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Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió
Nuevo reglamento menores.Prision a ls 18 años.
per *a	09 jun 2005
No se trata de endurecer las penas o las medidas de internamiento, sino de establecer una mayor "proporcionalidad" entre el delito y el castigo. Así justificó ayer el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, la reforma de la ley del Menor -que según su calendario prevé que entre en vigor "antes de agosto"-, y que entre otras novedades recoge la posibilidad del ingreso en prisión a partir de la mayoría de edad de los condenados por delitos de especial gravedad. Es decir que aún cuando el autor del delito lo haya cometido siendo menor de edad, puede acabar en la cárcel, tras estar recluido en el centro de internamiento de menores hasta entonces, al cumplir los 18 años. Ahora, el ingreso en prisión se produce de manera automática a los 23 años. A partir de la entrada en vigor de la reforma, el ingreso en el centro penitenciario se puede adelantar a los 18 años, aunque no de forma automática sino en casos excepcionales y siempre que el juez así lo determine, tras haber sido "debidamente asesorado por peritos e informes facultativos". El ministro no especificó ante qué tipo de delitos o comportamientos podría el juez determinar el internamiento en un centro penitenciario a los 18 años, pero se refirió a los de mayor "brutalidad". La medida se plantea en un contexto en el que delitos muy graves cometidos por menores en nuestro país está empezando a generar una verdadera alarma social. López Aguilar explicó que la actual ley de Responsabilidad Penal del Menor, elaborada por el PP y aprobada en enero del año 2000, "es una buena ley" y que su filosofía se fundamenta en una serie de valores acertados, como son la reinserción o la resocialización del menor de edad condenado. Pero que la experiencia suele indicar al legislador cada cierto tiempo "qué aspectos deben ser modificados" en una ley. Así, señaló que en estos cinco años de vigencia de la ley del Menor han detectado "varios problemas" que pretenden enmendar ahora con la reforma prevista. Los objetivos primordiales, dijo, son dos. En primer lugar, "dar una mayor proporcionalidad de las medidas de internamiento a la brutalidad de los delitos", lo que advirtió que no significa "un endurecimiento general". "El juez -explicó- no puede distinguir en una horquilla de medidas de internamiento entre los delitos de menor entidad y otros de mayor brutalidad, que reflejan una mayor peligrosidad y requieren un tratamiento más extenso en el tiempo para la reinserción". En segundo lugar, añadió, se trata de "reforzar las facultades del juez para poder disponer individualizadamente, debidamente asesorado por peritos e informes facultativos, que la pena privativa de libertad pueda cumplirse en centros penitenciarios a partir de la mayoría de edad". López Aguilar insistió en que esta medida no se impondrá en ningún caso como "regla general", sino en los casos en los que los informes periciales así lo aconsejen. Precisamente ayer López Aguilar recibió al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Justicia e Interior, Franco Frattini. Ambos destacaron la necesidad de reforzar la protección de los menores, sobre todo los que son víctimas de delitos, y en este sentido manifestaron la necesidad de crear un registro europeo de condenas, o de antecedentes penales, que evitaría por ejemplo, señaló Frattini, que un condenado por pederastia en un país pueda actuar impunemente en otro, sin que nadie conozca sus antecedentes.
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