónico del PSdG puede permitirle a Zapatero resolver Galicia con menos problemas de los previsibles.
La cuestión navarra
Pero muy probablemente será Navarra el mas difícil y conflictivo elemento en discordia.
El artículo 145.1 de la Constitución prohibe explícitamente "la federación de Comunidades Autónomas", un artículo que afecta directamente y sobre todo a la CAV y Cataluña, en sus respectivas relaciones con Navarra y el País Valenciá y Baleares.
En este sentido, mientras en el caso catalán desde ERC a Ciu - por su escasa implantación territorial - se acepta tácitamente la renuncia de unas relaciones de territorialidad distintas a las actuales, la cuestión navarra no será tan sencilla. La implantación de la izquierda abertzale y el mantenimiento de Navarra como una reivindicación de primer orden, y la reciente articulación institucional de PNV y Aralar en la plataforma Nafarroa Bai, impedirá eludir sus implicaciones históricas, y desde luego incluirla de facto en el núcleo español.
Las tres partes de la cuestión nacional
En conclusión, el problema español, en la coyuntura actual, se divide en tres partes. Por un lado Cataluña y Euskadi, que desde sus peculiaridades históricas, políticas y temporales, de una u otra manera, se han situado en una posición de trato, de tú a tú con el estado central, con la posibilidad de avanzar los grados de autogobierno, y con la cuestión de la autodeterminación como un elemento pendiente y de discordia.
Por otro lado, el núcleo español, caracterizado por su fidelidad a Madrid y al actual marco institucional y jurídico, y cuyas reformas, quizás salvando el caso aragonés, indican una tendencia regresiva en el autogobierno.
Y la tercera, formada por dos cuestiones pendientes.
La gallega, que aún no tiene sobre la mesa sus cartas para una posible negociación a la carta, y de la que quizás no puede descartarse hasta su inclusión en el núcleo español.
Finalmente, la cuestión navarra, que probablemente estará presente en el proceso de paz y negociación vasco. Aunque hoy es algo inadmisible para el establishment político español, no es descartable que por su condición foral, su relación con Euskadi y la presencia de la izquierda abertzale y Na-Bai, consiga entrar en los privilegios de la negociación de su estatus a la carta.
El nuevo compromiso histórico para mantener las costuras del traje español todo lo que muestra aún son debilidades e incertidumbres. |
