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Notícies :: immigració
Un mes después del 7 de mayo, la inmensa mayoría seguimos sin papeles ni derechos
14 jun 2005
Ha transcurrido 1 mes desde el 7 de mayo, fecha en la que finalizó el proceso de Regularización previsto en el reglamento de la Ley de Extranjería. El ministro de trabajo ha vuelto a sus triunfalistas declaraciones sobre el éxito del proceso. Se insiste en el gran número de resoluciones positivas, ocultando que las solicitudes presentadas la última semana (un 25% del total) serán las que más tarde se resuelvan y las que acumulen más denegaciones. Las cifras se maquillan pero la realidad sigue siendo diferente.

Hoy, el número de nuevas altas de inmigrantes en la seguridad social apenas alcanza las 160.000 personas, un 27% de las que el gobierno aspira alcanzar. Pero nada dice el gobierno de los muchos otros casos en que esta alta nunca se producirá y la regularización del inmigrante quedará finalmente denegada.

Muy poco se dice de la gran cantidad de inmigrantes que ven desestimada su solicitud porque la empresa que les hizo el contrato está en deuda con la Seguridad Social, ha presentado un número excesivo de solicitudes o simplemente es un fraude. En estos casos, el inmigrante paga que el empresario no esté al día en sus deudas con Hacienda. Y además el inmigrante no puede ni recurrir porque al ser el empresario quien presentó la solicitud, solamente el puede hacer un recurso, y por supuesto nunca lo hará. Esta regularización sigue dejando la vida del inmigrante en manos de su empleador aunque se trate de un defraudador o un mafioso que le vendió el contrato.

Durante el proceso de Regularización, cada semana aparecía en público el ministro a dar cuenta de las instancias presentadas, sobre todo cuando tras el redescubrimiento del padrón por omisión, estas se incrementaron. Pero ahora, las intervenciones ministeriales son más espaciadas. Muy pocos balances hay del incremento de altas a la Seguridad Social y prácticamente ninguno de las inspecciones de trabajo que se prometieron. Sencillamente no hay tales inspecciones, de un lado porque solo eran declaraciones para la galería y de otro porque no se han incrementado ni las plantillas ni los presupuestos a ellas asignados. Los casos de estafa que salen a la luz, son denunciados por los inmigrantes estafados aunque cuando lo hacen corren el grave riesgo de ser detenidos por indocumentados y quizás deportados. Si el gobierno pretende en verdad luchar contra la economía sumergida debe garantizar la regularización automática de los inmigrantes que denuncien y demuestren ser víctimas de fraude

El gobierno sigue además sin responder a la pregunta más importante que se hacen los centenares de miles de inmigrantes que no pudieron presentar su solicitud de regularización. No se han modificado las figuras de regularización por arraigo descritas en el Reglamento y que requieren 2 años de estancia y demostrar que llevan un año trabajando o 3 años de estancia y contrato de trabajo. Se han modificado, a peor, los requisitos para regularizar a los menores (2 años de estancia y medios de vida suficientes para los progenitores) y aunque ha prometido que no se expulsará a ningún menor, la realidad es que se los expulsará en cuanto cumplan la mayoría de edad.

En definitiva, continua sin existir ningún cauce para que miles de inmigrantes sin papeles puedan regularizarse. Se los sigue condenando a trabajar en la economía sumergida, sin contrato, en condiciones semi esclavas. La policía ha incrementado el acoso contra los inmigrantes, de uniforme o de paisano los detienen en las calles y plazas; se persigue al inmigrante indocumentado y se hace la vista gorda frente al empresario explotador y las mafias. Esa es la realidad del proceso de Regularización y el Reglamento, hijos de la actual Ley de Extranjería que votó el PP y el PSOE mantiene.

Los inmigrantes con y sin papeles, nos vemos en estas condiciones obligados a defender nuestros más elementales derechos: una regularización permanente para todos los que ya residen en territorio español, la regularización de todos los menores, la persecución de la economía sumergida y la derogación de la Ley de Extranjería. Para alcanzar estos derechos estamos construyendo una organización propia y preparando nuevas movilizaciones.

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